Sociedad

lunes 18 oct 2021 | Actualizado a 06:37

Chancadoras dañan asfalto de vía a Peñas

El nuevo asfaltado le costó a la Gobernación más de Bs 27 millones

Por La Razón

/ 7 de abril de 2011 / 05:00

El Servicio Departamental de Caminos (Sedcam) reportó la destrucción del nuevo asfaltado de la carretera a Peñas, provincia Los Andes, debido al paso de  chancadoras usadas para explotar áridos y piedras (agregados) en esta zona.

La mencionada ruta, en la que la Gobernación invirtió más de Bs 27 millones, tiene una extensión de 12 kilómetros y conecta las provincias Omasuyos y Larecaja, del departamento de La Paz.  Beneficia directamente a 6 mil personas de Peñas e indirectamente a más de 100 mil pobladores de las provincias Los Andes y Omasuyos.

Informes. Carlos Sánchez, técnico de la Unidad de Fiscalización del Servicio Departamental de Caminos, pidió a las autoridades municipales de Batallas que realicen el mantenimiento de la carretera afectada.

«Vinimos a ver el comportamiento del asfaltado de esta carretera, que comunica a Peñas con la red troncal, pero nos causó sorpresa encontrar estos baches. Es labor del municipio de Batallas hablar con los dueños para evitar la destrucción del asfalto y así ahorrarnos problemas», dijo.

En la Gobernación de La Paz también se sospecha que las chancadoras operan en forma ilegal, ya que no pudo establecer a qué empresa pertenecen; no se descarta que se pida el resarcimiento a los responsables por los daños causados al patrimonio público por parte de los vecinos.

«Mientras tanto, el municipio debe aclarar la situación de las mismas», se dijo. El asambleísta departamental por la provincia Los Andes, Adelio Tito, recordó que no existió un acuerdo para la explotación de agregados para la construcción.

«Son competencias del Alcalde y concejales tratar este asunto, así que se envió una nota para verificar qué tipo de tránsito existe  en el lugar y pedir al Alcalde de Batallas que nos dé un informe respecto a la carretera y las chancadoras que tienen estos problemas», precisó el representante departamental, Adelio Tito.

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18 años de impunidad

Lo que ha quedado pendiente ha sido la posibilidad de juzgar al expresidente en Bolivia.

Por La Razón

/ 18 de octubre de 2021 / 00:19

Ayer se han recordado 18 años del día en que Gonzalo Sánchez de Lozada y los pocos ministros que se mantenían en su gabinete presentaron sus renuncias y huyeron del país. La precipitada huida y renuncia llegaron precedidas de seis semanas de movilizaciones populares que dejaron al menos 58 personas muertas y 400 heridas. El expresidente huido todavía no ha afrontado a la Justicia.

La sucesión de hechos que condujo a la renuncia del entonces presidente y su círculo más cercano puede rastrearse hasta inicios de septiembre de ese año, cuando coincidieron diversas movilizaciones y protestas locales, entre ellas el bloqueo de caminos en el altiplano por los campesinos que portaban un pliego de demandas de 72 puntos; la población alteña que rechazó los nuevos formularios catastrales; y las protestas conducidas por el Movimiento Al Socialismo (MAS), en contra de la venta de gas natural a EEUU y su exportación por un puerto chileno.

Un frustrado operativo para rescatar a un grupo de turistas varados en Sorata a causa de los bloqueos de caminos, que terminó con cinco muertos, fue la primera gota que derramó el vaso, ya lleno desde febrero de ese año, cuando una anterior movilización popular en contra de las medidas económicas anunciadas por el gobierno había provocado sangrientos enfrentamientos, primero entre militares y policías y luego contra la población movilizada, que había comenzado a causar estragos en oficinas públicas y comercios del centro de La Paz.

Ya para octubre la situación del gobierno era desesperada y el entonces Presidente, apoyado por organismos multilaterales, comenzando por la Organización de Estados Americanos (OEA), anunció que no renunciaría. Los intentos militares por poner un alto a las protestas fueron infructuosos y dejaron más personas muertas y heridas; pero el domingo 12 fue el más sangriento de todos, cuando el intento de llevar gasolina hasta la ciudad de La Paz en un convoy militar provocó la masacre de 26 personas.

