Sociedad

miércoles 20 ene 2021 | Actualizado a 05:50

La Fejuve creará su propia línea de trufis

Trufis. Se cobrará Bs 1,50 por tramos y Bs 1,80 de parada a parada

Por La Razón

/ 1 de abril de 2011 / 05:00

«Ante el anuncio del incremento de las tarifas, la Fejuve La Paz ha creado el transporte libre vecinal. Ya tenemos 300 carros inscritos y vamos a inaugurar el servicio en unos 20 días», aseguró el dirigente.

Vera explicó que el nuevo servicio de transporte estará compuesto por una línea de trufis que estará identificada con la bandera de La Paz y que tendrá la tarifa de Bs 1,50 por tramos, y de Bs 1,80 de parada a parada. «Por ejemplo, de Villa Fátima hasta San Jorge será una de las rutas. Otra de Villa Copacabana al centro».

El representante vecinal indicó que solamente falta la personería jurídica para iniciar el servicio que beneficiará a la ciudad de La Paz.

  Respecto a una posible reacción del transporte sindicalizado, Vera manifestó que hay la previsión de que los choferes quieran evitar la circulación del nuevo servicio, pero añadió que serán los mismos ciudadanos los que defenderán el nuevo transporte público. «Ya nos han amenazado, pero todas las juntas vecinales nos hemos comprometido a defender el servicio», dijo.

  El representante de la Fejuve convocó a los transportistas a sumarse a la iniciativa vecinal. Anunció que el ingreso al servicio es gratuito.

La anterior semana, la cumbre por mejor transporte para La Paz determinó que en 15 días una comisión integrada por la Alcaldía de La Paz, los choferes sindicalizados, Tránsito y organizaciones sociales deben elaborar la hoja de costos, que será la base técnica de las nuevas tarifas del servicio.

Federados en apronte

René Vargas, dirigente de la Federación de Choferes de La Paz, dijo ayer que la Alcaldía debe hacer respetar las rutas. «No estamos de acuerdo, quieren relocalizarnos».

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Policía quinquenal

El objetivo: una Policía que, en lugar de cuidar sus intereses, defienda la sociedad y conserve el orden público.

Por La Razón

/ 20 de enero de 2021 / 03:03

En el marco de la aprobación y puesta en vigencia de su Plan Estratégico 2021-2025, la Policía Boliviana afronta una severa crisis institucional derivada de factores estructurales y organizativos. A ello debe añadirse, como agravante, su desempeño en la crisis de octubre y noviembre de 2019. La institución policial, una vez más, ante el fallido reto de su reforma y renovación.

Entre otros puntos, la Constitución Política del Estado establece de manera inequívoca dos aspectos sustantivos respecto a la Policía. El primero es que, como fuerza pública, “tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público”, además del cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano. El segundo aspecto es que, como institución, “no delibera ni participa en acción política partidaria”. En el presente, ambas cualidades están en cuestión.

Así las cosas, la necesidad impostergable de una reforma profunda en la institución verde olivo es declarada por todos (Gobierno, ciudadanía, los propios policías). Pero ocurre con la Policía algo similar que con el sistema de administración de justicia: es un lugar común asumir que está en crisis, con magulladuras, carente de legitimidad; pero la reforma no llega. Son recurrentes los ministros de Gobierno y comandantes policiales que arriban prometiendo cambio y terminan cambiados por la realidad.

Desde hace más de dos décadas, diferentes estudios revelan algunos males congénitos de la Policía Boliviana. A saber: la corrupción (en sus diferentes expresiones), las condiciones laborales y el sistema formativo. Demás está decir que el necesario vínculo de confianza entre la institución y la ciudadanía está cada vez más estropeado. Peor todavía si contamos el desempeño político de unidades policiales, como el sincronizado motín de 2019 que derivó en el derrocamiento de un presidente constitucional.

Así se sitúan y entienden las hoy reiteradas interpelaciones a la Policía, empezando por el presidente Luis Arce, quien les recuerda que “nunca más” deben dar la espalda al pueblo para ponerse al servicio de un gobierno de facto. O en palabras del titular de Gobierno: “La Policía Boliviana nunca más puede ir contra un Gobierno constitucional y legítimo”. E incluso, desde sus propias filas, en la expresión firme del Comandante policial: “Nunca más (la Policía) puede asumir acciones partidistas”.

