Después de varias semanas de conflicto, el proyecto carretero Las Cruces-Buena Vista sigue siendo inviable, a pesar de que es una iniciativa propuesta en 2010, aprobada en 2017, financiada en 2018 y acordada en abril de 2022 entre el Gobierno nacional y el actual Gobernador de Santa Cruz. Las partes en conflicto se acusan mutuamente de esconder intereses inmobiliarios.

Al parecer, el conflicto tiene que ver, por una parte, con intereses inmobiliarios, según los unos, del Gobierno sobre asentamientos humanos cercanos al trazo de la carretera acordado tiempo atrás; según los otros, de la Gobernación cruceña que esconde un interés de favorecer grandes extensiones de tierra urbanizada con el nuevo trazo que se exige. Ninguna de las partes puede demostrar lo que afirma ni desacreditar completamente la versión del adversario.

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Por otra parte, es evidente que la reclusión del Gobernador cruceño en la cárcel de Chonchocoro es el factor que hace inviable cualquier acuerdo entre los gobiernos nacional y departamental de Santa Cruz. Eso explica, entonces, por qué en abril de 2022 el ahora detenido preventivo firmó un acuerdo intergubernativo dando luz verde al proyecto carretero y ahora pretenda borrar con el codo lo escrito con la mano.

En los hechos, fue recién en octubre de 2022 cuando se planteó la supuesta existencia de acuíferos por debajo de la carretera (que actualmente es un camino de tierra y ripio que se usa hace más de un siglo); para más sospecha, el Comité Cívico pro Santa Cruz, ha intentado convencer a la población de que la palabra “acuífero” es un vocablo típico de la región. Es decir, los actuados del lado cruceñista solo confirman una forma de hacer política basada en la comunicación propagandística y no en hechos o necesidades reales.

Al frente, el Gobierno solo muestra incertidumbre y confusión, habiendo sido incapaz de demostrar no solo que se trata de un proyecto largamente demandado en el departamento oriental, sino que además ha cumplido con el debido proceso para llegar a la fase de ejecución. Prueba de ello es que están comprometidos $us 142 millones a través de sendos créditos de la CAF: Banco de Desarrollo y del Fondo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo para el Desarrollo Internacional (OFID-OPEP). La diferencia ($us 70 millones) debería ser cubierta por la Gobernación cruceña, que al inicio del conflicto afirmó no tener esos recursos.

El resultado es una multimillonaria pérdida económica para el sector productivo a causa de 16 días no consecutivos de bloqueos; la sistemática erosión de la confianza de la población en los representantes de los gobiernos nacional y departamental, y la desaparición de las condiciones necesarias para desarrollar y ejecutar proyectos que más que servir para promover la imagen de tal o cual líder deberían aportar al desarrollo de la sociedad. Ciertamente, como demuestra este caso, las prioridades están trastornadas, y son los gobernados quienes llevan la peor parte.

La Fundación Cultural Cueca Boliviana presentará este domingo 24 de septiembre a la poeta Matilde Casazola en la Casa de la Cueca Boliviana, en el municipio de Sacaba en la zona del Chapare. El evento ‘Encuentro en el Cuecatorio” será conducido por el músico Willy Claure.

Se debe realizar un aporte de 100 bolivianos, que vendrá acompañado de una ‘salteñada’.

Según la página Historia de Bolivia. Matilde Casazola Mendoza nació en Sucre en enero del año 1943. Destacada escritora y compositora boliviana, realizó sus estudios en la Escuela Normal de Maestros (Sección musical).  Dio cátedras de guitarra en la Escuela Nacional de Folklore “Mauro Núñez Cáceres” de La Paz. Su obra se destaca por la publicación de 13 libros de poesía y nueve discos y cassettes, explica el medio citado.

Mientras que Willy Claure nació en Cochabamba el 12 de octubre de 1962. Según su página web oficial, en 1979 inició su extensa trayectoria artística, sembrando sus obras desde el ámbito tradicional-popular hasta los espacios contemporáneos. “Lleva consigo su bandera musical: “La Cueca Boliviana”, su genuino y fundamental medio de inspiración y expresión” dice la página web.

La Fundación Cultural Cueca Boliviana – Willy Claure («FCCBWC») es una organización sin fines de lucro. Fue creada el 07 de marzo de 2016.  Tiene como objetivo realizar acciones que permitan el desarrollo, la revalorización, la salvaguarda, la promoción y difusión de la Cueca Boliviana.

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La Asociación de Integración Diplomática en Bolivia (AIDB), realizará la Subasta de Arte Benéfica el día 4 de octubre a las 18:30 en la Residencia de la Unión Europea.

Esta asociación con fines benéficos, culturales y de integración, está conformada voluntariamente por funcionarios y diplomáticos acreditados en el Estado Plurinacional de Bolivia y sus parejas.

La Subasta de Arte Benéfica tiene el apoyo de la Unión Europea y de Galería Altamira.

Según un comunicado de la AIDB este evento es parte de las actividades de la asociación, que busca “la integración de la comunidad internacional, así como recaudar fondos para los proyectos benéficos que la Asociación apoya mensualmente”.

El 25% de los fondos recaudados por estas acciones irán a centros de ayuda social de La Paz y El Alto.

Los cinco centros que actualmente se benefician de los aportes de la AIDB son Enda El Alto, Fundación KandioZentrum, Fundación Nuestra Esperanza, Asilo de Ancianos San Ramón y Orfanato Carlos de Villegas.

