Sociedad

Thursday 28 Mar 2024 | Actualizado a 07:31 AM

Cada año, 800 bolivianos van a Chile a curarse

Anualmente unos 800 bolivianos son atendidos en clínicas privadas y estatales chilenas: Las Condes, Alemana y el Hospital Clínico de la Universidad de Chile

Por La Razón

/ 29 de mayo de 2011 / 05:00

De acuerdo con información proporcionada a La Razón, las clínicas privadas Las Condes y la Alemana atienden a cerca de 600 bolivianos cada año, cifra a la que suman los 200 pacientes que buscan ayuda en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile.

Bolivia se ha convertido en una mercado primordial para esas instituciones, que además poseen unidades especiales para asistir a pacientes extranjeros.

La representante de la clínica Las Condes en Bolivia y gerente General de la agencia de viajes Trans World, María Lourdes Ibañez, que facilita el contacto entre pacientes bolivianos y esa clínica hace 20 años, explicó que un promedio de 25 personas viajan a ese país cada mes en busca de atención médica. Así se calcula que al menos 300 personas requieren los servicios médicos a través de esa empresa, sin contar que otros hacen el viaje de forma individual. 

La subgerente Comercial de la clínica Alemana, Adriana Reszczynski, informó a este medio, vía electrónica, que más de 300 pacientes son atendidos en esa unidad cada año. En tanto que el responsable de Comunicación del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, Owen Korn, precisó, también vía mail, que de enero del 2010 a mayo del 2011, ese nosocomio realizó 205 prestaciones médicas a pacientes bolivianos.

La gerente Comercial de clínica Indisa, Pamela Zaror, que el mes pasado visitó La Paz para ofertar los servicios que brindan, apuntó que aún no cuentan con estadísticas al respecto porque recién hace un año y medio habilitaron un servicio exclusivo para pacientes extranjeros.

Ibañez añadió que cada día, de una a dos personas consultan por  las prestaciones de Las Condes. Según la relación de datos que maneja, la mayoría de los pacientes que acude a Chile son de La Paz, luego de Potosí, Sucre, Tarija y Oruro y en menor cantidad de Cochabamba y Santa Cruz.

«Muchos pacientes van de La Paz porque los vuelos son directos, aunque existen clientes de toda Bolivia porque hay una red con las agencias de viajes y estas son las mejores distribuidoras del servicio. A su vez, las líneas aéreas y los operadores de hoteles también tienen agencias y ellos difunden la información», explicó.

Zaror sostuvo que a diferencia de otros centros, a clínica Indisa llegan muchos pacientes de Santa Cruz. Por ello, en sus planes está visitar la capital cruceña y Cochbamba para ofertar sus servicios.

«Queremos hacer alianzas con  agencias de viajes para ofrecer el turismo médico a todos los bolivianos. Incluso hacer convenios con compañías de seguro para ofrecerles nuestro seguro, y con las clínicas privadas para que deriven a sus pacientes cuando sean problemas complejos», expresó Zaror.

Por la información proporcionada se establece que los pacientes son de estrato social medio y medio alto. Aunque, también hay pacientes de bajos recursos con  enfermedades complejas.

El factor económico es determinante. Korn informó que «la atención en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile no es particularmente económica, para quién no cuente con algún seguro de salud, por lo que creemos que los pacientes (bolivianos) debe venir con una buena cobertura económica personal», señaló.

Por otro lado, las especialidades más requeridas son aquellas relacionadas con dolencias y cirugías traumatológicas, cáncer, enfermedades gastrointestinales (del aparato digestivo) y cardiovasculares. A estas, les siguen las de males neurológicos, infertilidad y cirugías estéticas (liposucción, implantes de busto y otros).

«La mayoría de los bolivianos viaja a Chile por tratamientos de enfermedades específicas complejas. Pocos acuden para efectuar chequeos preventivos», manifestó María Lourdes Ibañez.

De acuerdo con la subgerente Comercial de la clínica Alemana, los pacientes que «vienen a Santiago lo hacen para obtener una segunda opinión médica. En general, son adultos, que realizan chequeos preventivos y vienen por enfermedades complicadas».

Según la información de Korn, «la mayoría de los que ingresan al hospital buscan resolver patologías quirúrgicas». Coincidió con los entrevistados en que dentro de la especialidad de traumatología, «habitualmente se presentan problemas de cadera y rodilla».

