Sociedad

domingo 13 jun 2021 | Actualizado a 10:40

Polémica por inclusión de nuevo signo al zodiaco

Astrología. Wálter Mercado niega que su presencia tenga influencia en el occidente

Por La Razón

/ 26 de enero de 2011 / 05:00

Ofiuco, el hombre que carga la serpiente, ha irrumpido en el zodiaco. «Por los cambios ocurridos en el eje de la Tierra, los rayos del sol alumbran ahora a esta constelación», explica el cosmobiólogo local Ramsés. Hay polémica entre los astrólogos sobre su inclusión.

«Ofiuco es una tercera constelación que siempre ha estado mencionada entre las 48 constelaciones», continúa Ramsés. «Por los cambios a consecuencia de  los terremotos de Haití y Chile el pasado año, el eje de la Tierra ha sufrido una variación. Eso da condiciones para que la constelación sea incluida en la eclíptica y para ser tomada en cuenta como signo zodiacal por los astrólogos».

El diario Minnesota Star Tribune causó alarma al publicar una entrevista con Parke Kunkle, de la Sociedad del Planetarium de Minnesota, que aseguró que los signos zodiacales modernos están equivocados porque no toman en cuenta los cambios que el campo de gravedad de la Luna ha causado en el eje terrestre.

«Una Astrología actualizada, con una estructura seria y científica, que toma en cuenta el tránsito del Sol por la eclíptica entre el 30 de noviembre y 17 de diciembre por la constelación de Ophiuchus el Serpentario. Los signos son desiguales en tamaño y duración, el símbolo de la medicina su emblema», asegura por su parte el astrólogo uruguayo Henry Francis.

«La teoría de Nostradamus en su libro El último secreto, se cumple al pie de la letra. Hacía referencia a la aparición de Ofiuco como 13º signo del zodiaco en señal previa a los tiempos apocalípticos que se debieran dar al producirse una alineación interplanetaria con el centro de la galaxia, se presume para el 2012. Se levanta de entre las cenizas como el ave fénix y cobra vigencia, es la última señal del apocalipsis», agrega Ramsés.

La oposición al signo de ofiUCo

El astrólogo Wálter Mercado confirmó a El Nuevo Herald que las fechas tradicionales del Zodíaco «se quedan iguales» y aclaró que hay una confusión entre las fechas de los signos zodiacales en la cultura occidental y las que usa la astrología hindú. «Las fechas que utilizamos en el horóscopo están basadas en los equinoccios y solsticios», explicó Mercado.

Los ofiuco son idealistas y humanistas

El nuevo signo incorporado, Ofiuco, es la decimotercera constelación y la eclíptica traza sobre ella un evidente y verdadero camino del 30 de noviembre al 17 de diciembre. Sin embargo, los astrólogos recién están definiendo las características de este signo.

De forma preliminar, el astrólogo Henry Francis  comenta que hay que tener presente el origen del nombre de esta constelación, pues la figura alegórica hace mención a Esculapio o Asclepio, el padre de la medicina. Fue el médico y cirujano que acompañó a los legendarios argonautas en su expedición naval a la Colquida en busca del Vellocino de oro. Al parecer conocía muchos venenos y antídotos de serpientes.

Curó a enfermos con tanta eficiencia que la serpiente pasó a ser considerada como algo benéfico. Por ello figura en los símbolos de la medicina.

Por tal motivo, la constelación del serpentario Ofiuco indica un periodo particular en donde nacen muchos médicos, humanistas, idealistas y seres predispuestos a aventurarse  en la vida en busca de su realización personal.
Según eltiradero.net, son individuos pensantes, psicológicos y les agrada el deporte, tienden a predicar la enseñanza y la religión.

Los ofiuco son de mente abierta y sus ojos ven más allá de lo que su vista les permite, tienen la facultad de ver el futuro y ayudar cuando sea necesario.

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Tres días decisivos

Se constata que se descartó por anticipado el camino de la sucesión constitucional.

Por La Razón

/ 13 de junio de 2021 / 01:36

La declaración realizada el pasado 7 de junio por la expresidenta del régimen provisorio, Jeanine Áñez, hoy con detención preventiva, aporta información relevante acerca de los tres días decisivos en la coyuntura crítica de noviembre de 2019. Sin duda lo más relevante es que la crisis se gestionó por fuera de la institucionalidad democrática, con participación de la fuerza pública.

Áñez está acusada por varios delitos asociados a su autoproclamación como presidenta el 12 de noviembre de 2019, dos días después de la renuncia del expresidente Evo Morales. Según el proceso tramitado en el Ministerio Público, Áñez y otros imputados están provisionalmente vinculados a seis delitos penales: terrorismo, sedición, conspiración en el grado de complicidad, incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y anticipación y prolongación de funciones. No es poco.

