Sociedad

miércoles 8 dic 2021 | Actualizado a 22:07

Policía, sin pistas de los ladrones de Patacamaya

La Policía cree que el que disparó a la niña era un hombre disfrazado

Por La Razón

/ 25 de marzo de 2011 / 05:00

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) no cuenta con pistas para dar con los asaltantes que participaron del atraco en el que Silvia Laura (4) recibió un tiro que le provocó la muerte cerebral y su posterior deceso.

«Estamos trabajando intensamente. Lamentablemente la información es muy vaga, no tenemos muchos elementos para identificar a los delincuentes», señaló ayer a Erbol el director de esa repartición policial, coronel Rosalío Álvarez. Explicó que el padre de la niña, Héctor Laura, a quien los delincuentes le robaron Bs 1.000, no logró recordar la placa del auto blanco en el que los asaltantes se dieron a la fuga.

Según hipótesis de la Policía, la supuesta mujer que disparó contra la niña en realidad es un hombre. «Nunca se registró una mujer que utilice un arma y dispare a sangre fría a sus víctimas», dijo. Álvarez explicó que el atraco tuvo lugar en un punto  apartado de Patacamaya, por lo que se presume que los antisociales conocían la zona  del altiplano paceño.

La niña recibió el disparo en el rostro y la bala ingresó a la cavidad craneal. Agonizó tres días en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital del Niño. El miércoles su corazón de detuvo y falleció. El padre de la menor pide ayuda económica para llevar el cadáver de la pequeña hasta Patacamaya para enterrarla.

Temas Relacionados

Comparte y opina:

Cumbre por la Justicia

Un primer paso para la cumbre será brindarle legitimidad para garantizar que sea participativa.

Por La Razón

/ 8 de diciembre de 2021 / 03:42

El gobierno del presidente Arce anunció para marzo del próximo año la realización de una Cumbre por la Justicia. Aunque hay comprensible escepticismo, es deseable que este encuentro permita lograr acuerdos amplios y sólidos para impulsar la necesaria e impostergable reforma del sistema judicial en el país. La cumbre debiera estar precedida de un tejido propositivo y de concertación.

Ya es un lugar común sostener que la administración de justicia en el país está en crisis. Su situación es crónica y tiene larga data. También es frecuente señalar que la necesidad de una reforma judicial profunda es ampliamente apoyada por la población. No es nada nuevo. El tema irresuelto, pese a reiterados anuncios, es cómo realizar esa reforma, con qué alcances y cuándo. Hasta ahora se han expresado diferentes voluntades, existen varias propuestas en mesa y algún debate, pero no hay resultados.

En ese marco, la convocatoria —todavía no formalizada— para una Cumbre Nacional por la Justicia dentro de tres meses, en sí misma, es objeto de debate. El Ejecutivo, a través del Ministro de Justicia, asegura que será un cónclave decisivo para la reforma. Y que ya se está avanzando en seis ejes. La oposición, en tanto, desconfía de la iniciativa y cree que tiene fines de distracción. Un primer paso para la cumbre, pues, será brindarle legitimidad para garantizar que sea participativa.

Hace cinco años, en la ciudad de Sucre, se hizo una cumbre con el mismo propósito: reformar la Justicia. Varias instituciones y sectores sociales participaron, integrando seis mesas de trabajo. Hubo conclusiones y propuestas importantes. Uno de los principales acuerdos fue mantener el sistema de elección de las altas autoridades judiciales por voto popular. El problema de la cumbre fue la ausencia de actores de la oposición. La cumbre, por tanto, no generó el necesario acuerdo nacional. Y no hubo avances.

¿Podemos esperar que la cumbre de marzo de 2022 sea diferente? ¿Qué condiciones se requieren para el efecto? Para que sea una cumbre nacional es fundamental que incluya a todos los actores relevantes, sin exclusiones políticas. Se requiere también que sea un auténtico espacio deliberativo, con argumentos y propuestas. De nada sirve reunirse y dialogar entre conversos. Y es evidente que debe haber un trabajo previo para acercar posiciones, hoy irreconciliables. Asumimos que nadie quiere una cumbre fallida.

