Sociedad

Thursday 25 Apr 2024 | Actualizado a 20:09 PM

Ana, la mujer que ofrece su vientre en alquiler

Historia. La madre, cuyo hijo fue golpeado, ofrece arrendar su útero para pagar una cirugía

Por La Razón

/ 12 de diciembre de 2010 / 05:00

Hace dos meses que Ana (nombre ficticio) espera con ansiedad la llamada telefónica que le podría cambiar la vida. De hecho, algunos ya se comunicaron con ella, pero la mayoría sólo lo hizo para saber por qué desea alquilar su vientre.

Ante la consulta, la mujer de 33 años de edad asegura que no le queda otra opción. «Le expliqué a mi mamá que necesito el dinero para la curación de mi hijo y ella me dijo que no había problema, que me apoyaría, lo mismo que mis dos hermanos», cuenta a La Razón temerosa y a la vez segura de la decisión que tomó.

Ana cuida niños en un hogar y con lo poco que gana intenta cubrir los exámenes médicos que su hijo de 10 años requiere para recuperarse. Sabe que el alquiler del vientre no está permitido por las leyes bolivianas, pero no se arrepiente de haber publicado el aviso en dos medios de comunicación de cirulación nacional: «Ofrezco mi vientre en alquiler».

Hasta el momento recibió unas 30 llamadas, entre ellas la de un hombre que le ofreció pagar por embarazarla, incluso más de lo que ella pide; la de una pareja homosexual que desea tener un hijo; y la de otra heterosexual dispuesta a depositar los $us 10 mil que Ana necesita con urgencia.

«Les digo a todos que si están interesados, lo debemos hacer por método in vitro (reproducción asistida), no de otra forma», condiciona. Además, agrega, deberán firmar un contrato privado, por el cual ella se comprometerá a entregar al bebé inmediatamente después del parto.

Violencia. Ana cuenta que su hijo Juan (nombre ficticio) tenía dos años y medio en 2002 cuando su padre, hoy su ex pareja, lo golpeó brutalmente en la cabeza. Hoy, el niño asiste a la escuela, pero no se recuperó totalmente pese a la intervención quirúrgica a la que fue sometido.

«Después de lo que me pasó, nunca más quisiera volver a vivir con él. Ahora su papá se escapó y no pude nisiquiera denunciarlo», se lamenta la madre, que asegura requiere imperiosamente de 500 dólares para costear las nuevas tomografías que deberán tomar del cráneo de Juan. «Los gastos subirán y parece que mi hijo necesitará una nueva operación».

Ana relata que después de la agresión que sufrió su hijo, ambos tuvieron que «enfrentar al mundo» prácticamente solos. Los gastos derivados de la atención médica que el niño requería, particularmente por los complejos exámenes, fueron en aumento. «Esas pruebas son muy caras. Deberían por lo menos rebajarnos a personas que están en mi condición».

Su madre, dice, le enseñó a no rendirse y fue un mediodía, cuando Ana veía un programa de televisión, que se le ocurrió la idea que podría ayudarla a resolver su problema. «Estaban dando el programa Caso Cerrado y ahí discutían sobre una pareja que no podía tener hijos; una mujer le sugirió a su hija alquilar su vientre a esa pareja. Así se me ideó esto». Aquello sucedió en abril.

Al igual que en Miami, EEUU, desde donde se emite Caso Cerrado, en Bolivia, entre un 15 y 20 % de las parejas sufre de problemas de infertilidad, según Jorge La Fuente, especialista del Centro Integral de Reproducción (Embriovid). Ana asegura que lo único que desea es ayudar a una pareja que sufre de esta complicación y a cambio, ella podrá ayudar a su hijo.

«Debe ser una pareja que no pueda tener bebés para que yo pueda colaborarlos», pide como condición. Al principio dudaba de si debía o no hacerlo, pero después del respaldo que le dio su familia, se informó al respecto y publicó los anuncios en dos periódicos y un sitio web.
 
Llamadas. Su teléfono celular no ha parado de sonar desde hace dos meses. Desde el otro lado de la línea, las personas le aseguran que están interesadas en alquilar su vientre, pero Ana aún no decidió a quién lo arrendará; además sabe que no es la primera en hacerlo. «Otra persona puso otro anuncio mucho antes que yo».