Cinco días después, el viernes 17, presionado por una opinión pública crecientemente adversa, nuevas movilizaciones de sectores populares y una huelga de hambre protagonizada por la clase media, que en la víspera se había convertido en multitudinaria manifestación en contra del gobierno, Sánchez de Lozada huyó rumbo a EEUU dejando una carta de renuncia que fue transmitida por fax al Congreso Nacional.

En esa ocasión no hubo ruptura del orden constitucional, pues el entonces vicepresidente asumió el mando solo después de que el pleno de Congreso hubo aceptado la renuncia del mandatario huido; no solo hubo quórum reglamentario en el Congreso, tampoco un militar “acomodó” la banda presidencial al sucesor y se contemplaron todas las formalidades para el traspaso de mando. Lo que ha quedado pendiente, a causa de un deficiente manejo del aparato judicial desde entonces, ha sido la posibilidad de juzgar al expresidente en Bolivia, donde se cometieron los crímenes que hasta hoy se le imputan.

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Fin del caso Fraude

Es fundamental que tengamos la voluntad y la madurez para reconstruir nuestros lazos sociales de convivencia.

Por La Razón

/ 17 de octubre de 2021 / 00:10

Con la decisión del Ministerio Público de “ratificar el sobreseimiento” de los exvocales del TSE, concluyó formal y definitivamente el caso Fraude, iniciado en noviembre de 2019 con la detención arbitraria de todas las autoridades electorales del país. Se cierra así este oscuro capítulo, aunque seguirá persistiendo en la narrativa de quienes fueron derrotados en esos comicios.

El 10 de noviembre de 2019, horas después de que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, difundiera de manera prematura los “hallazgos preliminares” del “análisis de integridad” sobre las elecciones de ese año, la Fiscalía General dispuso la aprehensión de todos los vocales del TSE y de los nueve tribunales electorales departamentales. En algunos casos, violando sus derechos, se los exhibió enmanillados, como trofeo. Así arrancó el caso Fraude, dos días antes de la autoproclamación de Áñez.

Con presunción de culpabilidad, sin debido proceso, las autoridades del organismo electoral, que administraron los comicios generales de octubre de 2019 (luego declarados “sin efecto legal”), fueron acusadas por supuestos delitos electorales. El juicio penal por “fraude” derivó en declaraciones de los aprehendidos, nuevas detenciones, inspecciones de reconstrucción, audiencias y otros actos procesales. Durante un año los fiscales actuaron bajo presión y amenaza del exministro Murillo y la Procuraduría.

Transcurridos casi dos años, el caso Fraude se cierra con la “ratificación del requerimiento conclusivo de sobreseimiento”. Se dispuso así la conclusión del proceso respecto a los imputados, la cesación de medidas cautelares y la cancelación de sus antecedentes penales. En este tiempo, la parte acusadora (incluyendo al dos veces derrotado candidato presidencial, Carlos Diego Mesa) no pudo aportar suficientes “elementos probatorios para sustentar la acusación”. Gritar “fraude monumental” no basta.

De manera paralela, el actual Procurador, bajo el eslogan “Acta x Acta. Democracia y Verdad”, realizó el anunciado recuento público de actas de las elecciones 2019. La previsible conclusión, para su tribuna, es que “no hubo fraude”. Demás está decir que esta acción, que no tiene ningún efecto legal dado el principio de preclusión, se inscribe en la prolongada disputa política sobre la crisis de 2019. Es claro que difícilmente modificará la percepción de quienes sostienen la narrativa del “fraude”.

A estas alturas, dado el desenlace de los hechos (elecciones 2019 sin efecto legal, régimen provisorio, elecciones 2020 con Gobierno electo), es fundamental como país, más allá de la polarización y sus creencias, que tengamos la voluntad y la madurez para reconstruir nuestros lazos sociales de convivencia. Los procesos políticos pasan, la sociedad queda. Ello no implica, por supuesto, renunciar a la imprescindible exigencia de verdad, justicia, reparación y no repetición. Veamos cómo se cierra el caso Golpe.

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Nueva ola, vacunas y responsabilidad

Persiste el riesgo de la aparición de una nueva oleada de contagios con variaciones más contagiosas de la enfermedad.