La transformación integral de la Justicia en el país es una necesidad impostergable. El diagnóstico crítico muestra varios campos que deben ser reformados. El más sensible sin duda es garantizar la idoneidad e independencia de todos los administradores del sistema. Ello implica por supuesto mirar más allá del Órgano Judicial. Se deben reformar también el Ministerio Público y la Policía Nacional, que es donde se inicia la cadena de injusticias. La agenda de reforma es amplia. Y debe ser profunda.

Comparte y opina:

Ítems fantasma

El negocio era tan rentable que solo el principal denunciado compró seis viviendas de lujo y 18 automóviles.

Por La Razón

/ 6 de diciembre de 2021 / 04:05

Aunque el caso ya había sido denunciado por el entrante Gobierno Municipal en mayo de este año, fue la semana pasada cuando finalmente estalló el escándalo de cientos de ítems fantasma creados en la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra durante las gestiones de Percy Fernández y Angélica Sosa. El escándalo se agrava al considerar quiénes podrían estar implicados.

Fue el lunes de la semana pasada cuando la exesposa del ahora principal acusado denunció que el entonces director de Recursos Humanos creó en total 800 ítems fantasma en la burocracia del Gobierno Autónomo Municipal, cobrando él y sus cómplices los salarios mensuales durante años. Al día siguiente, la Alcaldía se sumó a la denuncia aportando numerosos datos que dan cuenta del tamaño de la operación corrupta.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la operación de los empleados municipales consistió en registrar en planillas los nombres de los supuestos funcionarios y entregarlas a una cooperativa de ahorro y crédito que administra los recursos de ese gobierno municipal, y eran ellos mismos quienes firmaban a cuenta de los supuestos titulares y recogían el dinero. Hasta ahora son cuatro los investigados, pero ya se anunció que la exalcaldesa ha sido citada a declarar.

Al parecer, el negocio era tan rentable que solo el principal denunciado compró seis viviendas de lujo y 18 automóviles a su nombre. Según el director Jurídico del Gobierno Municipal cruceño, el funcionario corrupto llegó al extremo de comprar, el mismo día, tres inmuebles y, días después, cinco automóviles. Todo ello sin que se activen las alarmas del sistema financiero. Se afirma también que el denunciado tiene cuentas bancarias en el extranjero, así como otros inmuebles.

Apenas hizo pública la denuncia, la exesposa del presunto corrupto recibió amenazas a su vida y la de sus familiares y culpó a la exalcaldesa por estas, pero la exautoridad negó a través de un video ser capaz de tal cosa, y su abogado, Jerjes Justiniano (abogado también del Gobernador de Santa Cruz y exministro de Justicia durante el gobierno de Jeanine Áñez), afirmó que su clienta es la más interesada en que se aclare el caso.

Pero al perecer las ramificaciones del caso no solo llegan al exejecutivo municipal, que seguramente tendrá dificultades para explicar cómo es que no se enteró de una operación que habría costado a las arcas municipales al menos Bs 153 millones: el Fiscal General del Estado decidió enviar a la capital cruceña una comisión de fiscales, pues debe investigarse también por qué el Fiscal Departamental rechazó el caso cuando se presentó en mayo pasado.

Hay, pues, evidencia de una rampante corrupción en la anterior gestión municipal cruceña, y el caso podría implicar a exautoridades; pero lo más preocupante es que el caso solo mereció atención pública porque una persona particular lo denunció y no porque las instancias de control estatal hubiesen hecho algo al respecto.

Comparte y opina:

Marcha fallida

El problema de la marcha indígena 2021 es que se distorsionó rápidamente y fue cooptada por la oposición.

Por La Razón

/ 5 de diciembre de 2021 / 01:13

Caminaron 37 días desde Trinidad hasta su arribo a Santa Cruz de la Sierra. Partieron sin decisión orgánica de sus entidades matrices y llegaron arropados por la oposición cruceña. Exigieron reunirse con los presidentes de los cuatro órganos del poder público, pero solo lograron conversar con el gobernador cruceño. Dos meses después, en soledad, retornaron a sus territorios.

