Sociedad

jueves 25 feb 2021 | Actualizado a 15:31

Gobierno y colegios privados acuerdan incremento de pensiones hasta en un 6,9%

Negociación. El monto permitirá solventar los montos fijos del costo educativo

Reunión. El ministro de Educación, Roberto Aguilar, junto a los representantes de los colegios privados en el encuentro desarrollado en su despacho ayer.

Por La Razón

/ 15 de enero de 2011 / 05:00

La Asociación Nacional de Colegios Particulares (Andecop) y el Ministerio de Educación acordaron que el tope máximo del alza de las pensiones escolares será de 6,9%. El viceministro de Educación Regular, Iván Villa, dijo que la disposición rige para todos los establecimientos privados.

«Dentro del marco de la racionalidad, se ha determinado que los establecimientos privados, estén o no afiliados a Andecop, tienen autorización de incrementar las pensiones escolares en 6,9% como tope máximo», manifestó  Villa al término de la negociación con los representantes de los establecimientos privados.

Francisco Flores presidente de Andecop, explicó  que la decisión del incremento fue adoptada por consenso. «No hubo presiones ni imposiciones, se realizó un análisis de las propuestas de ambas partes y se llegó a una decisión consensuada para que se aplique en todo el país», precisó y añadió que «con esta decisión los colegios particulares recuperamos un histórico perdido y hemos demostrado que tenemos apertura al diálogo y la compresión».

Costos. El representante de los colegios privados señaló que con datos estadísticos se demostró a las autoridades que, sin importar el tamaño de la unidad educativa, sea ésta pequeña, mediana o grande, existen costos fijos que deben solventarse.

En el pasado, el parámetro para el alza de las pensiones solía ser el porcentaje de incremento al salario del magisterio.  Este año, el Ministerio de Educación propuso que se busque una fórmula para que el parámetro de la inflación no se cargue a cada uno de los alumnos, sino al grupo.

Flores manifestó que esta sugerencia fue analizada, pero también fue planteada por el sector. «Haciendo un análisis de las diferentes propuestas, hemos llegado a la conclusión de que 6,9% de incremento, que es menor a la inflación, permite recuperar los costos». Si bien el Gobierno aún no anunció el incremento salarial para la gestión 2011, Flores dijo «ojalá que este año el incremento no sea muy alto».

Para tener una idea clara de cuánto representará el incremento consensuado, La Razón realizó los siguientes ejemplos, en base a información proporcionada por padres de familia cuyos hijos estudian en los colegios Don Bosco, Domingo Savio, La Salle y San Ignacio.

En el colegio  particular Don Bosco, la pensión escolar, en la gestión 2010, fue de Bs 300.  Este año la cuota mensual debería ser Bs 320,7. En el colegio particular Domingo Savio la pensión mensual era de  Bs 487. Este año el costo será de Bs 521. El costo en el colegio La Salle fue de Bs 760. Este año deberá ser Bs 812. En el colegio San Ignacio, la pensión mensual era de Bs 742. Con el incremento este 2011 será Bs 793.

Ayer se conoció el porcentaje oficial del ajuste de las pensiones escolares, los establecimientos anunciaron a los padres de familia el nuevo monto de la cuota mensual. Varios establecimientos, para evitar la aglomeración en sus instalaciones, autorizan el depósito del dinero correspondiente a la primera cuota en  cuentas del sistema bancario. El viceministro Villa aseguró que los padres de familia no deben incurrir en ningún gasto adicional a la mensualidad. «No se tiene que pagar por reservas u otros conceptos, la matrícula es totalmente gratuita», aseveró la autoridad.

Sin precisar detalles de algunos establecimientos, agregó que el Ministerio de Educación cuenta con información de que varios colegios mantendrán el costo de sus pensiones.  «Muchos colegios, a juzgar por el estudio realizado en la gestión 2010, para mantener su cuota mensual, tendrán que realizar muchas mejoras. Las direcciones departamentales de Educación, de manera individualizada, les informarán lo que tienen que hacer para prestar un servicio de calidad, eficiente y acorde al monto de la pensión que cobran», subrayó.

