Sociedad

Wednesday 30 Nov 2022 | Actualizado a 16:16 PM

MÁLAGA DESCARTAN SOBREVIVENCIA

Las autoridades dieron por concluida la etapa de salvamento y definieron el ingreso de maquinaria pesada para recuperar al resto de las víctimas

Por La Razón

/ 30 de enero de 2011 / 05:00

Tras 100 horas de trabajo y una vez agotados todos los esfuerzos por verificar señales de vida bajo los escombros del edificio Málaga, el contingente de bomberos, brigadistas y voluntarios decidió iniciar ayer labores de rescate de los cuerpos de las víctimas del derrumbe.

El ‘Comando de Incidente’, que coordina las tareas de rescate en la zona del desastre, descartó la existencia de vida en los sótanos del desplomado edificio. De acuerdo con el comunicado emitido por Guillermo Saucedo, director de Emergencias de la Gobernación cruceña, los trabajos en los restos del edificio Málaga ingresaron en una nueva fase destinada a la recuperación de los cuerpos de las víctimas.

Marcos Harb —vocero de la familia propietaria del inmueble— informó de que el trabajo se realizará con grúas, retroexcavadoras y orugas. «Sólo que ya no se va a proceder de la misma manera que antes, es otro tipo de trabajo, más de ingeniería».

Explicó que al darse por concluida la fase de salvamento, ya no se intentará llegar hasta las víctimas con los implementos de sobrevivencia y de salvamento. «Los trabajos ahora son más de ingeniería y lo que se busca es llegar hasta donde están de la mejor manera posible. Con el mayor cuidado y respeto», indicó Harb.

Hasta las 17.30 de ayer los rescatistas y bomberos de cinco países trataban infructuosamente de sacar dos cuerpos más de siete albañiles aún desaparecidos tras el derrumbe del edificio Málaga de Santa Cruz.

«Parece que están a unos seis o nueve metros en el sótano y no pueden aún sacarlos, por eso seguimos esperando aquí en la morgue», dijo el médico forense Hugo Cuéllar que se comunicaba con los bomberos y policías en el centro de operaciones de la calle Manuel Salvatierra.

Ayer por la mañana fue rescatado el cuerpo sin vida de Miguel Mario Rojas Frías, con el que sumaban nueve los fallecidos en el siniestro. «Dicen que hay bloques grandes de concreto que deben ser cortados para después sacar los cuerpos», agregó el forense.

Unos 16 albañiles quedaron atrapados la noche del lunes 24, luego de que 10 pisos del Málaga se vinieron abajo por sobrepeso. Ayer, mediante un comunicado oficial los responsables del operativo de rescate admitían que habían pocas opciones de hallar con vida a los otros desaparecidos.

Hasta ayer por la tarde fueron rescatados los cuerpos de nueve personas: Enrique Alarcón, Yhonny Calisaya Cairo, Félix Alberto Montaño Pizarro, Luis Camacho Rodríguez, José Luis Encinas Bravo, Luis Antonio Egüez, Antenor Daza, Domingo Bruno y Miguel Mario Rojas. Resta por recuperar los cuerpos de Marcelo Niño de Guzmán, Armando Ribera, Rodolfo Ribera, Leonardo Plata, Johnny Egüez, Rubén Urzagaste y Jesús Casanova.

Rescatistas, periodistas y el agua

-Los rescatistas extranjeros permanecen en la capital cruceña, a la espera de nuevas órdenes. Lo que ya no se necesita es voluntarios, no se aceptó a más personas. En la zona sólo trabaja personal profesional.
-El calor hace estragos entre los brigadistas y periodistas. El camarógrafo de un canal se desvaneció ayer mientras esperaba novedades en plena calle.
-Entre expertos y profesionales surgió ayer la versión de que el edificio fue construido sobre lo que fue una laguna natural.

Instruyen el uso de barbijos en la zona

Debido al riesgo de contaminación que hay en la zona del desastre, por la descomposición de los cuerpos de las víctimas, se dispuso el uso de barbijos, informó Marco Harb, responsable de las tareas de rescate.

«Es un aire contaminado. Usemos los barbijos por lo menos en las cuatro calles que circundan al edificio. No tenemos que alarmar a la ciudadanía, pero estamos hablando de las cuatro calles. Es una medida preventiva», insistió Harb.

Las cuatro arterias que fueron cerradas ayer son las calles Mercado, Independencia, Manuel Salvatierra y  René Moreno que circundan la zona afectada.