La marcha indígena por “Territorio, identidad y cultura” recorrió más de 500 kilómetros, nada menos, desde que partió de la capital beniana. La razón de origen era la defensa de su territorio. En el camino los marchistas fueron ganando adeptos y definiendo sus demandas. Pocos días después de su arribo a la capital cruceña tenían un pliego petitorio de 15 puntos. La parte final del trayecto, y sobre todo su llegada a Santa Cruz, tuvo muchos reflectores mediáticos y algunos padrinos políticos.

Al igual que anteriores marchas indígenas, algunas fundacionales como la “Marcha por la Dignidad y el Territorio” de 1990, la reciente marcha de pueblos indígenas de tierras bajas se asumió como un mecanismo pacífico para hacerse visibles ante los poderes públicos, en especial el gobierno central, y exigir su reconocimiento como sujetos, la defensa de sus territorios, el respeto de sus derechos colectivos. En el actual contexto, de algún modo se trató de una interpelación al Estado Plurinacional.

Más allá de que esta marcha no haya respondido a un mandato orgánico e implique una división de las organizaciones indígenas, los temas que finalmente fueron planteados como pliego expresan una larga acumulación de demandas. Así, están cuestiones recurrentes como tierra y territorio, otras estructurales como la representación directa y el proceso de autogobierno indígena, algunas de carácter normativo y financiero, y otras más bien específicas vinculadas a la provisión de servicios. Hay de todo.

El problema de la marcha indígena 2021 es que se distorsionó rápidamente y fue cooptada por la oposición cívica y política en su disputa contra el oficialismo. En poco tiempo, los marchistas fueron declarados “nuestros indígenas” (sic) por quienes suelen ignorarlos o despreciarlos. El gran recibimiento de la marcha en Santa Cruz, por supuesto, fue instrumental. Había que sumar demandas y conflictos contra el Gobierno. Cuando ya no hicieron falta, volvieron al olvido, como sus demandas legítimas.

El otro error de los marchistas fue su maximalismo. De entrada, exigieron reunirse con el presidente Arce, el vicepresidente Choquehuanca y los presidentes de los órganos Judicial y Electoral. Eran ellos o nada. Así, rechazaron la comisión designada por el Gobierno para negociar sus demandas, que finalmente se canalizaron parcialmente por fuera del “Parlamento de Naciones Indígenas”. Sin diálogo, la marcha tuvo que replegarse. Es lamentable que, más allá de su valor testimonial, haya sido una marcha fallida.

Comparte y opina:

Definiciones chilenas

Los votantes tienen una tarea muy difícil que podría definir escenarios desafiantes y de gran complejidad.

Por La Razón

/ 4 de diciembre de 2021 / 00:37

Chile está viviendo un momento histórico excepcional. En 15 días tendrá que elegir presidente entre dos candidatos con proyectos políticos muy distantes. Será una decisión trascendental que definirá las posibilidades de gobernabilidad del próximo gobierno de esa nación y las condiciones en que podría completarse el inédito proceso de redacción y aprobación de una nueva Constitución.

El hermano país transandino está embarcado en una intensa campaña que concluirá en la segunda vuelta de la elección presidencial el domingo 19 de diciembre. Los candidatos a la primera magistratura son Gabriel Boric, representante de una amplia coalición de fuerzas de izquierda y progresistas, y José Antonio Kast, dirigente de un partido con propuestas que algunos califican de extrema derecha, el cual está apoyado coyunturalmente por todas las fuerzas tradicionales de centroderecha que se quedaron sin representante después de la primera vuelta.

La calificación de Kast a la ronda final de esos comicios ha sido una sorpresa y ha mostrado la habilidad de ese personaje para responder con ideas extremas e incluso autoritarias a las preocupaciones de muchos chilenos frente a la inmigración, la delincuencia y la demanda de orden en un momento con mucha inestabilidad y conflictividad social.

Preocupa que detrás de esa candidatura se alineen voces y propuestas contrarias a las transformaciones que se está impulsando en la Asamblea Constituyente, actualmente en pleno trabajo de redacción de una nueva carta magna que supere la que fue impuesta por el régimen militar, y con posturas que afectan los derechos de las mujeres y las minorías. La gobernabilidad y estabilidad del país podrían ser muy complicadas en un escenario de coexistencia de visiones tan contrapuestas en dos espacios centrales del entramado institucional actual de ese país.