Flores añadió que para evitar que se incurra en términos discriminatorios, se acordó que en adelante no se hablará de categorías de los colegios, sino se los diferenciara por el servicio educativo que prestan. «Hay servicios educativos que se prestan con  buena o regular calidad», destacó.

Reglamento para privados

El Viceministro de Educación Regular  se comprometió a convocar a los representantes de Andecop para que trabajen de manera conjunta en el reglamento que regirá para los establecimientos privados. En esta norma se tocará, por ejemplo, el mecanismo que facilitará a los padres de familia cuando tienen más de un hijo en un mismo establecimiento. Es decir, el porcentaje de rebaja en las cuotas mensuales.

Disposición para el año escolar 

-De acuerdo con la Resolución 001, que norma la gestión educativa, este 2011 están prohibidos los cobros por matrícula, reserva de plaza o material educativo. Los directores serán responsables.

-A partir de la gestión 2012, el segundo curso en Educación Inicial, es decir kínder, será requisito para el ingreso al primer año en Educación Primaria Comunitaria Vocacional.

No podrán aplicar incremento

Los colegios que incrementaron arbitrariamente las pensiones el 2010 no podrán hacer este año un ajuste de 6,9% al costo de la pensión escolar. El viceministro de Educación Regular, Iván Villa, anunció que además de ser sancionados, los establecimientos que incrementaron la pensión escolar tendrán que tomar como base el costo de la pensión que regía el 2009.

Por ejemplo, dijo Villa, «si un establecimiento aplicó un incremento de 5% al costo educativo, este año sólo podrá incrementar a la pensión mensual el 1,9%». Según la autoridad educativa, los padres de familia están en la obligación de denunciar a los establecimientos que pretendan aplicar un doble incremento en las pensiones.

El censo a los colegios privados realizado en la gestión 2010, según la autoridad, permitió conocer los establecimientos que aplicaron un incremento sin autorización del Ministerio de Educación. «Estamos realizando los análisis y estos colegios serán sancionados por infringir la norma», sostuvo.

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Cinco años de 21F

Hoy es una suerte de añoranza de la oposición, que viene de una nueva derrota electoral a favor del MAS-IPSP.

Por La Razón

/ 24 de febrero de 2021 / 00:42

Más allá de la disputa política y de la degradación de la deliberación pública (en especial en las redes sociales), el referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016 (21F) marca un hito democrático en el país. Es también un punto de inflexión en el gobierno del expresidente Morales. Y se sigue agitando como bandera de las oposiciones, aunque con escaso potencial movilizador.

Cuando en el segundo semestre de 2015, en medio del referéndum sobre estatutos autonómicos departamentales, el gobierno del expresidente Morales tomó la decisión de impulsar una consulta para la reforma constitucional, estaba reponiendo en primer plano el debate sobre la reelección. El asunto había sido crítico en el proceso constituyente y fue uno de los puntos álgidos en la negociación política (año 2008) que viabilizó el referéndum aprobatorio de la nueva Constitución Política del Estado.

Así, la pretensión del gobierno del MAS-IPSP de ampliar la posibilidad de reelección de su binomio presidencial (bajo el eufemismo de “derecho a la repostulación”) generó un escenario de disputa cuyas consecuencias, en ese momento, eran imprevisibles. Convocado por ley, el referéndum constitucional para la reforma del artículo 169 de la CPE se realizó el 21 de febrero de 2016. Por escaso margen, tras una bien sincronizada guerra sucia, ganó la opción NO, de rechazo a la reforma. Fue una decisión democrática.

De acuerdo con la normativa vigente, el resultado de un referéndum es vinculante y de cumplimiento obligatorio. Desconociendo ese principio, el oficialismo recurrió a un atajo constitucional para habilitar la candidatura del binomio Morales- García Linera en los comicios generales. Ello se expresó, 21 meses después de la consulta, en una polémica sentencia constitucional, aprobada en noviembre de 2017, días antes de las malogradas elecciones judiciales. El 21F se convirtió entonces en bandera opositora.