¿Qué hacer para la reforma de la Policía? ¿Cómo revertir su crisis? Es evidente que los planes estratégicos, siempre necesarios, no son suficientes. Tampoco bastan las voluntades de autoridades y comandantes. Ni es solo un problema presupuestario, de lealtades o de disciplina. Todo ello cuenta, pero se necesita una reestructuración de fondo para lograr el objetivo: una Policía Boliviana que, en lugar de cuidar sus intereses, defienda a la sociedad y conserve el orden público. Sin coimas ni motines.   

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Una bomba de tiempo

Urge, pues, una nueva mirada sobre el problema de la basura, que no solo contemple la necesidad de industrializar los residuos sólidos, sino sobre todo una gestión metropolitana del asunto.

Por La Razón

/ 18 de enero de 2021 / 01:55

Luego de varios días se levantó una protesta movilizada, que en este caso consistió de un bloqueo en el camino que une El Alto con Villa Ingenio, donde se emplaza el relleno sanitario de esa ciudad, que hace tiempo debería haber sido cerrado pues ya concluyó su vida útil. La protesta no es la primera y dista mucho de ser la última, pues aparentemente no hay muchas alternativas.

La situación es de una urgencia que no condice con la respuesta de las autoridades municipales, ni de la gestión que está a punto de concluir, ni de las anteriores, que en aquel momento eran aliadas del gobierno de turno. Se trata no solo de los derechos de las y los vecinos de la zona, no todos dedicados a actividades relacionadas con el reciclado de basura, sino también de un asunto de salud pública, como se hace evidente en días de bloqueo, cuando la basura se acumula en las calles con todo el riesgo sanitario que ello implica.

Esta vez se habló de 4.100 toneladas de basura acumuladas luego de seis días de bloqueo, lo cual da cuenta de la cantidad de residuos sólidos que esa ciudad, la segunda más poblada de Bolivia, produce cotidianamente. Súmese a eso iguales cantidades de basura que se producen diariamente en las ciudades vecinas de El Alto, comenzando por La Paz y Viacha, para tener una idea de la magnitud de la necesidad de encontrar nuevas formas de tratar los desechos sólidos, diferentes de simplemente enterrarlos.

La respuesta del gobierno local alteño al conflicto de los últimos días, lo mismo que al de hace semanas, ha sido de negar la gravedad del problema, probablemente por simple incapacidad de darle una respuesta siquiera aceptable, ya que no solo requiere de grandes cantidades de dinero, sino también voluntad política, pues el asunto demanda toda clase de acuerdos.

Entre esos acuerdos está el de la necesaria gestión metropolitana de los residuos sólidos, pues La Paz atraviesa un problema similar y los otros municipios vecinos en algunos casos ni siquiera cuentan con planes de gestión de residuos y, por ahora, se arriesgan administrando simples botaderos que no cumplen con las mínimas condiciones de gestión de la basura y sus derivados.

Súmese a ello la experiencia de la ruptura de uno de los diques en el relleno sanitario de Alpacoma, hace ya dos años, cuando los alcaldes de municipios vecinos vieron su oportunidad para hacer política a costa del Alcalde paceño y sus crisis, cuando no negocios sospechosamente acelerados, en lugar de aprovechar la circunstancia para plantear la necesidad de un gran acuerdo.

Urge, pues, una nueva mirada sobre el problema de la basura, que no solo contemple la necesidad de industrializar los residuos sólidos, sino sobre todo una gestión metropolitana del asunto, pues así como el agua, este es un asunto que ya no puede ni debe ser gestionado por cada gobierno local sin contemplar a los demás.

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Suspender campañas

Las propuestas y el debate programático están prácticamente ausentes del espacio público-político.

Por La Razón

/ 17 de enero de 2021 / 01:34

A reserva de las decisiones que se puedan tomar en las siguientes semanas respecto al proceso electoral en curso en el país, se están cumpliendo en plazo cada una de las actividades previstas en el calendario de los comicios. Continúa en tanto el debate, ya conocido, sobre la pertinencia o no de postergar la votación dada la crítica situación sanitaria por la pandemia.

