Sociedad

Monday 29 Apr 2024 | Actualizado a 17:10 PM

9 urbanizaciones de Las Lomas, con agua, pero sin alcantarillado

Peligro. El líquido que ofrece la cooperativa Las Lomas es suministrado por EPSAS

Por La Razón

/ 24 de abril de 2011 / 05:00

La Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS) instaló macromedidores a tres cooperativas que dan el servicio a Mallasa, Palca y Las Lomas de Achumani, informó su gerente general Víctor Hugo Rico. Según el contrato suscrito con EPSAS el 2006, la cooperativa Las Lomas sólo debía suministrar el líquido a la urbanización Los Frutales, que tenía entonces 150 usuarios.

Sin embargo, la organización tiene hoy más de 350 consumidores, y presta el servicio a nueve urbanizaciones en Las Lomas de Achumani: Los Frutales, Los Frutales II, Lamirpanta, Colinas Verdes, Constelación, El Sol, Jacaranda, Señor de los Milagros y El Alcides.

Vecinos de las nueve urbanizaciones se quejan de la calidad del servicio que les da la cooperativa y exigen que EPSAS se haga cargo. Pero la empresa argumenta que los problemas limítrofes entre los municipios de La Paz y Palca son una traba para sus proyectos de mejoramiento.

«Teníamos planes para mejorar el tendido de tuberías, pero los intenciones fueron truncadas por problemas limítrofes con Palca, ya que no se consiguieron autorizaciones porque se alegó que la urbanización Las Lomas pertenece a ese municipio», dijo Rico.

Los usuarios reclaman por el deficiente sistema de facturación de la cooperativa, por la falta de alcantarillado que hace que los desechos humanos estén cerca de las calles y por  la falta de mantenimiento de las tuberías de agua potable.

«Nuestro problema es con el sistema de alcantarillado. Prácticamente estamos viviendo cerca de nuestras propias heces fecales, queremos que la reguladora se haga cargo al respecto», expresó el vecino Marcelo Siles.

«No tenemos mantenimiento de nuestras tuberías cuando estas se rompen o botan agua. Tampoco existe la potencia suficiente en la presión y, en horas de la noche, el agua no nos llega a todos», indica Rosario Escalante, otra usuaria del servicio.

Uno de los encargados de la Cooperativa Las Lomas manifestó que por el agua se paga a EPSAS mensualmente entre Bs 10.000 a Bs 15.000.

algunos pagan por el servicio un monto mensual», dijo Wilson Limachi, uno de sus administradores.»La empresa de agua nos da a Bs 2,40 el metro cúbico y nosotros cobramos a nuestros vecinos Bs 2,80, aunque La Razón visitó Las Lomas de Achumani, donde constató que no hay sistema de alcantarillado.

En la curva de la avenida Javier del Granado, antes de llegar a la urbanización Los Frutales, los vecinos hicieron un pozo séptico con estructuras de hormigón, que está expuesto al aire libre. El fétido olor se percibe al pasar por el lugar.

Los moradores temen que se produzca un deslizamiento, como el que golpeó a los barrios de Valle de las Flores, Kupini y Callapa, que recibían agua y no contaban con un sistema de alcantarillado establecido.

«Nos preocupamos y queremos que se haga algo al respecto. Qué tal si el terreno se está humedeciendo y nuestras urbanizaciones se deslizan, estaremos  como los damnificados del megadeslizamiento», dice Rosario Escalante. 

El macromedidor de agua potable se encuentra en la curva que une la urbanización Santa Fe con la urbanización Santa Fe de Quisada. Está cubierto por una tapa de concreto de un metro y medio por 30 centímetros de ancho. Hay fallas en los filtros, un técnico y Willy Limachi tratan de repararlos. 

Costos. EPSAS cobra a sus usuarios por la instalación del alcantarillado y las tuberías de agua potable alrededor de $us 99 a $us 130. El costo depende de la calidad de suelo.  La Cooperativa Las Lomas,en cambio, embolsa por el derecho de medidor, los tubos y el trabajo de instalación entre $us 300 y $us 400.

«A veces también nos cobran por los trabajos de mantenimiento que se hacen en las tuberías. Pagamos Bs 150 por casa, aunque muchas veces hay que esperar alrededor de dos a tres semanas», expresa Siles.

Residentes de esta zona informan que realizaron gestiones para que EPSAS se haga cargo del servicio, pero técnicos de la empresa indican que la tubería instalada por la cooperativa es deficiente y que se tendría que hacer un nuevo tendido.