Lo que sigue es conocido. Al amparo de la sentencia constitucional, que también es vinculante y de cumplimiento obligatorio, el MAS-IPSP confirmó su binomio en las primarias presidenciales de enero de 2019, previa habilitación del TSE. Y se encaminó el proceso electoral de ese año. La oposición, por su parte, junto con sus operadores mediáticos, tejió la narrativa del “fraude”. Esa narrativa desconoció por anticipado el resultado de los comicios. La bandera devino en movilización con salida inconstitucional.

Transcurridos cinco años del referéndum, más allá de la reciclada disputa política, el 21F marca un hito de decisión democrática en el país, que también fue punto de inflexión en la legitimidad del prolongado gobierno del expresidente Morales. Hoy es una suerte de añoranza de la oposición, que viene de una nueva derrota electoral a favor del MAS-IPSP. Y lo más importante: reafirma de manera inequívoca la necesidad de renovación de liderazgos y la tradición de alternancia bajo reglas democráticas.

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Las pequeñas cosas

No se trata únicamente de comentarios que desinforman, sino que se añade una actitud que ignora los argumentos en contra.

Por La Razón

/ 22 de febrero de 2021 / 01:40

Los tiempos de campaña proselitista son por defecto el campo de la hipérbole, de las promesas grandilocuentes, de las emociones epidérmicas, pero también de la polarización y las posiciones mutuamente excluyentes. Se espera que tras conocerse los resultados de cualquier elección esos comportamientos amainen, pero en Bolivia hay políticos que han hecho de ellos su práctica cotidiana.

Se trata, casi sin excepción, de asuntos menudos, pero de gran importancia para alguna opinión pública que aplaude las ideas que le son afines y denuesta con creciente virulencia las ajenas. Así, es posible mantener activa una base de apoyo, que casi a diario tiene nuevos motivos para el malestar y la irritación; los discursos inflamados y los comentarios publicados en redes sociales virtuales son el mejor combustible para la indignación que en tiempos de crisis puede convertirse en movilización.

Los ejemplos son abundantes, pero basta con señalar los más recientes: un candidato a la Gobernación, de origen indígena campesino, llamó “sardina” al pescado enlatado y recibió una andanada de críticas por su supuesta incapacidad de hablar bien el español; de poco sirvieron los comentarios que explicaban la lexicalidad y otras operaciones lingüísticas comunes para referirse a una cosa nombrando otra similar, el tema sirvió para que una parte de la sociedad descalifique al candidato con argumentos de claro trasfondo racista.

Días después, el Gobierno aprobó un Decreto Supremo instruyendo el uso de una nueva identidad visual (una figura con forma de cruz andina en cuyo interior se distribuyen tramas de tejidos indígenas de todo el país; mal llamado “logotipo”, pues en los hechos se trata de un emblema), pero el jefe del partido político de oposición creyendo que se trata del cambio del escudo de armas del país inició una cruzada en redes sociales para “defender” el símbolo patrio.

En ambos casos se observa el funcionamiento de lo que la teoría llama mecanismos de la posverdad, pues no se trata únicamente de comentarios que desinforman, sino que se añade una actitud que ignora los argumentos en contra, repite la falsedad y, finalmente, da paso a la agresión (verbal, casi siempre) contra quienes argumentan en sentido contrario. El esquema se repite con otros temas que hoy son fuente de conflicto entre el Gobierno y algunos grupos.

Es, pues, el tiempo de las cosas pequeñas, pero no en el sentido del sano recogimiento que algunas filosofías recomiendan en tiempos inciertos, sino un flujo constante de alertas por cosas intrascendentes (cuando no de asuntos de interés privado) que ocupan el debate en el espacio público, velando el interés por las cosas verdaderamente importantes, que quedan en manos de unos pocos, cuyas decisiones, probablemente, serán fuente de nuevos conflictos. Así, el propósito de afectar la gobernabilidad en el corto plazo, y las reacciones políticas que provoca, se convierte en un permanente obstáculo para la mejora del Estado, sus instituciones y sus normas.

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7M: recta final

Es lamentable la ausencia de un sistema de resultados preliminares.