En respuesta a las voces que piden suspender las elecciones subnacionales, el TSE ha comunicado oficialmente que sigue trabajando en la organización de los comicios convocados para el 7 de marzo. Así, el próximo jueves vence el plazo final para la sustitución de candidaturas por renuncia. Y el 5 de febrero está prevista una actividad fundamental: el sorteo público para la selección de jurados de las mesas de sufragio. Ese mismo día se inicia la difusión de propaganda electoral en medios de comunicación.

En ese marco, a la espera de informes técnicos acerca de la curva de contagios en la agresiva segunda ola del COVID-19, dentro de siete semanas las y los bolivianos acudiremos nuevamente a las urnas. Esta vez debemos elegir gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes y concejales municipales (en algunos casos se eligen otras autoridades departamentales y regionales). La pregunta nuevamente, como el año pasado, es en qué condiciones de bioseguridad llegaremos a la jornada electoral.

Más allá de las implicaciones de una elección en un contexto de pandemia, es importante plantear algunas inquietudes sobre la calidad del proceso electoral venidero, que cierra un largo y complejo ciclo en el país. Y es que luego del ruido de la selección y registro de candidaturas —con sorpresas, fisuras, alguna renovación y mucho transfuguismo—, las propuestas y el debate programático están prácticamente ausentes del espacio público-político. Así difícilmente podremos esperar un voto informado.

A ello se añade la decisión de algunas organizaciones políticas y cada vez más candidatos de suspender sus actos públicos de campaña —en especial eventos masivos que impliquen riesgos de contagio—. Cierto que esto no significa, por supuesto, que haya un paréntesis en la disputa electoral, sino que la misma tendrá que concentrarse en los medios de comunicación, redes sociales digitales y otras formas de comunicación interpersonal. Siendo limitante, no debería degradar ni menos clausurar el debate.

Considerando la experiencia de las elecciones de octubre, hay quienes sostienen que no es necesario postergar los comicios subnacionales. Se argumenta que la votación, bajo protocolos de bioseguridad, no derivó en el aumento de casos. Es decir, la jornada de votación misma no implica un riesgo sanitario mayor. Pero el desafío democrático no es solo garantizar la participación ciudadana (siempre menor que en una elección general), sino en especial un proceso plural, transparente, programático y competitivo.

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Conflictos distributivos

Esta escaramuza es ilustrativa del tipo de conflictos distributivos que el Gobierno tendrá que resolver a lo largo de este año.

Por La Razón

/ 16 de enero de 2021 / 02:01

La economía sigue sufriendo los efectos de la pandemia y las autoridades gubernamentales se enfrentan a decisiones difíciles y controvertidas. Parecería que las demandas por medidas compensatorias y de protección seguirán siendo importantes en este año, provocando conflictos distributivos no menores.

La controversia sobre el diferimiento de créditos y el establecimiento de un periodo de gracia de seis meses, acompañada de movilizaciones del autotransporte y reclamos de las entidades financieras privadas, está mostrando la complejidad de los problemas que el nuevo Gobierno tendrá que resolver en esta etapa de persistencia de la pandemia.

La dificultad proviene de la obligación de mediar entre requerimientos a priori contradictorios, pero que deben ser armonizados de alguna manera, minimizando los costos que eso implica entre los involucrados y el propio Estado. Por una parte, es evidente que la actividad económica no se está normalizando y que muchos sectores siguen trabajando por debajo de su potencial ya que persisten restricciones coercitivas establecidas por el Estado ligadas a la lucha contra la pandemia que no les permiten alcanzar el nivel de ingresos al que estaban acostumbrados.

Es el caso del sector de restaurantes, turismo y por supuesto transporte. Pese a los esfuerzos, no están logrando recobrar sus pérdidas del año pasado y apenas están ganando una fracción de sus ingresos habituales. Por lo tanto, sus posibilidades de generar recursos para su propia sustentabilidad cotidiana se han debilitado, dejándoles poco margen para además pagar sus compromisos financieros. Por tanto, tienen un problema real, de ahí la fuerte movilización que hemos visto en estos días.