La denuncia, tramitada por la vía ordinaria, se asienta en el relato —rechazado por las oposiciones— según el cual las acciones que derivaron en el derrocamiento de Morales y el posterior régimen transitorio son producto de un “golpe de Estado”. Hay otras cinco denuncias: una desestimada, tres en conocimiento de la Asamblea Legislativa Plurinacional y una en trámite, sobre cuestiones referidas al ejercicio del cargo de presidenta, por lo cual siguen el curso previsto para juicio de responsabilidades.

¿Qué dijo Áñez en su declaración ante el Ministerio Público? En algunos aspectos se trata de información confirmatoria de hechos conocidos, en otros hay revelaciones. Así, se reafirma que la gestión y desenlace de la crisis siguió un espacio y un camino extrainstitucional. Como es de conocimiento público, al amparo de jerarcas de la Iglesia Católica y del exembajador de la Unión Europea en Bolivia, algunos actores políticos de la oposición trazaron y viabilizaron el camino de la “transición”.

Las revelaciones de la exsenadora y expresidenta muestran también que su autoproclamación como presidenta ya fue decidida en la Universidad Católica el día de la renuncia de Morales. Y la llamaron para ofrecerle el cargo. Para el efecto, a su arribo a La Paz el 11 de noviembre, se dispuso de helicópteros de la Fuerza Aérea, espacios en el Colegio Militar, espacios en la Academia de Policías y hasta vehículos diplomáticos. Fue decisiva la reunión de Áñez con el exdirigente cívico Luis Fernando Camacho.

Sin duda la revelación más comprometedora en el caso es la constatación de que se descartó por anticipado el camino de sucesión constitucional, por el cual la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, debió asumir el cargo de presidenta del Estado. En ello la palabra del perdedor de las elecciones, Carlos Mesa, habría sido determinante. Y se procedió a la toma del poder sin leer las renuncias de los exmandatarios, sin quórum, sin mandato legal, en fin, cerca de la Biblia, lejos de la Constitución Política.

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Fines de ciclo

Desde hace dos años, las bases de los regímenes neoliberales más sólidos en la región están crujiendo.

Por La Razón

/ 12 de junio de 2021 / 01:06

Los cambios políticos se están acelerando en América Latina. Los dos paradigmas políticos que se impusieron a inicios de siglo se han agotado. Primero se debilitó el neo-desarrollismo de izquierda y ahora se ha desatado la crisis de los neoliberalismos más emblemáticos: Colombia, Perú y Chile. El problema es que las alternativas a ambas orientaciones tampoco han emergido con claridad.

 Indudablemente estamos viviendo tiempos turbulentos en los que hasta lo más sólido parece disolverse. El malestar social con el estado de las cosas ya venía desde hace varios años, presionando a todos los regímenes políticos y desprestigiando a las dirigencias. La pandemia y sus secuelas han solamente exacerbado esas incertidumbres.

Estos procesos de cansancio afectaron primero a varios de los modelos de la izquierda progresista que gobernaron a grandes países latinoamericanos desde inicios del siglo. El Brasil lulista, la Venezuela bolivariana, el kirchnerismo argentino y el correísmo ecuatoriano entraron en crisis y/o fueron alejados del poder. Algún apresurado habló del fin de un ciclo y de una automática predominancia de un neoliberalismo de derecha como nuevo eje ideológico de la región.

Sin embargo, la historia da vueltas inesperadas. Desde hace dos años, las bases de los regímenes neoliberales más sólidos en la región están crujiendo. Su agotamiento se reveló primero con sendos estallidos sociales que cambiaron totalmente la agenda política en principio en Chile y luego en Colombia.

En el primer caso, las calles desencadenaron la pérdida de confianza y la capacidad de gobierno no solo de las élites políticas, sino incluso del poder empresarial, militar y religioso. Entre grandes movilizaciones y resultados en urnas que reflejaron el rechazo al establishment, hoy Chile está a las puertas de una Constituyente que parece que modificará la orientación de las políticas socioeconómicas que prevalecieron en ese país desde el fin de la dictadura.

Mientras tanto, Colombia se ha empantanado en una aguda oleada de protestas sociales, severamente reprimidas, que desestabilizaron a los herederos del uribismo y que auguran una elección futura apasionante y polarizada en la que la izquierda tiene una oportunidad de imponerse. Por si esto no fuera poco, la emergencia de Pedro Castillo en la segunda vuelta presidencial peruana y su estrecha victoria, rudamente cuestionada por las élites limeñas, suena un fin de etapa para los tres principales experimentos de política neoliberal de la región.