Mientras que la próxima semana, en consulta con el Servicio Departamental de Salud de Santa Cruz (Sedes) y el Servicio Departamental de Educación, se definirá si los alumnos del colegio Nacional Florida, ubicado a unas dos cuadras del mueble derrumbado, usarán los barbijos de manera obligatoria.

«Repito, esto no es una alerta de ningún tipo de aire contaminado, sólo queremos prevenir alguna enfermedad», aseveró Harb. En tanto, las restricciones para la cobertura de la prensa se reforzaron mucho más ayer con la instalación de los cordones de seguridad a dos cuadras del inmueble siniestrado.

«No pueden seguir más aquí. Deben ir una cuadra más allá», ordenaban los uniformados ante la molestia de los periodistas. Si a principio de semana las unidades móviles de los canales televisivos habían instalado incluso escaleras, ayer no había nada de eso en la zona del desastre del edificio. 

A ello se sumó que, mientras se leía un comunicado oficial a la prensa, uno de los cuerpos de los fallecidos era trasladado por otra vía, por lo que la mayoría de los comunicadores estableció su cuartel en la morgue.

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Fin de un paro ‘concho’

El cabildo se desvirtuó como mecanismo y el paro degeneró en violencia.

Por La Razón

/ 27 de noviembre de 2022 / 03:10

El Comité pro Santa Cruz anunció finalmente el levantamiento del paro departamental que duró 36 días. Tras asumir que su consigna de Censo en 2023 era técnicamente inviable, la última exigencia fue una ley, aprobada en Diputados. El Censo se hará en marzo de 2024. Fue una derrota de todos, en especial de la élite cruceña, hoy encabezada por el gobernador Camacho.

Los hechos son por demás conocidos. El Censo de Población y Vivienda debía hacerse en noviembre de este año. Así lo aseguraban diferentes autoridades durante varios meses. De pronto, en julio, en el marco del Consejo Nacional de Autonomías, se decidió postergarlo para mayo o junio de 2024. Desde entonces, la dirigencia cruceña expresó su rechazo, asumiendo la consigna de Censo en 2023. El 30 de septiembre, un cabildo dio ultimátum con anuncio de paro indefinido. Tal paro se inició el 22 de octubre. Hasta ayer.

Desde antes del cabildo, la élite cruceña asumió que la única forma de evitar el paro indefinido, primero, y de suspenderlo, después, era que el Censo se hiciera el año 2023, “sí o sí”. Vanas fueron las reuniones, mesas de trabajo y explicaciones técnicas que sostenían la propuesta oficial de 2024, ampliamente aceptada por gobernadores, alcaldes y rectores más allá de Santa Cruz. Como advirtieron reiteradamente Camacho y el cívico Calvo, ceder en el año era un acto de traición con muerte civil.

Así transcurrió más de un mes de paro indefinido. La élite cruceña apostó por nacionalizar el conflicto, pero ningún otro departamento se sumó a la radical medida. Asumiendo el resultado de la mesa técnica, el 12 de noviembre el presidente Arce aprobó un decreto fijando para el 23 de marzo de 2024 la fecha del Censo y la distribución de recursos desde septiembre del mismo año. No fue suficiente para levantar el paro. Un nuevo cabildo, no deliberativo, exigió que el decreto “se formalice en una ley”.

La exigencia de ley trasladó el conflicto al ámbito institucional. Aunque el cabildo había aceptado implícitamente la fecha del decreto, los asambleístas de la oposición presentaron cinco proyectos de ley distintos, todos insistiendo en 2023. Hubo división también en el oficialismo sobre la necesidad o no de una ley. Al límite, el Comité cruceño reconoció que el año ya no era lo determinante. “Es un concho” (lo residual), dijo un criticado Camacho. Había que asegurar también la distribución de escaños.

El balance del conflicto en torno al Censo deja un saldo negativo para el país. El cabildo se desvirtuó como mecanismo y el paro degeneró en violencia y violación de derechos humanos. Hubo muertos, heridos, abusos y elevadas pérdidas económicas. Hay costos de legitimidad también para el Gobierno central y el presidente Arce. Y la élite cruceña perdió el rumbo, entre la tozudez y el extravío. Fue una derrota de la política, que deja heridas abiertas y una renovada agenda sobre “la cuestión cruceña”.

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Encauzar la política

Santa Cruz de la Sierra sigue secuestrada por eficaces minorías que no solo siguen bloqueando calles.

