Sociedad

lunes 20 sep 2021 | Actualizado a 13:00

Muere joven atacado por un enjambre de abejas

Ocurrió en Santa Cruz, sus amigos se salvaron al meterse al río

Por La Razón

/ 25 de marzo de 2011 / 05:00

David Pinto (27) fue atacado por un enjambre de abejas en Puerto Suárez, en la zona Tres Bocas, y perdió la vida por el efecto de las múltiples picaduras. Sus restos fueron enterrados ayer.

El hecho que conmovió a pobladores de Puerto Suárez ocurrió el martes, cuando cinco amigos: Pedro Fernández (24), Wanderley Castro (33), René Pinto (26), Luis Lazcano (27) y David Pinto llegaron al lugar, que se encuentra al frente de la bahía Cáceres, para pasar la jornada pescando.

Mientras preparaban sus implementos de pesca, sintieron llegar al enjambre al punto donde ellos se encontraban. Las abejas comenzaron el ataque y para salvar la vida los afectados corrieron al río y se metieron bajo el agua; sin embargo David Pinto se retrasó y fue alcanzado por los insectos.

El director del Hospital San Juan de Dios, Bismark Flores, confirmó la muerte del joven a consecuencia de las múltiples picaduras que le produjeron una alergia sistémica que provocó el cierre de la glotis (apertura de la laringe que controla la entrada de aire a la tráquea), le impidieron respirar y le produjeron la muerte por asfixia.

«Lamentablemente hubo mucho retraso hasta llegar al hospital y la reacción (alérgica) fue muy violenta», lamentó el director del hospital. Los compañeros de la víctima fueron atendidos y dados de alta  la misma jornada del martes, se informó.

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Celac versus OEA

El tema principal fue la crítica a la OEA y la consideración de la necesidad de reemplazar al organismo hemisférico.

Por La Razón

/ 20 de septiembre de 2021 / 01:06

La semana pasada se ha realizado en México la cuarta Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), donde una vez más el tema principal fue la crítica a la Organización de Estados Americanos (OEA) y la consideración de la necesidad de reemplazar al organismo hemisférico. La existencia de la Celac es evidencia de la voluntad de hacerlo, pero no será fácil.

Previsiblemente, los más vocales en contra de la OEA y su Secretario General fueron los altos dignatarios de Bolivia, Cuba, Venezuela, Nicaragua y El Salvador, todos ellos cuestionados por el organismo multilateral con sede en Washington, EEUU. El caso de Bolivia y el triste papel que desempeñó la misión de observación electoral en octubre de 2019 ocupó gran parte del debate en la plenaria, precisamente por ser el más reciente caso de injerencia con efectos en la política interna del país.

También se habló del modo en que las resoluciones de la OEA han afectado sistemáticamente a Cuba desde hace décadas; de hecho, la creación de la Celac hace poco más de un lustro estuvo inspirada en permitir una actuación plena del Estado cubano y excluir a EEUU y Canadá por tener tan pocas coincidencias con los países latinoamericanos y caribeños, en materia de desarrollo económico, pero también ideológicas.

En el caso de países como Venezuela, Nicaragua y El Salvador, la resistencia a la OEA tiene que ver con las críticas que la Asamblea General viene haciendo al modo en que se están transformando y recortando las prácticas democráticas. En Venezuela, la situación llegó a tal punto que un político opositor sin mandato popular fue reconocido como “Presidente en funciones”, pese a que nunca desempeñó actividades de mandatario.

En Nicaragua y El Salvador, la cosa es un poco diferente: en ambos países los presidentes están haciendo importantes esfuerzos por asegurar su continuidad en el poder, incluso si ello requiere transformar la Constitución Política, o al menos ignorar sus mandatos, así como recortar derechos civiles y políticos, a menudo de manera violenta, como viene sucediendo en Nicaragua, donde los líderes opositores han sido encarcelados en nombre de una discutible ley contra el terrorismo y la sedición.

Los presidentes de Uruguay y Paraguay fueron los encargados de poner estas cuestiones sobre la mesa de debate, cuestionando severamente la falta de libertades en Cuba y Venezuela, al extremo de que el Presidente venezolano retó a ambos a sostener debates públicos sobre democracia en el continente, aunque evidentemente es poco probable que tal cosa suceda.

