Una fuente política del más alto nivel nacional, que pidió mantener su nombre en reserva, aseguró a La Razón que quienes dispararon catorce veces contra el vehículo del expresidente Evo Morales son policías que, a posteriori, se refugiaron rápidamente en la Novena División del Ejército, acantonada en Villa Tunari, Cochabamba, y luego fueron evacuados en helicóptero.

“Los militares que están en el regimiento, en el Chapare, admiten que la movilidad que intentó detener a Evo entró al cuartel. Estaba con policías y se fueron en helicóptero”, reveló la fuente a este medio.

También un grupo de militares del recinto militar admitió ante los manifestantes que las camionetas relacionadas con el incidente ingresaron al cuartel con policías. Luego partieron en un helicóptero.

Según el relato de un militar, las camionetas, en las que se encontraban efectivos policiales vestidos de civil, ingresaron al recinto militar y fueron evacuados por orden superior.

“Son policías, nosotros no tenemos esas camionetas. En el cuartel no hay esas camionetas último modelo”, dijo el militar a un grupo de seguidores de Morales, según un video compartido en redes sociales.

Se cree que fue un intento de detener a Evo. Y, ante la falla, los uniformados dispararon al vehículo. “Podían haber matado a Evo y al chofer, el semi blindaje del auto aminoró los impactos”.

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PROYECTILES

La misma fuente indicó que los proyectiles que se incrustaron en el vehículo serán testimonio irrefutable del tipo de armas que se usaron en caso de una investigación.

Sobre el tema, el presidente Luis Arce instruyó una minuciosa investigación para esclarecer este hecho. “Ante la denuncia del expresidente Evo Morales de un presunto atentado contra su vida, he instruido una inmediata y minuciosa investigación, para esclarecer este hecho”.

Desde nuestro nacimiento hace 34 años, hemos recorrido un camino de crecimiento y consolidación, destacándonos como un diario nacional líder y de referencia. Ha sido un andar fecundo, con desafíos y aprendizajes, marcado por un periodismo honesto y responsable. Como toda empresa que opera en un entorno económico cambiante, llega un momento en el que se deben tomar decisiones estratégicas para garantizar su sostenibilidad y permanencia. A partir del 1 de septiembre, iniciamos un nuevo ciclo como medio digital. Es una decisión necesaria para asegurar nuestra continuidad y relevancia.

Hemos analizado en profundidad este nuevo rumbo desde hace algún tiempo, proyectando escenarios futuros, pero sobre todo ponderando el hecho que un periódico es ineludiblemente una empresa y debe regirse por los códigos de un manejo responsable y sostenible. En ese sentido, estamos impulsando un modelo de negocio diferente al anterior.

La actual crisis económica boliviana, con su impacto en los flujos de divisas y en nuestra logística operativa, particularmente en la importación de materia prima, y la reconfiguración de la inversión del mercado publicitario, ha motivado el cambio: a partir de septiembre La Razón no tendrá una versión en papel y trasladaremos nuestras ediciones al «papel digital», concentrando nuestros esfuerzos en ofrecer un producto de calidad e interactivo a la altura de los tiempos.

En este contexto de consolidación digital, fortaleceremos nuestra presencia en línea, desarrollando nuevas herramientas y formatos. Potenciaremos La Razón Digital, ofreciendo contenidos innovadores y mejorados como La Razón Radio, el programa Piedra, Papel y Tinta, y los programas deportivos Marcas y Fútbol sin Anestesia, en streaming y televisión. La constante evolución de La Razón Digital y nuestras propuestas en redes sociales continuarán y reflejan el inicio de este ciclo en nuestra trayectoria.

Hoy en día, el periodismo impreso enfrenta desafíos sin precedentes. La irrupción de Internet, junto con el auge de las plataformas y redes sociales, han transformado los hábitos informativos de las personas e impactan profundamente en el modelo de negocios de los diarios impresos a nivel global. La Razón se adapta a ese nuevo contexto.

Apreciadas y apreciados lectores, más allá del soporte mediático, el grupo propietario del diario, la dirección y todo el equipo de La Razón reafirmamos nuestro compromiso con un trabajo responsable y de calidad.