Por otra parte, son también entendibles las preocupaciones de las entidades financieras privadas para las cuales cualquier postergación en el pago de los créditos tiene costos que se tienen que considerar en el balance final. Sin mencionar el temor, también razonable, de que, a este ritmo, se fomenten comportamientos de mora y no pago crediticio en el largo plazo.

Ambos razonamientos son legítimos y tienen sustento en la realidad; de ahí la dificultad para resolver el conflicto, pues implica que ambos sectores entiendan que no pueden mantenerse en una posición inflexible porque eso no es viable. En ese contexto, el Estado tiene el complicado papel de dirimir, encontrando un punto de equilibrio razonable que no será obviamente totalmente satisfactorio para todas las partes, pero que debería disminuir o compensar los costos de unos y moderar los beneficios de los otros.

Más allá de este conflicto específico, esta escaramuza es ilustrativa del tipo de conflictos distributivos que el Gobierno tendrá que resolver a lo largo de este año, asumiendo que la enfermedad seguirá postergando una normalización auténtica de las actividades económicas. La tarea no es fácil.

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Eran semilla

Cuatro décadas después de aquella masacre no solo pervive el recuerdo de los ausentes, sino sobre todo el ideario que los motivó a arriesgar su vida: paz, justicia, democracia, igualdad, principios innegociables para quien busca un mejor país y un futuro que incluya a todas y todos.

Por La Razón

/ 15 de enero de 2021 / 00:42

Hoy se cumplen 40 años de la Masacre de la Calle Harrington, trágico episodio de la historia boliviana en el que ocho militantes de izquierda fueron asesinados por orden del entonces dictador Luis García Meza y su ministro del Interior, Luis Arce Gómez. Entonces creyeron que se acallaban sus voces; sin embargo, su memoria sigue viva y no hubo ni hay forma de silenciarla.

La matanza ocurrió en una vivienda de la calle Harrington, en Sopocachi, donde se había reunido la Dirección Clandestina del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) para planificar la huelga general indefinida en respuesta a las medidas tomadas por el gobierno de facto en contra del pueblo de Bolivia. De las nueve personas allí congregadas, solo Gloria Ardaya sobrevivió para narrar lo sucedido.

Eran tiempos de miedo, de toques de queda, de persecución, de paramilitares, de ejecuciones sumarias, de represión, de violaciones a los más básicos derechos humanos. Se había interrumpido un proceso democrático que contaba con un sólido respaldo para desatar impunemente un terrorismo de Estado que conculcó los derechos más elementales de la ciudadanía.

Los testimonios de aquel trágico episodio dan cuenta de la brutalidad con que actuaron los paramilitares enviados para evitar cualquier brote de resistencia, de insurrección contra un gobierno que meses antes se había instalado no para hacer de Bolivia un mejor país, sino para que un puñado de hombres, la mayoría militares, se sirviera de la cosa pública y cometiera toda clase de abusos y sangrientas atrocidades. Al final, el nefasto gobierno de facto fue conocido como “narcodictadura”.

Los asesinados esa tarde eran Artemio Camargo Crespo, dirigente minero; Jorge Baldivieso Menacho, responsable Regional del MIR en Chuquisaca; Gonzalo Barrón Rondón, responsable del Frente Estudiantil Universitario y dirigente de la CUB; Arcil Menacho Loayza, responsable Regional del MIR de Pando; Ricardo Navarro Mogro, dirigente del Frente Universitario; José Reyes Carvajal, responsable Regional del MIR en La Paz; Luis Suárez Guzmán, responsable del Frente Docente-Universitario, y Ramiro Velasco Arce, directivo del Colegio de Economistas. Algunos de ellos fueron torturados antes de ser asesinados.

Cuatro décadas después de aquella masacre no solo pervive el recuerdo de los ausentes, sino sobre todo el ideario que los motivó a arriesgar su vida: paz, justicia, democracia, igualdad, principios innegociables para quien busca un mejor país y un futuro que incluya a todas y todos. Los asesinos creyeron haberlos matado, pero no hicieron más que sembrar la semilla del compromiso.

Recordarlos hoy, además, es necesario pues luego de un trágico 2019, también regado de sangre como las dictaduras de antes, urge evitar que en lo sucesivo volvamos a ver la aberrante imagen de 2020 de personas arrodilladas en las puertas de un cuartel, pidiendo que la democracia sea rota una vez más.

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