Sociedad

Thursday 28 Mar 2024 | Actualizado a 09:49 AM

La red alterna de agua bordeará el área deslizada

La construcción de la obra de emergencia y del ducto definitivo se dividirá por tramos y se edificará de forma simultánea para acelerar la ejecución

Por La Razón

/ 16 de marzo de 2011 / 05:00

El tendido de la red alternativa de emergencia para la dotación de agua a las 41 zonas del sur que carecen del líquido desde el 26 de febrero, bordeará el área del megadeslizamiento y se construirá íntegramente con tuberías de acero para garantizar que no sufra ningún daño a futuro.

La obra se iniciará el viernes 18 de marzo y se calcula que los trabajos llevarán 30 días, a partir de esa fecha. El gerente Técnico de EPSAS, Jorge Sotez, informó a La Razón que la obra de emergencia consiste en el tendido de una tubería de acero (DN 400 milímetros) que tendrá una extensión de 3,2 kilómetros. Con ese fin, añadió, ayer llegó el último lote de tuberías de reserva de 16 pulgadas que estaban destinadas a la instalación del gasoducto Carrasco-Cochabamba.

«La obra de emergencia es una solución inmediata para restablecer el servicio. Aunque puede que tengamos que retirarla si se presentan problemas en el sector, ésta servirá para atender cualquier emergencia». Sotez explicó que el tendido está planificado desde la parte baja del cementerio de Valle de las Flores, pasando por el puente Callapa, luego circundará el área del desastre y pasará por Irpavi II hasta empalmarse con el punto de abastecimiento regular, ubicado en la zona de El Vergel, punto próximo al barrio de Peña Azul (ver infografía).

La nueva tubería será empalmada a la que terminó rota por el deslizamiento «en la parte que está en buenas condiciones». «Una de las complicaciones es que va a estar emplazada en el área de deslizamiento. Por ello, es necesario implementar una tubería de acero para que pueda funcionar sin dificultades. Por ejemplo, cuando se utiliza este tipo de tubería la soldadura es más rígida en las uniones». La obra se dividirá en tres tramos, que se construirán de forma simultánea. El costo total será de $us 1 millón, cubierto por el Gobierno central.

Sotez indicó que de forma paralela  se efectuará el tendido de un ducto definitivo a través de una «derivación» de la tubería que conecta la represa de Hampaturi con la planta de tratamiento de Pampahasi. La derivación se hará a la altura del kilómetro 10. El ducto estaría concluido en 60 días. «La característica del ducto definitivo es que se instalará fuera del área de conflicto, en un área geológicamente más estable. Además, una empresa consultora está realizando al mismo tiempo los estudios correspondientes para definir los sectores de intervención que nos permitan establecer que el ducto es seguro».

La nueva cañería subirá de Chinchaya a Irpavi II pasando por el puente de Chicani y llegará hasta la zona de El Vergel, donde se acoplará la parte de la tubería antigua que no fue dañada por el deslizamiento. El tendido tiene 4,4 kilómetros y está dividido en cuatro tramos, los primeros tres se harán con fierro fundido dúctil y el último con acero (AD 400 mm). Para la edificación de cada tramo se contratará a una empresa a fin de acelerar la ejecución.

«Una resolución de emergencia emitida por la directiva permite hacer invitaciones directas a las firmas experimentadas».

Otros datos del ducto definitivo

Potable
El líquido que viajará por ducto definitivo será tratado en su propia estación potabilizadora.

Inversión
La obra definitiva costará $us 4 millones, el 50% será cubierto por el Gobierno y el resto por EPSAS.

Se instalan válvulas en Kupini para dar el líquido

La Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS) instala válvulas en la zona de Kupini para restituir el suministro de agua a Pampahasi Central, Kupini Central y San Isidro, informó el gerente Técnico de EPSAS, Jorge Sotez.