Esta transformación es un paso más en nuestra evolución y estamos convencidos de que, con la confianza de nuestros lectores, colaboradores y columnistas, continuaremos siendo un pilar en la conversación pública y democrática del país. Septiembre marca el nacimiento de una nueva etapa para esta casa periodística, una etapa que enfrentamos con convicción y optimismo, seguros de que las decisiones tomadas hoy garantizarán nuestra permanencia y éxitos en el futuro.

El contexto de la economía boliviana está acompañado por una serie de factores tanto internacionales como domésticos, que han creado una situación extremadamente compleja. Sería apropiado mencionar la desaceleración económica a nivel mundial, que implica condiciones desfavorables, así como desafíos a escala interna que incluyen la presencia de problemas estructurales y de desconfianza.

Todos estos fenómenos tuvieron un impacto negativo en el entorno económico, lo que exacerbó aún más la situación. La política, naturalmente, ha sido un factor crucial en todo esto, especialmente en lo que respecta a las tensiones entre el Gobierno y sus críticos y adversarios políticos, que solo han agregado más incertidumbre sobre el futuro económico del país. Las políticas económicas han sido criticadas con intensidad, lo que demuestra una cultura polarizada que lucha por la toma de decisiones efectiva.

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Uno de los problemas más visibles es la escasez de dólares, que se agudiza desde principios de 2023 a la par de una devaluación impulsada por el precio de la divisa en el mercado paralelo. El desequilibrio ha impactado el sistema de precios, exacerbado por el control y ocultamiento de la información disponible. Las Reservas Internacionales Netas disminuyen, dando señales de fuertes problemas en la gestión de liquidez y de política monetaria. Al mismo tiempo, el sector privado señala la falta de seguridad jurídica y la urgente necesidad de una nueva ley de inversiones.

Otro conflicto de larga data es el subsidio a los hidrocarburos que aunque ha permitido mantener precios bajos en el mercado interno, es insostenible a largo plazo y está afectando el presupuesto estatal. Las discusiones sobre posibles cambios en esta política podrían generar aún más tensiones internas.

La inflación, ya perceptible, ha elevado la preocupación por el incremento de precios en productos básicos, fenómeno que se ve agravado por la especulación y la escasez de divisas. A esto se suman los desafíos provocados por desastres naturales, como la sequía que ha golpeado varias regiones del país, afectando la producción agroindustrial. Aunque ha habido avances en la exploración de hidrocarburos con algunos descubrimientos recientes, estos no han sido suficientes para aliviar las tensiones económicas y han abierto nuevos frentes de conflicto.

El desafiante entorno económico ha forzado transformaciones drásticas en varios sectores, incluyendo el de la comunicación y el periodismo. Los medios impresos, en particular, han enfrentado dificultades para importar insumos básicos, pero también han encontrado en la digitalización y en los nuevos patrones de consumo de información una ventana para reinventarse.

Aunque la situación es compleja, las crisis ofrecen oportunidades para aquellos que saben identificarlas y reestructurarse a tiempo. Las empresas y sectores que logren adaptarse a las nuevas realidades podrán salir fortalecidos. La rápida evolución en la forma de informar, impulsada por los cambios en las preferencias del público, presenta tanto desafíos como oportunidades para quienes sepan ajustarse a los nuevos tiempos.

A 10 días del plazo máximo para convocar a referéndum para resolver tres asuntos urgentes en la agenda política, social y económica, el presidente Luis Arce ha puesto en consideración del Tribunal Supremo Electoral (TSE) cuatro preguntas, que deberán ser analizadas y comentadas antes de pasar al control de constitucionalidad; la Asamblea Legislativa no ha sido invitada al debate.

En cumplimiento de su anuncio de convocar a consulta ciudadana para dirimir si se levanta o no la subvención a los carburantes, si es posible la reelección después de un segundo periodo, y si se incrementa el número de miembros en la Asamblea Legislativa, el mandatario propuso cuatro preguntas, dos sobre los carburantes, que serán sometidas al análisis del TSE, que debe dictaminar, en el plazo de 72 horas desde ayer, “si reúnen las características de claridad, imparcialidad y precisión”.

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Luego del informe del TSE, explicó el ministro de Justicia, le corresponde al Tribunal Constitucional Plurinacional avalar la constitucionalidad de las preguntas. La “fecha fatal” para haber cumplido ambos trámites, dijo el ministro, “es la próxima semana”. Es previsible que, cualquiera que sea el veredicto de ambas instancias, habrá severos cuestionamientos, que ya han sido anunciados por los líderes de la oposición.