Por La Razón

/ 24 de noviembre de 2022 / 01:18

Cuando el 13 de noviembre el cabildo de Santa Cruz de la Sierra “aprobó” el impulso de una ley que “fije” la promesa presidencial de realizar el Censo en 2024 y entregar resultados hasta septiembre de ese año, parecía que la política volvía al cauce republicano al poner en manos de las y los asambleístas la resolución del conflicto. Pero el proceso es más difícil de lo esperado.

Las primeras lecturas de lo decidido en ese cabildo cruceño, luego de un confuso discurso pronunciado por el presidente del Comité pro Santa Cruz a través de un video, apuntaron, por un lado, que el devolver el debate sobre este conflictivo tema a la Asamblea Legislativa significaba recuperar el rol constitucional de este órgano del Estado, hasta ahora secuestrado por poderes fácticos de una y otra orientación político ideológica.

Por otra parte, también podía ser interpretado como el reconocimiento por parte del Comité Interinstitucional cruceño de los límites de la movilización iniciada, con hoy, hace 34 días y, al menos en la interpretación de su portavoz, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, como un logro, porque al margen de la fecha de la realización del Censo se había obtenido el compromiso de redistribuir recursos fiscales y recalcular la asignación de escaños parlamentarios antes del fin de 2024, según lo demandado por Santa Cruz.

Sin embargo, desde que la bancada del partido en función de gobierno presentó el primer proyecto de ley, los obstáculos y tropiezos no han hecho más que multiplicarse. Hasta ahora, la Comisión de Constitución tiene seis proyectos diferentes, varios de ellos que porfían en fijar la fecha del Censo en 2023 a pesar de la tácita aceptación de la dirigencia cívica cruceña; en varias ocasiones no se observaron las formalidades procedimentales; la pugnacidad entre oficialistas y opositores no ha disminuido ni un ápice; y la división en el seno de la bancada del MAS no hace más que acentuarse, haciendo imposible la aplicación del “rodillo parlamentario” que durante años funcionó en la Asamblea.

Así, Santa Cruz de la Sierra sigue secuestrada por eficaces minorías que no solo siguen bloqueando calles y avenidas, sino que muestran signos de creciente autoritarismo y maldad, mientras cada vez más grupos de la sociedad claman por un alto al paro que casi a nadie le parece necesario a estas alturas. El máximo dirigente cívico, sin embargo, hace oídos sordos a este clamor y alimenta la confrontación con discursos cargados de odio y de falacias respecto del Gobierno.

Toca ahora que las y los asambleístas depongan sus actitudes hostiles y hasta antidemocráticas, y se hagan cargo de la responsabilidad que la Constitución les asigna y que el voto popular les ha otorgado. Ya no es aceptable que dirigentes y líderes que no han recibido mandato alguno sigan dictando la agenda y entorpeciendo el debate democrático en función de sus oscuros intereses y no de los del pueblo al que dicen representar.

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Bloquear se torna una opción de supervivencia en la zona Norte de Santa Cruz de la Sierra

El Remanso, La Chonta, Valle Sánchez y Satélite Norte conformn un circuito de bloqueos. El testimonio de un bloqueador revela un sistema de pagos por sostener la medida.

Bloqueo en el ingreso de Satélite Norte

Por La Razón

/ 21 de noviembre de 2022 / 12:43

José Parra (nombre ficticio) es un joven de 25 años que vive en uno de los barrios de Satélite Norte, la ciudadela de Warnes, que se ha convertido en un bastión del MAS electoralmente y una zona de resistencia a las medidas determinadas por los cívicos.

Allí no se acata el paro indefinido, tampoco se acató en 2019 y ninguno de los paros previos por el censo de 24 y 48 horas.

José es un drogadicto en rehabilitación, sin empleo formal y debido a sus problemas de conducta, justo a principios del paro que ya cumple un mes se peló con su familia y se fue de la casa, una situación muy frecuente en los últimos años.

De carácter jovial y carismático, sobrevive con trabajos eventuales que le dan en su barrio, como jardinería, arreglos domésticos y hasta de albañilería.

Sin embargo, cuando se endurecieron los bloqueos en la carretera Norte, el 12 de noviembre pasado, encontró una nueva oportunidad de ingresos. “Me habló el hijo de doña María (nombre ficticio) para bloquear en el puente de Valle Sánchez”, relata José.

Doña María es una migrante cochabambina, dueña del almacén más grande del barrio de José, que además ha diversificado sus inversiones con un par de ‘toritos’, que hacen servicio de transporte interno.

