Diferentes estudios de percepciones muestran que mientras los políticos están concentrados en sus disputas, la principal preocupación de la ciudadanía es cuidar su situación económica. Hay alta desconfianza en todas las instituciones. Inquieta el rumbo del país. Se avizora potencial conflictividad en el futuro inmediato. Y el sentimiento predominante es de incertidumbre.

Estas percepciones no solo están instaladas en la opinión pública, sino también en los liderazgos. El reciente estudio Delphi de la Fundación Friedrich Ebert (FES Bolivia), Contexto y escenarios prospectivos 2023, muestra una percepción mayoritaria de que vamos por mal camino, la situación política es de regular a mala y puede empeorar, y la situación económica es regular y no mejorará en el corto plazo. En tal escenario, preocupa la conflictividad en el país en los próximos seis meses.

Otro dato inquietante es la elevada desconfianza en todas las instituciones, no solo del Estado, sino también de la sociedad civil. Casi nadie cree en el Órgano Judicial; poquísimos confían en la Asamblea Legislativa, las Fuerzas Armadas, la Policía y los partidos políticos; y hay confianza regular en el Gobierno y en el TSE. Pero tampoco se confía en los comités cívicos, el Pacto de Unidad, la Iglesia. En tanto que la confianza en los medios de comunicación es regular. El paisaje institucional es crítico.

Las sucesivas rondas Delphi de la FES muestran también un alto sentimiento de incertidumbre sobre el futuro. La mayor preocupación continúa siendo una posible crisis económica, en tanto que las peleas políticas, el autoritarismo, las tensiones regionales e incluso la corrupción y las elecciones judiciales están en segundo plano. La buena noticia es que, si bien se asume una fuerte polarización política en el país, la gran mayoría considera que podemos resolver nuestras diferencias pacíficamente.

Un apartado especial tiene que ver con la justicia. Hay altísima insatisfacción con el funcionamiento del sistema judicial y se espera que en el futuro la situación sea igual o peor. Tampoco se vislumbra la posibilidad de una reforma sustantiva en el actual Gobierno. La mayoría cree que, sin acuerdo para las elecciones judiciales, se prorrogará de hecho el mandato de las actuales autoridades. Y surge la advertencia de que el Órgano Judicial y en especial el TCP se están convirtiendo en un peligroso suprapoder.

En cuanto a la disputa interna en el MAS, el estudio Delphi de la FES muestra que la mayoría de los actores políticos, analistas, periodistas y especialistas consultados percibe que la contienda por la candidatura presidencial dividirá al partido oficialista, el Congreso en Lauca Ñ se desarrollará en un ambiente de tensión y conflicto, Evo será candidato en 2025 y Arce terminará formando su propio proyecto político. Ello beneficia a la oposición, incapaz de construir un bloque unitario. El escenario es incierto.

También puede leer: Un anuncio apresurado

El anuncio del expresidente Evo Morales, el fin de semana, señalando que “obligado” por las circunstancias se declaraba candidato presidencial, ha causado un cisma en el Movimiento al Socialismo-Instrumento para la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) que podría echar por tierra todos los logros del “proceso de cambio”, mientras la oposición mira de palco y celebra el inmerecido regalo.

Fue el domingo, a través de la red social X, cuando el exmandatario denunció nuevamente supuestos “ataques del gobierno”, “plan para proscribir al MAS-IPSP” (partido al cual, irónicamente, aseguran pertenecer los actuales gobernantes) e “incluso eliminarnos físicamente”, afirmando que son las razones por la cuales decidió aceptar los pedidos para ser nuevamente candidato.

Lea también: Asamblea degradada

Para nadie es desconocido que el principal interesado en una nueva candidatura de Morales es él mismo, y que, en el camino, hasta ahora, no ha parado mientes en descalificar y atacar, en voz propia o a través de su red social favorita, a quien hubiese comentado o criticado su intento; uno de ellos ha sido el exvicepresidente Álvaro García Linera, que fue llamado “traidor” y “enemigo” solo por no mostrarse entusiasta ante la perspectiva de una nueva candidatura.

En una peligrosa muestra de su estado mental, incluso afirmó, en la misma publicación, que el Ministerio de Gobierno tendría intenciones “de detenernos y entregarnos a EEUU” y aludió a supuestos planes de “usar a una mujer para atacarnos”. Lo más irónico es que, en una suerte de profecía que se cumple a sí misma, oficiosos portavoces del “arcismo” hicieron temerarias declaraciones a los medios de comunicación atacando al expresidente y confirmando sus temores.