La Celac tiene, pues, el enorme reto de convertirse en un organismo multilateral que recoja, como hizo la OEA en 1948, las ambiciones de paz y prosperidad de sus Estados miembros, así como visiones compartidas sobre derechos humanos y democracia. No será fácil, ni mucho menos rápido, pero tal vez sea posible que con voluntad política emerjan condiciones para su consolidación.

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Enjuiciar a Áñez

Los intereses políticos y cauces judiciales deben ceder paso al imperativo de la verdad, justicia, reparación y no repetición.

Por La Razón

/ 19 de septiembre de 2021 / 00:31

La demora e incertidumbre sobre los juicios contra la expresidenta del régimen provisorio Jeanine Áñez expresan no solo disputas entre el MAS-IPSP y la oposición, sino también divergencias internas en el oficialismo. Así, mientras las fuerzas opositoras ponen condiciones, en el masismo discuten los caminos. La necesaria reconciliación depende del curso que sigan estos procesos.

A estas alturas, parece claro que el caso Golpe, que se tramita por la vía ordinaria, permitió al oficialismo ganar tiempo en tanto se preparaban las condiciones para un juicio de responsabilidades. Áñez y los suyos están acusados por seis delitos penales: terrorismo, sedición, conspiración en el grado de complicidad, incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y anticipación y prolongación de funciones. Nada menos. Como sea, el dato inequívoco es la decisión de enjuiciarlos.

Más allá de cómo avance, en la cuestionada justicia, el caso vinculado a la ruptura del orden constitucional de noviembre de 2019, y sus narrativas irreconciliables, la cuestión crítica hoy son los juicios de responsabilidades. ¿El MAS-IPSP mantendrá su decisión inicial de enjuiciar a Áñez conforme al procedimiento establecido para una expresidenta? Si así fuese, ¿logrará un acuerdo político con las alianzas opositoras (CC y Creemos) para conseguir la mayoría especial requerida en la Asamblea Legislativa?

Al respecto, un dato importante es que las proposiciones acusatorias contra Áñez forman parte de un grupo amplio de juicios de responsabilidades, algunos pendientes desde hace casi dos décadas. Así, aparte de los cuatro procesos contra Áñez (crédito FMI, decreto contra la libertad de expresión, Fundempresa y masacres de Sacaba y Senkata), hay otros veinte juicios ya encaminados, incluido el polémico caso Quiborax contra el expresidente Mesa. Se espera un acuerdo sobre todos ellos. Parece difícil.

Claro que la decisión principal está en la cancha del oficialismo, donde hay criterios divergentes. Mientras unos, como el titular del Ministerio de Justicia, impulsan los juicios de responsabilidades contra la expresidenta provisoria; otras personas, como el exministro Romero y la misma denunciante Lidia Patty, aseguran que no corresponde un juicio de privilegio contra Áñez, pues implicaría reconocer su presidencia de facto. La alternativa es enjuiciarla por la vía ordinaria, como ya ocurre con el caso Golpe.

En tal escenario, que requiere prontas decisiones políticas del oficialismo y de la oposición, el camino de reconciliación y reencuentro que espera el país pasa por investigar, enjuiciar con debido proceso y sancionar a todos los responsables de la vulneración masiva de derechos humanos del período septiembre-diciembre 2019, conforme a las recomendaciones del Informe del GIEI. Los intereses políticos y cauces judiciales deben ceder paso al imperativo de verdad, justicia, reparación y no repetición.

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Una cruzada educativa

No basta con impulsar el retorno a la nueva normalidad de los procesos de educación en todo el país.

Por La Razón

/ 18 de septiembre de 2021 / 01:35

Ya se va acabando el año escolar y parece pertinente empezar a pensar en la manera de ir reparando los graves daños que ha producido en la niñez y juventud del país la imposibilidad de realizar clases presenciales debido a la pandemia. No es suficiente con anunciar la normalización de los procesos de aprendizaje, también se trata de plantear algo novedoso y enérgico para recuperar lo que se ha perdido en estos casi dos años.

