En la madrugada de ayer fueron recuperados los dos últimos cuerpos de las 15 víctimas del colapsado edificio Málaga. Se trata de Leodán Plata (27) y Rubén Urzagaste (21). El cuerpo de la última víctima oficial del desastre llegó a la morgue a las 4.30, cerrando así un trágico primer capítulo.
De acuerdo con el informe forense, ambos cuerpos murieron en el instante por aplastamiento craneofacial y otras lesiones incompatibles con la vida. El cuerpo de Leodán Plata quedó seccionado en dos.
Ambos eran trabajadores en la construcción. Rubén Urzagaste trabajaba como ayudante y era, de acuerdo con lo manifestado por su madre, el sostén económico de su familia. Leodán Plata estaba casado y tenía un hijo.
En total son 15 los cuerpos retirados de los escombros, entre los que se cuentan aquellos de los responsables de la obra. El oficial mayor de Obras Públicas, Fernando Vaca Díez, dijo que se seguirá con la labor «para ver si no hay más cuerpos.
Tenemos el caso de una abuelita que está buscando a su nieto que dice que él estaría dentro (del edificio Málaga). Vamos a seguir buscando porque queremos descartar esta posibilidad. Le hemos pedido que traiga fotos de su nieto para corroborar con los trabajadores sobrevivientes si él estaba presente esa noche».
Sobre este último punto, Marcos Harb, vocero de la familia Callaú, indicó que «el nieto de la señora no trabajaba en la empresa y no tenemos información que confirme su presencia en el lugar al momento del hecho. Pero, de todos modos, se va a seguir trabajando en su búsqueda hasta poder efectivamente verificar que no existe ningún otro cuerpo más. Ése es el interés tanto de las autoridades como de la familia propietaria».
Acusan a funcionarios ediles
Las familias de las víctimas del colapso del edificio Málaga han iniciado una querella criminal en contra de dos funcionarios municipales.
Se trata del Oficial Mayor de Planificación y del director del Plan Regulador. Jaime Solís, abogado de los familias querellantes y ex fiscal de distrito, indicó que los cargos son por homicidio, explotación laboral, coacción, falsedad ideológica, trata de personas y otros.
Además, los demandantes solicitaron el congelamiento de las cuentas bancarias de la propietaria del edificio Paulina Callaú. «Es una familia con bastantes recursos y queremos asegurarnos de que se cubran todas las indemnizaciones que dicte la ley.
Estamos pidiendo a la Superintendencia de Bancos un informe acerca de los recursos de la señora Callaú», informó Solís. En tanto, los obreros que sobrevivieron al siniestro reclaman el pago de salarios por un monto de Bs 50 mil.