El especialista explicó que colocar las válvulas permitirá generar un área de protección en el sector del deslizamiento, de modo que cuando se restituya el suministro de agua a las zonas aledañas se impida el paso definitivo del líquido a la zona donde estaban las viviendas que se vinieron abajo.

«De esta forma, las tuberías que alimentaban del líquido al sector se van a cortar definitivamente y las aguas van a ir bajando hacia las zonas aledañas para restituir el servicio a todo el sector», sostuvo Sotez.

Sin embargo, aclaró que una de las dificultades de esta labor es «descubrir las tuberías para instalar las válvulas, debido a que se deben hacer excavaciones a fin de incorporar las válvulas», manifestó. Añadió que en el transcurso de la semana se concluirán las instalaciones y luego se acordará con la comuna cuándo restablecer el servicio. «Aún estamos evaluando si el suministro se hará por horas o de forma definitiva».

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Cuatro millones

De los debates posteriores al censo, es posible que el que más importe en Santa Cruz sea el del total de habitantes del departamento

Por La Razón

/ 28 de marzo de 2024 / 07:25

De los debates posteriores al censo, es posible que el que más importe en Santa Cruz sea el del total de habitantes del departamento. Si no bastase con la obligada referencia al ejercicio estadístico de la Gobernación, se ha denunciado migración y hasta “acarreo” de gente, y se exige una “encuesta poscensal” para asegurar la “confiabilidad” de los datos recogidos el 23 de marzo.

Es un hecho que es el departamento con más habitantes del país, con todo lo que ello implica en demandas y necesidades; considérese además que durante muchos años funcionó en la puerta del Concejo Municipal de la capital un cartel informático, llamado “Cambómetro”, que contabilizaba el número de personas que llegaban a la ciudad capital, más el número de nuevos nacimientos; la cifra se actualizaba cada pocos minutos, dando cuenta del crecimiento imparable de la población local.

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A eso súmese la enorme expectativa que existe en el departamento porque la Constitución y las leyes indican que la distribución de escaños legislativos depende del número de habitantes, y ni luego del Censo de 2001 ni del de 2012 se hizo el ajuste necesario. De ahí que desde 2022 la “institucionalidad” cruceña haya levantado el tema como una de sus principales banderas.

Primero fue la instrucción del entonces Gobernador en ejercicio al Instituto Cruceño de Estadística, de realizar un estudio demográfico, tarea desarrollada entre diciembre de 2022 y abril de 2023 y que arrojó un “un estimado del número de habitantes en el departamento de Santa Cruz”; tal estimación fue fruto de “la inferencia estadística”. La cifra anunciada al final del ejercicio fue: 4.000.143 habitantes.

Luego de muchas idas y venidas, en las que el Gobernador cruceño subrayó su falta de interés en dialogar y concertar, se implementó una serie de paros escalonados que terminaron en un paro indefinido que duró 36 días y no logró su cometido, que era forzar la realización del Censo en 2023. Sin embargo, las elites, que terminaron perdiendo casi todo el apoyo popular que habían galvanizado desde 2019, por el costo de la medida de protesta, presentaron como éxito propio la ley que instruyó hacer el Censo en marzo de 2024.

Luego, en vísperas del conteo, oficiosos personajes mediáticos desplegaron una campaña de desinformación para que la gente evitase responder todas las preguntas del Censo. Solo lograron evidenciar oscuros intereses detrás de la campaña. Finalmente, luego de la realización del operativo el sábado 23, fue el Presidente del comité cívico quien reconoció la posibilidad que “por tanta migración, no lleguemos al resultado que arrojó la Gobernación hace unos meses, de los cuatro millones”.

Es, pues, un derrotero bien conocido en el modo de hacer política de las elites cruceñas y que mezcla los legítimos intereses de la población de ese departamento con las ambiciones de quienes operan estos actos y discursos, con resultados que solo abonan a un status quo de confrontación con el gobierno “centralista”. Ojalá esta vez alguna de las partes tenga mejores ideas para salir del conflicto.