Un hombre se contactó con ella. «Él quiere otra cosa, pretende tener el hijo conmigo, pero yo le dije que debe ser (inseminacion) in vitro; según él me puede pagar hasta dos mil dólares más de lo que yo pido».

No obstante, ésta no es la única oferta de la que desconfía. «Me llamó un gay, que parece que tiene pareja, pero ellos me decían que yo debo darles el óvulo, sin embargo parecían personas poco confiables, porque me llamaban a las dos y a las tres de la mañana. No volvieron a llamar más».

La pretensión de Ana es alquilar su vientre a una pareja con solvencia económica para pagar los $us 10 mil que necesita para su niño. Por una amiga se enteró que en EEUU pagan entre 25 mil y 50 mil dólares por lo mismo. «En Santa Cruz cobran 12 mil y en otros países cobran más».

La activista de Mujeres Creando, María Galindo, opina que todo ello es producto de la sociedad actual «patriarcal y capitalista», que ha empezado a considerar al útero de la mujer «un medio de producción. Una fábrica de bebés (…); esto es grave, si una mujer debe alquilar su vientre es porque desesperadamente está necesitando esos recursos».

Mediante un contrato privado, Ana se comprometerá a entregar al niño una vez que haya nacido. En Bolivia, la figura del vientre en alquiler no existe, por lo que según la abogada Sandra Pacheco, especialista en Código de Familia, el contrato simplemente sería declarado nulo.

«Según nuestra legislación es madre quien da a luz, y la paternidad y maternidad son irrenunciables», dice la jurista, quien recuerda que, en cambio, en el país sí está legislada la figura de la adopción.
 
Vínculo. Ana se siente confiada en que al alquilar su vientre no desarrollará un vínculo afectivo con el bebé que crecerá dentro su vientre durante nueve meses. «Ése no es mi caso, eso no va a pasar conmigo, porque no es mío. Yo les digo que sólo estaría prestando mi útero y, claro, tengo que dárselos (al niño)».

Recuerda el caso de una mujer de Santa Cruz que firmó un convenio y entregó al niño una vez que la pareja interesada le pagó y se llevó al bebé a EEUU. «Ella vive de manera normal. Tiene incluso sus hijos y su esposo».

Ana dice que le contaron de otra mujer que «incluso parece que vive de eso (el alquiler del vientre)», y aunque admite que tiene algo de temor a ser denunciada, su mayor miedo es que Juan no pueda recuperarse.

La abogada Pacheco recuerda que hace una seis años, se propuso incluir en el Código de Familia la figura del vientre en alquiler, pero no hubo consenso. «El Código de Familia tiene una serie de disposiciones que ya están obsoletas, porque no se enmarcan con el avance de la ciencia y la tecnología, sin embargo no hubo consenso para modificarlo».

Según la especialista lo máximo que podría suceder con un caso como el de Ana —si es que alguien la denunciara— es declarar nulo el contrato. Aún así, la joven madre está dispuesta a correr el riesgo. «Todo lo hago por mi hijo, necesito el dinero para sus exámenes médicos».

Con esa frase, Ana da por terminada la entrevista con La Razón y revisa su celular, tal vez con la idea de que se haga la llamada que espera.

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Un asunto oscuro

Según la presidenta ejecutiva de YLB, la acusación fue fruto de una investigación técnica realizada a lo largo de dos años

Por La Razón

/ 25 de abril de 2024 / 06:59

La todavía incipiente industria del litio en Bolivia no puede salir de las sombras. Al violento arresto del exministro de Minería y exresponsable de la planta en la región de Lípez en Potosí, Luis Alberto Echazú, se ha sumado, ayer, la muerte del exgerente ejecutivo de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). El tema se ha politizado y, ahora, judicializado, pero del negocio no hay más que promesas.

Los contornos del caso, la actuación presuntamente arbitraria e irregular de la Fiscalía el lunes, según denuncia del abogado de Echazú, así como las declaraciones de jerarcas y portavoces del ala evista del MAS, hacen pensar en intereses políticos ligados a la sorda pelea por el poder en el partido gobernante antes que en aquellos ligados al efectivo despegue de la industria del litio en el país. El intercambio de acusaciones, con y sin fundamento, en nada ayuda a reactivar el proyecto.

