Sociedad

sábado 29 ene 2022 | Actualizado a 10:16

Denuncian anomalías en Universidad Andina

Administración. Autoridades y ex autoridades son acusadas de diversos casos

Por La Razón

/ 18 de mayo de 2011 / 05:00

La situación es tal que una comisión del Consejo Supremo de la Universidad llegó de Ecuador para recabar información de las partes confrontadas. Bolivia es sede de la institución desde su creación, en 1985.

El caso salió a la luz pública luego de que un grupo de personas que fue destituido de sus cargos denunció que el actual rector, Rafael Vergara Sandóval, incurrió en diversas arbitrariedades como el despido masivo de funcionarios (11 en Sucre, 13 en La Paz) sin justificativo, violación de correspondencia, de información almacenada en las computadores y otras.

Además, se lo acusa de contratar personal sin respetar las normas y de lanzar cursos sin coordinar con los responsables. El economista, docente y coordinador de una maestría en la Universidad Andina, Rolando Morales, señaló que, evidentemente, existe molestia al interior de la universidad por la forma en que obra el actual rector.

Morales citó, por ejemplo, que Vergara intentó suspender una maestría cuando ésta se hallaba en el último trimestre de su desarrollo. El aludido respondió a las acusaciones con otras denuncias. Según Vergara, tras asumir el rectorado, en septiembre del año pasado, detectó una serie de anomalías.

Mencionó que una auditoría realizada a la gestión del ex rector Julio Garret Ayllón, período 2006-2010, encontró que se hizo mal uso de aproximadamente 170 mil dólares. Además, afirmó que la universidad pagaba el salario de un funcionario que trabaja en el Ecuador y que detectó casos de nepotismo y favoritismo.

Garret Ayllón, ex presidente de la República, estuvo a la cabeza de la Universidad Andina durante 25 años. Si bien la entidad es parte de la Comunidad Andina, funciona en forma descentralizada. Su máxima autoridad es el Consejo Supremo, que en Bolivia está conformado por el abogado Bernardo Wayar y el actual rector de la Universidad San Francisco Xavier, Wálter Ariazaga.

Vergara dijo a La Razón que en marzo de este año, en una reunión del Consejo Superior, que se realizó en Ecuador, denunció los pagos irregulares que se hacían desde la universidad, administración La Paz, al rector de la universidad con sede en el Ecuador. «Los pagos ascienden a aproximadamente un millón de dólares», afirmó. «Los pagos se realizaban a Enrique Ayala, que fungía como rector de la Universidad Andina cuando Garret fue designado como embajador de Bolivia en la República de Argentina».

El rector señaló que las auditorías también han encontrado casos de nepotismo y favoritismos entre funcionarios administrativos y académicos. Aseguró que en la actualidad ya existe una denuncia formal por delitos penales en los tribunales.

Otra de las acusaciones que pesa sobre Vergara es que promocionó cursos sin la respectiva coordinación con los responsables del área. «Yo estaba empezando y cuando pedí el programa académico acepté la promoción de los mismos, confiando en la gestión administrativa», declaró a La Razón en descargo.

Universidad Andina

La Universidad Andina Simón Bolívar fue creada en 1985. La Comunidad Andina resolvió que la sede de esta institución académica y que funciona de forma descentralizada, esté en la capital de Bolivia, Sucre. El rector es elegido por el Consejo Superior.

Un enviado del Ecuador recoge información 

Una comisión conformada por representantes de la Universidad Andina de Bolivia y Ecuador inició ayer el trabajo de recolección de información sobre el manejo administrativo y académico en esta superior casa de estudios, una vez conocidas las denuncias de presuntas irregularidades.

El abogado Bernardo Wayar preside la comisión especial y son parte de ella el rector de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, Wálter Ariazaga, y el ecuatoriano Luis Bilbao.

