Una víctima y dos testigos del atraco a la oficina de Vías Bolivia, ocurrido el 4 de julio en el peaje de la autopista La Paz-El Alto, reconocieron a Carlos Alberto Junco Cáceres como uno de los autores del hecho. Con él operó David Olorio. Ambos fallecieron en extrañas circunstancias.
Fuentes que investigan la muerte de Olorio informaron a La Razón de que las tres personas vieron a Junco —asesinado a tiros el miércoles 24 en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro por otro reo— ingresar a la oficina de Vías Bolivia y perpetrar el atraco.
«Esta información se la conoció días después del hecho y estaba siendo valorada. Tres días antes atracaron una casa de cambios en la zona de Villa Fátima y el principal sospechoso era él (Junco)», explicó la fuente.
Dos semanas después del hecho en el peaje, el ex fiscal coordinador de la ciudad de El Alto deslizó la hipótesis de que ambos delincuentes trabajaban juntos, luego de recibir un informe policial de la participación de Junco en el atraco de la casa de cambios en Villa Fátima donde perdió la vida su propietaria, Angélica Morales, el 1 de julio de este año.
La abogada de Junco, Beatriz Segales, aseguró que su cliente no participó en ninguno de los dos atracos. «Mi cliente era inocente», aseguró.
Una semana antes del atraco en Villa Fátima, Junco salió en libertad del penal de Chonchocoro, donde cumplía una condena por robo agravado por el atraco (en mayo del 2009) a la empresa Brinks, que trasladaba una remesa de Bs 400 mil para pagar rentas a los jubilados, y una detención preventiva por el atentado (en marzo del 2010) con una granada de guerra en ese penal que dejó dos presos heridos. El mandamiento de aprehensión por este último caso no cumplió con todas las formalidades de ley, lo que le permitió recobrar la libertad.
Uno de los delegados del penal de máxima seguridad, que pidió mantener su nombre en el anonimato, contó que hace dos años, cuando Junco cumplía condena, maltrataba a los otros presos.
«Siempre andaba con su grupo de amigos que también eran peligrosos y se dedicaba a molestar a los internos nuevos, a los más humildes. Los intimidaba, les amenazaba con golpearlos si no le daban dinero o comida», contó el recluso ayer a La Razón.
Junco fue atrapado nuevamente en agosto por el atraco, el 9 de agosto, a la casa de cambios de Villa Fátima en la casa de sus suegros, en Villa Adela, y después de una audiencia cautelar se determinó su detención preventiva en San Pedro a pedido de su defensa. Pero la Dirección de Régimen Penitenciario resolvió trasladarlo a Chonchocoro el 9 de noviembre de este año, debido a la Ley 007 que establece que los delincuentes de alta peligrosidad deben ser llevados a una cárcel de máxima seguridad.
El interno que conversó con La Razón contó que al llegar al penal, los internos de la sección de régimen cerrado se molestaron y lo declararon su enemigo. «Esa sección está repleta, pero los policías decidieron llevarlo a una garita para que no tenga problemas con los demás internos. Estaba solo en ese lugar que nosotros le llamamos ‘lorera’ y eso también provocó el enojo de los (reos) de régimen cerrado porque decían que gozaba de privilegios», contó el recluso.
Junco fue asesinado por Ángel Mantilla, otro reo del penal, quien confesó haberlo matado porque «lo molestaba». El cadáver del reo peruano fue repatriado el sábado.
Datos del peruano Junco
Pedido
Un juzgado penal de la Corte Superior de Lima (Perú) pidió la extradición de Carlos Alberto Junco el año 2007, pero hasta la fecha las autoridades judiciales de Bolivia no resolvieron esa solicitud, por razones desconocidas, según informó el diario peruano El Comercio.
Reclusos amenazan con un motín
Los internos del penal de Chonchocoro siguen en estado de emergencia porque las autoridades del recinto carcelario no responden a su pedido de trasladar a los reos Ángel Mantilla, asesino confeso de Junco; Eladio Cruz y Sergio Frías.
«Una huelga ya no sirve de nada porque las autoridades no nos hacen caso. Estamos en una medida de presión más fuerte. Si en esta semana no nos escuchan, haremos un motín», señaló un delegado de los internos de la cárcel. Contó que ningún jefe policial ni autoridad del penal hablaron con los delegados del recinto carcelario, situación que les preocupa demasiado.
El informante explicó que con la presencia de esos tres internos de alta peligrosidad, la vida de los otros que están en la población corre peligro. «Aquí ya no tenemos tranquilidad porque cualquier rato podemos ser el siguiente en su lista de víctimas. Estos (reos) por cualquier cosa se alteran. Estamos temerosos de que eso pase», manifestó.