Sociedad

miércoles 5 may 2021 | Actualizado a 17:59

Indicios apuntan a suicidio de Niño de Guzmán, dice fiscal

Investigación. Pidió examen psicológico de la esposa y la pareja del periodista

Marcha. Periodistas protestan en inmediaciones de la plaza Murillo, ayer.

Por La Razón

/ 28 de abril de 2011 / 05:00

El representante del Ministerio Público informó, además, que solicitó que se practique un examen psicológico a la viuda y a una joven con la que aquel sostenía una relación sentimental. Cuando La Razón preguntó al fiscal Cáceres si los indicios dirigían con más certeza hacia la posibilidad del suicidio, el fiscal respondió que sí.

Sin embargo, no descartó la hipótesis de un asesinato. «Sobre esta posibilidad, hay que preguntarse qué móviles podrían haber, para ver hasta dónde se puede llegar, aunque tampoco hay datos e indicios que lleven hacia esta salida, afirmó.

El cadáver de Niño de Guzmán fue hallado el pasado jueves y según la autopsia, el que fue Jefe de Informaciones de la Agencia de Noticias Fides (ANF) murió debido a la explosión de dinamita.

«He ordenado que se practique una autopsia psicológica de la víctima y también una valoración psicológica de las dos mujeres, porque obviamente están apareciendo como dos santitas, pero tenemos una información de que no es así», dijo Cáceres.

Desde que se halló el cuerpo hasta la fecha la viuda del periodista, Sandra Flores, ha insistido en que se trataría de un asesinato.

El fiscal asignado al caso ordenó también a la Unidad de Bomberos que determine el kilogramaje específico de los explosivos que causaron el deceso del ex jefe de Informaciones de ANF, además de otras pericias investigativas de orden genético, bioquímico y psicológico, cuyos resultados se tendrán «dentro de una o dos semanas, (entonces) se podrá analizar toda la información», dijo.

La red Uno hizo públicas ayer imágenes del cadáver donde se ven heridas cortantes en los muslos, por las que la esposa insiste en la posibilidad del asesinato.

«Mi esposo no se ha suicidado. Los cortes que tiene en las piernas no pueden ser causadas por una explosión, cuando el forense me explicó que los cortes fueron causados por la caída, no tomé atención debido a que estaba desorientada por la noticia. Ahora pienso que cuando uno cae se raspa y no se corta. Tengo la certeza de que mataron a mi esposo», argumentó Flores a la red Uno.

En el informe del examen forense se confirmó que Niño de Guzmán murió por causa de «una implosión que duplica la onda expansiva proyectando al cuerpo unos 30 a 40 metros más allá del lugar de la detonación».

Ayer, una treintena de periodistas de La Paz protagonizó una marcha en inmediaciones de la plaza Murillo, exigiendo que se esclarezca este deceso y el de Carlos Quispe (2008). Además, pidieron un seguro de vida.

Seguro de Vida está vigente

El DS 20225 del 9 de mayo de 1984 (gestión de Hernán Siles Zuazo) en el artículo 46 establece que «Dada la naturaleza del trabajo periodístico y los riesgos que conlleva, el empleador deberá contratar seguro de vida y de accidentes».

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Gestión y acuerdos

La ciudadanía se expresó con civismo en las urnas y otorgó mandatos claros en democracia. Esperemos que las autoridades y representantes electos estén a la altura del desafío.

Por La Razón

/ 5 de mayo de 2021 / 02:35

Los actos de posesión e inicio de funciones de las autoridades y representantes electos en los departamentos y municipios del país mostraron no solo variedad de rostros y estilos, sino también importantes señales para la gestión pública. Es evidente que la preocupación principal es la crisis socioeconómica y la crisis sanitaria. En tal contexto se requieren acuerdos de amplio alcance.

Concluido el largo ciclo electoral y el periodo de transición para la posesión de las nuevas autoridades y representantes, llegó la hora de la gestión. Los primeros mensajes, como es natural, son de reafirmación de compromisos. En general, la situación en las entidades territoriales autónomas no es la mejor: los recursos son escasos, se heredan deudas abultadas y hay múltiples demandas. Todo ello puede generar conflictos. Es previsible asimismo un periodo de ajustes internos y remoción de funcionarios.