Aunque durante la gestión 2021 se han hecho esfuerzos loables por mejorar la prestación de servicios educativos pese a que persiste en el país el riesgo de la pandemia, apenas un porcentaje reducido de establecimientos ha retornado a algún esquema con un grado significativo de presencialidad. La mayor parte de estudiantes ha continuado cumpliendo el año escolar en clases virtuales o en un esquema semipresencial limitado.

Por otro lado, si bien la tecnología ha mejorado mucho desde el inicio de la pandemia y las capacidades de padres, docentes y estudiantes se han ido adaptando al nuevo sistema de aprendizaje a distancia, lo cierto es que las barreras y desigualdades ligadas a estos nuevos métodos siguen siendo inmensas.

El problema no es únicamente que muchos ciudadanos no tienen suficientes recursos para adquirir dispositivos adecuados para la educación virtual o poder financiar el costo del acceso a servicios de internet con velocidades razonables. El gran problema es que estas diferencias están sembrando gravísimas desigualdades en la calidad del aprendizaje. Tampoco es una novedad que, sin un apoyo permanente de la familia, que no todos pueden garantizar, la formación a distancia se hace cuesta arriba para un número preocupante de estudiantes.

Así las cosas, lo dramático es que la educación no presencial sin condiciones adecuadas está ampliando para el futuro de manera radical las desigualdades entre el conjunto de los bolivianos. El aprovechamiento y la calidad de aprendizaje no son los mismos cuando se utiliza un celular para conectarse a las clases y el apoyo de los padres es escaso porque éstos deben dedicarse a sus actividades económicas, que cuando se cuenta con varias herramientas para esos propósitos, incluyendo computadoras y pantallas inteligentes, y un constante apoyo de la familia.

En consecuencia, no basta con impulsar el retorno a la nueva normalidad de los procesos de educación en todo el país, el Estado debería preocuparse también por resolver las groseras distancias de oportunidades en un futuro cercano. Hay muchos niños y jóvenes que ya acumulan significativas desventajas frente a otros, solo por sus condiciones socioeconómicas. La prioridad debería ser achicar esas brechas, intentar recuperar el tiempo perdido. Las pistas que saltan a la vista tienen que ver con la innovación en metodologías, la planificación de un programa novedoso de recuperación focalizado en los estudiantes que más se han rezagado, la movilización de todos los recursos y la convocatoria a una gran cruzada nacional para hacerlo realidad. Lo que está en juego es el futuro de nuestras hijas e hijos.

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Marcha indígena

Será triste constatar que hay una evidente instrumentalización de las identidades y demandas indígenas.

Por La Razón

/ 17 de septiembre de 2021 / 01:23

Casi a fines de agosto partió de Trinidad hacia Santa Cruz de la Sierra una marcha compuesta por decenas de indígenas de diversas etnias. Aunque el argumento de origen es respeto a su identidad y su reconocimiento pleno para acceder a la titulación de tierras, en el Gobierno afirman que la demanda no queda clara y reclaman un pliego petitorio que todavía no se ha presentado.

A la cabeza de la marcha iniciada en la capital beniana el 25 de agosto está Marcial Fabricano, que lideró la marcha que llegó a La Paz en 1990, y dio inicio a un proceso que 16 años después se convertiría en la Asamblea Constituyente. Mucha agua ha corrido desde entonces, tanto en la emergencia y los posicionamientos de los liderazgos indígenas de tierras bajas, como en la relación del Estado con ellas.

A pesar de la nueva Constitución Política del Estado, o tal vez debido a ella y su ambicioso catálogo de derechos, la relación entre pueblos indígenas y Estado nunca ha dejado de ser conflictiva, siendo hasta ahora el epítome la larga campaña contra la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos en nombre de la protección del Territorio Integrado y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), y su larga cadena de consecuencias y efectos.

La marcha que aquí se comenta parece no tener la dimensión ni la trascendencia de aquellas movilizaciones que conmovieron al país; aunque a más de tres semanas de caminata las y los marchistas suman un par de centenas, hasta ahora solo ha servido para evidenciar la profundidad del quiebre entre las organizaciones indígenas de tierras bajas y para que el Gobernador de Santa Cruz y el Comité Cívico cruceño se muestren partidarios de la marcha y anuncien generosa bienvenida.

