Después de 11 años, el miércoles 19 de enero el juez Ángel Arias, segundo de Instrucción en lo Penal, sentenció a cinco años de prisión al ex alcalde de La Paz Germán Monroy por haber dado paso al loteamiento de 40 hectáreas de Mallasa.
La información fue proporcionada por el mismo Monroy, acusado de los delitos de conducta antieconómica, falsedad material e incumplimiento de deberes.
El juicio, que fue iniciado en 1999 por Juan del Granado, concluyó con la dictamen de sentencia en primera instancia. Gaby Candia y los ex asesores Ramón Acero, Freddy Loza, Álvaro Cuadros fueron condenados a tres años de prisión, y los comunarios Demetrio Díaz, Tomás Díaz, Clemente Mamani y Justa Copa fueron absueltos.
Monroy informó que los comunarios fueron absueltos porque demostraron que son propietarios de las 40 hectáreas en un juicio civil, por lo que la sentencia contra él y sus colaboradores es «una aberración».
Fernando Bascopé, asesor legal de la Alcaldía de La Paz, anunció que apelarán la decisión de absolver a los cuatro comunarios, quienes propiciaron el cerco y el loteamiento de 40 hectáreas del Parque Nacional de Mallasa.
Los campesinos iniciaron el loteamiento no sólo con la resolución municipal que fue firmada por Monroy, sino también porque aprobó el deslinde (definición de delimitación) en el que se reconocen sólo 180 hectáreas del parque y no las 214 hectáreas con las que nació esta área protegida, a través del Decreto 4309.
Ambos documentos fueron la base para iniciar el loteamiento de 40 hectáreas del parque, sin embargo, Manuel Monroy aseguró que ambas son falsas.
Bascopé informó que los comunarios jamás iniciaron un proceso por el mejor derecho propietario, en el que debían presentar documentos que acrediten que ellos son realmente dueños o herederos de las 40 hectáreas.
Monroy reconoce que se aprobó una resolución municipal que transfirió los predios de Tarinto y Araque a favor de los comunarios que demostraron propiedad sobre los mismos, con documentos de la reforma agraria.
No obstante, según dice, esta decisión no afectó la integridad de la superficie con la que nació el Parque Nacional Mallasa, por lo que el proceso que se le siguió durante 11 años es un «juicio político» iniciado por Juan del Granado, a quien acusa de haberle provocado un daño emocional que lo llevó a una profunda crisis.
«El juez ha mentido al decir que hay construcciones como consecuencia de mi gestión, en realidad Del Granado es el que ha provocado un daño económico al país al haber gastado ingentes cantidades de dinero en abogados, papeles, etc. al seguirme un juicio durante 11 años».
También señaló que al haber perdido un juicio civil con los comunarios cuando era alcalde, Del Granado ha ocasionado la pérdida de 43 hectáreas del parque.