Sociedad

Monday 18 Mar 2024 | Actualizado a 18:49 PM

Estudio revela que La Paz tiene el transporte público más caro

Hallazgo. El servicio no sólo es el más costoso, sino también el más lento y caótico

Por La Razón

/ 12 de diciembre de 2010 / 05:00

La ciudad de La Paz tiene el servicio de transporte público más caro de las tres capitales del eje troncal. A diario las familias deben invertir entre Bs 25 y Bs 100 para trasladarse de una zona a otra, debido a la topografía, un servicio mal regulado y tarifas sin control.

Un estudio de la Fundación de Análisis de Desarrollo Urbano en Bolivia (Funadub) establece que los gastos en el uso de minibuses, trufis, taxis y buses consumen al menos el 25% de los ingresos mensuales de una familia de clase media —es decir de Bs 800 a Bs 1.000 de un ingreso mensual promedio de entre Bs 2.500 a 3.500— y más del 30% en el caso de familias con ingresos que están por debajo de los Bs 2 mil, o sea Bs 700. 

Según el diagnóstico, presentado el 26 de noviembre bajo el título «Transporte público en las ciudades del eje troncal de Bolivia», La Paz cuenta con el sistema de transporte más caro en relación a Santa Cruz y Cochabamba, además de ser precario e inadecuado para sus 1,5 millones de habitantes (1,9 millones según proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) al 2010.

«Se calcula que sólo en La Paz hay más de 115 mil minibuses, que son la principal causa de congestión. No hay paradas fijas y el estado mecánico de gran parte de los motorizados no es el adecuado», explicó el director de Funadub, Roberto Aramayo. Sin embargo, el costo no es el único problema de La Paz. El servicio es el más lento en relación a otras dos ciudades capitales.

En horas pico, el microbús, cuya tarifa es Bs 1,50, tarda más de una hora y 15 minutos en cubrir un tramo de 8 kilómetros, distancia que separa San Francisco de Calacoto, por ejemplo. Un minibús, cuya tarifa es de Bs 2,30, recorre esta misma distancia en 60 minutos y un taxi trufi, que cobra Bs 3.00, demora 40 minutos. «El tiempo y la distancia implican la búsqueda de un servicio más rápido, pero al mismo tiempo más costoso», dice Aramayo.

En Cochabamba, la distancia entre el Cruce Taquiña (al norte de la ciudad) y el Campo Ferial, al Sur, también es de 8 kilómetros, sin embargo, el costo para cubrir esa distancia, por pasajero, en minibús, taxitrufis y buses es sólo de Bs 1,50 y el viaje dura entre 20 a 30 minutos.

En Santa Cruz el costo se compensa con el ahorro de tiempo. Si bien la tarifa de los microbuses (o coasters, con capacidad para 25 pasajeros) se equipara a la de los minibuses paceños, el trayecto se cubre en menos tiempo. Entre el anillo 1 y el 4, separados también por 8 kilómetros de distancia, el recorrido no demora más de 20 minutos.

«Las tarifas son insostenibles en distancias largas porque incluso debemos gastar en otros ítemes, como combustible y repuestos para recuperar lo invertido y ganar el pan de cada día», explica el secretario de la Asociación 16 de Julio de Transporte Urbano de La Paz, Milton Chambi.

Eje troncal. Según Funadub, en la ciudad de Cochabamba el gasto familiar en transporte público es menor respecto a La Paz. Una familia de clase media, con un ingreso mensual promedio de Bs 2.500 a Bs 3.500, destina a los pasajes entre Bs 450 y Bs 600, lo que implica un gasto diario de entre Bs 10 a Bs 25.

Santa Cruz  tiene un tarifario único para coasters, minibuses y trufis  en el uso del transporte urbano y sindicalizado que oscila entre Bs 2 a Bs 3 y el gasto familiar en transporte fluctúa entre Bs 600 y Bs 700 al mes. Para una familia de clase media, esto representa una inversión del 20% de su ingreso mensual.