Por La Razón

/ 16 de octubre de 2021 / 01:37

Aunque sus efectos más graves se han reducido coyunturalmente, la pandemia del COVID-19 sigue siendo una amenaza para la salud pública. Se sigue precisando una acción planificada y coherente de las autoridades gubernamentales de todos los niveles. Llaman la atención los nuevos problemas que están surgiendo en la vacunación y el creciente relajamiento de restricciones sin coordinación.

Después de una tercera ola de contagios en la que se tuvo que lamentar un aumento de la mortalidad y nuevamente fuertes presiones sobre la capacidad de atención de los servicios de salud, hemos experimentado casi dos meses de reducción sostenida de la incidencia de la enfermedad.

Esa tendencia coincidió con una aceleración del ritmo de vacunación que permitió superar el 50% de cobertura entre la población mayor de 18 años y un rápido retorno a la normalidad en casi todas las actividades económicas e inclusive de entretenimiento. Es comprensible la salida de muchas personas a las calles y espacios colectivos después de tantos meses de restricciones.

Sin embargo, esos logros no deberían llevar a la conclusión equivocada de que la pandemia ha sido superada. Persiste el riesgo de la aparición de una nueva oleada de contagios con variaciones más contagiosas de la enfermedad. Aunque los especialistas indican que gracias a la vacunación es posible que la mortalidad de esos nuevos eventos sea más reducida, aún hay peligro para muchas personas, sobre todo en condición de vulnerabilidad.

Se esperaría, por tanto, que las autoridades sanitarias de todos los niveles no bajen la guardia, innovando en las estrategias de vacunación para aumentar rápido su cobertura, preparando a sus servicios y personal de salud para enfrentar una eventual cuarta ola, e implementando campañas sostenidas de información para seguir incentivando las prácticas de protección como el uso de barbijos, limpieza básica y algún grado de distanciamiento social.

Son francamente inquietantes las informaciones que indican que en algunos departamentos habría lotes de vacunas que podrían vencer si no son utilizadas oportunamente o el anuncio de la autorización de grandes eventos con concentraciones masivas de personas sin previamente haber discutido con especialistas los riesgos de tales decisiones.

Frente a estos indicios de desorden, no basta que el Gobierno central se lamente y denuncie, lo cual está bien, pero también debería empezar a plantear soluciones concretas. Las autoridades del Gobierno central, departamental y municipal tienen todas responsabilidades compartidas en estas cuestiones.

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Mala hora del turismo

Lo siguiente será desplegar voluntad política y, sobre todo, disponer recursos para reactivar el sector.

Por La Razón

/ 15 de octubre de 2021 / 00:58

En los últimos tres lustros y poco más, Bolivia ha hecho ingentes esfuerzos por despertar y desarrollar su vocación como atractivo turístico. Desde el emblemático Salar de Uyuni hasta los destinos gastronómicos han sido promocionados dentro y fuera del país, pero la pandemia del COVID- 19 le ha dado un golpe fatal al sector, que hoy lucha por recuperarse y merece apoyo público.

Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), el flujo de turistas extranjeros a Bolivia se redujo de casi 1,24 millones de personas llegadas al país por vía aérea y terrestre en 2019 a poco más de 323.000 en 2020, una reducción equivalente al 74% del total. Aunque se dice que “mal de muchos, consuelo de tontos”, se sabe que el sector tuvo una caída similar en varios países de la región y el mundo: Argentina (-73,4%), Perú (-74%), Brasil (-68,5%), Chile (-67,5%), Estados Unidos (-73,1%) y España (-76,1%).

Expresado en términos financieros, el informe del INE revela que el dinero gastado por las personas extranjeras en Bolivia durante 2019 suma $us 837 millones; en 2020 ese gasto sumó apenas $us 191 millones. Es previsible que tomará un buen número de años llegar a las cifras de 2019, sobre todo considerando el profundo impacto que tuvo el año de pandemia, agravado por la situación política del país, en las empresas operadoras de turismo y de servicios asociados.

