El 9 de marzo, el ex director presentó una denuncia a la Fiscalía de La Paz sobre la existencia de una red nacional de falsificadores y traficantes de información y documentación institucional del INRA. En el hecho estarían involucradas personas particulares en complicidad de funcionarios y ex funcionarios del INRA, que se dedicaban a vender y tramitar datos de catastro y del Sistema Integrado de Saneamiento y Titulación (SIST),
Así también, en la falsificación de documentación privada de supuestos derechos agrarios y documentos falsos supuestamente emitidos por el INRA, para beneficio propio y de terceros, con el consecuente tráfico fraudulento de tierras agrarias y tierras fiscales del Estado.
El 17 y 18 de marzo se hizo los allanamientos a las oficinas. La investigación preliminar estableció que esta organización ilícita desarrolló sus actividades delincuenciales como «organismos paralelos al INRA» en oficinas «montadas» en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz.
Dos de estas oficinas estaban ubicadas en la capital cruceña. La Fiscalía halló documentación referida al saneamiento de tierras, pruebas y datos en computadoras. Rojas explicó que la primera oficina pertenecía a la empresa Concertop, que ofrecía servicios de Topografía y Geodesia en la urbe.
«En esta oficina se ofrecía en venta tierras fiscales. Incluso ya se estaban vendiendo las tierras a dos mujeres migrantes, pese a que los predios todavía no habían sido declarados como tierra fiscal porque faltaba que concluya el procedimiento. La venta se realizaba a base de información del INRA», aseguró Rojas. Añadió que aunque no se ha determinado a cuántas personas se habría vendido estos terrenos, «con seguridad había otra gente que habría estado adquiriendo tierra fiscal».
Indicó que la otra oficina pertenecía a la empresa constructora Servicom, que brindaba servicios de computación, cuyo dueño era Marcelo Salas, detenido en Palmasola y acusado por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, asociación delictuosa, falsedad material e ideológica y uso de instrumento falsificado.
«Allí se efectuaban trámites ilegales de saneamiento para introducirlos al INRA y legalizarlos. Se cobraban sumas elevadas», según Rojas. En las declaraciones tomadas por el fiscal de materia de La Paz, César Romano, el acusado señaló que tiene una empresa de service computer de la cual es dueño y de una segunda empresa de nombre Arancibia Moreno, en sociedad con Oswaldo Ramírez.
La ex autoridad dijo que se identificó 34 predios con documentos ilegales, en dicha oficina, que pretendían ser legalizados mediante modificaciones en el resultado del saneamiento.
La versión del acusado del caso
Posesión
En sus declaraciones, Marcelo Salas Viruez justificó que poseía trámites de saneamiento y recibos de pago porque «se puede evidenciar algunos documentos de prestación de servicios para hacer seguimiento ante el INRA y la agencia de bosques y tierras ABT».
Precio
«El costo por trámite es de $us 2.000 ó 2.500 en Santa Cruz; si es en La Paz, $us 5.000 ó 10.000». Añadió que el registro de trámites que realiza no pasa de 10.
Venta
Explicó que «a la fecha no hemos saneado ningún predio ni vendido, no es nuestra tuición hacer saneamiento sino sólo seguimiento», dijo.
Según Rojas, Pinto actúa por ‘interés familiar’
El ex director del INRA, Juan Carlos Rojas, atribuye a un interés familiar la denuncia que hizo en su contra el viceministro de Tierras, José Manuel Pinto, quien dijo que durante la gestión de Rojas se produjeron irregularidades en el saneamiento de dos predios. Pinto fue requerido por este medio, pero se negó a tocar el tema.
«El problema es que el señor Remberto Soto Castellón (que se disputa con otra persona el derecho propietario de un predio) es hijo de Remberto Soto Pinto, que sería primo hermano de José Manuel Pinto, aquí nos preocupa que hay un interés familiar», dijo Rojas acerca del litigio por dicha propiedad, que habría sido adquirida por Soto después del 2007.
Agregó que una vez que el INRA emitió la resolución final de titulación del predio (2010), el viceministro Pinto la impugnó, arguyendo irregularidades en el antecedente agrario, ya que éste «habría sido emitido por un juez agrario que no era tal». Rojas dijo que, el 2006, Pinto era jefe de Saneamiento del INRA Santa Cruz y que conoció el caso, pero archivó la carpeta «sin ninguna observación, lo que recién hace cuando se genera un interés familiar».