El gasto para una familia de la ciudad de El Alto que sólo desarrolla sus actividad en ese municipio, implica un promedio de entre Bs 200 a Bs 400 porque la tarifa dentro del radio urbano es de Bs 1.

Sin embargo el servicio de transporte masivo en esta comuna tiene otro tipo de deficiencias, como la falta de cobertura a todas las zonas de sus 14 distritos, y el hecho de que las actividades de una parte de sus habitantes se desarrolla en La Paz, lo que eleva su gasto en transporte.

En un sondeo hecho por La Razón, 10 personas, declararon que su presupuesto para el transporte en estos dos últimos años es mayor respecto al de períodos anteriores. «En mi caso gastamos un 20% más que antes. Yo recuerdo que con mi esposo usábamos unos Bs 500 y ahora tenemos que invertir Bs 700 sólo en pasajes», dijo Luciana Gutiérrez Méndez, profesora.

Todos los consultados coinciden en que el incremento es mayor porque pese a que las tarifas se mantienen en los mismos rangos, hasta hace un año la flexibilidad de los choferes era mayor debido a que cobraban entre Bs 1 y Bs 1,50 por distancias más largas. En las tres ciudades existen normas municipales que fijan los parámetros de cada tarifa.

Propuesta. Aramayo indicó que se propone la regulación del sistema de transportes en La Paz a través de paradas y horarios para que el flujo del tráfico vehicular sea mayor. «La Alcaldía pretende implementar un servicio de transporte masivo a través de trolebuses. Pero ¡imagínese si eso se implementa en las condiciones caóticas en las que se encuentra el transporte en la actualidad!»

Para los choferes sindicalizados, el principal problema se origina en la topografía y descartan que se pueda implementar un sistema de transporte masivo. «La Paz tiene una peculiaridad y es la forma de cómo está distribuida. El gasto para nosotros es mayor respecto a otros centros urbanos, a eso se añade que la ciudad no está concebida para el uso de transporte masivo porque no cuenta con paradas, y traer motorizados grandes generará conflictos con el sector», añadió su dirigente, Chambi.

La investigadora de la Fundación, Martha Zelaya, afirma que la implementación de un servicio con trolebuses es más factible en la medida en que primero se plantee un ordenamiento vehicular bien estructurado, lo que posibilitaría la aplicación de tarifas más reducidas. 

Apuntes sobre el servicio público

El transporte público de La Paz se caracteriza por contar con tres tipos de servicios. De microbuses, minibuses y taxi trufis. En total hay 326 organizaciones y sindicatos que están concentrados en asociaciones y agrupados en un ente matriz que es la Federación Departamental de Transporte de La Paz. La regulación de tarifas, vigente desde el 2003, está a cargo de la Alcaldía de La Paz y es supervisado por la Autoridad de Fiscalización de Telecomunicación y Transporte (ATT).

Opinan los usuarios

Alejandra Núñez: «Ellos cobran lo que quieren»
En el último año se ha incrementado más el transporte y, si uno vive en una zona alejada, se percata de eso. La inversión que hago es mayor porque se debe presupuestar por día más de Bs 10 por persona. En la zona Sur cobran lo que quieren. Más que todo en la noche aprovechan que no hay muchos vehículos y duplican sus precios.

Lenny Royo: «Es más caro porque cobran por tramo»
Gastamos más porque los transportistas han impuesto tramos y nos obligan a pagar el doble. La hora es lo que más nos perjudica, porque si se nos hace tarde nos vemos obligados a utilizar radiotaxi y eso hace que gastemos más de lo que era antes. Las tarifas han subido sin previo aviso y eso genera perjuicio a nuestra economía.