Por La Razón

/ 20 de febrero de 2021 / 23:24

En apenas dos semanas, las y los bolivianos acudiremos nuevamente a las urnas. Esta vez, para elegir a las autoridades y representantes de los niveles departamental, regional y municipal. Con estos comicios se cierra un largo y difícil ciclo político-electoral en el país. En medio del agotamiento, la disputa y la pandemia, las elecciones del 7 de marzo ingresan a su recta final.

Despejada la incertidumbre sobre la realización de las elecciones subnacionales 2021 en un contexto de emergencia sanitaria, el próximo domingo 7 de marzo votaremos en Bolivia para elegir gobernadores y asambleístas departamentales, alcaldes y concejales municipales y en algunos casos otras autoridades y representantes regionales. Hay más de un centenar de organizaciones políticas en competencia (en especial agrupaciones ciudadanas locales). Con esta votación se define la llamada “división vertical” del poder.

En la recta final del proceso, solo quedan algunas actividades de orden administrativo y logístico por parte del organismo electoral, entre ellas la publicación de las listas de candidaturas habilitadas. El próximo domingo se cumple el plazo para la difusión de encuestas de intención de voto. Y el miércoles 3 de marzo concluye la fase prevista tanto para la campaña electoral en espacios públicos como para la difusión de propaganda en medios de comunicación. Así, solo quedará esperar la jornada de votación.

¿Cuál es el balance de estos comicios? El proceso se inició, como es tradición, con la disputa por las candidaturas. Como las organizaciones políticas, en general, carecen de mecanismos de democracia interna para seleccionar candidatos, se imponen las presiones, el faccionalismo, las cúpulas, el “dedazo”. Así, las listas de candidaturas devienen en marginamientos, renuncias e incluso divisiones. En el MASIPSP hubo importantes disidencias y la oposición, otra vez, fracasó en sus intentos de unidad.

Las elecciones subnacionales, que se realizarán en pandemia con probados protocolos de bioseguridad, trajeron alguna renovación de liderazgos, pero también mucho reciclaje y movimiento de candidatos. Como en anteriores comicios, hubo escasez de debates y primaron más los nombres que los programas de gobierno. Se apostó por las impugnaciones. Y las esmirriadas encuestas fueron objeto favorito de crítica. Así, en general, pese a su relevancia, estamos ante un proceso con sensación de fatiga y poco entusiasmo.

Pronto pues estaremos de regreso en las urnas luego de varios años sucesivos de sufragio. Se espera una importante participación, aunque menor que en los comicios de 2020. La certeza a favor es confiar en una jornada electoral pacífica y ordenada. Es lamentable la ausencia de un sistema de resultados preliminares. Y el reiterado anhelo es que todos los actores políticos reconozcan el resultado de la votación sin cantar “fraude”. Recta final de los comicios 2021. Que haya voto informado y la ciudadanía decida.

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Financiamiento controvertido

Hay que entender que no basta con argumentos tecnocráticos para resolver este tipo de problemas.

Por La Razón

/ 20 de febrero de 2021 / 02:45

Fue un grave error del anterior gobierno suponer que la gestión de una operación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se podía realizar sin un amplio debate público y sin un mínimo consenso político previo. Ese traspié debería, al menos, dejarnos la enseñanza de que es necesaria una discusión transparente y oportuna sobre las opciones de financiamiento externo disponibles para el país.

En abril de 2020, el gobierno de Jeanine Áñez gestionó un financiamiento de $us 346,7 millones del FMI, en el marco de la aplicación de un Instrumento de Financiamiento Rápido que esa entidad habilitó en medio de la crisis provocada por la pandemia.

El trámite de esta operación fue controversial y opaco desde sus inicios. El MAS, entonces en la oposición, aunque con mayoría en la Asamblea Legislativa Plurinacional, manifestó sus observaciones y la rechazó argumentando que incluía disposiciones contrarias al marco constitucional y que no había seguido la vía regular para su aprobación. También se criticó la manera poco transparente en que habría sido presentada a los legisladores. No está demás decir que dada la historia del FMI en Bolivia y en la región, era bastante ingenuo, sino totalmente imprudente, pensar que tal decisión iba a pasar sin discusión o conflicto.

