El documento, presentado ayer en Bruselas (Bélgica), tiene 649 páginas, y trata sobre las prácticas de derechos humanos en 90 países.
Respecto a Bolivia, indica que la impunidad por las violaciones a los derechos humanos es aún un problema serio, y que la mayoría de los responsables de las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, durante las dictaduras, no han sido llevados ante la justicia.
«El 2010, funcionarios del gobierno del presidente Evo Morales expresaron su apoyo al Ejército, cuando éste incumplió órdenes judiciales de que permitiera el acceso a información. Durante el mismo año, la Asamblea Legislativa sancionó leyes contra la corrupción que no respetan plenamente las garantías de juicio justo y debido proceso».
El ministro de Autonomías, Carlos Romero, cuestionó el documento, lo tildó de sesgado y con intención política. Aclaró que, en todo caso, sus opiniones son genéricas, ya que no es la autoridad del área correspondiente.
«Este informe parece político (…) carente de seriedad y no corresponde darle ninguna validez».
Desaparecidos. El documento informa que las investigaciones fiscales sobre abusos graves cometidos durante las dictaduras de Hugo Banzer (1971-1978) y Luis García Meza (1980-1981) enfrentaron la resistencia de las Fuerzas Armadas bolivianas.
«En vez de garantizar la plena cooperación militar con estas investigaciones, el Gobierno respaldó a las Fuerzas Armadas en los conflictos con jueces y fiscales».
El ministro indicó que la información «es absolutamente falsa, las Fuerzas Armadas tienen una posición institucional (y) no encubren delitos, no encubren responsabilidades. Más bien se avanzó notoriamente en este aspecto». Resaltó que el país tiene «una responsabilidad en esclarecer la situación de los desaparecidos».
El informe de HRW agrega que, pese a que la justicia ordenó al Ejército entregar informaciones para esclarecer las desapariciones ocurridas en 1980, el fiscal Milton Mendoza no pudo consultar los archivos castrenses.
También cuestiona la decisión de los tribunales militares bolivianos de ejercer su jurisdicción en casos de violaciones de derechos humanos, ya que ésto ha sido un obstáculo «importante» desde hace varios años.
«Son varios los casos en que el Ejército ha impedido que miembros de las fuerzas armadas declaren ante tribunales de la jurisdicción penal ordinaria, y ha insistido en que las causas sean juzgadas por tribunales militares».
Leyes. El informe anual de la organización refiere también que la ley contra la corrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz, sancionada en marzo del 2010, viola los derechos humanos al permitir juzgar a personas por actos y conductas que anteriormente no estaban penalizadas.
«Supone una violación del principio del derecho internacional que prohíbe la retroactividad de las normas penales».
A criterio del Ministro de Autonomías, las apreciaciones de la organización internacional carecen «de todo fundamento ético y fundamento profesional. Primero porque no hay tal retroactividad, la Constitución Política del Estado ha establecido la imprescriptibilidad de algunos delitos, y ésto es en consonancia con las normas del derecho internacional»
El documento agrega que la ley permite juzgar a ex jefes de estado en rebeldía, lo cual es incompatible con el derecho a «estar presente durante el juicio, a fin de poder ejercer una defensa adecuada».
Romero, al respecto, indicó que «si alguien sobre el cual pesa una acusación no asume su responsabilidad, no esclarece los delitos que pesan contra su persona, el procedimiento manda que se deba continuar con el proceso, aún en rebeldía del acusado».
HRW considera que en el país existe «un dinámico debate público, con un amplio espectro de medios de comunicación, tanto de línea crítica como oficialista», que realizan su trabajo en un entorno político polarizado.
«El presidente Morales, en ocasiones, critica violentamente a la prensa y acusa a periodistas de distorsionar los hechos y de intentar desacreditarlo».