La noticia de un cargamento de casi media tonelada de cocaína incautado en Madrid, España, en febrero de este año, ha puesto al gobierno en medio de un nuevo escándalo cuyos contornos otra vez echan sombra sobre la eficacia de las tareas de interdicción al narcotráfico y, de paso, enlodan a otras instituciones como Boliviana de Aviación (BoA) y la Aduana Nacional.

De la sucesión de conferencias de prensa, brindadas entre el viernes y ayer, queda la inevitable idea de que todas las autoridades, que sin estar involucradas tienen evidente responsabilidad en el caso, tratan de lavarse las manos y atribuir a los demás la culpa que hubiera por el hecho de que semejante cantidad de droga hubiese salido del país, pese a los muchos sistemas de control y vigilancia que, supuestamente, funcionan en el aeropuerto internacional de Viru Viru.

También llama poderosamente la atención el hecho que el hallazgo del cargamento, a su arribo a España el 12 de febrero, recién se haya conocido en Bolivia el 30 de mayo y que la actuación del Ministerio Público en el caso haya comenzado una semana después de conocida la noticia. Cabe, pues, preguntarse qué tanta evidencia del crimen puede recolectarse casi tres meses después.

Abonan al estado de desconcierto y desconfianza las contradicciones de las autoridades y otras fuentes oficiosas que brindan información sobre el extraño caso. Por una parte, el comandante de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), quien primero dijo haber conocido el caso en febrero, y los detalles en marzo, para luego, en un comunicado, desdecirse, culpar a los periodistas de haberlo malinterpretado y finalmente reconocer que se trató de un “lapsus linguae”. Al final, es poco claro cómo fue posible que media tonelada de cocaína haya pasado por debajo de sus narices.

Por otra parte, ya no se sabe si los videos de vigilancia existen o no (al menos dos personas dijeron haber grabado con sus teléfonos móviles las imágenes de la pantalla), pues por un lado la presidenta de Aduana dijo tenerlas, pero luego se informó que estas habían sido borradas porque luego de un tiempo los discos donde se registran los archivos se sobrescriben.

Mientras tanto, hay siete personas detenidas, dos autoridades destituidas (el jefe del aeropuerto y el de la aerolínea en Santa Cruz), se ha cambiado a todo el personal policial en la terminal aérea cruceña, y se tiene una creciente ola de declaraciones de portavoces de la oposición que medran de la falta de transparencia del Gobierno, en este y otros casos, confirmando de un modo u otro los extendidos prejuicios antigubernamentales.

El narco es una amenaza para la sociedad, el Estado y la gobernabilidad de cualquier país. La falta de claridad en su interdicción, incluso cuando se incautan y destruyen fábricas de droga como sucedió hace pocos días, le hace un gran daño al país y no solo a quienes se manchan las manos con ese crimen.

Otro nuevo tiroteo en EEUU

Al menos dos personas han muerto –dos hombres de 18 y 36 años– y otras cinco han resultado heridas tras un tiroteo ocurrido este martes durante la ceremonia de graduación de un instituto en la ciudad estadounidense de Richmond, Virginia.

El jefe interino de la Policía de Richmond, Rick Edwards, ha confirmado la detención de dos personas y que, aunque no hay una «amenaza inmediata para el público», las autoridades han decidido cancelar otra ceremonia prevista para la misma tarde, según la cadena CNN.

El tiroteo ha ocurrido frente al Teatro Altria, en el Monroe Park, después de la ceremonia de graduación del instituto Huguenot.

El pasado mes Beau Wilson, estudiante de Farmington High School, usó un rifle AR-15 y otras dos armas de fuego para disparar «indiscriminadamente» contra tres vehículos. Murieron tres personas.

Acorde a la BBC en 2021 murieron 48.830 personas con heridas relacionadas a armas de fuego en Estados Unidos, según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Es casi un incremento del 8% con respecto a 2020, año récord de muertes por armas de fuego.