Lo verdaderamente preocupante, sin embargo, fue la reacción del Pacto de Unidad (dividido a causa de los apetitos reeleccionarios de uno y otro), cuyos dirigentes anunciaron no solo que no asistirán al congreso del MAS-IPSP en Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba, sino que además convocaron a un cabildo en El Alto, el 17 de octubre. Todo apunta a que se avecina la ruptura definitiva y que luego de eso el fuego cruzado entre facciones masistas será inmisericorde.

Mientras tanto, en la vereda opositora ha prevalecido la calma y se han escuchado pocas o ninguna reacción pública al anuncio de Morales o a las reacciones de sus adherentes. Sin embargo, es fácil imaginar que hay grandes expectativas en una posible ruptura del partido de gobierno, lo cual debilitará toda la potencia acumulada por movimiento sociales, pueblos indígenas y otras poblaciones desde fines de 2005.

Por lo pronto, las perspectivas son sombrías, no solo para el MAS-IPSP, que podría quedar dividido y derrotado, sino para la democracia en general, pues volverán las condiciones que propiciaron los pactos de gobernabilidad en los años del neoliberalismo. El gran perdedor en este estado de cosas será el pueblo boliviano, que seguramente verá retrocesos mucho peores que los provocados en 2020, luego del golpe.

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) está lejos de ser el lugar donde se delibera, se legisla, se fiscaliza. Al contrario, es cada vez más un ámbito de agresiones e insultos, de parálisis, de creciente desconfianza. Las pugnas políticas entre facciones y la injerencia del Órgano Judicial están degradando y debilitando a la ALP. Es un riesgo para la democracia.

El desencuentro, las disputas, la falta de acuerdo suelen ser normales y hasta previsibles en un Órgano Legislativo, en especial entre el oficialismo y la oposición. Pero también se espera que haya debate plural y puntos de convergencia que permitan aprobar leyes y desarrollar acciones de fiscalización. Ello no está ocurriendo en la ALP, que en los últimos meses se ha convertido en un espacio de obstrucción y polémica. Así, nos aproximamos a una situación de parálisis y bloqueo institucional.

Más allá de la tenaz incapacidad de las bancadas del MASIPSP, de Comunidad Ciudadana y de Creemos para construir acuerdos sobre temas de interés colectivo, la división en el oficialismo entre asambleístas afines al presidente Arce y otros afines al expresidente Morales está generando lo que se conoce como “gobierno dividido”. Nos referimos al hecho de que el Gobierno está en minoría en la Asamblea y, por tanto, tiene dificultades y trabas para viabilizar su agenda legislativa. No es algo nuevo.

Esta situación se formalizó el viernes en una malograda sesión en la Cámara de Diputados. Durante 11 horas, los asambleístas se ocuparon de intercambiar acusaciones y culpas en torno a dos leyes hoy estancadas: la convocatoria a las elecciones judiciales y la norma que regula la censura y sus efectos. Luego, en otras infructuosas seis horas, los diputados “evistas” y de oposición impidieron la aprobación de la ley de imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores de edad. Una vergüenza.

La degradación de la ALP no solo es obra de sus integrantes o de la consabida injerencia del Ejecutivo, sino también de cuestionables decisiones en el Órgano Judicial. Como se sabe, las elecciones judiciales están bloqueadas por decisión de un juez y luego por una sentencia del TCP. Y ahora resulta que la ley sobre la censura a ministros también está “en consulta” en el TCP. Se produce así una peligrosa judicialización de la agenda legislativa y de fiscalización, con imprevisibles consecuencias.

Resulta muy preocupante pues el rumbo de la Asamblea, que se devalúa por el cálculo instrumental de actores políticos y judiciales que, en beneficio propio, están dinamitando la institucionalidad. El riesgo es que el primer órgano del poder público se reduzca a un ámbito de bloqueo y, por tanto, de impotencia decisoria. Eso es malo para la gobernabilidad y, por supuesto, para la democracia. Ojalá que los grupos hoy enfrentados asuman el peligro de su “guerra de posiciones” ciega y quizás sin retorno.

También puede leer: Carretera inviable

El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora, entregó este martes la máxima condecoración del Estado Plurinacional de Bolivia al muralista Lorgio Vaca Durán.

La Condecoración Nacional de la Orden del Cóndor de Los Andes en el grado de “Caballero” fue otorgada al artista por su gran aporte y trayectoria de más de medio siglo.