En cuanto a las edad promedio de los pacientes bolivianos, Ibañez manifestó que no hay un promedio y en el caso de los niños y adolescentes, aclaró que éstos son llevados por sus padres, particularmente, por problemas neurológicos (tumores, dislexia o déficit de atención severo). Incluso se atienden casos de problemas odontológicos o dermatológicos complejos.

«La mayoría de las mujeres asisten por problemas de infertilidad, cáncer de mama y de cuello uterino, además de males estomacales, neurológicos y urológicos. En tanto que los varones buscan atención médica para tratamientos contra el cáncer de próstata y enfermedades del corazón», indicó.

Zaror agregó que otras especialidades requeridas son las cirugías neonatales y la atención de lesiones por quemaduras. Según la gerente de la agencia de viajes las intervenciones quirúrgicas son las menos. «Son pocas, de  1.000 personas que van, unas 100 se operan. Los pacientes se dirigen más por los tratamientos».

Extranjeros. Los tres centros privados consultados coincidieron en que cuentan con una unidad especial y exclusiva para atender y orientar a los extranjeros.

Esta oficina concentra sus actividades en la coordinación de todos los requerimientos médicos del paciente antes de su llegada a Chile, además su permanencia en ese país y su alta, a lo que se suma el seguimiento al cliente una vez que éste retornó a su lugar de origen.

El objetivo es optimizar el tiempo y abaratar la inversión. En Chile, el mercado boliviano es más interesante que el de Argentina o Perú.

En el caso de la clínica Las Condes, dicha repartición se denomina Unidad de Paciente Internacional. Ibañez señaló que entre la agencia de viajes Trans World y ese nosocomio existe un convenio de exclusividad para ofertar el producto dentro del territorio nacional.

La clínica Alemana cuenta con el Servicio del Paciente Internacional y la clínica Indisa con el Servicio de Pacientes Extranjeros.

Turismo médico, la práctica

Concepto
Turismo médico es el término usado para describir la práctica que realizan algunas personas para viajar de su país al extranjero y obtener tratamientos médicos que no hallan en su país.

Cobertura
Según el diario chileno La Tercera, la cifra de pacientes extranjeros en las  clínicas creció en 69% entre los años
2007 y 2009.

La inversión base es de $us 800

Aunque es variable, la inversión base para obtener el diagnóstico médico es de 800  dólares, valor que incluye la atención médica y los exámenes de laboratorio.

La subgerente Comercial de la clínica Alemana, Adriana Reszczynski, expresó que el precio depende de la atención, pero en «una consulta ambulatoria normal, para una persona de sexo masculino de 50 años, hablamos de cerca de 800 dólares y dos días de permanencia».

Según la representante de la clínica Las Condes en La Paz, María Lourdes Ibañez, en el caso de este centro, la cifra ronda los 1.000 dólares y el tiempo promedio de permanencia en ese país es de una semana. De acuerdo a su cálculo, el costo de atención en ese país se triplica en relación a Bolivia, por ejemplo, una consulta en Chile cuesta de 70 a 80 dólares.

Pamela Zaror, gerente Comercial de clínica Indisa, indicó que una consulta general puede tomar sólo un día. «Si la persona se operará, seis días y si tiene un problema complejo de 15 a 20».

Comparte y opina:

Cuatro millones

De los debates posteriores al censo, es posible que el que más importe en Santa Cruz sea el del total de habitantes del departamento

Por La Razón

/ 28 de marzo de 2024 / 07:25

De los debates posteriores al censo, es posible que el que más importe en Santa Cruz sea el del total de habitantes del departamento. Si no bastase con la obligada referencia al ejercicio estadístico de la Gobernación, se ha denunciado migración y hasta “acarreo” de gente, y se exige una “encuesta poscensal” para asegurar la “confiabilidad” de los datos recogidos el 23 de marzo.

Es un hecho que es el departamento con más habitantes del país, con todo lo que ello implica en demandas y necesidades; considérese además que durante muchos años funcionó en la puerta del Concejo Municipal de la capital un cartel informático, llamado “Cambómetro”, que contabilizaba el número de personas que llegaban a la ciudad capital, más el número de nuevos nacimientos; la cifra se actualizaba cada pocos minutos, dando cuenta del crecimiento imparable de la población local.

Lea también: Un censo histórico

A eso súmese la enorme expectativa que existe en el departamento porque la Constitución y las leyes indican que la distribución de escaños legislativos depende del número de habitantes, y ni luego del Censo de 2001 ni del de 2012 se hizo el ajuste necesario. De ahí que desde 2022 la “institucionalidad” cruceña haya levantado el tema como una de sus principales banderas.

