Sociedad

miércoles 5 may 2021 | Actualizado a 17:50

La FELCC encuentra dinamita en habitación de Niño de Guzmán

Pesquisas. La Policía mantiene las tres hipótesis: asalto, asesinato y suicidio

Por La Razón

/ 26 de abril de 2011 / 05:00

El ex jefe de prensa de la agencia ANF murió como efecto de una explosión de dinamita que le destrozó el abdomen y el tórax, según el reporte del médico forense.

El comandante de la FELCC, Rosalío Álvarez, informó ayer, en conferencia de prensa, que el jueves en la noche requisaron el domicilio de Niño de Guzmán con la autorización de la esposa, Sandra Flores, y la hermana, Rosa Niño de Guzmán, aunque sin la presencia de un fiscal.

Allí encontraron las dos masas de dinamita, las guías y los fulminantes. Además, se incautaron un celular color plomo con dos chips de dos líneas telefónicas, una de Entel y otra de Viva. También retiraron una laptop.

La FELCC envió una solicitud a ambas telefónicas para obtener el registro de llamadas de ingreso y de salida. Álvarez informó que la computadora aún no fue encendida y que será enviada al análisis de peritos.  David Niño de Guzmán, de 42 años, era natural de Uncía, en el norte de Potosí, licenciado en Comunicación y jefe de prensa de ANF.

La última noticia que se tenía de él es que salió de la agencia de noticias, aproximadamente a las 18.00 del martes 19, como lo hacía todos los días, y se despidió amigablemente de cada uno de sus compañeros, también como lo hacía siempre, según recordó su compañera Julieta Tovar.

Después no se supo más de él hasta el jueves a media mañana cuando personal de Homicidios de la FELCC levantó su cuerpo sin vida  a un costado de la avenida Zavaleta.

No estaba en una alcantarilla, como informaron preliminarmente, en esa jornada, los uniformados, sino casi oculto en un barranco pequeño a un lado de la bóveda del río Retamani III.  Aún allí se ven los rastros de sangre, esparcidos en las piedras y las paredes de la canalización.

Allí se puede ingresar por dos vías, subiendo por la bóveda o ingresando por un camino de tierra por la parte alta. No es un sitio inaccesible. Ahora, allí se ve un jarrón de plástico con azucenas blancas y dos velas apagadas. El miércoles 20 en la noche, la esposa y su compañero de trabajo Rolando Flores, preocupados por el paradero David Niño, denunciaron a la Policía la desaparición del periodista.

Explosión. Al día siguiente, a media mañana fue hallado su cuerpo. Ese día, la primera información oficial la brindó el jefe de Homicidios de la FELCC, coronel Roberto Campos, quien planteó la hipótesis de que Niño de Guzmán habría fallecido como efecto de la explosión de dinamita.

El informe forense, dijo Álvarez, confirmó que ésa fue la causa del fallecimiento del ex jefe de prensa de la agencia ANF, y que además que todas las laceraciones detectadas en sus miembros inferiores y superiores fueron producto de la explosión. También se negó que tuviera los miembros superiores cercenados, como se anunció el día del hallazgo.

El jueves en la noche se realizó la pesquisa en la habitación 107 del edificio Belén, en la calle Illampu, una pieza con baño privado tomada en alquiler por Niño de Guzmán en septiembre pasado. Según el portero del edificio, la habitación pequeña sólo tenía un catre, una mesa y un televisor. La ropa del fallecido estaba en el ropero empotrado. David vivía allí solo.

La Policía y sus familiares tuvieron que contratar a un cerrajero para que abra la puerta porque ni su esposa tenía las llaves de la habitación. Ese día sacaron del cuarto los objetos expuestos ayer por la FELCC, pero no precintaron el cuarto, sino recién el domingo.

El viernes se realizó un rastrillaje en la avenida Zavaleta, también sin la presencia de un fiscal, donde se hallaron: los lentes, un reloj pulsera y un encendedor, según Campos. Y según Álvarez, además una guía de dinamita y el fulminante. 

Hasta ayer no se tenía un fiscal de homicidios asignado al caso, pues sólo intervino la fiscal de turno.