Antonio Salgado: «Los radiotaxis son más caros «
En mi caso yo no sentí un incremento significativo en el uso de transporte público pero si en el uso de los radiotaxis, por eso prefiero utilizar minibús porque gasto Bs 10 por día. El transporte privado está fuera de lo que es el presupuesto de la gente en general. Es necesario controlar el horario y el tiempo que utilizan los choferes.

Juana Velasco: «Gastamos hasta Bs 25 cada día»
Antes me costaba entre Bs 12 a Bs 15 para ir al centro pero ahora con el cambio de discos y letreros se tiene que tomar más de una movilidad y se paga más de Bs 20. Los radiotaxis en las noches han subido sus tarifas desde Bs 15 hasta Bs 25 y nadie hace nada para frenar estos abusos. Mensualmente presupuestamos Bs 700.

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El Censo del 23M

Por La Razón

/ 17 de marzo de 2024 / 00:14

Luego de su postergación por más de un año, el Censo Nacional de Población y Vivienda se realizará en Bolivia este sábado 23 de marzo. El último Censo fue el año 2012. El propósito es obtener información detallada para saber cuántos somos y cómo vivimos en todo el territorio nacional. Es un insumo fundamental para el diseño de políticas públicas. Llegar a este día no fue fácil.

Mediante un Decreto Supremo de mediados de julio de 2021, el Gobierno determinó que el Censo se haría el 22 de noviembre de 2022. Fue declarado “prioridad nacional”. Y la entonces ministra de Planificación señaló que todo estaba asegurado para el efecto. Faltó a la verdad. En julio de 2022, el Consejo Nacional de Autonomías, tras identificar dificultades, planteó la postergación del Censo hasta mayo o junio de 2024. Entonces el presidente Arce anunció un proceso “responsable y con transparencia”.

El aplazamiento del Censo 2022, que se convirtió en Censo 2024, generó rechazo y protesta, en especial en Santa Cruz. La dirigencia cruceña, a la cabeza del gobernador Camacho y el cívico Calvo, impulsó una movilización con la consigna “Censo 2023 Sí o Sí”. Con esa bandera innegociable hubo cabildos, ultimátum al Gobierno y un paro departamental que, con episodios de radicalidad y violencia, duró 36 días. Fue una derrota. El Censo, blindado por Ley, finalmente se reprogramó para este 23 de marzo.

Durante el 2023, con centro en el INE, se avanzó en la preparación del operativo censal. Entra otras cuestiones logísticas y organizativas, fue fundamental la actualización cartográfica, que tenía rezago y ausencias. También ha sido relevante la definición del cuestionario censal, con 59 preguntas distribuidas en siete capítulos. Al respecto hubo algunos debates inútiles en torno al mestizaje y la religión. La última etapa se concentró en el reclutamiento y capacitación de más de 750 mil voluntarios censistas.

Así llegamos, como país, al día del Censo, este sábado. Es el operativo de mayor alcance a nivel nacional. Se espera que, pese a cierta improvisación y desconfianza, se logre el propósito de hacer un recuento completo y confiable de todas las personas, los hogares y las viviendas que se encuentran en Bolivia. A estas alturas no cabe ninguna amenaza de boicot o consignas para distorsionar los datos. Deben primar la transparencia, el trabajo técnico y la participación ciudadana en todo el territorio.

Según lo previsto, los resultados del operativo censal se conocerán en septiembre. Estos datos son la base para la redefinición de políticas públicas, así como para la distribución de recursos, ojalá con un pacto fiscal, y la redistribución de escaños en la Cámara de Diputados. No es algo sencillo toda vez que hay ganadores y perdedores. Lo importante es trazar una ruta de diálogo, acuerdos y equilibrios. El 23M, pues, es un día decisivo para la fotografía que guiará nuestro rumbo en la próxima década.