Primero fue la instrucción del entonces Gobernador en ejercicio al Instituto Cruceño de Estadística, de realizar un estudio demográfico, tarea desarrollada entre diciembre de 2022 y abril de 2023 y que arrojó un “un estimado del número de habitantes en el departamento de Santa Cruz”; tal estimación fue fruto de “la inferencia estadística”. La cifra anunciada al final del ejercicio fue: 4.000.143 habitantes.

Luego de muchas idas y venidas, en las que el Gobernador cruceño subrayó su falta de interés en dialogar y concertar, se implementó una serie de paros escalonados que terminaron en un paro indefinido que duró 36 días y no logró su cometido, que era forzar la realización del Censo en 2023. Sin embargo, las elites, que terminaron perdiendo casi todo el apoyo popular que habían galvanizado desde 2019, por el costo de la medida de protesta, presentaron como éxito propio la ley que instruyó hacer el Censo en marzo de 2024.

Luego, en vísperas del conteo, oficiosos personajes mediáticos desplegaron una campaña de desinformación para que la gente evitase responder todas las preguntas del Censo. Solo lograron evidenciar oscuros intereses detrás de la campaña. Finalmente, luego de la realización del operativo el sábado 23, fue el Presidente del comité cívico quien reconoció la posibilidad que “por tanta migración, no lleguemos al resultado que arrojó la Gobernación hace unos meses, de los cuatro millones”.

Es, pues, un derrotero bien conocido en el modo de hacer política de las elites cruceñas y que mezcla los legítimos intereses de la población de ese departamento con las ambiciones de quienes operan estos actos y discursos, con resultados que solo abonan a un status quo de confrontación con el gobierno “centralista”. Ojalá esta vez alguna de las partes tenga mejores ideas para salir del conflicto.

Comparte y opina:

Un censo histórico

Por La Razón

/ 24 de marzo de 2024 / 01:42

Como estaba previsto, ayer se realizó en Bolivia el Censo Nacional de Población y Vivienda 2024. Es un censo histórico que nos permitirá saber, a un año del Bicentenario, cuántos somos, cómo vivimos y cómo nos distribuimos. Esta información es clave para el diseño de diferentes políticas públicas, así como para fines distributivos. Hay que esperar los datos con sensatez.

Según la tradición en el país, más allá de algunos imprevistos y hechos aislados, la jornada del operativo censal fue una nueva demostración de madurez cívica y participación ciudadana. Pese a la postergación de la fecha, que generó conflictividad regional en 2022, el Estado, a través del INE, cumplió con las actividades organizativas y logísticas requeridas para una movilización enorme en el territorio. Contó para ello con el apoyo de la cooperación internacional y de organizaciones de la sociedad civil.

Pero se trató en especial de un día con protagonismo ciudadano. La visita a 5,8 millones de viviendas en el país fue posible por el trabajo de más de 750 mil censistas voluntarios, que desde primeras horas de la mañana se desplegaron en los lugares asignados en el marco de la cartografía actualizada. Y las personas y familias esperaron con expectativa para responder la boleta de 59 preguntas (diez más que en el censo 2012). Así, los intentos marginales por malograr el operativo fueron fallidos.

El censo 2024 es el duodécimo en nuestra historia (el cuarto en democracia) desde el primer recuento poblacional realizado en 1831 en el gobierno de Andrés de Santa Cruz. Entonces el número de personas censadas en Bolivia fue de 1.088.768. Transcurridos 181 años, ese número subió a 10.059.856 en el último censo de 2012. En septiembre se contará con datos preliminares para saber cuántos somos en el presente. Se espera que esta información sea la base para la planificación pública de mediano y largo plazo.

Detrás de los datos estadísticos y lo que revelan en su desagregación con arreglo a diferentes variables, hay historias de vida, condiciones de existencia, flujos migratorios, situaciones personales y familiares, mucha diversidad. Los números no necesariamente expresan esa complejidad de la sociedad boliviana, pero son útiles para el necesario examen respecto a cómo vivimos y cómo nos distribuimos. Esa fotografía de hoy contribuye a trazar el rumbo del futuro. Ojalá sea con más derechos y menos desigualdades.

¿Por qué el censo 2024 es histórico? No solo porque es el recuento con el que llegaremos al Bicentenario de Bolivia, tampoco porque es el operativo más grande de nuestra historia, sino en especial porque se hace en un contexto de incertidumbre. Si esperamos con sensatez los resultados y los gestionamos con base en acuerdos y equilibrios (lejos de la polarización y de los desinformadores profesionales), este censo brindará algunas evidencias relevantes para mirarnos al espejo como país. No es poca cosa.