Tres hipótesis en cuestión
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) mantiene las tres hipótesis iniciales: asalto, asesinato y suicidio, pese a que halló dos masas de dinamita, marca MAXAM, en la habitación de David Niño de Guzmán. Se espera llegar a conclusiones hasta mañana.

Flores y velas en el lugar
El cuerpo de David Niño de Guzmán fue hallado a un costado de la bóveda del río Retamani III, en una quebrada de la avenida Zavaleta. Aún se ve allí los restos de sangre esparcida por la explosión. Al pie de unas piedras, los familiares dejaron azucenas blancas y dos velas pequeñas recostadas.

Gobierno habla de seguro para periodistas

El gabinete de ministros del presidente Evo Morales estudia la posibilidad de emitir dos decretos supremos relacionados con el tratamiento salarial, horarios de trabajo, seguro de vida y otros a favor de los periodistas, según la agencia Erbol.

El ministro de Comunicación, Iván Canelas, dijo el fin de semana en Cochabamba: «Vamos a respaldar y a apoyar. Tenemos algunos decretos supremos que estamos haciendo evaluar con el equipo jurídico para ver si podemos apoyar a los trabajadores de prensa con nuevos beneficios en este trabajo».

La autoridad gubernamental adelantó que los bajos salarios, el trabajo de más de 10 ó 12 horas, la incomprensión a los periodistas de todos los sectores, la falta de seguros de vida, vejez y salud, los despidos a voluntad de los empresarios y el maltrato son temas que están siendo evaluados.

Ayer, en conferencia de prensa, ratificó que personalmente está pidiendo  un seguro de vida para los trabajadores de los medios. En Sucre, también ayer, los periodistas se movilizaron y pidieron ayuda a la Fiscalía para que se esclarezca el fallecimiento de David Niño de Guzmán.

Pese a hallar dinamita en la habitación del ex jefe de prensa de ANF, el comandante de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Rosalío Álvarez, ratificó que aún mantienen las tres hipótesis iniciales: asalto, asesinato y suicidio.

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Gestión y acuerdos

La ciudadanía se expresó con civismo en las urnas y otorgó mandatos claros en democracia. Esperemos que las autoridades y representantes electos estén a la altura del desafío.

Por La Razón

/ 5 de mayo de 2021 / 02:35

Los actos de posesión e inicio de funciones de las autoridades y representantes electos en los departamentos y municipios del país mostraron no solo variedad de rostros y estilos, sino también importantes señales para la gestión pública. Es evidente que la preocupación principal es la crisis socioeconómica y la crisis sanitaria. En tal contexto se requieren acuerdos de amplio alcance.

Concluido el largo ciclo electoral y el periodo de transición para la posesión de las nuevas autoridades y representantes, llegó la hora de la gestión. Los primeros mensajes, como es natural, son de reafirmación de compromisos. En general, la situación en las entidades territoriales autónomas no es la mejor: los recursos son escasos, se heredan deudas abultadas y hay múltiples demandas. Todo ello puede generar conflictos. Es previsible asimismo un periodo de ajustes internos y remoción de funcionarios.

Más allá de disputas y diferencias de estilo, así como de la especificidad de agendas en cada territorio, es evidente que el desafío común radica en impulsar políticas públicas de corto plazo para enfrentar la crisis socioeconómica, así como un esfuerzo especial a fin de adoptar medidas eficaces contra la pandemia del COVID-19. Para ello, los gobiernos departamentales y municipales requieren no solo recursos, sino también acuerdos amplios entre los diferentes actores políticos, sociales e institucionales.

Es claro asimismo que para avanzar en la agenda de gestión pública en las entidades territoriales es fundamental que exista sintonía con las políticas anticrisis del nivel central del Estado. Ello implica voluntad de diálogo, de coordinación y de construcción de acuerdos. Las diferentes solicitudes de reunión con el presidente Luis Arce van en ese sentido. Debe esperarse que el Gobierno central, más allá de diferencias políticas y sin exclusiones, garantice la convergencia de capacidades y esfuerzos.

