— ¿ En qué consiste la Ley de Protección del Consumidor?
— Bolivia es uno de los dos países que no cuenta con una Ley de Protección al Consumidor, el otro país es Haití. Con la Constitución Política del Estado, aprobada el 7 de febrero del 2009, se abren las posibilidades de una norma que proteja los derechos de los usuarios ante las vulneraciones en el consumo de alimentos, ropa, vivienda y servicios.
— ¿Cuáles serán sus pilares?
— De manera general tendrá tres cuerpos centrales. En primer lugar, la salud y seguridad de los consumidores; luego, la defensa de los intereses económicos de bolivianos como usuarios; y el tercer cuerpo, los derechos de tercera generación, lo que son los valores y protección de la naturaleza y preservar la madre Tierra.
— ¿De dónde emergen estas necesidades?
— En la relación de la vida cotidiana con el mercado y consumo, todos los bolivianos realizamos millones de transacciones. Es necesario a través de una ley marco que se interprete esos intereses y necesidades y convertirlos en ley.
— ¿Cuál es el proceso de construcción de la ley?
— Hemos elegido el camino de la construcción colectiva porque es concordante con la CPE. Los artículos 241 y 242 de Participación Ciudadana y Control Social nos plantean la necesidad de materializar esa participación a través de la generación de normas. El artículo 26 interpela a todos los bolivianos a participar en la gestión de este proceso.
— ¿Cuáles los plazos?
— Se realizaron cuatro encuentros departamentales y faltan otros seis más. A fines de julio habrá el primer borrador. Hasta septiembre se hará la validación y en octubre entrará el proyecto a la Asamblea Plurinacional. Esperamos que en noviembre la ley sea promulgada.
— ¿Cuál será su ámbito de acción?
— Un ser humano necesita alimentación, vestimenta, vivienda y servicios. Por lo tanto, la ley, en la construcción colectiva, va a ir determinando los límites sobre los que va a trabajar. Será una ley para ejercer derechos. Paralelo a la ley se trabaja en el Plan de Implementación y en el Sistema Nacional de Reclamos y el Sistema Nacional de Consumo. Porque una vez que se apruebe y promulgue la ley, esta empieza a correr con todas sus implicaciones.
— ¿Cuáles serán los derechos y deberes de los consumidores?
— El derecho a acceder a alimentos y otros productos que garanticen su salud y seguridad, a la información de productos, a asociarse entre los consumidores, como por ejemplo, una asociación de Usuarios de la Telefonía Móvil o de servicios básicos. En estos casos los usuarios deben organizarse y averiguar, exigir sus derechos y calidad de las empresas.
— ¿Cómo será el proceso de reclamación?
— La experiencia de dos años en el tema nos da la pauta. Judicializar los reclamos no es el camino que requieren usuarios y consumidores. En el caso concreto en el 2010, de 3.100 reclamos, más del 96% han sido resueltos por la vía de la conciliación directa, porque si hubiéramos transitado por los caminos de los procedimientos tradicionales seguiríamos arrastrando reclamos. Esta opción es el sistema alternativo arbitral no judicial, es menos burocrática.
— ¿Y el comercio informal?
— El mercado informal en el país es muy grande, por lo que es uno de los problemas que hay que saber abordar y la construcción de ley también invita a representantes de organizaciones gremiales para ayudar a organizarlos e inclusive a formalizar su economía.
— ¿Habrá otras normas?
— Estamos trabajando con el Ejecutivo, autoridades municipales, Senasag y el Ministerio de Salud, en otras 10 normas técnicas de calidad de cumplimiento obligatorio. Seis estarán dirigidas al tema de alimentos, de manipulación, producción y otros; y las restantes cuatro serán para los servicios, en ellas el tema del transporte, como el caso de taxis y radiotaxis, y el servicio de la función pública.