Este último llegó del Ecuador y ayer se reunió en audiencia con diferentes profesionales del ámbito académico y responsables administrativos de la unidad académica que funciona en la sede de gobierno para recopilar información que será parte de un informe al Consejo Supremo, máxima autoridad de la Universidad Andina.

En declaraciones a La Razón, Bilbao señaló que la comisión especial que realiza este trabajo fue designada en la última sesión ordinaria de esa instancia, la misma se realizó en Ecuador en marzo.

Bilbao se comprometió a dar mayor información al respecto una vez que tenga un informe más pormenorizado sobre las supuestas irregularidades. Hoy estará en Sucre, donde también está previsto se reúna con docentes y administrativos para complementar la información sobre el manejo de la gestión.

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Carnavaleros

La cuarta ola no ha pasado, no podemos descuidarnos en las medidas de prevención.

Por La Razón

/ 29 de enero de 2022 / 02:05

Cuando todavía el país transita por esta cuarta ola de contagios, particularmente contagiosa aunque menos mortífera, se aceleran los preparativos para las fiestas carnavaleras. Entendiendo su importancia cultural y económica, no está demás preguntarse si es oportuno apresurarse en esas decisiones cuando el problema sanitario parece lejos de haberse resuelto.

Hace unas semanas, el anuncio de la organización de comparsas carnavaleras de Santa Cruz de reiniciar actividades previas a la fiesta despertó extrañeza y rechazo de parte de autoridades y muchos sectores. Se producía cuando ese departamento se encontraba aún en el pico más fuerte de contagios de COVID-19 y todos se movilizaban para hacer frente a la enfermedad. Fue una declaración apresurada y polémica que no fue una anécdota del momento ya que el Carnaval se celebra a lo largo y ancho del país.

En esta semana, las instituciones representativas de Oruro anunciaron formalmente la realización del Carnaval 2022. El argumento es similar: se consideraron los riesgos y se tomarán todas las previsiones de protección, sin ser demasiado precisos al respecto, de manera que la fiesta pueda llevarse a cabo.

En un momento en que el país sigue con alrededor de 7.000 casos positivos diarios, hay evidencias de que el crecimiento acelerado del contagio se ha detenido, estamos en una meseta, pero nadie nos asegura cuánto tardará la desescalada a niveles anteriores a la cuarta ola, ni sabemos con certeza cuánto riesgo existe de que la cepa Ómicron provoque otra emergencia. Hay dudas razonables que no pueden eludirse.

El Ministro de Salud ha recordado a todos los actores cabalmente estos criterios: la cuarta ola no ha pasado, no podemos descuidarnos en las medidas de prevención. Sin embargo, la reacción fue hasta hoy tímida. El escenario en el poder central tampoco es claro, ya que la Ministra de Culturas parece adherirse a la decisión, pero insistiendo también que ésta es competencia directa de las autoridades locales. Habrá que recordar a todos que la salud pública es una responsabilidad compartida.

Se sabe que las nuevas variantes del COVID-19 son mucho más contagiosas y que las vacunas protegen muy bien de sus complicaciones pero en ningún caso evitan el contagio. Por tanto, hay dudas razonables sobre si es suficiente exigir carnet de vacunación a los danzarines. ¿Qué pasa con las decenas de miles de espectadores, tradicionalmente hacinados en grandes graderías? ¿Se prohibirá el consumo de bebidas alcohólicas que promueven desorden y aglomeraciones? ¿Los bailarines entrarán con barbijo y con una distancia mínima? ¿Cuántos bailarines? ¿Cuántos espectadores? Sobran las interrogantes y escasean las respuestas.

Se espera dedicación al tema y seriedad en las autoridades tanto nacionales como locales que toman decisiones que luego podrían afectar la salud de miles de personas. Por ahora todo indica que la fiesta no puede esperar más.

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Malos policías

El de Dávila es, sin duda, apenas un caso más de comportamiento irregular entre policías.