Más allá de disputas y diferencias de estilo, así como de la especificidad de agendas en cada territorio, es evidente que el desafío común radica en impulsar políticas públicas de corto plazo para enfrentar la crisis socioeconómica, así como un esfuerzo especial a fin de adoptar medidas eficaces contra la pandemia del COVID-19. Para ello, los gobiernos departamentales y municipales requieren no solo recursos, sino también acuerdos amplios entre los diferentes actores políticos, sociales e institucionales.

Es claro asimismo que para avanzar en la agenda de gestión pública en las entidades territoriales es fundamental que exista sintonía con las políticas anticrisis del nivel central del Estado. Ello implica voluntad de diálogo, de coordinación y de construcción de acuerdos. Las diferentes solicitudes de reunión con el presidente Luis Arce van en ese sentido. Debe esperarse que el Gobierno central, más allá de diferencias políticas y sin exclusiones, garantice la convergencia de capacidades y esfuerzos.

En general, con la excepción de una bravata marginal de Luis Fernando Camacho en su primer discurso como gobernador de Santa Cruz, las autoridades electas manifestaron disposición para concertar. Es lo que necesita el país. El escenario económico y sanitario es demasiado crítico como para desperdiciar energía en prolongar una inútil polarización política. Se requiere pues que todos los gobiernos (central, departamentales, municipales) concentren trabajo y recursos en afrontar y superar la emergencia.

Cierto que en el horizonte hay temas estructurales que no pueden ignorarse. Ahí está el postergado pacto fiscal, que es uno de los componentes centrales del lento proceso autonómico. Se hace referencia también al próximo Censo Nacional de Población y Vivienda. Y debe lograrse que haya justicia como condición de paz y reconciliación. La ciudadanía se expresó con civismo en las urnas y otorgó mandatos claros en democracia. Esperemos que las autoridades y representantes electos estén a la altura del desafío.

  

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Proteger el empleo

En el camino queda una deslucida celebración del 1 de mayo y la certeza de que es mucho lo que debe hacerse

Por La Razón

/ 3 de mayo de 2021 / 00:49

La celebración del Día de las y los Trabajadores, como ya se ha hecho una costumbre en la última década y media (exceptuando 2020, durante el gobierno transitorio), ha llegado con anuncios de diversas medidas en favor de la clase trabajadora, al menos la asalariada. La actual situación de crisis, sin embargo, obliga a mirar la compleja temática de un modo más abarcador.

En efecto, el acto desarrollado el sábado 1 de mayo en la plaza de armas de Santa Cruz de la Sierra sirvió para que el Presidente del Estado, además de anunciar el incremento de 2% al salario mínimo nacional, recibiera la reafirmación de la lealtad de la Central Obrera Boliviana (COB), que en su condición de institución miembro del Pacto de Unidad (o lo que queda de él) a menudo antepone los intereses del partido en función de gobierno y los grupos que lo componen a los de la clase trabajadora a la que dice representar.

También sirvió el multitudinario acto para que se anuncie la emisión de la Resolución 431/21, del Ministerio de Trabajo, ratificando lo establecido en normas de rango superior: el derecho de las y los trabajadores sujetos a la Ley General del Trabajo a la continuidad y estabilidad laboral; además de estipular que la fuerza mayor y el caso fortuito no constituyen causas legales de retiro, lo cual en los hechos dificulta los procesos de despido y cambio de personal en las empresas privadas.

Otros anuncios importantes fueron la presentación de un anteproyecto de Ley Contra el Acoso Laboral, con el cual se busca proteger a los trabajadores de 12 conductas que impongan los puestos jerárquicos contra los trabajadores y prevenir figuras como el abuso de poder, así como el anteproyecto de Ley de Principios del Derecho Laboral y Protección al Trabajo, para ayudar a jueces laborales a tomar decisiones en favor de la clase trabajadora.

Sin embargo, las normas y proyectos de norma presentados cubren únicamente a un porcentaje relativamente pequeño de la población económicamente activa del país. La población que trabaja en las instituciones del Estado, por tratarse de servidoras y servidores públicos, no está protegida por la Ley General del Trabajo, como tampoco lo están las trabajadoras y trabajadores informales, que viven completamente al margen de las garantías y derechos establecidos en la normativa nacional.

De ahí que dos expertos laboralistas consultados por nuestro suplemento Animal Político en su edición de ayer pusieran sobre la mesa de debate el dilema de proteger el empleo ya existente y a la población asalariada o ampliar la base de trabajadoras y trabajadores cubiertos por una legislación incluyente y adaptada a las necesidades del siglo XXI. Es evidente que por lo pronto se asegura la primera opción y queda en el fondo de la lista de pendientes la segunda. En el camino queda una deslucida celebración del 1 de mayo y la certeza de que es mucho lo que debe hacerse.  