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El tono y el contenido de una “carta abierta” firmada por el exgerente de YLB, Juan Carlos Montenegro, otro de los imputados, antes de morir (incluyendo una última línea en la que pide perdón a sus seres queridos por el “dolor” que les causará “esta mi decisión”), hace pensar en que detrás de la acusación hecha el jueves de la semana pasada por la actual gerente del proyecto y el procurador del Estado, además de la sorprendentemente rápida actuación del Ministerio Público, hay mucho más que la búsqueda de justicia o de castigo a la corrupción.

Según la presidenta ejecutiva de YLB, la acusación fue fruto de una investigación técnica realizada a lo largo de dos años, asunto del cual ni ella ni su antecesor habían dicho nada anteriormente. Al ser conducido a celdas policiales, el exministro, ahora en detención domiciliaria, afirmó que “el Gobierno quiere ocultar tres años y medio” de parálisis en el que debería ser el proyecto más importante del Estado Plurinacional en los últimos años.

Coincidiendo con la denuncia de YLB contra exfuncionarios de la institución, el mismo día, el Presidente del Estado acusó a “potencias mundiales” y un “país vecino” de pretender controlar los recursos naturales del país, especialmente el litio, bloqueando las exportaciones y excluyendo a Bolivia en procesos estratégicos de comunicación. A la luz de lo sucedido en los últimos años, es evidente que el principal obstáculo está en el Estado y no fuera de las fronteras.

Mientras Chile se abre a las inversiones de riesgo compartido y se propone recuperar el sitial de primer exportador de litio en el mundo en los próximos dos años, y el presidente de Argentina busca entregar las reservas de su país a las transnacionales del sector, Bolivia todavía no ha mostrado cuál es su estrategia de industrialización y comercialización del preciado mineral, al extremo que ni siquiera ha transparentado los acuerdos (no contratos) que tiene con empresas chinas y rusas. Así, es imposible tener optimismo en el futuro del litio.

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Ley ‘antihombres’

Los datos son innegables y terribles: la violencia contra las mujeres, lejos de disminuir, persiste e incluso aumenta.

Por La Razón

/ 21 de abril de 2024 / 00:27

La penosa declaración del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, en sentido de que la Ley 348 es una ley “antihombres” (sic), puso en agenda la cuestión irresuelta de la violencia contra las mujeres. Rodríguez recibió fuertes críticas, pero también adhesiones. Lo preocupante es que fomenta a grupos antiderechos y pone en riesgo una norma que protege a las mujeres.

 La ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia (Ley 348) fue promulgada por el presidente Morales en marzo de 2013. Su objeto es establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores. Se trata de una ley avanzada, resultado de muchos años de lucha de las mujeres por sus derechos en una sociedad patriarcal y machista como la boliviana.

En 11 años de vigencia, la Ley 348 permitió el registro de centenas de miles de denuncias de violencia contra mujeres en el país. Según datos del Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer, el año pasado hubo casi 52.000 denuncias. Los casos de violencia familiar o doméstica, que son la mayoría, se incrementaron en 193% entre 2013 y 2023. Cada día, en promedio, hay 142 denuncias de violencia contra mujeres, 30 agresiones sexuales, 104 embarazos de niñas y adolescentes. En 2023 se registraron 81 feminicidios.

Los datos son innegables y terribles: la violencia contra las mujeres, lejos de disminuir, persiste e incluso aumenta. Por ello son deplorables afirmaciones tan ligeras como que la Ley 348 es una “ley antihombres” o, peor, que “la violencia no tiene género”. Si bien existen acusaciones falsas contra hombres, e incluso detenciones arbitrarias presumiendo culpabilidad, ello no atenúa ni menos niega la abrumadora evidencia de que las mujeres son las victimas sistemáticas de actos de violencia en todas sus formas.

En su capítulo de derechos fundamentales, la Constitución señala con claridad que “todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual y psicológica”. Y establece que el Estado tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género.

Con ese mandato constitucional, la Ley 348 define mecanismos para proteger a las mujeres. Y traza la ruta para la denuncia, persecución y sanción penal de los agresores.

Es evidente que se requiere una reforma normativa y hay valiosas propuestas para el efecto. Pero sobre todo fallan los operadores del sistema judicial. Claro que debe evitarse que haya hombres inocentes en prisión, pero sobre todo que los feminicidas y violentos estén libres. Las polémicas palabras del presidente del Senado tendrían que servir para debatir el tema, mejorar la ley, garantizar en serio para las mujeres una vida libre de violencia y frenar las muy peligrosas campañas antiderechos.