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Juezas, se busca

Es evidente, pues, que hay más obstáculos que voluntad política en el proceso de convocar y realizar las elecciones judiciales

Por La Razón

/ 14 de marzo de 2024 / 09:47

Como si no hubiesen sido suficientes los escollos que se produjeron desde hace casi un año, uno nuevo acaba de aparecer en el camino a las elecciones judiciales: la falta de mujeres candidatas a los puestos de magistradas y juezas, lo cual hace peligrar la paridad de género prescrita en la ley. Difícil saber a qué se debe este fenómeno, y más difícil encontrar una salida.

El artículo 76 de la Ley 026, de Régimen Electoral, especifica que la Asamblea Legislativa debe preseleccionar “hasta cuatro (4) postulantes para cada departamento en dos listas separadas de mujeres y hombres”; también, que “garantizará que el cincuenta por ciento (50%) de las personas preseleccionadas sean mujeres; y la presencia de al menos una persona de origen indígena originario campesino en cada lista”.

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Asimismo, la Ley 1549, Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024, establece que la Comisión Mixta de Constitución elevará un informe a la Asamblea con la lista de un mínimo de 36 y un máximo de 72 postulantes para el TSJ, y similar cantidad para el TCP, garantizando la equidad de género y la representación indígena originaria. También señala que la Comisión Mixta de Justicia Plural debe presentar un informe al pleno del Legislativo con una lista de un mínimo de 14 y un máximo de 28 postulantes para el Tribunal Agroambiental, y un mínimo de 10 y máximo 20 para el Consejo de la Magistratura.

Dependiendo de cuál de las instancias del Judicial se trate, hay mayor o menor déficit de mujeres candidatas: para el Constitucional, hay departamentos donde postularon apenas dos; para el Supremo la situación es similar. En todos los casos, el conteo de candidatas da un promedio de una por cada cuatro varones. “Con esos números realmente sería bien complicado garantizar una participación igualitaria”, reconoció el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Sin embargo, su colega presidente de la Comisión de Justicia Plural dijo que hay la cantidad necesaria de postulantes mujeres para seguir en el proceso de revisión y verificación de requisitos.

Entre las razones que se ensayan para explicar esta ausencia de mujeres interesadas en participar de la votación para autoridades del Judicial se señaló: falta de credibilidad en el proceso electoral debido al manoseo de los últimos meses; temor de las mujeres a los rigores del sistema patriarcal imperante en la sociedad y las instituciones; y temor de algunas a “quemarse” en el proceso. Todas ellas son plausibles, y es posible que hayan otras más.

Es evidente, pues, que hay más obstáculos que voluntad política en el proceso de convocar y realizar las elecciones judiciales. Por ahora es poco claro el modo en que la Asamblea Legislativa saldrá de este impasse, lo cual implica que el Estado sigue en el camino de la desinstitucionalización promovida por los partidos con representación parlamentaria. Tarde o temprano la historia juzgará este amargo tiempo.

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Divisiones y primarias

Por La Razón

/ 10 de marzo de 2024 / 00:45

El paisaje actual del campo político boliviano se caracteriza por la división en el MASIPSP y la fragmentación de la oposición, con algunos actores irrelevantes. Son evidentes también las disputas internas en Comunidad Ciudadana y Creemos. En tal escenario, las estrategias y el debate político se orientan hoy hacia las elecciones primarias. El factor tiempo importa.

La accidentada aprobación de seis créditos en la Cámara de Diputados produjo, entre otros efectos, una división en Comunidad Ciudadana, que ya había tenido disidencias y expulsiones. Hoy la alianza cuenta con dos bancadas: una oficial del mesismo y otra alternativa “de dignidad”. Ello limita su peso en la Asamblea Legislativa. Algo similar ocurre en la alianza Creemos, también dividida entre leales al camachismo y adscritos a otras filiaciones e intereses. Se consolida así la debilidad opositora.

La disputa interna en el MAS-IPSP es más crítica. En rigor, se trata ya de una fractura entre dos facciones: la arcista y la evista. El núcleo del desencuentro es la candidatura presidencial para las próximas elecciones. Este quiebre en el partido- instrumento político, que gobernó el país en solitario desde 2006, se ha extendido a las organizaciones sociales que componen el llamado Pacto de Unidad. Hoy la pugna está concentrada en la renovación de directiva en un nuevo congreso orgánico.