Su hijo es uno de los líderes de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) en Valle Sánchez.

José se niega a revelar cuánto recibe por su tarea de ir a bloquear. Sin embargo, se lamenta porque en ese trajín ha vuelto a caer en las drogas. “Ya estaba recuperado, pero lastimosamente recaí. Igual me voy a volver a recuperar”, asegura.

El bloqueo comienza alrededor de las 11:00 y dura hasta el día siguiente más o menos hasta las 7:00. Cuando hay “día de abastecimiento”, dictado por el Comité pro Santa Cruz, el bloqueo comienza después de las 13:00.

Además del incentivo económico que recibe, el bloqueo le garantiza la comida, a través de las ollas comunes No hay horario; es un “trabajo” de todo el día, por eso el alcohol, la coca y algunas drogas, como confesó José (no especificó cuáles), ayudan a paliar el esfuerzo.

Ellos sostienen la protesta. En los puntos de bloqueo troncales, se ven pocos vecinos durante el día, cuando el sol arrecia con más fuerza. Recién aparecen a partir de las 20:00 después de la cena. Hay un circuito entre El Remanso (km 7) y la entrada a Satélite Norte, que pasa además por La Chonta (Km9) y Valle Sánchez, en el puente de ingreso al aeropuerto de Viru Viru (km 15).

Cuando el 26 de octubre pasado hubo un enfrentamiento en Clara Chuchío, zona ubicada detrás de Satélite Norte, bloqueadores de todo el circuito se apersonaron para reforzar.

Asimismo, cuando se anunció la llegada de los interculturales desde el Norte Integrado, los grupos dejaron sus puntos y se concentraron en Valle Sánchez, para evitar el arribo que finalmente nunca se dio.

En la zona Norte es más rígido el paro que en el Sur y el Este, donde hay mayor circulación y menos presión de los bloqueos, sobre todo en las mañanas. Varios de los mercados del Plan 3.000, Pampa de la Isla, El Bajío o la Villa Primero de Mayo han funcionado casi normalmente durante el mes de paro indefinido.

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En el Norte las excepciones son el nuevo Mercado Los Pozos, ubicado en el octavo anillo en la zona Noreste y la ciudadela de Satélite, que pertenece al municipio de Warnes, pero está ligada a Santa Cruz de la Sierra. Cabe aclarar, que, en todos los casos, los mercados sólo atienden hasta el mediodía.

Además de los bloqueos troncales, en la zona Norte han proliferado pequeños piquetes en las calles aledañas, gestionados generalmente por vecinos que cobran un “peaje”, a voluntad en algunos casos y en otros hasta hay carteles estableciendo tarifas de Bs 1 para bicicletas, Bs 2 para motos y Bs 5 y hasta Bs 10 para vehículos.

Muchos aluden que la necesidad obligada por el propio paro los lleva a tener estas formas de recaudar algo de ingresos económicos.

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Masacres sin justicia

Está congelada en la Asamblea Legislativa la proposición acusatoria por las masacres.

Por La Razón

/ 20 de noviembre de 2022 / 00:30

Hace tres años, el régimen de Jeanine Áñez, en nombre de la “pacificación”, se estrenó con dos masacres. Contra el discurso oficial y sus repetidores mediáticos que hablaron de “fuego cruzado”, dichas masacres fueron certificadas en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), tras una rigurosa investigación. Hasta ahora no hay justicia.

Dos días después de su autoproclamación como presidenta, Áñez y su gabinete emitieron el Decreto 4078, que eximía de responsabilidad penal a los militares que participen en operativos para “el restablecimiento del orden interno y la estabilidad pública”. Con ese decreto, fuerzas combinadas de las Fuerzas Armadas y la Policía dispararon a matar, realizaron ejecuciones sumarias y torturaron a población civil en Sacaba (15 de noviembre) y en Senkata (19 de noviembre). Fueron crímenes de Estado.

En aquel momento, oscuros personajes como los exministros Arturo Murillo y Luis Fernando López —hoy ambos prófugos de la Justicia boliviana—, justificaron los hechos con expresiones como “se dispararon entre ellos”, “ni una sola bala salió del ejército”, “iban a hacer volar la planta de gas”. Sus operadores mediáticos se ocuparon de difundir y legitimar semejantes falacias. Poco después, la propia Áñez agradeció a las Fuerzas Armadas porque “no dudaron en salir”, contribuyendo a la “pacificación”.