En general, con la excepción de una bravata marginal de Luis Fernando Camacho en su primer discurso como gobernador de Santa Cruz, las autoridades electas manifestaron disposición para concertar. Es lo que necesita el país. El escenario económico y sanitario es demasiado crítico como para desperdiciar energía en prolongar una inútil polarización política. Se requiere pues que todos los gobiernos (central, departamentales, municipales) concentren trabajo y recursos en afrontar y superar la emergencia.

Cierto que en el horizonte hay temas estructurales que no pueden ignorarse. Ahí está el postergado pacto fiscal, que es uno de los componentes centrales del lento proceso autonómico. Se hace referencia también al próximo Censo Nacional de Población y Vivienda. Y debe lograrse que haya justicia como condición de paz y reconciliación. La ciudadanía se expresó con civismo en las urnas y otorgó mandatos claros en democracia. Esperemos que las autoridades y representantes electos estén a la altura del desafío.

  

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Proteger el empleo

En el camino queda una deslucida celebración del 1 de mayo y la certeza de que es mucho lo que debe hacerse

Por La Razón

/ 3 de mayo de 2021 / 00:49

La celebración del Día de las y los Trabajadores, como ya se ha hecho una costumbre en la última década y media (exceptuando 2020, durante el gobierno transitorio), ha llegado con anuncios de diversas medidas en favor de la clase trabajadora, al menos la asalariada. La actual situación de crisis, sin embargo, obliga a mirar la compleja temática de un modo más abarcador.

En efecto, el acto desarrollado el sábado 1 de mayo en la plaza de armas de Santa Cruz de la Sierra sirvió para que el Presidente del Estado, además de anunciar el incremento de 2% al salario mínimo nacional, recibiera la reafirmación de la lealtad de la Central Obrera Boliviana (COB), que en su condición de institución miembro del Pacto de Unidad (o lo que queda de él) a menudo antepone los intereses del partido en función de gobierno y los grupos que lo componen a los de la clase trabajadora a la que dice representar.

También sirvió el multitudinario acto para que se anuncie la emisión de la Resolución 431/21, del Ministerio de Trabajo, ratificando lo establecido en normas de rango superior: el derecho de las y los trabajadores sujetos a la Ley General del Trabajo a la continuidad y estabilidad laboral; además de estipular que la fuerza mayor y el caso fortuito no constituyen causas legales de retiro, lo cual en los hechos dificulta los procesos de despido y cambio de personal en las empresas privadas.

Otros anuncios importantes fueron la presentación de un anteproyecto de Ley Contra el Acoso Laboral, con el cual se busca proteger a los trabajadores de 12 conductas que impongan los puestos jerárquicos contra los trabajadores y prevenir figuras como el abuso de poder, así como el anteproyecto de Ley de Principios del Derecho Laboral y Protección al Trabajo, para ayudar a jueces laborales a tomar decisiones en favor de la clase trabajadora.

Sin embargo, las normas y proyectos de norma presentados cubren únicamente a un porcentaje relativamente pequeño de la población económicamente activa del país. La población que trabaja en las instituciones del Estado, por tratarse de servidoras y servidores públicos, no está protegida por la Ley General del Trabajo, como tampoco lo están las trabajadoras y trabajadores informales, que viven completamente al margen de las garantías y derechos establecidos en la normativa nacional.

De ahí que dos expertos laboralistas consultados por nuestro suplemento Animal Político en su edición de ayer pusieran sobre la mesa de debate el dilema de proteger el empleo ya existente y a la población asalariada o ampliar la base de trabajadoras y trabajadores cubiertos por una legislación incluyente y adaptada a las necesidades del siglo XXI. Es evidente que por lo pronto se asegura la primera opción y queda en el fondo de la lista de pendientes la segunda. En el camino queda una deslucida celebración del 1 de mayo y la certeza de que es mucho lo que debe hacerse.  

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El factor OEP

Junto con equipos profesionales y técnicos, el ejercicio de la función electoral requiere autoridades con capacidad, autonomía y permanencia.