“Hoy estamos haciendo ese reconocimiento al hombre que ha puesto la cultura cruceña, el arte, en lo más alto a nivel latinoamericano” indicó el Presidente. A tiempo de agradecer el aporte de Lorgio Vaca a universalizar el arte boliviano.

“Recibo esta distinción en la esperanza de cumplir mi ciclo vital con algunas de las obras que aún quisiera dejar para alentar a las juventudes en la práctica de la comunicación artística de los valores humanos y libertarios que los pueblos practican desde milenios (…). Gracias a mi pueblo que me ha permitido hacer estas obras que ahora celebramos. Muchas gracias, querido Presidente y amigos”, expresó Vaca.

Lorgio Vaca es considerado uno de los muralistas más importantes del país por su creación artística desarrollada desde 1959. Y que lo consolidó como uno de los mayores exponentes de este arte a nivel nacional.

Entre sus obras más importantes, entre otros, se pueden mencionar: “La gesta del oriente boliviano”, “Cóndor jaguar y 10 palomas”; “Tradiciones de nuestro pueblo”, “Fuente y bebedero de tigres y sapos”, “Hombre de barro y estrellas”; “Homenaje al maestro”, “Vida en la Amazonía”, “Como bibosi en motacú”, que se encuentran plasmados en diversos lugares de Santa Cruz y del país.

También puedes leer: Exjefe de ONU para el clima ‘perdió la paciencia’ con industria de combustibles fósiles

Después de varias semanas de conflicto, el proyecto carretero Las Cruces-Buena Vista sigue siendo inviable, a pesar de que es una iniciativa propuesta en 2010, aprobada en 2017, financiada en 2018 y acordada en abril de 2022 entre el Gobierno nacional y el actual Gobernador de Santa Cruz. Las partes en conflicto se acusan mutuamente de esconder intereses inmobiliarios.

Al parecer, el conflicto tiene que ver, por una parte, con intereses inmobiliarios, según los unos, del Gobierno sobre asentamientos humanos cercanos al trazo de la carretera acordado tiempo atrás; según los otros, de la Gobernación cruceña que esconde un interés de favorecer grandes extensiones de tierra urbanizada con el nuevo trazo que se exige. Ninguna de las partes puede demostrar lo que afirma ni desacreditar completamente la versión del adversario.

Lea también: 59 preguntas

Por otra parte, es evidente que la reclusión del Gobernador cruceño en la cárcel de Chonchocoro es el factor que hace inviable cualquier acuerdo entre los gobiernos nacional y departamental de Santa Cruz. Eso explica, entonces, por qué en abril de 2022 el ahora detenido preventivo firmó un acuerdo intergubernativo dando luz verde al proyecto carretero y ahora pretenda borrar con el codo lo escrito con la mano.

En los hechos, fue recién en octubre de 2022 cuando se planteó la supuesta existencia de acuíferos por debajo de la carretera (que actualmente es un camino de tierra y ripio que se usa hace más de un siglo); para más sospecha, el Comité Cívico pro Santa Cruz, ha intentado convencer a la población de que la palabra “acuífero” es un vocablo típico de la región. Es decir, los actuados del lado cruceñista solo confirman una forma de hacer política basada en la comunicación propagandística y no en hechos o necesidades reales.

Al frente, el Gobierno solo muestra incertidumbre y confusión, habiendo sido incapaz de demostrar no solo que se trata de un proyecto largamente demandado en el departamento oriental, sino que además ha cumplido con el debido proceso para llegar a la fase de ejecución. Prueba de ello es que están comprometidos $us 142 millones a través de sendos créditos de la CAF: Banco de Desarrollo y del Fondo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo para el Desarrollo Internacional (OFID-OPEP). La diferencia ($us 70 millones) debería ser cubierta por la Gobernación cruceña, que al inicio del conflicto afirmó no tener esos recursos.

El resultado es una multimillonaria pérdida económica para el sector productivo a causa de 16 días no consecutivos de bloqueos; la sistemática erosión de la confianza de la población en los representantes de los gobiernos nacional y departamental, y la desaparición de las condiciones necesarias para desarrollar y ejecutar proyectos que más que servir para promover la imagen de tal o cual líder deberían aportar al desarrollo de la sociedad. Ciertamente, como demuestra este caso, las prioridades están trastornadas, y son los gobernados quienes llevan la peor parte.