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Un censo histórico

Por La Razón

/ 24 de marzo de 2024 / 01:42

Como estaba previsto, ayer se realizó en Bolivia el Censo Nacional de Población y Vivienda 2024. Es un censo histórico que nos permitirá saber, a un año del Bicentenario, cuántos somos, cómo vivimos y cómo nos distribuimos. Esta información es clave para el diseño de diferentes políticas públicas, así como para fines distributivos. Hay que esperar los datos con sensatez.

Según la tradición en el país, más allá de algunos imprevistos y hechos aislados, la jornada del operativo censal fue una nueva demostración de madurez cívica y participación ciudadana. Pese a la postergación de la fecha, que generó conflictividad regional en 2022, el Estado, a través del INE, cumplió con las actividades organizativas y logísticas requeridas para una movilización enorme en el territorio. Contó para ello con el apoyo de la cooperación internacional y de organizaciones de la sociedad civil.

Pero se trató en especial de un día con protagonismo ciudadano. La visita a 5,8 millones de viviendas en el país fue posible por el trabajo de más de 750 mil censistas voluntarios, que desde primeras horas de la mañana se desplegaron en los lugares asignados en el marco de la cartografía actualizada. Y las personas y familias esperaron con expectativa para responder la boleta de 59 preguntas (diez más que en el censo 2012). Así, los intentos marginales por malograr el operativo fueron fallidos.

El censo 2024 es el duodécimo en nuestra historia (el cuarto en democracia) desde el primer recuento poblacional realizado en 1831 en el gobierno de Andrés de Santa Cruz. Entonces el número de personas censadas en Bolivia fue de 1.088.768. Transcurridos 181 años, ese número subió a 10.059.856 en el último censo de 2012. En septiembre se contará con datos preliminares para saber cuántos somos en el presente. Se espera que esta información sea la base para la planificación pública de mediano y largo plazo.

Detrás de los datos estadísticos y lo que revelan en su desagregación con arreglo a diferentes variables, hay historias de vida, condiciones de existencia, flujos migratorios, situaciones personales y familiares, mucha diversidad. Los números no necesariamente expresan esa complejidad de la sociedad boliviana, pero son útiles para el necesario examen respecto a cómo vivimos y cómo nos distribuimos. Esa fotografía de hoy contribuye a trazar el rumbo del futuro. Ojalá sea con más derechos y menos desigualdades.

¿Por qué el censo 2024 es histórico? No solo porque es el recuento con el que llegaremos al Bicentenario de Bolivia, tampoco porque es el operativo más grande de nuestra historia, sino en especial porque se hace en un contexto de incertidumbre. Si esperamos con sensatez los resultados y los gestionamos con base en acuerdos y equilibrios (lejos de la polarización y de los desinformadores profesionales), este censo brindará algunas evidencias relevantes para mirarnos al espejo como país. No es poca cosa.

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Los ‘retos’ de la democracia

El informe de la CIDH es una radiografía de los Derechos Humanos en Bolivia, y si bien reconoce avances, son muchos más los ‘desafíos’

Por La Razón

/ 21 de marzo de 2024 / 06:26

La presentación, días atrás, del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación en Bolivia, fruto de una visita “in loco” de un equipo de especialistas en 2023, ha terminado de aclarar el propósito de tal evaluación, que nada tiene que ver con casos particulares, pero sobre todo ha brindado una muy extensa lista de todo lo que falta por hacer.

El documento titulado Cohesión social: el desafío para la consolidación de la Democracia en Bolivia, publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 20 de enero de 2024, pero presentado el 14 de marzo, arranca señalando que la boliviana es “una sociedad afectada por el fenómeno de la polarización, que agrava la conflictividad social, habilita la escalada de violencia y genera condiciones para violaciones de derechos humanos”.