Por La Razón

/ 1 de mayo de 2021 / 23:26

Entre otras innovaciones en torno al modelo estatal y sus órganos de poder, la Constitución Política del Estado (2009) estableció cambios de fondo en la institucionalidad electoral en el país. Transcurridos 12 años, hay algunos avances, pero queda todavía un largo camino por recorrer. Un aspecto crítico tiene que ver con sucesivos cambios de sus máximas autoridades.

Desde la transición a la democracia a fines de la década del 70 del siglo pasado, la institucionalidad electoral se fue construyendo en torno a una entidad responsable de administrar elecciones. En principio dicha entidad estaba bajo control de los partidos políticos. Luego se asumió la necesidad de su autonomía e independencia, con avances y retrocesos. Su misión era clara y única: organizar periódicamente eventos de sufragio para la elección, cada vez más extendida, de gobernantes y representantes.

En el marco del proceso constituyente se produjeron dos cambios sustantivos. El primero referido a la estructura institucional: el otrora organismo con potestad del Estado para administrar los procesos electorales en todo el territorio de la República se transformó en un órgano del poder público, nada menos, con igual jerarquía que los otros órganos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) del Estado Plurinacional. Hay entonces un cambio de cualidad, que supone también variaciones en su función y competencias.

El segundo cambio constitucional se refiere precisamente al mandato del nuevo Órgano Electoral Plurinacional (OEP). Si antes el organismo electoral se ocupaba en esencia de organizar elecciones (además de administrar el registro civil), desde 2009 el OEP tiene la responsabilidad de garantizar el ejercicio pleno y complementario de las tres formas de democracia reconocidas en la Constitución Política: directa y participativa, representativa y comunitaria. Su horizonte es la democracia intercultural.

Luego de 12 años de camino es evidente que el OEP, si bien ha avanzado en su proceso de edificación institucional, aún no termina de asentarse como un órgano del poder público que asuma a plenitud su jerarquía e independencia. En cuanto a su mandato, el nuevo Órgano continúa privilegiando la democracia de elecciones y organizaciones políticas, distante todavía del horizonte de una democracia intercultural. Tiene también asignaturas pendientes en la modernización del servicio de registro cívico.

Para avanzar y consolidarse como OEP, es fundamental que el Tribunal Supremo Electoral, como máximo nivel de la institucionalidad electoral en el país, garantice la estabilidad de sus autoridades. A la fecha, ninguna de sus sucesivas generaciones de vocales, sea por situaciones de crisis, sea por razones personales, ha concluido el periodo de funciones. Junto con equipos profesionales y técnicos, el ejercicio de la función electoral requiere autoridades con capacidad, autonomía y permanencia.

   

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Agenda económica

Es urgente un diálogo fecundo y contructivo entre las autoridades y el sector privado, en toda su diversidad.

Por La Razón

/ 1 de mayo de 2021 / 02:47

El tiempo va transcurriendo y la agenda económica del Gobierno se va precisando. Resaltó desde un inicio el impulso a la demanda interna mediante el Bono Contra el Hambre, las medidas de redistribución y una política de aumento salarial razonable. Se espera ahora un mayor esfuerzo en la reactivación de todos los sectores, entendiendo las difíciles condiciones en que han quedado debido a la pandemia.

 Las orientaciones de la política económica del presidente Arce se van precisando. Entre las medidas más destacables y con impactos positivos hay que resaltar la otorgación del Bono Contra el Hambre que ha beneficiado a más de cuatro millones de personas y una serie de acciones de redistribución del ingreso a sectores vulnerables como los jubilados o las personas con salarios bajos.

La apuesta de la actual administración de inyectar recursos directamente al bolsillo de los ciudadanos para que la demanda interna se reactive con fuerza parece sensata por ahora, considerando la situación de depresión y de falta de liquidez que ha afectado a todos los sectores productivos y servicios del país desde el año pasado. Se trata de políticas que están siendo implementadas tanto en economías desarrolladas, léase las europeas o de Estados Unidos, como en la mayoría de los países en desarrollo.

Es también destacable el esfuerzo gubernamental para recomponer y relanzar la inversión pública, que cayó a niveles muy bajos el año pasado, entendiendo que de esa manera se promueve la recuperación de sectores clave para el empleo como las construcciones o servicios empresariales.

