El proyecto de ordenanza aprobado en grande por el Concejo Municipal suspende la aprobación de planos de nuevas construcciones, en las 14 zonas que están dentro de la franja de seguridad en los distritos 16 y 17, afectados por el megadeslizamiento.
Estas zonas pertenecen al Macrodistrito San Antonio y son: Cervecería, Metropolitana, Pampahasi Bajo, Jokoni, Prolongación Kupini II, Valle de las Flores «B», Complementación Kupini II, Valle de las Flores, Santa Rosa de Azata, Santa Rosa de Callapa, Callapa, 20 de Abril (Caliri), Las Dalias (Villa Salomé) y Alto Villa Salomé.
Se prevé que la ordenanza, que establece prohibiciones, limitaciones y restricciones en las zonas del deslizamiento, será aprobada en detalle la próxima semana y que regirá hasta que se ejecute el plan de estabilización y la Alcaldía actualice sus mapas geológicos, de riesgos e hidrológicos.
Según la presidenta del Concejo Municipal, Gabriela Niño de Guzmán (MSM), con el proyecto «se cambiará el uso de suelo a áreas de riesgo natural, áreas de alto riesgo y riesgo manifestado en las 14 zonas mencionadas».
«Se definen varios artículos que apelan a la responsabilidad, a la seguridad pública y el bien común de quienes están en la franja de seguridad para que, por el momento, cualquier tipo de construcción pueda ser paralizada mientras no tengamos certeza de que el suelo no corre peligro».
Según explicó, aquellas construcciones que ya están en curso, dependiendo de su situación, podrán concluirlas, aunque deberán verificar sus conexiones de agua y alcantarillado, que serán fiscalizadas por el Gobierno Municipal.
«Está prohibido dar curso a nuevas construcciones», insistió. Al respecto, el concejal Jorge Silva (MAS) aseguró que se está coartando el derecho a la propiedad, al prohibir nuevas construcciones.
«Si se está tratando de prevenir y precautelar, se debería hacer antes, no cuando todo se deslizó. Antes deberían fiscalizar sobre las construcciones fuera de norma, las malas conexiones de agua potable y alcantarillado y no se debería proceder a hacer avenidas y Barrios de Verdad en una zona que ya era riesgosa», argumentó.
Desde el punto de vista de Niño de Guzmán, no se coartará el derecho propietario de los damnificados. «Uso de suelo y derecho de propiedad son distintos. No se quitarán los terrenos de las personas, sólo se determinará qué deben hacer con ellos: edificaciones de un piso o que lo conviertan en área verde o forestal».
La presidenta del Concejo también informó que los pobladores de Callapa podrán recoger sus cosechas, pero no habilitar la tierra para nuevas siembras. «Ahora es época de cosecha de maíz y eso lo permitiremos, pero cuando se hagan trabajos de adecuación del terreno para nuevos sembradíos, no se habilitará el suelo» agregó.
La ordenanza planea regular además la «sobreexplotación» de áridos. «No coartaremos su trabajo (de los areneros) sino lo regularemos y sólo podrán trabajar en áreas señaladas por el Ejecutivo», dijo. Silva se opone al proyecto porque «se está haciendo a espalda de los damnificados y coarta los derechos de propiedad y de empleos».
Pago de impuestos
El artículo 11 del proyecto instruye al Ejecutivo «identificar todas las propiedades afectadas por el megadeslizamiento para que a través de la Unidad Especial de Administración Tributaria se proceda a su baja del Registro Tributario».
Norma abre paso al pago de indemnizaciones
La ordenanza que normará temporalmente el uso de suelos en las zonas en riesgo, abre la puerta a expropiaciones e indemnizaciones, admitieron ayer dos concejales consultados por La Razón.
La presidenta del Concejo Municipal de La Paz, Gabriela Niño de Guzmán (MSM), indicó que los damnificados no perderán el derecho propietario aun cuando el estudio de suelos indique que sólo puede ser destinado a áreas verdes.
«Si el uso de suelos lo indica, (y si hay acuerdo con los vecinos), la Alcaldía verá la posibilidad de expropiar el terreno y pagar indemnizaciones, si hay acuerdos, si no, las personas podrán usar su terreno pero nos encargaremos de que sólo hagan parques o áreas forestales», dijo.
En cambio Jorge Silva, del MAS, argumentó que de aprobarse, el proyecto de ordenanza que ya fue aprobado en grande, dará paso a una expropiación.
«Éste es el primer peldaño para que el municipio quiera expropiar el terreno, para eso se debe pagar indemnizaciones a los damnificados y el municipio no tiene ese dinero y tendrá que salir de los contribuyentes», explicó Silva.
Niño de Guzmán, a su vez, explicó que si la ordenanza es aprobada en detalle la siguiente semana, como se ha previsto, tendrá carácter temporal hasta que salga el nuevo estudio de uso de suelos.
Cara y cruz
Jorge Silva
‘Están dando otro palo a los damnificados…’
«Se están vulnerando derechos laborales y derechos propietarios con el proyecto de esta ordenanza. Primero se debería resolver el tema de responsabilidades (en el desastre). Como está redactada la norma, porque así un damnificado no tendría opciones y si el uso de suelo sale negativo se procederá a la expropiación y se pagará indemnizaciones con dinero que el municipio no tiene, por eso me opongo».
Niño de Guzmán
‘Precautelamos a la población del riesgo’
«Hemos considerado importante tomar acciones en todas las zonas del deslizamiento. Serán medidas temporales con el fin de precautelar a la población, hasta que se tengan los estudios sobre el uso del suelo. Estamos obligados de dar mensajes de prevención a la ciudadanía, no podemos excluirnos de nuestro deber de autoridad, tal vez esto dé paso a leyes más estrictas».