Lo cierto es que nunca quedaron claras, para la opinión pública, la naturaleza y condiciones de tal préstamo, ni, menos aún, cuál era el procedimiento que se debía utilizar para que sea asumido como un compromiso de Estado. Las autoridades del gobierno transitorio afirmaban que no estaba asociado a ningún condicionamiento y que no precisaba de autorización parlamentaria, como suele ser la norma en contratos de este tipo. Pero, sus explicaciones fueron imprecisas.

Como muchas situaciones que sucedieron el año pasado, la cuestión terminó por empantanarse por el conflicto político y la notable inestabilidad y desorden del propio gobierno. Lo que quedó fue una sensación de opacidad que profundizó la deslegitimación política de la medida. Su desenlace bastante previsible, después del triunfo del MAS en las elecciones, ha sido la devolución de esos recursos con costos para el país.

Seguramente la controversia sobre este préstamo continuará, pero el episodio nos está ya dejando, al menos, un par de enseñanzas valiosas. En primer lugar, la necesidad de clarificar y transparentar, desde el Gobierno, el panorama y las necesidades reales que tiene el país de financiamientos externos, las opciones disponibles para su resolución y sus costos e implicaciones. Y finalmente, el carácter ineludiblemente político que tendrán siempre esas decisiones. Hay que entender que no basta con argumentos tecnocráticos para resolver este tipo de problemas, se precisa igualmente de un sólido manejo político y comunicacional para que sean viables.

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Un decreto polémico

Es evidente que cientos de personas fueron perseguidas y encarceladas solo por sus ideas.

Por La Razón

/ 19 de febrero de 2021 / 00:19

La semana pasada el debate político giró en torno al Decreto 4461, que otorga indulto, aparentemente, a miles de personas que sufrieron persecución política durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, así como otras que padecen retardación de justicia y prisión indebida. Para la oposición en la Asamblea Legislativa se trata de una norma de uso político, para favorecer a masistas.

En diciembre de 2020, la elaboración del ya señalado decreto fue un compromiso adoptado por representantes legislativos del MAS con las víctimas de la violencia ejercida entre noviembre de 2019 y octubre de 2020 por el gobierno transitorio; entonces el Gobierno se comprometió a trabajar en un decreto de amnistía con base en las listas de procesados e investigados por esos hechos. Finalmente, el viernes 12, la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó por mayoría el Decreto Presidencial 4461 de “Concesión de Amnistía e Indulto por Razones Humanitarias y Perseguidos Políticos”.

Al respecto, la jefa de bancada de Comunidad Ciudadana en el Senado afirmó que el decreto era “más político que humanitario”, en referencia a la declaración del presidente de esa Cámara, quien afirmó que entre los más de mil beneficiados por el indulto figura el expresidente Evo Morales. La parlamentaria aseveró que “el Gobierno se está pasando de la raya al favorecer a personas que han cometido delitos en noviembre de 2019, como la quema de buses municipales, disparos a mineros o la quema de viviendas de personas ajenas al MAS”.

Por su parte, el Ministro de Justicia, en entrevista con La Razón Radio explicó que hay diferencia entre el indulto y la amnistía, y que corresponderá a un juez determinar si procede o no; también afirmó que hay diversos recursos disponibles para evitar que un verdadero delincuente se beneficie de la amnistía. Mientras tanto, es evidente que cientos de personas fueron perseguidas y encarceladas solo por sus ideas, en aplicación de la “cacería” que anunció el Ministro de Gobierno del régimen transitorio.

En el camino, una vez más el Ministerio Público queda como el responsable de la retardación de justicia, cuando no como la instancia que impide el acceso a esta. Su oficiosa participación en los arrestos e imputaciones con tipos penales forzados durante el gobierno transitorio melló aún más la imagen que esta institución de defensa de la sociedad ya tenía por lo poco confiable de su actuación en muchos casos.

Queda, asimismo, la evidencia de la depauperación del oficio político, en el que las reacciones epidérmicas, cuando no viscerales, de las y los representantes parlamentarios se repiten una y otra vez en el debate legislativo, inspiradas ora por la impotencia, ora por la prepotencia; dando muestra, además, con ese comportamiento que hay organizaciones políticas que hicieron de la sospecha, el prejuicio y la desinformación los instrumentos de su gestión política.

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