Los tiroteos masivos y los asesinatos ganan mucha atención mediática, pero la mitad de esas muertes de 2021 fueron suicidios.

Ese año, más de 20.000 muertes fueron homicidios, de acuerdo a CDC.

Los números muestran que más de 50 personas son asesinadas cada día por un arma de fuego en Estados Unidos.

Es una proporción significativamente mayor de homicidios que en Canadá, Australia, Inglaterra y Gales, por ejemplo.

También puedes leer: Al menos nueve personas heridas de bala en un tiroteo en Florida (EEUU)

La colombiana Shakira levantó las miradas del Gran Premio de España de Fórmula Uno. Acorde al medio Show Y Fama, la cantante viajó a Barcelona a dejar a sus hijos con su padre, el futbolista Gerard Pique, y ya que estaba en la ciudad aprovechó de dirigirse al evento.

En el circuito de Montmeló apareció en la transmisión en vivo, también compartió en sus redes sociales la visita. Lo que ocasionó el “gossip” que se hizo trend en las redes sociales es su relación con Lewis Hamilton.

Se supo que el corredor de Fórmula Uno inglés la invitó al palco de Mercedes Benz, desde donde la mujer vio la carrera.

Shakira apareció en las miradas en el Gran Premio en Miami con el actor Tom Cruise a finales de mayo. A pesar de la atención alrededor del actor y la cantante, Hamilton tuvo mayor protagonismo en la historia.

El piloto que maneja para Mercedes mencionó en su interacción con el público «necesito encontrarme una latina». Posteriormente tuvo una cita con Shakira, lo que ocasionó que ahora se levanten las sospechas de una posible relación.

Si bien Hamilton terminó segundo en el Gran Premio de España de Fórmula Uno este domingo, aparentemente las sospechas dicen que ganó con Shakira.

La cantante originaria de Colombia está en la especulación de crónicas rosa desde que terminó su relación con el futbolista Gerard Piqué. En esta ocasión los rumores apuntan a que al artista y el piloto están saliendo, pero, en sus redes sociales no se mencionó nada, ni tampoco hubo declaraciones al respecto.

También puedes leer: Arropada en sus hijos, Shakira llega a las 5 millones de reproducciones de ‘Acróstico’

La dirigencia de Comunidad Ciudadana (CC) desconoció a su senadora Silvia Salame por no haber votado para censurar al ministro Lima. El caso ilustra la imposibilidad, tanto en el MAS-IPSP como en la oposición, de que algún asambleísta pueda alejarse de la “línea oficial” de la organización. Así, la vertical disciplina partidaria se impone sobre el derecho a la disidencia.

Es curioso ver cómo quienes se dicen abanderados de las libertades y de la necesidad de alcanzar acuerdos políticos condenan y castigan a quienes osan apartarse del “mandato orgánico”. En esa lógica, cualquier acercamiento entre oficialistas y opositores, ni hablemos de pactos, es calificado como traición y hasta de transfuguismo. Así ocurrió con la aprobación, por ejemplo, de la Ley del Censo el año pasado y de la Ley del Oro hace poco. En ambos casos se activaron verdaderas “cacerías de tránsfugas”.

Es evidente que las dirigencias esperan que las y los asambleístas electos en sus listas, bajo su sigla, mantengan lealtad al partido o alianza y, en consecuencia, voten disciplinadamente en sintonía con la línea decidida o impuesta. La premisa es que las y los representantes se deben a la organización política. Y está claro que un representante electo por una organización no puede pasarse a otra o declararse independiente. ¿Pero se convierte en un tránsfuga cuando disiente de la línea oficial?

En el caso de la senadora Salame, CC conocía por anticipado su decisión personal de no censurar al ministro de Justicia. Justificó luego públicamente su voto: las preguntas de la interpelación no eran precisas ni objetivas, la censura no soluciona el problema de la justicia, su compromiso es con el pueblo de Chuquisaca, la censura fue avalada por la fracción evista del MAS. No fue suficiente. La dirección nacional de CC comunicó a Salame en una carta que todo lo que haga es ajeno a la organización.