«En EPSAS dijeron que debemos pagar Bs 150.000 para que nos instalen la tubería hasta la urbanización Jacaranda, por la avenida del Granado, y para que las otras urbanizaciones accedan a esa tubería y reemplazar la que tenemos, deberían pagar otros Bs 150.000», comenta Siles.

Además de la cooperativa Las Lomas, la empresa suministra agua a otras dos cooperativas: Lihuajtaipi en Mallasa y Jupapina, en Palca. Rico, el gerente EPSAS, informó  que con ambas se trabaja de forma interinstitucional para proporcionar un mejor servicio a los usuarios.

«Con Lihuajtaipi estamos trabajando de manera técnica y de capacitación para que se mejore el servicio a los usuarios mixtos que atiende, rurales y urbanos. El mismo trabajo lo realizamos en Palca», añadió. 

Las tres cooperativas surgieron para cubrir el vacío que no pudo cubrir Samapa ni Aguas del Illimani Estas organizaciones tendieron sus propias redes y al no tener una fuente propia de agua suscribieron convenios de provisión con EPSAS.

Hay 38 empresas de agua sin regulación

La Autoridad de Fiscalización de Agua Potable y Saneamiento (AAPS) Dión cuenta que hay 38 empresas privadas, de juntas vecinales o que funcionan como cooperativas, que brindan el servicio de agua potable en las laderas oeste y este de La Paz. «Ninguna de ellas está registrada, pero ya se hicieron acercamientos para que así sea. Al abastecerse de vertientes, su mayor falencia es la falta de calidad de agua que reparten, no se hace la cloración», indicó su director ejecutivo James Ávila.

Vecinos se quejan contra el servicio

Mauricio Siles
Vive en la calle Javier del Granado

«Los que no somos de la urbanización La Florida no tenemos presión de agua, en horas de la noche. El líquido no nos llega y la cooperativa nos dice que está arreglando este tema. Los de EPSAS no se quieren hacer cargo porque no son sus tuberías».

Marcelo Espinoza
Vive en la intersección Javier del Granado

«Hemos sufrido desde que se cortó el agua con el megadeslizamiento. Pensábamos que el líquido nos lo daba nuestra cooperativa y luego nos enteramos que es de EPSAS. Esas veces ninguno de los dos se hizo cargo y sólo recibíamos el agua cada tres días».

Guillermo Meriacha
Vive en la final Javier del Granado

«Queremos que alguien se haga cargo de nuestra situación y nos dé soluciones. Hicimos ya quejas a EPSAS y a la Autoridad fiscalizadora pero hasta ahora no tenemos respuestas; estamos al borde de la desesperación con la falencias del servicio».

Mario Alanoca
Vive a 2 cuadras de la avenida J. del Granado

«Nuestra alcantarilla es una pena, nuestras heces prácticamente van a parar a la calle. Cerca a la urbanización Los Frutales se puede ver el conjunto de desechos de más de 200 personas. Los olores son fétidos y no se puede cruzar por ahí sin taparse la nariz».

Henry Jordán
Vive antes de la intersección J. del Granado

«No hay un sistema de alcantarillado, los desechos van a los pozos sépticos o a vertientes cercanas. Como la cooperativa los colocó sólo para abastecer a Los Frutales, ahora que somos más, el número de heces es mayor y no hay soluciones al respecto».

Elizabeth asbún
Vive pasando la avenida Javier del Granado

«Con los pozos tenemos miedo de que las aguas servidas remojen el terreno y ocurra lo mismo que pasó en Callapa o en Kupini. Hay pocas pendientes en la zona, pero no hay duda que los suelos se están humedeciendo y queremos que nos den soluciones».

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¿EJ en septiembre?

Por La Razón

/ 28 de abril de 2024 / 00:18

Renovadas acciones de amparo y medidas cautelares están paralizando nuevamente y dejan en incertidumbre las Elecciones Judiciales (EJ). Según lo establecido en la ley transitoria, este 5 de mayo debe concluir la fase de preselección de postulantes en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y el TSE anunció que la votación popular sería en septiembre. Hay duda sobre tales plazos.

Desde hace un año, el proceso electoral para renovar el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional está a la deriva. Según el mandato constitucional, las elecciones debieron realizarse en 2023. Pero políticos y operadores del sistema, en especial del TCP, se encargaron de frenar, congelar y a la postre postergar la elección. Como no se eligieron nuevas autoridades, los actuales magistrados (cuyo mandato ya se cumplió) decidieron autoprorrogarse. Fue como un guion escrito desde el principio para boicotear el proceso.