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Como estaba previsto, el Instituto Nacional de Estadística (INE) concluyó la elaboración del cuestionario para el Censo Nacional de Población y Vivienda 2024. El cuestionario incluye 59 preguntas divididas en siete capítulos. Es el cuestionario definitivo y será dado a conocer en los siguientes días. Nos encaminamos así al censo previsto para el próximo 23 de marzo.

En los estudios acerca de la situación y percepciones de las personas, más todavía en el caso de un censo poblacional, el cuestionario es un factor básico. Según las buenas prácticas y recomendaciones en la materia, el cuestionario debe expresar con claridad los temas esenciales requeridos por el país para satisfacer necesidades. Es importante, por tanto, que la información obtenida sea relevante, tenga continuidad histórica con censos anteriores y permita la comparabilidad internacional.

En principio, el cuestionario del censo no debiera ser objeto de polémica. Se diseña sobre la base de preguntas utilizadas usualmente en los censos, que recogen una amplia experiencia a nivel regional e internacional. Lo importante es incluir preguntas que brinden información útil para la definición de políticas públicas, según cada contexto nacional. No basta, pues, que la información obtenida sea “interesante”. La definición y en su caso agregación de preguntas responde a la necesidad de datos.

Así pues, la boleta para el Censo 2024, que siguió un largo proceso de elaboración y prueba, contiene 59 preguntas, 10 más que el cuestionario utilizado en el censo de 2012. Los capítulos tienen que ver con la ubicación geográfica de la vivienda, el tipo de vivienda, las características de la vivienda con personas presentes, la emigración internacional en el hogar, mortalidad, personas y, lo central, características de cada persona. Se prevé que el llenado del cuestionario se haga en 40 minutos.

Con la actualización cartográfica y, ahora, la definición de la boleta, nos encaminamos a la realización del censo, previsto inicialmente para noviembre del 2022. Llegamos después de una inútil disputa por la fecha de la consulta, que el año pasado derivó en un paro fallido de 36 días en Santa Cruz. Debemos esperar que no se presente ningún escollo hasta la realización del censo el próximo 23 marzo. Es el esfuerzo más importante y amplio para el recuento poblacional y la obtención de información estadística.

Si todo va bien, dentro de un año tendremos los resultados preliminares del censo. Ojalá entonces el debate público no sea sobre la calidad de los datos obtenidos, sino acerca del uso de la información y las políticas públicas requeridas para enfrentar las necesidades de la población. Estará en agenda también, por supuesto, la distribución de recursos, en el marco de un esquivo pacto fiscal, y la nueva asignación de escaños en Diputados, aplicable en las elecciones 2025. Esperemos las 59 preguntas.

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El fenómeno de El Niño, sumado al ya irreversible cambio climático, ha producido este año un invierno inusualmente cálido y una marcada disminución de las reservas de agua en todo el país. La situación es dramática en prácticamente los nueve departamentos y las autoridades de los tres niveles gubernativos han hecho anuncios para tomar previsiones. Ojalá esta vez actúen a tiempo.

Fue hace muy poco cuando la ciudad de La Paz atravesó por un dramático racionamiento de agua, causado por la falta de previsión de las autoridades locales y nacionales al saber que las reservas se agotaban, agravado por la falta de transparencia de esas mismas personas (se abrieron varios procesos judiciales contra ellas y ellos, pero ninguno prosperó). De esa experiencia quedaron numerosas lecciones, pero la mayoría ya han sido olvidadas.

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Hoy el país tiene a cinco municipios de Santa Cruz declarados en emergencia por la falta de lluvias, y con la Gobernación anunciando la dotación de agua en cisternas y la perforación de pozos; en Potosí está previsto que mañana viernes comience el racionamiento del líquido elemento, que obligará a las personas en la ciudad capital de ese departamento a recibir agua solo día por medio; Sucre marcha por el mismo camino.

En La Paz, aunque las autoridades han anunciado que no habrá escasez de agua, el gobierno municipal ha convocado para mañana viernes a una “cumbre” en la que deberían participar las diversas instancias nacionales (incluyendo al Ministerio de Medio Ambiente y Agua, así como a EPSAS), departamentales y municipales del área metropolitana, además de la sociedad civil. Se espera que, cuando menos, haya un diagnóstico sincero y real de la situación y que, por supuesto, se adopten iniciativas viables para cuidar las escasas reservas.

A su vez, el Presidente del Estado ha anunciado que el tema está siempre en la agenda de las reuniones semanales de gabinete; “tenemos que prepararnos”, dijo el mandatario al afirmar que se trata de un problema global. Por su parte, y en sintonía, el Ministro de Medio Ambiente y Agua anunció que solo este año se tiene previsto invertir Bs 1.600 millones “para implementar sistemas de agua potable, sistemas de alcantarillado sanitarios, más la planta de tratamiento de agua residual y de agua potable”. Agregó que entre 2021 y 2022 se ha invertido Bs 1.200 millones por año.

Volviendo a la amarga experiencia de fines de 2016 e inicios de 2017, cuando gran parte de la mancha urbana de La Paz se vio privada de agua potable, toca recuperar las lecciones aprendidas, comenzando por la pronta, oportuna y transparente actuación de las autoridades llamadas por ley a garantizar el goce del derecho humano al agua, promovido por Bolivia en los foros multilaterales.

Además, el solo anuncio de multimillonarias inversiones no resuelve el problema de fondo: la falta de una cultura cívica de cuidado del agua. Mañana, cuando la sequía vacíe los grifos de las casas, de nada servirá lamentarse o atacar políticamente a los responsables de esa escasez.