Por La Razón

/ 28 de enero de 2022 / 02:50

El escándalo desatado días atrás por la detención del exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) Maximiliano Dávila, acusado por legitimación de ganacias ilícitas, ha servido no solo para alimentar las críticas de la oposición a una supuesta penetración del narcotráfico en el Estado, sino sobre todo para confirmar que hay uniformados que ceden a la tentación.

Es por eso que ayer, en un acto de graduación en la Academia Nacional de Policías (Anapol), el Presidente del Estado instó a los nuevos oficiales a poner en evidencia y denunciar a los “malos elementos” que comprometen la imagen de la institución del orden; señaló el mandatario que honrar el uniforme policial significa enfrentar cotidianamente “diversas lacras y tentaciones de corrupción”, agregando que el compromiso de los policías es con la democracia y con su institución, “que se guarda bajo los pilares de la no deliberación política, de la disciplina y del respeto a la doctrina policial”.

El de Dávila es, sin duda, apenas un caso más de comportamiento irregular entre policías, que todavía debe ser debidamente investigado por parte del Ministerio Público hasta obtener la evidencia que permita su imputación formal, pero que no debe servir como argumento para generalizar como corruptos o cómplices del crimen a todos los miembros de la institución verde olivo y mucho menos para afirmar que el Estado o sus instituciones han sido “penetradas” por mafias.

Según el resultado de investigaciones de Inteligencia, divulgado recientemente por el Ministro de Gobierno, Dávila era el “protector” de una red de narcotraficantes liderada por el antiguo capo del tráfico de sustancias controladas Jorge Roca Suárez, conocido como “Techo de Paja”. Asimismo, se conoció que tuvo vínculos con Omar Rojas Echeverría, un exmayor de la Policía Boliviana, ahora detenido en Colombia, que fue dado de baja en 2014 y a quien se conocía por ser “el hombre de los contactos con los narcotraficantes”, y que es requerido por la Agencia de Interdicción de Drogas (DEA, por su nombre en inglés) de EEUU.

Asimismo, el que se cite a la tristemente célebre DEA como fuente de la información sobre las actividades de los oficiales de policía aquí mencionados ha servido para confirmar que sus agentes encubiertos operan en el país, aunque el Ministro de Gobierno señaló enfáticamente que la Agencia estadounidense no tiene presencia oficial el territorio boliviano.

Los interesados señalamientos de dirigentes opositores y sus operadores mediáticos respecto a la presencia del narcotráfico en Bolivia y sus supuestas vinculaciones con el Estado son apenas una de las razones que deberían inspirar una investigación rápida, pero sobre todo transparente, de las actividades ilícitas de quienes deben combatir el crimen. Si la Policía aparece manchada de corrupción (y eso no es algo nuevo), es difícil que merezca y reciba el respeto necesario para desarrollar sus actividades de seguridad interna del país.

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Cumbre por la justicia

Debe hacerse sobre cimientos sólidos y con la más amplia convicción y compromiso de todos los actores.

Por La Razón

/ 26 de enero de 2022 / 00:13

Estamos a menos de dos meses de la cumbre por la justicia anunciada por el Gobierno para el mes de marzo, y todavía no se conocen decisiones formales sobre la convocatoria, la agenda temática, los participantes. Dadas las expectativas puestas en este encuentro, en un contexto de acentuada crisis judicial, es necesario garantizar la participación lo más amplia y plural posible.

Ya es un lugar común sostener la necesidad impostergable de una reforma profunda en el sistema de administración de justicia del país. Es una prioridad estatal y está entre las preocupaciones ciudadanas. El desafío es amplio. Se trata de impulsar transformaciones integrales a fin de lograr una justicia justa, accesible e independiente. Hasta ahora los anuncios de reforma, en algunos casos seguidos de alguna iniciativa normativa o administrativa, han sido solo eso: anuncios parciales que nada cambian.