Las reacciones de los líderes de partidos de oposición, incluyendo a Evo Morales, salieron por el cauce de lo previsible: el Presidente trata de transferir al pueblo responsabilidades indelegables; la reforma constitucional no puede consultarse mediante decreto; la consulta no sirve para resolver los problemas de hoy; hacer referéndum es un despilfarro de dinero, hoy tan escaso; la consulta solo servirá para confundir al pueblo; y, coincidentemente entre todos, las preguntas son confusas; el resultado solo agravará la polarización. Los unos hablaron en nombre de sus convicciones democráticas, el expresidente Morales, en nombre de su aspiración a ser candidato nuevamente y su temor de no serlo.

En medio de la carrera por llegar a la “fecha fatal” para emitir el decreto supremo convocando al referéndum e instruyendo al TSE realizarlo el mismo día que las elecciones judiciales, el debate público no ha sido parte de la agenda. No se trata siquiera de discutir la pertinencia de los tres temas, sino sobre todo de lo que se desea lograr con las preguntas. Cierto es que debatir en medio de crispada polarización parece tarea infértil, pero cuando menos proponer los temas ya es un avance democratizador.

Corre contra el tiempo el Gobierno y en su camino tiene por delante muchos obstáculos, algunos subsanables con retórica y argumentos, y muchos otros con política activa, mientras trata a toda costa de evitar el, probablemente imposible, paso por el Legislativo. Las conclusiones y recomendaciones del TSE y del TCP servirán para saber si el Gobierno prevalece en su intento o debe buscar otra estrategia en medio de un clima crecientemente conflictivo.

Superando varios obstáculos y con más de un año de retraso, finalmente las elecciones judiciales tienen fecha. Pese a los augurios de fracaso, la Asamblea Legislativa aprobó por dos tercios las listas de postulantes. Y el TSE tomó competencia para organizar la votación popular. Será el 1° de diciembre. Es una buena noticia para la institucionalidad y la democracia.

Por mandato constitucional, las altas autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura son electas por la ciudadanía. Previamente, con arreglo a una convocatoria pública, la ALP selecciona a las y los postulantes que cumplan requisitos, no tengan impugnaciones, certifiquen méritos y pasen una prueba de conocimientos. Como sucedió en los comicios anteriores, es un proceso con problemas de legitimidad.

Los principales cuestionamientos a las elecciones judiciales son que se contaminan de inicio por la politización de la preselección de postulantes en la ALP (“son afines al Gobierno”), se vota en las urnas con muy escaso conocimiento sobre los candidatos y sus méritos y, en especial, no contribuyen a resolver la crisis estructural del sistema de administración de justicia en el país. Así, en la votación popular de 2011 y 2017, primaron los votos nulos como una forma de cuestionar el mecanismo.

Pese a la complejidad de estas elecciones y la experiencia fallida de su realización, se trata de un avance de ampliación democrática contemplado en la Constitución. En el pasado, las altas autoridades judiciales eran electas directamente en el Parlamento, como resultado del cuoteo partidario. Ahora, la ciudadanía tiene el derecho de votar por estas autoridades, aunque en rigor la elección viene condicionada por el polémico filtro de la Asamblea. Así ha ocurrido también en este nuevo proceso.

El 1° de diciembre las y los bolivianos estamos convocados a las urnas en la tercera elección de este tipo en nuestra historia. Tendremos que elegir 52 autoridades (26 titulares y 26 suplentes) entre los 139 postulantes seleccionados. Los comicios debieron realizarse en 2023, pero la acción combinada de operadores políticos y judiciales se ocupó de bloquearlos en la Asamblea. El resultado fue la autoprórroga de las autoridades electas en 2017, que cumplieron su mandato en diciembre del año pasado.

¿Por qué son importantes y sobre todo necesarias estas elecciones pese a que las listas aprobadas tienen problemas de paridad de género, número mínimo de postulantes, inclusión indígena y hasta selección de postulantes aplazados? Primero porque se cumple la Constitución contra quienes apostaron por obstruir estos comicios hasta el año 2026. Y lo más relevante, porque con nuevas autoridades electas en diciembre se podrá reemplazar a los magistrados autoprorrogados y sus sentencias a la carta. No es poco.