Mientras tanto, la seguridad de la marcha, su alimentación y otros apoyos necesarios corren por cuenta del Gobierno, temeroso de dar argumentos a quienes desde la ciudad apoyan la movilización indígena, como sucedió días atrás cuando un presunto grupo de campesinos interculturales intentó impedir el avance de la columna humana. Al mismo tiempo, los viceministros de Autonomías y de Régimen Interior coinciden en señalar que no hay un pliego de demandas sobre el cual discutir.

Finalmente, la dirigencia de la Central de Pueblos Indígenas del Beni ha afirmado que se trata de una marcha sin mandato orgánico y que está compuesta por antiguos líderes que apenas se representan a sí mismos; “es una total aventura, es ir a darles la mano a los patrones que estos compañeros tienen”, afirmó el vicepresidente de la CPIB.

Se espera que la marcha arribe a la capital cruceña el 24 de septiembre, efeméride departamental. Es previsible que el momento tenga amplia cobertura y esté llena de mensajes a favor de unos y en contra de otros; será triste constatar que, una vez más, hay una evidente instrumentalización de las identidades y demandas indígenas.

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¿Referéndum 2022?

Es fundamental que la reforma de la administración de justicia sea resultado de un amplio proceso de participación y deliberación.

Por La Razón

/ 15 de septiembre de 2021 / 01:59

En medio del malogrado debate sobre la imprescindible reforma de la justicia en el país, se plantea realizar un referéndum para la reforma parcial de la Constitución Política del Estado. El objetivo principal, entre otros, es modificar la modalidad de elección de las altas autoridades judiciales. El tema no es nuevo (se discute desde hace una década), pero resulta impostergable.

Un tema de coincidencia entre oficialismo y oposición, además por supuesto de la ciudadanía, es que la administración de justicia en el país afronta una crisis severa, de larga data. Se requiere, por tanto, una reforma estructural. Ello no se limita a la forma de elegir y distribuir magistrados y jueces, sino también a cuestiones normativas, de transparencia, presupuestarias. Claro que el tema de fondo es garantizar la independencia del Órgano Judicial, del Ministerio Público y del Tribunal Constitucional.

La última reforma sustantiva de la administración de justicia en Bolivia se produjo en el ámbito de la Asamblea Constituyente. Entre otras importantes innovaciones, la nueva Constitución Política, en su Título III, estableció la elección directa de las altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental. La votación popular está precedida de una fase de preselección de postulantes en la Asamblea Legislativa.

Luego de dos experiencias de elecciones judiciales (2011 y 2017), cuestionadas por la oposición que alentó la nulidad del voto, uno de los temas de discusión tiene que ver precisamente con la modalidad de elección de los magistrados. ¿Se mantiene la elección popular en dos fases, vistos sus malos resultados? ¿O se la cambia por otra fórmula, que no implique volver al cuoteo partidario? Este último camino requiere la reforma parcial de la Constitución Política, que debe ser aprobada en referéndum constitucional.

Al inicio de la gestión del actual Gobierno, el ministro de Justicia, Iván Lima, propuso realizar dicho referéndum junto con las elecciones subnacionales. La idea fue rápidamente desechada por varias razones, empezando por los plazos. Ahora el camino del referéndum es planteado por un grupo de juristas de la oposición, que están diseñando una propuesta de reforma. Y plantean hacerlo por iniciativa popular, esto es, con la firma de al menos el 20% del padrón electoral. Parece complicado.

Más allá de la decisión que se tome sobre la modalidad de elección de las altas autoridades judiciales, y de si ello implica o no un referéndum constitucional, es fundamental que la reforma de la administración de justicia sea resultado de un amplio proceso de participación y deliberación, que conduzca a un acuerdo nacional. Cualquier camino de imposición o atajo decisorio, sin consensos, nacerá con la legitimidad magullada. El desafío es demasiado complejo como para dejarlo librado a la voluntad de unos pocos.

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