Son pues varias cosas las que parecen estar agonizando sin que haya tampoco mucha claridad sobre las nuevas orientaciones, políticas públicas y liderazgos que las reemplazarán. En eso, tanto las izquierdas como las derechas latinoamericanas aparecen más bien absortas ante la velocidad del cambio que preocupadas en buscar respuestas. Son tiempos interesantes pero que se pueden volver peligrosos si no hay liderazgos e ideas que reencaucen esta formidable demanda de transformación.

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Política a golpes

Es deseable que la vergüenza producida por la sesión del martes 8 induzca a la reflexión.

Por La Razón

/ 11 de junio de 2021 / 01:39

La interpelación al Ministro de Gobierno el martes último se convirtió en una discusión de cantina cuando un diputado del oficialismo se trenzó a golpes con un senador de la oposición. Las imágenes de la trifulca circularon rápidamente y sirvieron, nuevamente, para reforzar prejuicios de uno y otro lado. En los hechos, el bochorno del martes simplemente da cuenta del estado de la política.

 Asimismo, las reacciones, muchas y de todos los tonos posibles, hicieron más énfasis en las posibles justificaciones, cuando no elogios, a las habilidades pugilísticas de quienes se vieron envueltos (y envueltas, porque los golpes también salieron de manos femeninas) en la trifulca, que en reflexiones acerca de lo que esa pelea significa para la política y el presente del país. Puede decirse que el diputado Colque y el senador Montero representan el sentir de una parte de la población, y eso es peligroso.

Desde el día mismo de la posesión del nuevo Presidente electo, en noviembre de 2020, fue evidente que la oposición, carente de proyecto, y sobre todo de liderazgo, convertiría a la Asamblea Legislativa Plurinacional en una tribuna en la que los gritos y las descalificaciones se impondrían sobre cualquier intento de diálogo. El oficialismo no demostró mejor actitud, con un discurso altamente ideologizado que impide acercamientos efectivos.

Se trata, pues, de actitudes mutuamente excluyentes que tienen grandes dosis de racismo y clasismo, como se pudo apreciar en las declaraciones posteriores a la trifulca. En ese contexto es difícil señalar quién comenzó la pelea, pues es posible imaginar la tensión y frustración acumuladas en unos y otros. Lo peligroso es que al preferir los gritos, los insultos y hasta los golpes, las y los asambleístas están olvidando que su tarea es hacer política y no imponer sus puntos de vista a como dé lugar.

Por lo pronto, el Presidente de la Cámara de Diputados pidió disculpas por el desaguisado y en la bancada oficialista se ha considerado la necesidad de enviar a todos los involucrados a la Comisión de Ética; no se ha escuchado reflexiones semejantes de parte de quienes dirigen las bancadas de CC y Creemos. Llama la atención, sin embargo, el silencio del Presidente Nato de la Asamblea y Vicepresidente del Estado, y de otros jerarcas del partido gobernante.

Así, daría la impresión de que no hay posibilidad de encontrar un terreno común, lo cual solo puede ser malo para el futuro inmediato, pues poco a poco se van cerrando las posibilidades de legislar más allá de la razón instrumental, que desde hace tiempo produce e impone normas pensadas en el corto plazo y las necesidades de una parte de la sociedad. Es, pues, deseable que la vergüenza producida por la sesión del martes 8 de junio induzca a la reflexión y al cambio de actitud, tarea probablemente difícil dada la polarización ideológica y discursiva, pero urgente para resolver los problemas del país.

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Juicios en agenda

De las diferentes proposiciones acusatorias contra la expresidenta, tres casos ya fueron remitidos al Órgano Legislativo.

Por La Razón

/ 9 de junio de 2021 / 02:52

El Órgano Legislativo tiene en agenda más de una veintena de trámites de juicios de responsabilidades contra diferentes exautoridades. Algunos se remontan al periodo 1999-2000. Entre los más recientes están tres procesos, por diferentes motivos, contra Jeanine Áñez, expresidenta del régimen provisorio. Son decisivos los dos tercios requeridos para viabilizar estos juicios.

Más allá de cómo avancen los trámites de juicios de responsabilidades engavetados desde hace más de dos décadas tanto en el ex Congreso Nacional como en la actual Asamblea Legislativa Plurinacional, sin duda los procesos de mayor atención y relevancia tienen como protagonista a la señora Áñez y el régimen que presidió tras el derrocamiento del expresidente Morales. Son juicios complicados debido a que todavía están marcados por la disputa política en torno a diferentes relatos sobre la crisis de 2019.