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El factor OEP

Junto con equipos profesionales y técnicos, el ejercicio de la función electoral requiere autoridades con capacidad, autonomía y permanencia.

Por La Razón

/ 1 de mayo de 2021 / 23:26

Entre otras innovaciones en torno al modelo estatal y sus órganos de poder, la Constitución Política del Estado (2009) estableció cambios de fondo en la institucionalidad electoral en el país. Transcurridos 12 años, hay algunos avances, pero queda todavía un largo camino por recorrer. Un aspecto crítico tiene que ver con sucesivos cambios de sus máximas autoridades.

Desde la transición a la democracia a fines de la década del 70 del siglo pasado, la institucionalidad electoral se fue construyendo en torno a una entidad responsable de administrar elecciones. En principio dicha entidad estaba bajo control de los partidos políticos. Luego se asumió la necesidad de su autonomía e independencia, con avances y retrocesos. Su misión era clara y única: organizar periódicamente eventos de sufragio para la elección, cada vez más extendida, de gobernantes y representantes.

En el marco del proceso constituyente se produjeron dos cambios sustantivos. El primero referido a la estructura institucional: el otrora organismo con potestad del Estado para administrar los procesos electorales en todo el territorio de la República se transformó en un órgano del poder público, nada menos, con igual jerarquía que los otros órganos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) del Estado Plurinacional. Hay entonces un cambio de cualidad, que supone también variaciones en su función y competencias.

El segundo cambio constitucional se refiere precisamente al mandato del nuevo Órgano Electoral Plurinacional (OEP). Si antes el organismo electoral se ocupaba en esencia de organizar elecciones (además de administrar el registro civil), desde 2009 el OEP tiene la responsabilidad de garantizar el ejercicio pleno y complementario de las tres formas de democracia reconocidas en la Constitución Política: directa y participativa, representativa y comunitaria. Su horizonte es la democracia intercultural.

Luego de 12 años de camino es evidente que el OEP, si bien ha avanzado en su proceso de edificación institucional, aún no termina de asentarse como un órgano del poder público que asuma a plenitud su jerarquía e independencia. En cuanto a su mandato, el nuevo Órgano continúa privilegiando la democracia de elecciones y organizaciones políticas, distante todavía del horizonte de una democracia intercultural. Tiene también asignaturas pendientes en la modernización del servicio de registro cívico.

Para avanzar y consolidarse como OEP, es fundamental que el Tribunal Supremo Electoral, como máximo nivel de la institucionalidad electoral en el país, garantice la estabilidad de sus autoridades. A la fecha, ninguna de sus sucesivas generaciones de vocales, sea por situaciones de crisis, sea por razones personales, ha concluido el periodo de funciones. Junto con equipos profesionales y técnicos, el ejercicio de la función electoral requiere autoridades con capacidad, autonomía y permanencia.

   

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Agenda económica

Es urgente un diálogo fecundo y contructivo entre las autoridades y el sector privado, en toda su diversidad.

Por La Razón

/ 1 de mayo de 2021 / 02:47

El tiempo va transcurriendo y la agenda económica del Gobierno se va precisando. Resaltó desde un inicio el impulso a la demanda interna mediante el Bono Contra el Hambre, las medidas de redistribución y una política de aumento salarial razonable. Se espera ahora un mayor esfuerzo en la reactivación de todos los sectores, entendiendo las difíciles condiciones en que han quedado debido a la pandemia.

 Las orientaciones de la política económica del presidente Arce se van precisando. Entre las medidas más destacables y con impactos positivos hay que resaltar la otorgación del Bono Contra el Hambre que ha beneficiado a más de cuatro millones de personas y una serie de acciones de redistribución del ingreso a sectores vulnerables como los jubilados o las personas con salarios bajos.

La apuesta de la actual administración de inyectar recursos directamente al bolsillo de los ciudadanos para que la demanda interna se reactive con fuerza parece sensata por ahora, considerando la situación de depresión y de falta de liquidez que ha afectado a todos los sectores productivos y servicios del país desde el año pasado. Se trata de políticas que están siendo implementadas tanto en economías desarrolladas, léase las europeas o de Estados Unidos, como en la mayoría de los países en desarrollo.