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En sus 222 páginas, el informe destaca que Bolivia ha experimentado transformaciones significativas desde la adopción de la Constitución de 2009, que ha promovido un amplio reconocimiento de los derechos humanos con énfasis en la perspectiva de género, los pueblos indígenas, y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). Sin embargo, también señala que la polarización social ha exacerbado la conflictividad y generado desconfianza hacia las instituciones democráticas. La CIDH recuerda que el Estado debe “fortalecer sus esfuerzos para la generación de espacios de consenso y diálogo genuino entre los distintos sectores de la sociedad boliviana”.

Respecto de los derechos reconocidos desde 2009, el informe señala que la implementación de las políticas correspondientes “enfrenta desafíos, incluyendo la debilidad institucional y la persistencia de patrones de discriminación”. También llama “retos” para la democracia y el Estado de derecho la polarización política, el estado de la libertad de expresión, el acceso a la información, y la participación ciudadana; menciona asimismo el deterioro del debate público, alimentado por discursos de liderazgos públicos. Al gremio periodístico no le va bien, pues se observa falta de representatividad en sus instituciones y descalificación mutua entre colegas de profesión.

Pero de todos, el tema más importante en el informe parece ser el referido a la Justicia, señalando en el acápite respectivo la necesidad “crítica” de cambios estructurales para garantizar la independencia judicial, mejorar las condiciones carcelarias, y asegurar el acceso efectivo a la justicia para todos. Entre las recomendaciones, sin embargo, no hay ninguna que no se conozca desde hace ya demasiados años, a pesar de que son urgentes, quizás cada día más.

El informe de la CIDH es una radiografía de los Derechos Humanos en Bolivia, y si bien reconoce avances, son muchos más los “desafíos” identificados. La extensa lista de recomendaciones puede ser un punto de partida para quien pretenda imaginar un proyecto de mejor país.

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El Censo del 23M

Por La Razón

/ 17 de marzo de 2024 / 00:14

Luego de su postergación por más de un año, el Censo Nacional de Población y Vivienda se realizará en Bolivia este sábado 23 de marzo. El último Censo fue el año 2012. El propósito es obtener información detallada para saber cuántos somos y cómo vivimos en todo el territorio nacional. Es un insumo fundamental para el diseño de políticas públicas. Llegar a este día no fue fácil.

Mediante un Decreto Supremo de mediados de julio de 2021, el Gobierno determinó que el Censo se haría el 22 de noviembre de 2022. Fue declarado “prioridad nacional”. Y la entonces ministra de Planificación señaló que todo estaba asegurado para el efecto. Faltó a la verdad. En julio de 2022, el Consejo Nacional de Autonomías, tras identificar dificultades, planteó la postergación del Censo hasta mayo o junio de 2024. Entonces el presidente Arce anunció un proceso “responsable y con transparencia”.

El aplazamiento del Censo 2022, que se convirtió en Censo 2024, generó rechazo y protesta, en especial en Santa Cruz. La dirigencia cruceña, a la cabeza del gobernador Camacho y el cívico Calvo, impulsó una movilización con la consigna “Censo 2023 Sí o Sí”. Con esa bandera innegociable hubo cabildos, ultimátum al Gobierno y un paro departamental que, con episodios de radicalidad y violencia, duró 36 días. Fue una derrota. El Censo, blindado por Ley, finalmente se reprogramó para este 23 de marzo.

Durante el 2023, con centro en el INE, se avanzó en la preparación del operativo censal. Entra otras cuestiones logísticas y organizativas, fue fundamental la actualización cartográfica, que tenía rezago y ausencias. También ha sido relevante la definición del cuestionario censal, con 59 preguntas distribuidas en siete capítulos. Al respecto hubo algunos debates inútiles en torno al mestizaje y la religión. La última etapa se concentró en el reclutamiento y capacitación de más de 750 mil voluntarios censistas.