El otro candidato tampoco enfrenta un escenario menos complejo. Boric deberá despejar las dudas sobre su experiencia de gobierno y sobre todo acerca de su capacidad de manejar la economía, manteniendo el crecimiento y ampliando, al mismo tiempo, derechos sociales. Tareas complejas, aún más considerando que contará con mayorías muy exiguas e inestables en el Congreso para llevarlas a buen puerto. Eso, además, de la notoria desconfianza de gran parte de la élite empresarial frente a un gobierno de izquierda compuesto por dirigentes jóvenes y con escasos vínculos con los poderes fácticos.

Los votantes tienen una tarea muy difícil que podría definir escenarios desafiantes y de gran complejidad para la nación vecina. Por la importancia que tiene Chile para nuestro país y por la simpatía que siempre tendremos por el valeroso y trabajador pueblo chileno, se esperaría que al final se elija la opción más coherente con un cambio positivo para las mayorías y que fortalezca la democracia y la integración regional.

Comparte y opina:

Cultivar el diálogo

La principal preocupación de las y los alcaldes era conocer de dónde provienen los $us 33.197 millones.

Por La Razón

/ 3 de diciembre de 2021 / 01:12

El martes último, autoridades de gobierno, encabezadas por el Viceministro de Autonomías, se reunieron con alcaldes de los nueve gobiernos municipales de capitales de departamento, más El Alto, y acordaron formar tres mesas de trabajo para discutir y avanzar en la ejecución de la Ley 1407, del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025. El diálogo se ve como el mejor camino.

Al parecer, fue a instancias de las y los 10 alcaldes de las principales ciudades del país que el Gobierno nacional se avino al diálogo el 22 de noviembre, cuando estas autoridades se desmarcaron de la corriente impulsada por el comité cívico cruceño y seguida por los partidos Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos en la Asamblea Legislativa a través de sendos recursos ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, los unos observando la supuesta inconstitucionalidad de la norma, los otros hablando de “anticonstitucionalidad”.

El resultado de la reunión fue el acuerdo de establecer tres mesas de trabajo: salud, reactivación económica y lucha contra el contrabando; pero además se obtuvo el reconocimiento de parte de las autoridades municipales de que la ley no vulnera las autonomías, idea que el burgomaestre de Santa Cruz de la Sierra sintetizó diciendo que “hemos coincidido en que se va a respetar las autonomías”, mientras que el Alcalde de La Paz señaló en su Twitter estar contento “porque hemos generado confianza y buena política que anteponen el beneficio colectivo, el bien común”.

En rigor, la principal preocupación de las y los jefes de gobiernos locales era conocer de dónde provienen los $us 33.197 millones anunciados en el anexo de la norma y que se espera sean invertidos en los próximos cuatro años, pues ya se había identificado que, como señaló el director ejecutivo de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) en entrevista con La Razón Radio, los argumentos de CC son “falsos” y que buscan confundir a la población.

A pesar de este acuerdo, que había sido precedido por la decisión de las universidades autónomas del país de no participar en las protestas y movilizaciones, ayer, representantes de CC y Creemos anunciaron que mantienen su demanda de abrogar la norma, brindando una lectura forzada del artículo 317 de la Constitución Política del Estado e ignorando lo dispuesto en los artículos 298, que establece como competencia privativa del nivel central del Estado la “política económica y planificación nacional”, 300 y 302, donde se señala que el desarrollo departamental y municipal deben ser planificados “en concordancia con la planificación nacional”.

Queda, pues, la evidencia de que, por un lado, los partidos opositores en la Asamblea Legislativa han adoptado una estrategia ciega y sorda destinada a impedir el debate democrático; pero, por el otro, que es posible establecer bases para construir un diálogo orientado a solucionar demandas y necesidades de la población antes que apetitos personales o de clase de unos pocos dirigentes dispuestos a dañar la democracia antes que reconocer la autoridad del Gobierno.

Comparte y opina:

Últimas Noticias