Como efecto de un bloqueo de caminos realizado en enero, finalmente la bancada oficialista en la Cámara de Diputados viabilizó las truncadas elecciones. Se aprobó entonces una ley de consenso que trazó la ruta, sus fases y los plazos tanto para la preselección a cargo de la ALP como para la votación bajo responsabilidad del TSE. Así, se publicó la convocatoria, se recibieron más de 700 postulaciones, se verificaron requisitos y se resolvieron las inhabilitaciones. Hasta ahí todo conforme a lo previsto.

En medio de la evaluación de méritos, incluida una prueba de conocimientos, varios postulantes inhabilitados por incumplir requisitos activaron demandas en la justicia para la reconsideración de sus casos. Todas esas acciones prosperaron dejando en suspenso el proceso de preselección de postulantes. Y el plazo corre. Luego de calificar los méritos, la Comisión Mixta de la Asamblea debe aprobar su informe, que será la base para la elección, por dos tercios, en sesión plenaria. Queda solo una semana.

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Es evidente que algunos actores políticos y operadores judiciales están empeñados en frenar sin fecha, nuevamente, las elecciones judiciales. Sería desastroso para la institucionalidad en el país en un contexto de alta desconfianza y de crisis. Por ello es sensato que la Comisión Mixta retome el proceso desde mañana. Tampoco sería una buena señal que se amplíen los plazos, ya que ello implica postergar la votación popular (quizás hasta octubre, lo que se superpone con las elecciones primarias).

Todos sabemos que las elecciones judiciales no solucionan la crisis del sistema de administración de justicia, pero al menos implican cumplir la Constitución y evitar que los autoprorrogados continúen degradando aún más el Estado de Derecho con sus decisiones a la carta. Por ello es fundamental que la ALP culmine pronto su trabajo de preselección con voluntad política y madurez democrática. Luego será el turno de la ciudadanía en las urnas. Y seguirá en agenda la cada vez más urgente reforma estructural del sistema.

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Un asunto oscuro

Según la presidenta ejecutiva de YLB, la acusación fue fruto de una investigación técnica realizada a lo largo de dos años

Por La Razón

/ 25 de abril de 2024 / 06:59

La todavía incipiente industria del litio en Bolivia no puede salir de las sombras. Al violento arresto del exministro de Minería y exresponsable de la planta en la región de Lípez en Potosí, Luis Alberto Echazú, se ha sumado, ayer, la muerte del exgerente ejecutivo de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). El tema se ha politizado y, ahora, judicializado, pero del negocio no hay más que promesas.

Los contornos del caso, la actuación presuntamente arbitraria e irregular de la Fiscalía el lunes, según denuncia del abogado de Echazú, así como las declaraciones de jerarcas y portavoces del ala evista del MAS, hacen pensar en intereses políticos ligados a la sorda pelea por el poder en el partido gobernante antes que en aquellos ligados al efectivo despegue de la industria del litio en el país. El intercambio de acusaciones, con y sin fundamento, en nada ayuda a reactivar el proyecto.

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El tono y el contenido de una “carta abierta” firmada por el exgerente de YLB, Juan Carlos Montenegro, otro de los imputados, antes de morir (incluyendo una última línea en la que pide perdón a sus seres queridos por el “dolor” que les causará “esta mi decisión”), hace pensar en que detrás de la acusación hecha el jueves de la semana pasada por la actual gerente del proyecto y el procurador del Estado, además de la sorprendentemente rápida actuación del Ministerio Público, hay mucho más que la búsqueda de justicia o de castigo a la corrupción.

Según la presidenta ejecutiva de YLB, la acusación fue fruto de una investigación técnica realizada a lo largo de dos años, asunto del cual ni ella ni su antecesor habían dicho nada anteriormente. Al ser conducido a celdas policiales, el exministro, ahora en detención domiciliaria, afirmó que “el Gobierno quiere ocultar tres años y medio” de parálisis en el que debería ser el proyecto más importante del Estado Plurinacional en los últimos años.

Coincidiendo con la denuncia de YLB contra exfuncionarios de la institución, el mismo día, el Presidente del Estado acusó a “potencias mundiales” y un “país vecino” de pretender controlar los recursos naturales del país, especialmente el litio, bloqueando las exportaciones y excluyendo a Bolivia en procesos estratégicos de comunicación. A la luz de lo sucedido en los últimos años, es evidente que el principal obstáculo está en el Estado y no fuera de las fronteras.