Paralelamente se sigue a la espera de señales claras en torno al apoyo que el Gobierno podría dar a los emprendimientos privados de todo tipo y tamaño para que se reactiven y empiecen a producir y expandir sus actividades. Esto pasa por facilitarles opciones crediticias y por aliviar razonablemente ciertos pesos en sus finanzas, pero sobre todo por entender las limitaciones y pérdidas acumuladas en lo que vamos de la pandemia. En este sentido, se ha recomendado desde este mismo espacio abrir un diálogo más abierto y cooperativo entre el gobierno del MAS y la empresa privada boliviana.

La decisión de congelar el aumento al haber básico este año e incrementar en 2% el salario mínimo nacional es una señal amigable considerando la grave crisis que están enfrentando los grandes, medianos y pequeños empresarios privados. Sin embargo, dicha señal de moderación no es suficiente, se precisan ajustes normativos, mecanismos que faciliten la dinamización de los negocios y mayor comprensión acerca de las limitaciones de muchas empresas.

Por esa razón, en particular en este momento, es urgente establecer un diálogo fecundo y constructivo entre las autoridades y el sector privado, en toda su diversidad, para construir una agenda de reactivación realista y esperanzadora para los próximos meses.    

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Excesos punibles

Es urgente que la lucha contra la corrupción se base en sólidos principios y no solo en intereses coyunturales.

Por La Razón

/ 30 de abril de 2021 / 02:01

El viejo prejuicio que muestra a la clase política como motivada principalmente por su ambición personal y su codicia, y por tanto proclive a la corrupción y al uso patrimonial de los recursos públicos parece confirmarse cotidianamente con la sucesión de noticias que dan cuenta de nuevos hallazgos de mala gestión de la cosa pública. La corrupción debe ser sancionada.

Inevitablemente, al parecer, las y los principales investigados por estos comportamientos reñidos no solo con la moral y la ética, sino sobre todo con las normas vigentes en el país son los miembros del gobierno transitorio, que en muchas ocasiones no pudieron o no supieron evitar malos manejos, si es que no se beneficiaron de manera personal con ellos.

Así, cada día se conocen nuevos casos que son puestos a consideración del Ministerio Público, que a su vez está obligado a procesar de oficio a quienes son sindicados de haber cometido delitos en el ejercicio del servicio público. Solo esta semana fueron motivo de polémica la revelación de manejos dispendiosos en el Ministerio de Desarrollo Productivo, que incluyeron la contratación de taxis aéreos entre La Paz y Santa Cruz de la Sierra y la acusación contra el entonces Ministro de Gobierno, que intervino la Unidad de Investigaciones Financieras con fines de persecución política.

El Alcalde electo de La Paz, en su condición de exministro de Obras Públicas, también ha sido acusado y está en la mira de la Fiscalía. En todos los casos, las y los sindicados han reaccionado señalando que se trata de persecución política. En los hechos sus vulnerabilidades jurídicas los convierten en sujetos de persecución penal, lo cual facilita los propósitos políticos que pudieran existir en su contra, no al revés.

También afirman estas personas que la persecución penal solo sería legítima si se aplicara contra todas las personas acusadas por delitos de corrupción; el Gobierno, por ahora, exhibe el caso del exministro de Desarrollo Rural y Tierras, detenido hace pocos días por recibir dinero para favorecer un trámite, como evidencia de que la corrupción es intolerable y debe ser sancionada sin importar la militancia de la persona acusada.

En los hechos, sin embargo, es evidente que cada régimen de gobierno tiende a favorecer a los suyos y a perseguir a los opositores, lo cual quita legitimidad a esas acciones; empeora el panorama la evidencia de que no todos los casos se adecúan al debido proceso, lo cual impide la acción de la justicia y, en extremo, produce impunidad.

Es urgente, pues, que la lucha contra la corrupción se base en sólidos principios y no solo en intereses coyunturales, de tal modo que queden para la historia los esfuerzos por castigar actos ilegales y no solo los intentos de afectar a los adversarios políticos. Seguir en el camino actual solo abona a la crisis endémica del Órgano Judicial y al descrédito de la clase política.  

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