Así llegamos, como país, al día del Censo, este sábado. Es el operativo de mayor alcance a nivel nacional. Se espera que, pese a cierta improvisación y desconfianza, se logre el propósito de hacer un recuento completo y confiable de todas las personas, los hogares y las viviendas que se encuentran en Bolivia. A estas alturas no cabe ninguna amenaza de boicot o consignas para distorsionar los datos. Deben primar la transparencia, el trabajo técnico y la participación ciudadana en todo el territorio.

Según lo previsto, los resultados del operativo censal se conocerán en septiembre. Estos datos son la base para la redefinición de políticas públicas, así como para la distribución de recursos, ojalá con un pacto fiscal, y la redistribución de escaños en la Cámara de Diputados. No es algo sencillo toda vez que hay ganadores y perdedores. Lo importante es trazar una ruta de diálogo, acuerdos y equilibrios. El 23M, pues, es un día decisivo para la fotografía que guiará nuestro rumbo en la próxima década.

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Juezas, se busca

Es evidente, pues, que hay más obstáculos que voluntad política en el proceso de convocar y realizar las elecciones judiciales

Por La Razón

/ 14 de marzo de 2024 / 09:47

Como si no hubiesen sido suficientes los escollos que se produjeron desde hace casi un año, uno nuevo acaba de aparecer en el camino a las elecciones judiciales: la falta de mujeres candidatas a los puestos de magistradas y juezas, lo cual hace peligrar la paridad de género prescrita en la ley. Difícil saber a qué se debe este fenómeno, y más difícil encontrar una salida.

El artículo 76 de la Ley 026, de Régimen Electoral, especifica que la Asamblea Legislativa debe preseleccionar “hasta cuatro (4) postulantes para cada departamento en dos listas separadas de mujeres y hombres”; también, que “garantizará que el cincuenta por ciento (50%) de las personas preseleccionadas sean mujeres; y la presencia de al menos una persona de origen indígena originario campesino en cada lista”.

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Asimismo, la Ley 1549, Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024, establece que la Comisión Mixta de Constitución elevará un informe a la Asamblea con la lista de un mínimo de 36 y un máximo de 72 postulantes para el TSJ, y similar cantidad para el TCP, garantizando la equidad de género y la representación indígena originaria. También señala que la Comisión Mixta de Justicia Plural debe presentar un informe al pleno del Legislativo con una lista de un mínimo de 14 y un máximo de 28 postulantes para el Tribunal Agroambiental, y un mínimo de 10 y máximo 20 para el Consejo de la Magistratura.

Dependiendo de cuál de las instancias del Judicial se trate, hay mayor o menor déficit de mujeres candidatas: para el Constitucional, hay departamentos donde postularon apenas dos; para el Supremo la situación es similar. En todos los casos, el conteo de candidatas da un promedio de una por cada cuatro varones. “Con esos números realmente sería bien complicado garantizar una participación igualitaria”, reconoció el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Sin embargo, su colega presidente de la Comisión de Justicia Plural dijo que hay la cantidad necesaria de postulantes mujeres para seguir en el proceso de revisión y verificación de requisitos.

Entre las razones que se ensayan para explicar esta ausencia de mujeres interesadas en participar de la votación para autoridades del Judicial se señaló: falta de credibilidad en el proceso electoral debido al manoseo de los últimos meses; temor de las mujeres a los rigores del sistema patriarcal imperante en la sociedad y las instituciones; y temor de algunas a “quemarse” en el proceso. Todas ellas son plausibles, y es posible que hayan otras más.

Es evidente, pues, que hay más obstáculos que voluntad política en el proceso de convocar y realizar las elecciones judiciales. Por ahora es poco claro el modo en que la Asamblea Legislativa saldrá de este impasse, lo cual implica que el Estado sigue en el camino de la desinstitucionalización promovida por los partidos con representación parlamentaria. Tarde o temprano la historia juzgará este amargo tiempo.

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