También puede leer: Los ‘retos’ de la democracia

Temas Relacionados

Comparte y opina:

Los ‘retos’ de la democracia

El informe de la CIDH es una radiografía de los Derechos Humanos en Bolivia, y si bien reconoce avances, son muchos más los ‘desafíos’

Por La Razón

/ 21 de marzo de 2024 / 06:26

La presentación, días atrás, del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación en Bolivia, fruto de una visita “in loco” de un equipo de especialistas en 2023, ha terminado de aclarar el propósito de tal evaluación, que nada tiene que ver con casos particulares, pero sobre todo ha brindado una muy extensa lista de todo lo que falta por hacer.

El documento titulado Cohesión social: el desafío para la consolidación de la Democracia en Bolivia, publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 20 de enero de 2024, pero presentado el 14 de marzo, arranca señalando que la boliviana es “una sociedad afectada por el fenómeno de la polarización, que agrava la conflictividad social, habilita la escalada de violencia y genera condiciones para violaciones de derechos humanos”.

Lea también: El Censo del 23M

En sus 222 páginas, el informe destaca que Bolivia ha experimentado transformaciones significativas desde la adopción de la Constitución de 2009, que ha promovido un amplio reconocimiento de los derechos humanos con énfasis en la perspectiva de género, los pueblos indígenas, y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). Sin embargo, también señala que la polarización social ha exacerbado la conflictividad y generado desconfianza hacia las instituciones democráticas. La CIDH recuerda que el Estado debe “fortalecer sus esfuerzos para la generación de espacios de consenso y diálogo genuino entre los distintos sectores de la sociedad boliviana”.

Respecto de los derechos reconocidos desde 2009, el informe señala que la implementación de las políticas correspondientes “enfrenta desafíos, incluyendo la debilidad institucional y la persistencia de patrones de discriminación”. También llama “retos” para la democracia y el Estado de derecho la polarización política, el estado de la libertad de expresión, el acceso a la información, y la participación ciudadana; menciona asimismo el deterioro del debate público, alimentado por discursos de liderazgos públicos. Al gremio periodístico no le va bien, pues se observa falta de representatividad en sus instituciones y descalificación mutua entre colegas de profesión.

Pero de todos, el tema más importante en el informe parece ser el referido a la Justicia, señalando en el acápite respectivo la necesidad “crítica” de cambios estructurales para garantizar la independencia judicial, mejorar las condiciones carcelarias, y asegurar el acceso efectivo a la justicia para todos. Entre las recomendaciones, sin embargo, no hay ninguna que no se conozca desde hace ya demasiados años, a pesar de que son urgentes, quizás cada día más.

El informe de la CIDH es una radiografía de los Derechos Humanos en Bolivia, y si bien reconoce avances, son muchos más los “desafíos” identificados. La extensa lista de recomendaciones puede ser un punto de partida para quien pretenda imaginar un proyecto de mejor país.

Comparte y opina:

El Censo del 23M

Por La Razón

/ 17 de marzo de 2024 / 00:14

Luego de su postergación por más de un año, el Censo Nacional de Población y Vivienda se realizará en Bolivia este sábado 23 de marzo. El último Censo fue el año 2012. El propósito es obtener información detallada para saber cuántos somos y cómo vivimos en todo el territorio nacional. Es un insumo fundamental para el diseño de políticas públicas. Llegar a este día no fue fácil.

Mediante un Decreto Supremo de mediados de julio de 2021, el Gobierno determinó que el Censo se haría el 22 de noviembre de 2022. Fue declarado “prioridad nacional”. Y la entonces ministra de Planificación señaló que todo estaba asegurado para el efecto. Faltó a la verdad. En julio de 2022, el Consejo Nacional de Autonomías, tras identificar dificultades, planteó la postergación del Censo hasta mayo o junio de 2024. Entonces el presidente Arce anunció un proceso “responsable y con transparencia”.

El aplazamiento del Censo 2022, que se convirtió en Censo 2024, generó rechazo y protesta, en especial en Santa Cruz. La dirigencia cruceña, a la cabeza del gobernador Camacho y el cívico Calvo, impulsó una movilización con la consigna “Censo 2023 Sí o Sí”. Con esa bandera innegociable hubo cabildos, ultimátum al Gobierno y un paro departamental que, con episodios de radicalidad y violencia, duró 36 días. Fue una derrota. El Censo, blindado por Ley, finalmente se reprogramó para este 23 de marzo.