Es también destacable el esfuerzo gubernamental para recomponer y relanzar la inversión pública, que cayó a niveles muy bajos el año pasado, entendiendo que de esa manera se promueve la recuperación de sectores clave para el empleo como las construcciones o servicios empresariales.

Paralelamente se sigue a la espera de señales claras en torno al apoyo que el Gobierno podría dar a los emprendimientos privados de todo tipo y tamaño para que se reactiven y empiecen a producir y expandir sus actividades. Esto pasa por facilitarles opciones crediticias y por aliviar razonablemente ciertos pesos en sus finanzas, pero sobre todo por entender las limitaciones y pérdidas acumuladas en lo que vamos de la pandemia. En este sentido, se ha recomendado desde este mismo espacio abrir un diálogo más abierto y cooperativo entre el gobierno del MAS y la empresa privada boliviana.

La decisión de congelar el aumento al haber básico este año e incrementar en 2% el salario mínimo nacional es una señal amigable considerando la grave crisis que están enfrentando los grandes, medianos y pequeños empresarios privados. Sin embargo, dicha señal de moderación no es suficiente, se precisan ajustes normativos, mecanismos que faciliten la dinamización de los negocios y mayor comprensión acerca de las limitaciones de muchas empresas.

Por esa razón, en particular en este momento, es urgente establecer un diálogo fecundo y constructivo entre las autoridades y el sector privado, en toda su diversidad, para construir una agenda de reactivación realista y esperanzadora para los próximos meses.    

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Excesos punibles

Es urgente que la lucha contra la corrupción se base en sólidos principios y no solo en intereses coyunturales.

Por La Razón

/ 30 de abril de 2021 / 02:01

El viejo prejuicio que muestra a la clase política como motivada principalmente por su ambición personal y su codicia, y por tanto proclive a la corrupción y al uso patrimonial de los recursos públicos parece confirmarse cotidianamente con la sucesión de noticias que dan cuenta de nuevos hallazgos de mala gestión de la cosa pública. La corrupción debe ser sancionada.

Inevitablemente, al parecer, las y los principales investigados por estos comportamientos reñidos no solo con la moral y la ética, sino sobre todo con las normas vigentes en el país son los miembros del gobierno transitorio, que en muchas ocasiones no pudieron o no supieron evitar malos manejos, si es que no se beneficiaron de manera personal con ellos.

Así, cada día se conocen nuevos casos que son puestos a consideración del Ministerio Público, que a su vez está obligado a procesar de oficio a quienes son sindicados de haber cometido delitos en el ejercicio del servicio público. Solo esta semana fueron motivo de polémica la revelación de manejos dispendiosos en el Ministerio de Desarrollo Productivo, que incluyeron la contratación de taxis aéreos entre La Paz y Santa Cruz de la Sierra y la acusación contra el entonces Ministro de Gobierno, que intervino la Unidad de Investigaciones Financieras con fines de persecución política.

El Alcalde electo de La Paz, en su condición de exministro de Obras Públicas, también ha sido acusado y está en la mira de la Fiscalía. En todos los casos, las y los sindicados han reaccionado señalando que se trata de persecución política. En los hechos sus vulnerabilidades jurídicas los convierten en sujetos de persecución penal, lo cual facilita los propósitos políticos que pudieran existir en su contra, no al revés.

También afirman estas personas que la persecución penal solo sería legítima si se aplicara contra todas las personas acusadas por delitos de corrupción; el Gobierno, por ahora, exhibe el caso del exministro de Desarrollo Rural y Tierras, detenido hace pocos días por recibir dinero para favorecer un trámite, como evidencia de que la corrupción es intolerable y debe ser sancionada sin importar la militancia de la persona acusada.

En los hechos, sin embargo, es evidente que cada régimen de gobierno tiende a favorecer a los suyos y a perseguir a los opositores, lo cual quita legitimidad a esas acciones; empeora el panorama la evidencia de que no todos los casos se adecúan al debido proceso, lo cual impide la acción de la justicia y, en extremo, produce impunidad.

Es urgente, pues, que la lucha contra la corrupción se base en sólidos principios y no solo en intereses coyunturales, de tal modo que queden para la historia los esfuerzos por castigar actos ilegales y no solo los intentos de afectar a los adversarios políticos. Seguir en el camino actual solo abona a la crisis endémica del Órgano Judicial y al descrédito de la clase política.  

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