Mientras Chile se abre a las inversiones de riesgo compartido y se propone recuperar el sitial de primer exportador de litio en el mundo en los próximos dos años, y el presidente de Argentina busca entregar las reservas de su país a las transnacionales del sector, Bolivia todavía no ha mostrado cuál es su estrategia de industrialización y comercialización del preciado mineral, al extremo que ni siquiera ha transparentado los acuerdos (no contratos) que tiene con empresas chinas y rusas. Así, es imposible tener optimismo en el futuro del litio.

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Ley ‘antihombres’

Los datos son innegables y terribles: la violencia contra las mujeres, lejos de disminuir, persiste e incluso aumenta.

Por La Razón

/ 21 de abril de 2024 / 00:27

La penosa declaración del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, en sentido de que la Ley 348 es una ley “antihombres” (sic), puso en agenda la cuestión irresuelta de la violencia contra las mujeres. Rodríguez recibió fuertes críticas, pero también adhesiones. Lo preocupante es que fomenta a grupos antiderechos y pone en riesgo una norma que protege a las mujeres.

 La ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia (Ley 348) fue promulgada por el presidente Morales en marzo de 2013. Su objeto es establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores. Se trata de una ley avanzada, resultado de muchos años de lucha de las mujeres por sus derechos en una sociedad patriarcal y machista como la boliviana.

En 11 años de vigencia, la Ley 348 permitió el registro de centenas de miles de denuncias de violencia contra mujeres en el país. Según datos del Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer, el año pasado hubo casi 52.000 denuncias. Los casos de violencia familiar o doméstica, que son la mayoría, se incrementaron en 193% entre 2013 y 2023. Cada día, en promedio, hay 142 denuncias de violencia contra mujeres, 30 agresiones sexuales, 104 embarazos de niñas y adolescentes. En 2023 se registraron 81 feminicidios.

Los datos son innegables y terribles: la violencia contra las mujeres, lejos de disminuir, persiste e incluso aumenta. Por ello son deplorables afirmaciones tan ligeras como que la Ley 348 es una “ley antihombres” o, peor, que “la violencia no tiene género”. Si bien existen acusaciones falsas contra hombres, e incluso detenciones arbitrarias presumiendo culpabilidad, ello no atenúa ni menos niega la abrumadora evidencia de que las mujeres son las victimas sistemáticas de actos de violencia en todas sus formas.

En su capítulo de derechos fundamentales, la Constitución señala con claridad que “todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual y psicológica”. Y establece que el Estado tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género.

Con ese mandato constitucional, la Ley 348 define mecanismos para proteger a las mujeres. Y traza la ruta para la denuncia, persecución y sanción penal de los agresores.

Es evidente que se requiere una reforma normativa y hay valiosas propuestas para el efecto. Pero sobre todo fallan los operadores del sistema judicial. Claro que debe evitarse que haya hombres inocentes en prisión, pero sobre todo que los feminicidas y violentos estén libres. Las polémicas palabras del presidente del Senado tendrían que servir para debatir el tema, mejorar la ley, garantizar en serio para las mujeres una vida libre de violencia y frenar las muy peligrosas campañas antiderechos.

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Un vecino conflictivo

El gobierno de Milei podría estar buscando consolidar su base política mediante el nacionalismo y el anti-izquierdismo

Por La Razón

/ 18 de abril de 2024 / 07:06

Días atrás, la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, informó que había decidido reforzar la seguridad en la frontera con Bolivia debido a la supuesta presencia de cientos de militares iraníes en el país. La respuesta de la Cancillería boliviana fue tan rápida como mesurada, en evidente contraste con el tono que está adoptando el gobierno de Javier Milei.

Desde el inicio, la presidencia de Javier Milei ha sido notable no solo por sus políticas internas de shock, sino también por su manejo de las relaciones internacionales, especialmente con países latinoamericanos de gobiernos considerados izquierdistas. Sus controversiales interacciones con líderes regionales han generado un amplio debate sobre las estrategias diplomáticas y sus implicaciones tanto a nivel regional como doméstico.

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Primero, el intercambio de insultos con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, provocó una rápida escalada de tensiones que afortunadamente no pasaron a más. Milei respondió a las críticas de López Obrador, quien había tildado a Milei de “facho conservador”, con términos igualmente duros, exacerbando las fricciones bilaterales. Este tipo de diplomacia de confrontación no solo socava las relaciones tradicionalmente cordiales entre Argentina y México, sino que también plantea preguntas sobre la estabilidad regional.

