La Gobernación de La Paz dijo que no hay un reglamento que regule el trabajo y defina las tarifas que cobran barqueros y lancheros en el estrecho de Tiquina y anunció que está en marcha la elaboración de un documento consensuado con ese sector.
Copacabana, Guaqui, Desaguadero y la Isla del Sol cumplen con las normas y la Ley de Navegación, sin embargo, los operadores de las lanchas del estrecho no tienen ningún tipo de control, admitió el director de Coordinación con Organizaciones Sociales de la Gobernación, Hilario Callisaya.
El Defensor del Pueblo, representantes de la gobernación, los lancheros, y los alcaldes de Tiquina, Copacabana y Tito Yupanqui, trabajan en un proyecto de reglamento que define que estos balseros deben estar controlados por efectivos de la Armada.
Los detalles que restan precisar, según Callisaya, son: el costo del cabotaje, (pago por el control de la navegación), aprobar la hoja de costos para el transbordo de pasajeros y vehículos y el mejoramiento de las barcazas.
La propuesta de la Armada y la Gobernación es que «las lanchas y barcas arcaicas puedan ser remplazadas por equipos metálicos para mayor seguridad», según un oficial de la Naval que pidió guardar su nombre en reserva.
Callisaya afirmó que «los lancheros cobran lo que quieren». Los costos son definidos de manera unilateral para los vehículos, dependiendo si es liviano o de alto tonelaje, o cuánto debe pagar un turista o lugareño».
La aprobación del reglamento implica también el cumplimiento de la Ley de navegación.
El 29 de noviembre del 2010, la alcaldesa de Tiquina, Nelly Rodríguez, aprobó una resolución para que los lancheros pongan a disposición de los usuarios y de forma obligatoria un chaleco salvavidas.
Sin embargo, esta disposición no es observada porque sólo se encuentran hasta un máximo de cinco chalecos en cada lancha, donde se permite el ingreso a hasta de 30 pasajeros.
Amenazas contra La armada
Los pobladores de Tiquina rebasaron la autoridad del Cuarto Distrito de la Fuerza Naval. Los marineros fueron amenazados con la justicia comunitaria para evitar que ejerzan control sobre las barcazas, «no se puede emplear la fuerza en esta región, porque existen posiciones irracionales», dijo un oficial a este diario.