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Un vecino conflictivo

El gobierno de Milei podría estar buscando consolidar su base política mediante el nacionalismo y el anti-izquierdismo

Por La Razón

/ 18 de abril de 2024 / 07:06

Días atrás, la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, informó que había decidido reforzar la seguridad en la frontera con Bolivia debido a la supuesta presencia de cientos de militares iraníes en el país. La respuesta de la Cancillería boliviana fue tan rápida como mesurada, en evidente contraste con el tono que está adoptando el gobierno de Javier Milei.

Desde el inicio, la presidencia de Javier Milei ha sido notable no solo por sus políticas internas de shock, sino también por su manejo de las relaciones internacionales, especialmente con países latinoamericanos de gobiernos considerados izquierdistas. Sus controversiales interacciones con líderes regionales han generado un amplio debate sobre las estrategias diplomáticas y sus implicaciones tanto a nivel regional como doméstico.

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Primero, el intercambio de insultos con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, provocó una rápida escalada de tensiones que afortunadamente no pasaron a más. Milei respondió a las críticas de López Obrador, quien había tildado a Milei de “facho conservador”, con términos igualmente duros, exacerbando las fricciones bilaterales. Este tipo de diplomacia de confrontación no solo socava las relaciones tradicionalmente cordiales entre Argentina y México, sino que también plantea preguntas sobre la estabilidad regional.

Por otra parte, las relaciones con Colombia se tensaron significativamente después de que Milei llamara al presidente Gustavo Petro «comunista asesino». Esta declaración provocó una pronta respuesta diplomática de Colombia, incluyendo el llamado de su embajador en Buenos Aires, lo cual subraya la seriedad del conflicto y el impacto en las relaciones diplomáticas; por ahora las relaciones entre ambos países están normalizándose y los respectivos embajadores han regresado a sus funciones.

Asimismo, la afirmación de la ministra Bullrich sobre la presunta presencia de militares iraníes en Bolivia añadió más leña al fuego, mostrando una tendencia hacia declaraciones provocativas que pueden tener serias repercusiones diplomáticas y de seguridad. Algo similar había ocurrido poco antes, cuando el presidente Milei afirmó que el gobierno de Chile iba a llevar a ese país a la pobreza por adoptar políticas socialistas. En ambos casos la respuesta fue pronta, mesurada y contundente.

En el frente interno, estas controversias internacionales parecen servir como una cortina de humo para desviar la atención de los problemas económicos graves que enfrenta Argentina, como la inflación y el estancamiento económico. Al centrarse en conflictos externos, el gobierno de Milei podría estar buscando consolidar su base política mediante el nacionalismo y el anti-izquierdismo, mientras posterga o minimiza la discusión sobre la necesidad de reformas económicas internas profundas.

Es posible que las tácticas de confrontación de Milei tengan un atractivo político inmediato entre ciertos sectores en Argentina que le son afines, pero los riesgos asociados a alienar a países vecinos y potenciales socios comerciales son altos, especialmente en el mediano y largo plazos, cuando el polémico mandatario ya no esté en funciones.

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Los medios en cuestión

Por La Razón

/ 14 de abril de 2024 / 00:20

El reciente estudio Delphi de la Fundación Friedrich Ebert (FES-Bolivia), realizado con líderes de todo el país, revela datos delicados respecto a los medios de comunicación y su desempeño. Además de una baja confianza, se percibe a los medios como promotores del conflicto y como actores políticos que informan en función a su agenda e intereses. La evaluación es crítica.

Hubo un tiempo en que los medios de comunicación y periodistas, en general, estaban en la cima de la confianza ciudadana. Junto con la Iglesia Católica, tenían muy alta legitimidad. Hoy es diferente: en la Delphi de la FES, solo el 7% tiene una confianza alta o muy alta en los medios. Para el 39% es regular. Y un mayoritario 54% confía poco o nada. Estos datos debieran preocuparnos. Si bien estamos mejor que otras entidades, la confianza es un bien preciado que los medios debemos recuperar y preservar.

En un contexto en que los medios digitales y las redes sociales tienden a desplazar a los medios de comunicación tradicionales como principal fuente de información, es necesario hacer un examen acerca de nuestro desempeño. ¿Cómo nos evalúan los líderes? Más de dos tercios, nada menos, sostienen que los medios informan en función a su propia agenda e intereses. Si sumamos el 13,5% que nos perciben como manipuladores, el saldo es muy negativo. Solo un marginal 7% cree que los medios informan con veracidad.