La Cumbre Nacional de Justicia, anunciada por el presidente Arce en noviembre pasado en ocasión de su informe de gestión, fue concebida en principio como un punto de llegada. En el evento se presentarían y discutirían (o avalarían) avances en los seis ejes de reforma planteados por el ministerio del área. Estos ejes ya habrían sido socializados en diferentes ciudades del país con actores diversos. No se conoce, en todo caso, un acercamiento con la oposición, que ha manifestado escepticismo sobre la iniciativa.

Si bien la citada cumbre busca impulsar una reforma “de abajo hacia arriba con la participación del pueblo”, es evidente que la transformación del sistema de administración de justicia, para ser sustantiva y viable, debe ser resultado de un amplio proceso deliberativo y de un acuerdo nacional que le otorgue no solo legitimidad, sino en especial condiciones para su implementación. Para ello es indispensable alentar y tomar en cuenta, sin prejuicios ni exclusiones, diferentes propuestas de reforma.

De las varias cuestiones que deben ser abordadas y que configuran la actual crisis terminal del sistema judicial en el país, sin duda una de las más relevantes y complejas es la forma de elección o designación de las altas autoridades judiciales. Si bien hay cuestionamientos a la elección mediante sufragio establecida en la Constitución, que tuvo dos experiencias polémicas en 2011 y 2017, diferentes estudios de opinión pública muestran que mayoritariamente la gente no quiere renunciar a este derecho.

La reforma integral de la justicia es demasiado importante como para dejarla librada a la improvisación, la polarización política y el azar. Si se busca que la Cumbre Nacional de Justicia sea un hito en este camino, urge dar certidumbre al país sobre su naturaleza y alcance. Es evidente que el recorrido será prolongado y difícil, pero debe hacerse sobre cimientos sólidos y con la más amplia convicción y compromiso de todos los actores relevantes. De lo contrario, en marzo nos espera un nuevo desencuentro.

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Democracia paritaria

La presencia de las mujeres creció de menos del 1%del total de legisladores a la mitad de todos ellos.

Por La Razón

/ 24 de enero de 2022 / 00:06

En los últimos años, Bolivia ha sido reconocido como uno de los países con mayor participación femenina en el poder. De hecho, actualmente el 46% de las sillas curul en la Cámara de Diputados está ocupado por mujeres y el 55% en el caso de la de Senadores. Sin embargo, esa estadística esconde algunos aspectos preocupantes, como el continuo acoso que todavía sufren las políticas.

Un reciente informe, publicado por Oxfam Bolivia, revela que en los últimos 38 años la presencia de las mujeres creció de menos del 1% del total de legisladores a la mitad de todos ellos; pero también evidencia que al menos cuatro de cada 10 legisladoras activas han denunciado que fueron víctimas de acoso y violencia política “varias veces”. Falta saber cuántas han sufrido sin denunciar.

La investigación, que combinó encuestas, grupos focales, entrevistas y el método Delphi, fue realizada conjuntamente por Oxfam, la Coordinadora de la Mujer y el Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón (CESUUMSS) en todo el país, por lo que da cuenta del estado de cosas no solo en la Asamblea Legislativa Plurinacional, sino también en los gobiernos departamentales y municipales, donde la evidencia muestra una participación paritaria en los órganos legislativos, pero “ninguna presidenta electa, cero gobernadoras, muy pocas alcaldesas”.

Eso significa, dice el informe publicado bajo el título La paridad más allá de la paridad, que “la democracia paritaria es una buena idea”, también que “es un proyecto radical de transformación política”, pero que “aún no se ha plasmado, está en proceso de edificación y es necesario construirla”. El proceso para llegar hasta donde se encuentra el país puede sintetizarse en cuatro etapas: la primera, caracterizada por ausencia de normas y mecanismos para la participación política de las mujeres; la segunda, cuando se impulsaron acciones afirmativas; la tercera, cuando se instituyó la paridad democrática como dispositivo normativo; y la actual: democracia paritaria como proyecto.