Los presidentes de la Cámara Nacional de Operadores de Turismo (Canotur), la Asociación Boliviana de Agencias de Viaje y Turismo (Abavyt), la Cámara Boliviana de Hotelería y la presidenta de la Cámara Hotelera de La Paz coinciden en calificar a 2020 como “año negro” para el sector, al mostrar que no solo se redujo el flujo de visitantes extranjeros, sino que también prácticamente se paralizó el movimiento de turistas nacionales. En La Paz, por ejemplo, la infraestructura hotelera fue ocupada apenas al 3% de su capacidad.

Los ya nombrados representantes de los sectores de turismo y hotelería reclaman al Gobierno mayor atención y, sobre todo, acciones concretas para el sector, que tiene un alto potencial para impulsar la reactivación económica del país; entre ellas están eliminar la cuarentena de 10 días de ingreso a Bolivia, aceptar los pasaportes bioseguros que indican que los turistas se encuentran completamente vacunados, promoción constante en naciones emisoras de turismo a Sudamérica y a Bolivia, además de gestiones para obtener el certificado Safe travel del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por su nombre en inglés) para certificar a Bolivia y sus atractivos como destinos bioseguros.

Las señaladas son apenas algunas de las iniciativas propuestas; una indagación más profunda entre quienes se dedican a las actividades turísticas permitirá identificar muchas más ideas. Lo siguiente será desplegar voluntad política y, sobre todo, disponer recursos para reactivar el sector, para así, ojalá, volver siquiera al punto en el que estaba antes de noviembre de 2019.

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La victoria del ‘paro’

Lo que en realidad hicieron con su medida fue darle una victoria política al Gobierno en las calles.

Por La Razón

/ 13 de octubre de 2021 / 01:29

El “paro nacional” convocado el lunes por la oposición quedó restringido a una suerte de parálisis circulatoria en Santa Cruz, mientras que en la gran mayoría del territorio nacional las actividades fueron normales, con muy pocos puntos de bloqueo y escasos manifestantes. Sin esperarlo, el oficialismo recibió una victoria política coronada ayer con un masivo “wiphalazo”.

En los años del neoliberalismo y de la democracia pactada, asentados en los hoy extintos o residuales MNR, ADN y MIR, se asentó la narrativa de “las dos Bolivias”. Así, desde las élites dominantes se pretendía mostrar que había “una Bolivia que trabaja” (el Oriente) y “una Bolivia que bloquea” (el Occidente). El lunes la ecuación pareció invertirse en la calle con una fracción que “para” (o que pretendió hacerlo) y la otra que coreaba: “queremos trabajar”. Las narrativas, en todo tiempo, dan para todo.

Lejos de ser “contundente”, como evaluaron los promotores de la medida (en especial el Gobernador cruceño, el Comité Cívico y sus operadores mediáticos), el fallido paro político fue en todo caso la demostración de que la ciudadanía está más preocupada en superar la crisis económica y enfrentar la crisis sanitaria que en ir detrás de la polarización política. Diferentes estudios muestran que hay una sensación de agotamiento ante la disputa de relatos de los actores radicalizados de uno y otro lado.

Más allá del balance de un “paro” que deja mal paradas a organizaciones políticas como Creemos y Comunidad Ciudadana, resulta evidente que hay sectores sociales, como los gremialistas, cooperativistas y transportistas, genuinamente preocupados y movilizados por el proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento del terrorismo. La incapacidad del Órgano Ejecutivo para concertar la norma e informar claramente sobre sus alcances permite que se impongan distorsiones y falsedades.

Como sea, en lugar de “arrinconar” al Gobierno, como anunciaron algunos actores de la oposición, lo que en realidad hicieron con su medida fue darle una victoria política en las calles. Dicha victoria se fortaleció con la movilización realizada en desagravio de la wiphala, que flameó ayer en varios actos masivos. Claro que mal harían el oficialismo y el MAS-IPSP en creer que la persistente polarización política, las demandas sectoriales, los problemas de gestión, en fin, están resueltos a su favor.

Pese a su innegable mal cálculo político, algunos opositores persisten en la lógica de ultimátum y amenazas, anunciando un posible paro de 48 horas. Pareciera que todavía no logran asumir que fueron derrotados en las urnas y que el “segundo round” (sic), si quieren que se defina democráticamente, no será con acciones de desestabilización, sino en las próximas elecciones, con buenos candidatos y mejores programas de gobierno. Lo mismo debieran saber algunos oficialistas que apuestan por el enfrentamiento.

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