La baja confianza en los medios y la percepción de que informan más pensando en ellos mismos que en la sociedad, quizás se explican, entre otros factores, porque varios operadores mediáticos están polarizados y alientan la polarización. Lo vimos como tragedia en la crisis de 2019, cuando algunos medios y periodistas avalaron y hasta justificaron las masacres. Ello se reafirma en la Delphi: 86% de los líderes consultados sostienen que los medios promueven enfrentamientos y conflictos en el país.

Por si fuera poco, en estas percepciones reveladoras de la situación del campo mediático en Bolivia, casi nueve de cada 10 participantes en el estudio de la FES están de acuerdo con la afirmación de que los medios actúan como si fuesen actores políticos. Es tremendo. Para los liderazgos, la esencia de los medios se está perdiendo. En su balance, varios medios y periodistas están más cerca de la acción política que de la labor informativa. Eso, por supuesto, va en desmedro del periodismo.

Los estudios de percepción cualitativa y de opinión pública expresan tendencias generales en momentos determinados. Son útiles para la reflexión y el análisis. Y contribuyen a la autocrítica. Pero hay diferencias. Más allá de las percepciones aquí descritas, es meritorio el trabajo de medios que persisten en el empeño de cuidar y cultivar cada día los derechos a la comunicación e información. Como diario nos situamos en ese camino reafirmando nuestro compromiso con el libre ejercicio del oficio periodístico.

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Un impasse inédito

El camino hacia la resolución de este conflicto debe estar pavimentado con el respeto a las leyes internacionales

Por La Razón

/ 11 de abril de 2024 / 06:33

Aunque se afirma que no es la primera vez que ocurre en la historia reciente, lo sucedido en Quito la noche del viernes al sábado, cuando la Policía irrumpió en la Embajada de México ante Ecuador, representa mucho más que un escándalo diplomático y ha puesto al país andino en un impasse del cual será muy difícil salir, mucho más debido a la hasta ahora arrogante posición de su gobierno.

El conflicto diplomático entre México y Ecuador, cuyo antecedente inmediato fue la declaración de persona no grata a la embajadora mexicana, que luego dio paso al secuestro y encarcelamiento del exvicepresidente Jorge Glas, que acababa de recibir el estatus de refugiado político (pese a haber sido condenado por delitos comunes años atrás), ha escalado hasta alcanzar los estrados de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), donde México ha presentado una demanda buscando justicia y el respeto a las normas internacionales.

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La decisión de México de acudir a la CIJ y la convocatoria a sesiones extraordinarias de la Organización de Estados Americanos (OEA) los días martes y miércoles reflejan la gravedad de la situación y la necesidad de un marco de acción que respete los principios fundamentales de la diplomacia y el derecho internacional. Estos foros ofrecen una oportunidad invaluable para abordar el conflicto de manera constructiva, poniendo en primer plano la necesidad de soluciones pacíficas y el diálogo basado en el respeto mutuo, razón por la cual la demanda ecuatoriana de revisar los tratados internacionales es poco prudente.

En estas circunstancias, la comunidad internacional, así como los organismos regionales y multilaterales, deben actuar como mediadores para facilitar una resolución que respete las normas internacionales y promueva la estabilidad regional. Según expertos en la materia, la mediación debe enfocarse en la reconciliación y buscar una solución que permita a ambas partes superar el impasse, manteniendo la integridad de los tratados internacionales como guía.

Este conflicto sirve para poner en relieve la importancia de adherirse a los principios del derecho internacional no solo como un fin en sí mismo, sino como un medio para asegurar la paz, la seguridad y el respeto entre las naciones. La resolución de este caso podría sentar un precedente importante para el manejo de futuras disputas diplomáticas y reafirmar el valor de las convenciones internacionales como pilares de las relaciones entre Estados.

El camino hacia la resolución de este conflicto debe estar pavimentado con el respeto a las leyes internacionales y el compromiso con el diálogo y la negociación. Es imperativo que México y Ecuador, con el apoyo de la comunidad internacional y organismos como la OEA, encuentren una salida basada en el entendimiento mutuo y el respeto a los tratados que han guiado las relaciones diplomáticas durante décadas. Este enfoque no solo resolverá el impasse actual de manera justa, sino que también fortalecerá el sistema internacional basado en reglas, crucial para la coexistencia pacífica entre naciones.

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