A ello se suma la marginalidad de otras fuerzas políticas de la oposición, así como su dispersión expresada en una docena de potenciales candidatos presidenciales en los comicios 2025, muy lejos del discurso de unidad y, peor, de una candidatura única. En ese contexto, el cálculo estratégico parece concentrarse en las elecciones primarias que debieran realizarse a fin de año. CC propuso una reforma normativa para que las primarias sean abiertas a la ciudadanía y se convoquen lo más tarde posible.

La cuestión fundamental, plena de incertidumbre, es si las elecciones primarias (sean cerradas a la militancia o sean abiertas a cualquier votante) resolverán la división interna en el MAS-IPSP y la fragmentación opositora. ¿Los dos candidatos masistas, a estas alturas, competirán en primarias? ¿Quién se quedará finalmente con el partido? ¿El montón de aspirantes presidenciales de la oposición se medirá en primarias para seleccionar un solo candidato? ¿Con qué sigla? ¿Y cuál programa de gobierno?

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Como sea, los tiempos políticos presionan para tomar decisiones. Hasta mayo, siete de los 11 partidos políticos vigentes deben adecuar estatutos y/o renovar directivas. Cualquier cambio en las reglas para las primarias debiera aprobarse hasta septiembre. Hay respaldo opositor a las primarias abiertas, pero no está claro si habrá mayoría en la ALP para aprobarlas. Cuenta también la situación institucional para administrar el próximo ciclo electoral. Es un momento decisorio para la política y las elecciones en el país.

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Cambios en el gabinete

Un mensaje para el resto de las oposiciones, que muestra al Presidente tomando decisiones y ejecutándolas

Por La Razón

/ 7 de marzo de 2024 / 06:09

El martes último, de manera inesperada, el presidente Luis Arce cambió a cinco de sus ministros, un gesto que previsiblemente mereció aplausos de sus áulicos y amargas críticas de sus opositores. Sin embargo, al margen de la retórica política, hubo quien observó un interés en enviar señales tanto hacia adentro del Gobierno como hacia la sociedad y hacia sus adversarios políticos.

Se trata de nuevas autoridades para los ministerios de Desarrollo Rural y Tierras, Medio Ambiente y Agua, Minería, Educación, y Culturas. Cuatro varones y una mujer, todos ellos con experiencia en la gestión pública y activa participación o en las organizaciones sociales que sustentan al Movimiento Al Socialismo o en el mismo partido.

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El primero de ellos, Santos Condori, titular de Desarrollo Rural y Tierras, es exconcejal del municipio de Laja, La Paz. En Medio Ambiente y Agua la nueva autoridad es Humberto Alan Lisperguer, biólogo de profesión y exsecretario de la Madre Tierra en la Gobernación de Cochabamba. En Minería, el nuevo ministro es un expresidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin), Alejandro Santos.

El Ministerio de Educación ahora está en manos de Omar Véliz, exgobernador interino y exasambleísta departamental en Potosí, maestro de formación. Finalmente, Culturas, Descolonización y Despatriarcalización está en manos de Esperanza Guevara, trabajadora social de formación, miembro de la Confederación de Mujeres Campesinas de Bolivia “Bartolina Sisa” y exdiputada uninominal suplente.

Apenas conocida la noticia del cambio de gabinete, las fuerzas opositoras al Gobierno se pronunciaron a través de sus portavoces. El ala evista del MAS calificó de “tardía” y “cosmética” la decisión presidencial, en alusión al mandato del Cabildo de El Alto, que instruyó al primer mandatario incorporar en el gabinete a representantes de los movimientos sociales. Analistas y comentaristas coincidieron en señalar que, por un lado, hay un mensaje al ala evista contenido en el desplazamiento de sus representantes y, por otro, un mensaje para el resto de las oposiciones, que muestra al Presidente tomando decisiones y ejecutándolas.