Durante el 2023, con centro en el INE, se avanzó en la preparación del operativo censal. Entra otras cuestiones logísticas y organizativas, fue fundamental la actualización cartográfica, que tenía rezago y ausencias. También ha sido relevante la definición del cuestionario censal, con 59 preguntas distribuidas en siete capítulos. Al respecto hubo algunos debates inútiles en torno al mestizaje y la religión. La última etapa se concentró en el reclutamiento y capacitación de más de 750 mil voluntarios censistas.

Así llegamos, como país, al día del Censo, este sábado. Es el operativo de mayor alcance a nivel nacional. Se espera que, pese a cierta improvisación y desconfianza, se logre el propósito de hacer un recuento completo y confiable de todas las personas, los hogares y las viviendas que se encuentran en Bolivia. A estas alturas no cabe ninguna amenaza de boicot o consignas para distorsionar los datos. Deben primar la transparencia, el trabajo técnico y la participación ciudadana en todo el territorio.

Según lo previsto, los resultados del operativo censal se conocerán en septiembre. Estos datos son la base para la redefinición de políticas públicas, así como para la distribución de recursos, ojalá con un pacto fiscal, y la redistribución de escaños en la Cámara de Diputados. No es algo sencillo toda vez que hay ganadores y perdedores. Lo importante es trazar una ruta de diálogo, acuerdos y equilibrios. El 23M, pues, es un día decisivo para la fotografía que guiará nuestro rumbo en la próxima década.

También puede leer: Juezas, se busca

Temas Relacionados

Comparte y opina:

Juezas, se busca

Es evidente, pues, que hay más obstáculos que voluntad política en el proceso de convocar y realizar las elecciones judiciales

Por La Razón

/ 14 de marzo de 2024 / 09:47

Como si no hubiesen sido suficientes los escollos que se produjeron desde hace casi un año, uno nuevo acaba de aparecer en el camino a las elecciones judiciales: la falta de mujeres candidatas a los puestos de magistradas y juezas, lo cual hace peligrar la paridad de género prescrita en la ley. Difícil saber a qué se debe este fenómeno, y más difícil encontrar una salida.

El artículo 76 de la Ley 026, de Régimen Electoral, especifica que la Asamblea Legislativa debe preseleccionar “hasta cuatro (4) postulantes para cada departamento en dos listas separadas de mujeres y hombres”; también, que “garantizará que el cincuenta por ciento (50%) de las personas preseleccionadas sean mujeres; y la presencia de al menos una persona de origen indígena originario campesino en cada lista”.

Lea también: Divisiones y primarias

Asimismo, la Ley 1549, Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024, establece que la Comisión Mixta de Constitución elevará un informe a la Asamblea con la lista de un mínimo de 36 y un máximo de 72 postulantes para el TSJ, y similar cantidad para el TCP, garantizando la equidad de género y la representación indígena originaria. También señala que la Comisión Mixta de Justicia Plural debe presentar un informe al pleno del Legislativo con una lista de un mínimo de 14 y un máximo de 28 postulantes para el Tribunal Agroambiental, y un mínimo de 10 y máximo 20 para el Consejo de la Magistratura.

Dependiendo de cuál de las instancias del Judicial se trate, hay mayor o menor déficit de mujeres candidatas: para el Constitucional, hay departamentos donde postularon apenas dos; para el Supremo la situación es similar. En todos los casos, el conteo de candidatas da un promedio de una por cada cuatro varones. “Con esos números realmente sería bien complicado garantizar una participación igualitaria”, reconoció el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Sin embargo, su colega presidente de la Comisión de Justicia Plural dijo que hay la cantidad necesaria de postulantes mujeres para seguir en el proceso de revisión y verificación de requisitos.

Entre las razones que se ensayan para explicar esta ausencia de mujeres interesadas en participar de la votación para autoridades del Judicial se señaló: falta de credibilidad en el proceso electoral debido al manoseo de los últimos meses; temor de las mujeres a los rigores del sistema patriarcal imperante en la sociedad y las instituciones; y temor de algunas a “quemarse” en el proceso. Todas ellas son plausibles, y es posible que hayan otras más.

Es evidente, pues, que hay más obstáculos que voluntad política en el proceso de convocar y realizar las elecciones judiciales. Por ahora es poco claro el modo en que la Asamblea Legislativa saldrá de este impasse, lo cual implica que el Estado sigue en el camino de la desinstitucionalización promovida por los partidos con representación parlamentaria. Tarde o temprano la historia juzgará este amargo tiempo.

Comparte y opina:

Últimas Noticias