De las diferentes proposiciones acusatorias contra la expresidenta, hoy en prisión preventiva, tres casos ya fueron remitidos al Órgano Legislativo para su consideración. Se trata de las denuncias por el crédito de $us 327 millones del FMI aprobado por el gobierno provisorio sin el aval de la Asamblea, la ampliación del contrato con Fundempresa y la vulneración de derechos de libertad de expresión. Los tres tienen que ver con decisiones de gestión y no con la polarización “fraude” versus “golpe”.

Según la normativa vigente, para que un juicio de responsabilidades contra un expresidente prospere en Bolivia, se requiere la autorización de las cámaras reunidas en Asamblea Legislativa Plurinacional. Dicha autorización, previo informe de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, requiere el voto de al menos dos tercios de los asambleístas presentes. En caso de no existir dicha mayoría especial en dos votaciones, se procede al archivo de obrados.

Al respecto, el jefe de la alianza Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, anticipó que su bancada en la Asamblea viabilizará los juicios que estén “adecuadamente fundamentados”. No respaldará, en cambio, procesos que “tengan como sustento la mentira de un inexistente golpe de Estado”. No se conoce una posición oficial del jefe y bancada de la alianza Creemos sobre el tema. La cuestión es relevante dado que hoy la oposición minoritaria tiene poder para viabilizar o vetar un juicio de responsabilidades.

Dada la persistente disputa entre los relatos que buscan explicar la crisis de 2019, no existe ninguna posibilidad cierta de lograr acuerdos políticos para tramitar un juicio contra el régimen provisorio con base en dichos relatos. La bochornosa sesión de interpelación el día de ayer lo demuestra. ¿Pero qué dirán las bancadas de Creemos y de CC cuando deban decidir sobre la autorización de un juicio contra Áñez y los suyos por las masacres de Sacaba y Senkata? El país lo sabrá más temprano que tarde.

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Administración de justicia

Es evidente que el Ejecutivo no solo interfiere en la justicia.

Por La Razón

/ 7 de junio de 2021 / 00:17

Un nuevo impasse entre el Órgano Judicial y el Ministerio de Justicia vuelve a echar sombras sobre la calidad de las personas a cargo de la administración de justicia. Esta vez el conflicto es la última actualización del cuestionado proceso de selección de vocales de los tribunales departamentales de justicia, que no se ha detenido ni por una sentencia en contra del Tribunal Constitucional.

Se trata de un trámite ejecutado, como manda la norma, por el Consejo de la Magistratura, pero que ha sido constantemente cuestionado por los órganos Ejecutivo y Legislativo, que llegaron a presentar una acción de cumplimiento ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), la que fue declarada procedente y acompañada de la orden de paralizar el proceso de selección de postulantes al declararse nula la convocatoria.

Mal mirada, la actitud de las y los vocales del Tribunal Supremo de Justicia, que seleccionaron y en el mismo día posesionaron a decenas de abogadas y abogados en los más altos cargos de la administración de justicia de sus respectivas jurisdicciones departamentales, puede verse como manifestación de independencia ante los órganos del Estado controlados por el partido en función de gobierno.

Bien mirado, el conflicto tiene que ver con la hasta ahora irresoluble crisis de la justicia boliviana y que es exitosamente estimulada por los agentes que participan del entramado de la administración de justicia, incluyendo a litigantes y los poderes detrás de éstos, y que, en gran medida, se benefician del desorden y la incompetencia, cuando no de la abierta venalidad, imperantes en los juzgados del país.

Si a simple vista se evidencia que parte de la proverbial retardación de justicia se funda, también, en la ausencia de jueces que tomen decisiones y dicten sentencias y por tanto es urgente llenar las acefalías en el sistema, una mirada más profunda revela que esa urgencia es el mejor aliciente para seleccionar personas que no cumplen los requisitos a cabalidad y que probablemente no tengan la estatura moral para el cargo.

La sospecha es inevitable dadas las numerosas irregularidades cometidas en el trámite de selección de ternas de candidatas y candidatos por parte del Consejo de la Magistratura, que incluyeron, además de la exhibición pública de causales de inhabilitación, suficientes para avergonzar a cualquier profesional que tenga integridad, hasta el caso de una postulante que hizo trampa en el examen anotando las respuestas en la palma de su mano.

Es evidente que el Ejecutivo no solo interfiere en la justicia cuestionando los procesos de selección de las autoridades del Judicial, y esta intervención constante es una de las causas del estado de cosas que desde hace años se deplora en éste y muchos otros espacios de opinión, pero es evidente también que los agentes responsables de la gestión del sistema de administración de justicia tampoco parecen tener mucho interés en dignificar su oficio y la institución para la que trabajan.

 

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