Luego de un informe preliminar de la CIDH (que desplegó una misión en el país el mismo mes de noviembre de 2019), un informe de la Defensoría del Pueblo y, en especial, el incuestionable informe del GIEI, hoy no queda ninguna duda de que hace tres años hubo dos masacres en Bolivia. La intervención de las fuerzas militares y policiales, pues, al amparo de la “cobertura legal” de un decreto, no marcó ninguna “página gloriosa” (sic) en nuestra historia, sino una oprobiosa acción con delitos de lesa humanidad.

Así las cosas, resulta incomprensible por qué hasta el presente, transcurridos tres años, todavía no se haga justicia con procesos que establezcan responsabilidades y sanciones por las masacres de Sacaba y Senkata (20 muertes y decenas de heridos). Era previsible que durante el año de gobierno de Áñez los operadores del sistema judicial, bajo intimidación y amenazas del régimen, paralizaran las diligencias. Pero incluso con el nuevo gobierno democrático los casos continúan divagando en etapa preparatoria.

Está congelada también en la Asamblea Legislativa la proposición acusatoria por las masacres. El ambiguo posicionamiento del oficialismo y, en especial, el veto de las bancadas de Mesa y Camacho, han impedido la mayoría especial requerida para autorizar un juicio de responsabilidades contra Áñez. Es deplorable. Así, tres años después, la justicia no llega, no hay reparación para las víctimas, ni tenemos garantía de que nunca más habrá una masacre en Bolivia. Con impunidad no hay democracia.

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Se acaba el agua

No basta con que un par de autoridades tomen conciencia del tamaño del reto.

Por La Razón

/ 17 de noviembre de 2022 / 02:40

Mientras el país mira la interminable querella entre la dirigencia cívica de Santa Cruz y el Gobierno, la población pierde de vista el verdadero problema que se cierne sobre todo el país y que poco tiene que ver con la política nacional y sus avatares (aunque muy probablemente tendrá efectos por la ausencia de previsión estratégica): la sequía actual, pero sobre todo el cambio climático.

En efecto, según el Viceministro de Defensa Civil al menos 200 municipios en el país están afectados por la falta de lluvias; únicamente Beni y Pando no han reportado todavía problemas; el departamento más afectado por la sequía es Tarija, en la zona del Chaco, pero también tienen problemas Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y Chuquisaca. Por ejemplo, un dirigente vecinal de Distrito 13 de El Alto ha anunciado que se teme la pérdida de hasta el 70% de los cultivos y mortandad en el ganado de ovejas, llamas y alpacas.

Como un dudoso consuelo, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha anunciado la llegada de la temporada de lluvias a fines de noviembre. El problema es que las autoridades temen que eso dé paso a las inundaciones y el país cambie la preocupación por la falta de lluvias por el exceso de agua y los desastres que eso provoca. Hay coincidencia en señalar que la causa, además del cambio climático, está en el fenómeno de La Niña.

La población paceña guarda amarga memoria de lo sucedido en el último trimestre de 2016, aunque evidentemente disminuida a juzgar por el modo irresponsable con que gran parte de la población usa el líquido elemento. Si entonces surgió una potente conciencia sobre el cuidado del agua, hoy pareciera que ha desaparecido, para alarma de las pocas autoridades que no están pendientes del desenlace de los conflictos políticos de temporada.

Tal vez por eso tanto la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS) como el gobierno municipal paceño han anunciado campañas de sensibilización y concienciación respecto del uso de agua en las ciudades de La Paz y El Alto, amenazadas por la disminución de las reservas en las represas, que en el caso de Incachaca han llegado al 50% de su capacidad. De hecho, la Empresa Municipal de Áreas Verdes (Emaverde) anunció que ha disminuido el volumen de agua que emplea en el mantenimiento de parques y jardines de la ciudad.

Así, al margen de si las lluvias llegan antes de fin de año o no, urge una nueva cultura del uso de agua, que seguramente comenzará por tomar conciencia sobre la creciente escasez de este elemento, debido a la falta de lluvias, pero también al evidente e irreparable retroceso de los glaciares andinos y deberá continuar con toda clase de medidas para evitar su desperdicio entre la población. No basta con que un par de autoridades tomen conciencia del tamaño del reto, sino que el Estado en pleno debe involucrarse en la tarea hasta lograr que el agua, derecho humano indiscutible, sea protegida con tanto empeño como se hace con valores morales a menudo discutibles.

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