Desde el ala opositora también menudearon los comentarios y reacciones, muchos de ellos teñidos de racismo, expresado en diversas formas de descalificación de los nuevos ministros, incluyendo el hecho de ser “aymara”, como en el caso de los mensajes que publicó el exgobernador de Santa Cruz. Habrá que ver si la nueva ministra de Culturas tiene en su agenda aplicar la Ley 45, que desde su promulgación en 2010 ha servido para amenazar a opositores, pero no para frenar el racismo.

El solo cambio, o los antecedentes de las nuevas autoridades, sirve poco para evaluarles, pero sí sirve para recordarles que son muchas y muy grandes las expectativas en su desempeño, un poco pensando en los comicios de 2025, pero mucho más en sentido de tener una gestión gubernamental eficaz y confiable, atributos a veces difíciles de encontrar.

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La misma piedra

Por La Razón

/ 3 de marzo de 2024 / 00:42

En una sesión nuevamente bochornosa, la Cámara de Diputados, con mayoría circunstancial del arcismo, aprobó seis de los siete créditos que estaban en agenda. Quedaron diferidos en tanto los dos proyectos de ley sobre la autoprórroga de magistrados. Y, una vez más, la oposición se quebró. El saldo es la pérdida de legitimidad de la Asamblea y de todas las fuerzas políticas.

Hay una frase ampliamente conocida que retrata bien lo que ocurrió este tiempo en Diputados: “Locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes”. En tres ocasiones consecutivas, el oficialismo convocó a sesiones para aprobar los proyectos de ley de “financiamiento de la agenda económica”. Lo hizo sin acuerdo previo y con disputa sobre el orden del día. La oposición y la bancada evista, por su parte, condicionaron todo al cese de los magistrados autoprorrogados.

Hacer lo mismo, está visto, produce siempre los mismos resultados. La primera sesión, la segunda y la tercera fueron igualmente vergonzosas e improductivas. Las diferencias sobre la agenda legislativa, normales en democracia, derivaron en escenas de violencia, agresiones, insultos, tomas de testera, empujones, golpes. Fueron necesarios varios cuartos intermedios para regresar… a lo mismo. La apuesta por la imposición con ausencia de debate y sin ninguna voluntad de acuerdo conduce a la parálisis.

Seguramente el oficialismo celebrará que, al final del día, haya logrado mayoría en la Cámara para la aprobación de los créditos. Es una victoria pírrica. Dichos créditos pudieron ser aprobados como resultado de un acuerdo político más amplio. Pero se optó por la amenaza, la presión y, finalmente, la cooptación de asambleístas de oposición, hoy acusados temerariamente por los suyos como “tránsfugas” y cosas peores. Ahí están los créditos aprobados, pero la derrota estratégica en pérdida de legitimidad permanece.

En la otra vereda, los opositores en especial, así como los evistas, también perdieron. Primero porque, pese a sus acciones desesperadas por impedir o al menos malograr las sesiones, no lograron su propósito de frenar los créditos. Segundo porque, como ocurrió en ocasiones anteriores, terminaron con disidencias y quiebre. Y tercero porque su resistencia testimonial, en algún caso de cara a las redes sociales, no los libera del desgaste y de la condena ciudadana, agotada del espectáculo.

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Hoy tenemos un órgano legislativo con bajo nivel de credibilidad y alta desconfianza, sin agenda clara y persistente lógica de imposición y bloqueo. Quedan también tres organizaciones políticas magulladas y divididas. Y está como saldo un gobierno débil y una oposición intrascendente. En tal escenario, lo más riesgoso es la sensación de hastío en la población, más bien preocupada en sus condiciones de vida que en las peleas de los políticos. Si la ALP sigue tropezando con la misma piedra, terminará por caer.

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