Si bien la carta de CC a Salame parte señalando que el voto disidente en la interpelación califica como causal de transfuguismo y que el espacio de representación pertenece a la alianza (como establece la Ley de Organizaciones Políticas), al final solo habla de alejamiento y no de expulsión. ¿Se animarán a reclamar el curul de Salame como hizo en su momento la cúpula del MAS-IPSP con el diputado Cuéllar, cuyas expresiones disidentes son celebradas por la oposición y sus operadores mediáticos?

También puede leer: Mejorar la Constitución

Con la memoria puesta en las coaliciones del pasado, el pacto continúa siendo hoy una mala palabra. Cualquier proximidad es sinónimo de “componenda” y toda convergencia es vista como “traición”. Así ocurre cuando arcistas y opositores votan juntos, o cuando lo hacen opositores y evistas, incluso ahora cuando el masismo vota en bloque, o cuando algunos asambleístas de oposición “le hacen el juego al MAS” (sic). Tanto el derecho a la disidencia como el acuerdo político están vetados en la Asamblea.  

El escándalo desatado con la quiebra e intervención del Banco Fassil, agravado con la macabra noticia del suicidio del interventor el sábado último, se ha convertido en un vórtice donde coinciden todos los discursos políticos descalificadores del adversario y sus prácticas, pero sobre todo en la evidencia de que en la próspera Santa Cruz de la Sierra pasan cosas que merecen preocupación.

El más preocupante de los síntomas del descalabro producido por la caída del banco que en menos de una década creció hasta convertirse en uno de los cinco más grandes del país fue el suicidio del interventor designado por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) y que, entre el momento del suceso y el martes por la noche, cuando el Ministro de Gobierno reveló los resultados y conclusiones de las pruebas periciales, dio paso a toda clase de conjeturas.

Lea también: Mejorar la Constitución

En extensa conferencia de prensa, el ministro Del Castillo brindó detalles técnicos y hasta mostró perturbadoras imágenes que confirman la hipótesis del suicidio, que hasta ese momento era rechazada y hábilmente empleada por portavoces opositores al Gobierno, comenzando por el autodeclarado “abogado de la familia” del fallecido, el mismo que meses atrás insultó en entrevista transmitida en vivo y directo a dos periodistas de este diario por hacerle preguntas incómodas, que fue aprehendido en 2022 por participar en un consorcio de jueces y fiscales, que fue sancionado por inconducta cuando representaba a Jeanine Áñez y que en 2020 fue detenido por legitimación de ganancias ilícitas.

Lo que no se resuelve con la investigación por el suicidio es, por una parte, aquello que sugiere la carta póstuma del fallecido (“me dejaron solo”, escribió, además de otras expresiones de angustia), así como las verdaderas razones para tomar la trágica decisión. Por otra, las dudas que producen los vínculos detectados entre el banco, la empresa propietaria de un tercio de las acciones de la institución y varias decenas de empresarios que se beneficiaron con miles de millones de bolivianos en créditos otorgados en condiciones sospechosas.

En el camino, al menos desde el 26 de abril, cuando inició la intervención, han menudeado las acusaciones de politización del caso, de uno y otro lado del espectro ideológico, incluyendo al comité cívico, que defiende el “modelo de desarrollo cruceño”, supuestamente atacado por el “masismo”, y algunos líderes de opinión que de modo delirante sospechan que se trama un “caso Terrorismo 3”, lo cual solo abona a la confusión y desconfianza generalizadas.

De todo esto queda la certeza de que la actuación pronta y oportuna de la Policía y el Ministerio Público ayuda a desvirtuar intentos de desinformación; que la Asfi y su Unidad de Investigaciones Financieras tienen mucho qué explicar sobre la catástrofe financiera; y que ya no hay forma de ocultar el hecho que gran parte de la riqueza que se ostenta en la capital cruceña proviene de fuentes inconfesables.