Los obstáculos que afrontan las mujeres en política, señala el estudio, tienen que ver con que ellas todavía son víctimas de acoso y violencia; con las labores de cuidado, en el hogar y más allá, que todavía recaen sobre ellas; y con los prejuicios en su contra, que combinados limitan y desvalorizan la participación femenina en política.

Sin ofrecer una receta, sino señalando los desafíos, las investigadoras proponen, además de trabajar la intrínseca relación entre colonialismo y patriarcado, construir una democracia paritaria intercultural, introducir nuevas reformas jurídicas, allanar el camino para la participación femenina en la política, comenzando por los partidos políticos y sus estructuras, y generar condiciones para el ejercicio paritario de la función legislativa. No es poco ni mucho menos fácil, pero todo lo avanzado hasta ahora sirve como demostración de que es posible.

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Jair y Jeanine

Si Áñez niega enfáticamente tal reunión, entonces uno de los dos miente.

Por La Razón

/ 23 de enero de 2022 / 01:05

La revelación de un video en el cual se ve al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmando haber estado una vez con la expresidenta Jeanine Áñez ha generado polémica en el país. Como no se conoce públicamente tal reunión, tendría que haber sido secreta. Se acusa también a Áñez de haber usado el avión presidencial para esos fines. Y se anuncian investigaciones al respecto.

La noticia sobre el supuesto encuentro entre Bolsonaro y Áñez, que de haberse producido no tuvo carácter oficial, fue publicada por el diario argentino Página 12, con un reporte desde Brasilia. En la nota se habla de una suerte de “confesión involuntaria” del mandatario brasileño, registrada en un video que, por la gravedad del hecho, habría sido eliminado de YouTube por los bolsonaristas. Se informa también sobre los “sospechosos y reiterados vuelos” del avión presidencial FAB-001 con destino a Brasil.

Por supuesto que semejante declaración de Bolsonaro se convirtió en noticia en el país, pese a que algunos operadores mediáticos de la oposición optaron por no difundirla. De manera previsible, desde el Gobierno y la Fiscalía se emitieron veloces pronunciamientos, señalando que Áñez debería prepararse para responder. La expresidenta, por su parte, mediante su equipo de defensa, negó enfáticamente haberse reunido con Bolsonaro y expresó “serias dudas” sobre la veracidad de la información.

Poco después apareció el video con las declaraciones de Bolsonaro, que resultan inequívocas: “Mira, la expresidente de Bolivia, Jeanine, estuve con ella una vez, una persona simpática, está presa…”. ¿Jair estuvo con Jeanine una vez? ¿Cuándo? ¿En qué circunstancias? Hasta ahora no se conoce una versión oficial al respecto de la Cancillería o de la embajada brasileña. Y si Áñez niega enfáticamente tal reunión, entonces uno de los dos miente. “Dos mentirosos seriales”, comenta el periodista que reveló el video.

Más allá de varias cuestiones que deben esclarecerse, como los supuestos vuelos sin autorización del avión presidencial, es evidente que la administración de Bolsonaro tuvo cercanía con el régimen provisorio de Áñez, empezando porque fue el primer país en reconocerla tras su autoproclamación. La excanciller Longaric sabe de eso. Se ha mencionado también que el embajador de Brasil en Bolivia participó en las reuniones de la Universidad Católica donde se definió el plan de sucesión inconstitucional.

Todos estos hechos, que rápidamente son politizados y se usan de manera instrumental, abonan la disputa en torno al enjuiciamiento de la expresidenta Áñez, que en el caso Golpe de Estado II ya tiene fecha de inicio: 10 de febrero. La opacidad de la polarización no debe hacernos perder de vista la premisa fundamental de exigencia de justicia, con garantía plena de la presunción de inocencia y del debido proceso. Lo demás es ruido, demasiado ruido. O silencios convenientemente cuidados.

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