Por otra parte, las relaciones con Colombia se tensaron significativamente después de que Milei llamara al presidente Gustavo Petro «comunista asesino». Esta declaración provocó una pronta respuesta diplomática de Colombia, incluyendo el llamado de su embajador en Buenos Aires, lo cual subraya la seriedad del conflicto y el impacto en las relaciones diplomáticas; por ahora las relaciones entre ambos países están normalizándose y los respectivos embajadores han regresado a sus funciones.

Asimismo, la afirmación de la ministra Bullrich sobre la presunta presencia de militares iraníes en Bolivia añadió más leña al fuego, mostrando una tendencia hacia declaraciones provocativas que pueden tener serias repercusiones diplomáticas y de seguridad. Algo similar había ocurrido poco antes, cuando el presidente Milei afirmó que el gobierno de Chile iba a llevar a ese país a la pobreza por adoptar políticas socialistas. En ambos casos la respuesta fue pronta, mesurada y contundente.

En el frente interno, estas controversias internacionales parecen servir como una cortina de humo para desviar la atención de los problemas económicos graves que enfrenta Argentina, como la inflación y el estancamiento económico. Al centrarse en conflictos externos, el gobierno de Milei podría estar buscando consolidar su base política mediante el nacionalismo y el anti-izquierdismo, mientras posterga o minimiza la discusión sobre la necesidad de reformas económicas internas profundas.

Es posible que las tácticas de confrontación de Milei tengan un atractivo político inmediato entre ciertos sectores en Argentina que le son afines, pero los riesgos asociados a alienar a países vecinos y potenciales socios comerciales son altos, especialmente en el mediano y largo plazos, cuando el polémico mandatario ya no esté en funciones.

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Los medios en cuestión

Por La Razón

/ 14 de abril de 2024 / 00:20

El reciente estudio Delphi de la Fundación Friedrich Ebert (FES-Bolivia), realizado con líderes de todo el país, revela datos delicados respecto a los medios de comunicación y su desempeño. Además de una baja confianza, se percibe a los medios como promotores del conflicto y como actores políticos que informan en función a su agenda e intereses. La evaluación es crítica.

Hubo un tiempo en que los medios de comunicación y periodistas, en general, estaban en la cima de la confianza ciudadana. Junto con la Iglesia Católica, tenían muy alta legitimidad. Hoy es diferente: en la Delphi de la FES, solo el 7% tiene una confianza alta o muy alta en los medios. Para el 39% es regular. Y un mayoritario 54% confía poco o nada. Estos datos debieran preocuparnos. Si bien estamos mejor que otras entidades, la confianza es un bien preciado que los medios debemos recuperar y preservar.

En un contexto en que los medios digitales y las redes sociales tienden a desplazar a los medios de comunicación tradicionales como principal fuente de información, es necesario hacer un examen acerca de nuestro desempeño. ¿Cómo nos evalúan los líderes? Más de dos tercios, nada menos, sostienen que los medios informan en función a su propia agenda e intereses. Si sumamos el 13,5% que nos perciben como manipuladores, el saldo es muy negativo. Solo un marginal 7% cree que los medios informan con veracidad.

La baja confianza en los medios y la percepción de que informan más pensando en ellos mismos que en la sociedad, quizás se explican, entre otros factores, porque varios operadores mediáticos están polarizados y alientan la polarización. Lo vimos como tragedia en la crisis de 2019, cuando algunos medios y periodistas avalaron y hasta justificaron las masacres. Ello se reafirma en la Delphi: 86% de los líderes consultados sostienen que los medios promueven enfrentamientos y conflictos en el país.

Por si fuera poco, en estas percepciones reveladoras de la situación del campo mediático en Bolivia, casi nueve de cada 10 participantes en el estudio de la FES están de acuerdo con la afirmación de que los medios actúan como si fuesen actores políticos. Es tremendo. Para los liderazgos, la esencia de los medios se está perdiendo. En su balance, varios medios y periodistas están más cerca de la acción política que de la labor informativa. Eso, por supuesto, va en desmedro del periodismo.

Los estudios de percepción cualitativa y de opinión pública expresan tendencias generales en momentos determinados. Son útiles para la reflexión y el análisis. Y contribuyen a la autocrítica. Pero hay diferencias. Más allá de las percepciones aquí descritas, es meritorio el trabajo de medios que persisten en el empeño de cuidar y cultivar cada día los derechos a la comunicación e información. Como diario nos situamos en ese camino reafirmando nuestro compromiso con el libre ejercicio del oficio periodístico.

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