Sociedad

Thursday 28 Mar 2024 | Actualizado a 12:18 PM

Suizo denuncia robo de identidad y fraude en la web

Stefan Gurtner, fundador de la ONG Tres Soles, que acoge a niños sin hogar en Quillacollo, teme que le acusen por un fraude que está lejos de cometer. Hace más de un mes descubrió que un portal web de Costa Rica usa su identidad y le hace pasar por inversionista.

Por La Razón

/ 5 de junio de 2011 / 05:00

Stefan Gurtner, fundador de la ONG Tres Soles, que acoge a niños sin hogar en Quillacollo, teme que le acusen por un fraude que está lejos de cometer. Hace más de un mes descubrió que un portal web de Costa Rica usa su identidad  y le hace pasar por inversionista.

«Realmente estoy preocupado, el peligro es que personas que desconozco denuncien que estoy involucrado en negocios ilegales, captando inversionistas, algo que nunca he hecho en mi vida y con lo que no tengo ninguna relación».

«La otra preocupación es que hasta el Gobierno nos puede acusar de que somos una ONG (Organización No Gubernamental) que está en negocios encubiertos de dinero, minerales y más», dijo Gurtner.

Hace un mes, navegando en la red encontró que su nombre y la dirección de la ONG Tres Soles se encuentran registrados en el portal Comxport Trade Data, en una base de presuntos inversionistas bolivianos. 

La web también presenta una nómina de más de 59.000 presuntos inversionistas bolivianos registrados como empresas, y donde se consignan números telefónicos fijos o móviles, departamento, ciudad de residencia y dirección.

Para establecer de qué se trataba, la esposa de Gurtner decidió contactar con Comxport Trade Data haciéndose pasar como una potencial cliente. Ingresando a la opción Email de contacto se lee: «Brindamos servicios de inteligencia competitiva, para prospectar o controlar mercados, de forma fácil y económica, permitiéndole tener un control exhaustivo de cualquier producto o empresa importadora o exportadora».

También indica «(tenemos) acceso a todos los movimientos de Comercio Exterior realizados en más de 40 países. Cientos de miles de registros mensuales y miles de millones de operaciones anuales».

Cuando se hace doble «click» en el enlace Ingresar ahora, se abre un formulario, donde el interesado debe llenar sus datos, incluido su teléfono móvil, para ser contactado.

La esposa de Gurtner siguió todos los pasos, y días después recibió una llamada desde Costa Rica de una supuesta empresa cuyo portal es energyadvisorscr.com, su interlocutor le invitó a invertir. Su oferta señalaba que la interesada debía depositar en una cuenta bancaria un monto mínimo de $us 5.000 y un máximo de $us 100.000 para recibir, al cabo de algunos meses, el 300% de esa suma como ganancia.

«Las llamadas a mi esposa continuaron a diario, entonces decidimos cortar la comunicación porque nos estaban pidiendo demasiados datos nuestros. El que nos hablaba se identificaba como Rafael Menjívar, de este portal, luego nos llamó Luis Alemán», señaló Gurtner. Al buscar el primer nombre en internet, se toparon con que pertenecía a un escritor costarricense ya fallecido, y al de un prominente comunicador.

insistencia. La empresa continuó insistiendo. Para ello envió hasta la casa de la supuesta interesada un contrato para la firma. En este documento también se consignaba una dirección de correo electrónico de contacto, perteneciente a otra empresa: [email protected], además de dos números telefónicos.

La Razón llamó a los teléfonos, de portafoliorentable.com. Una operadora indicó que Rafael Menjívar no se encontraba y pidió un contacto de referencia para devolver la llamada. Cuando se pidió hablar con Luis Alemán, colgó el teléfono. Esta web, según Gurtner, trabaja con Comxport Trade Data y energyadvisorscr.com. «entonces es toda una red de fraude».
En el contrato se indica que trabaja con el Bank of America, de Nueva York, y el Banco Beneficiario, y se coloca el número de las cuentas donde debe hacerse el depósito.

Portafoliorentable.com.también  invita a «invertir en petróleo, oro, granos o metales, para generar más de un 100% en ganancias».

ONG ‘Tres soles’ nació en el alto

 En Tres Soles viven menores abandonados por sus padres, víctimas de maltrato físico y psicológico, niños y niñas que sufrieron abuso sexual. La ONG comenzó su trabajo en El Alto hace 22 años. Stefan Gurtner, suizo de habla alemana, encabezó la obra. Los niños y adolescentes aprenden teatro, música, pintura, costura, panadería y carpintería. A fines de los 90 se trasladó a Chojña Collo, Cochabamba, a tres kilómetros de Quillacollo.

Denuncia sin resultados

A pesar de que el fundador de la ONG Tres Soles, Stefan Gurtner, recurrió a la Fiscalía y la Policía de Cochabamba para denunciar el robo de su identidad, delito del que acusa a la empresa Comxport Trade Data de Costa Rica, hasta el momento no ha hallado cómo ponerle freno.

«Hemos ido a la Fiscalía y la Policía, y nos han dicho que de este tema debe encargarse la Interpol  (Policía Internacional), porque es la única instancia que puede llegar a Costa Rica y ver qué pasa, pero esto es también una cuestión de dinero, y no lo tenemos. Usted sabe que la justicia es cuestión de dinero. En Interpol nos han dicho que vayamos hasta La Paz «, indicó Gurtner.

Al respecto, el coronel Dorian Angles Valverde, director departamental de Interpol, dijo que en estos casos la Policía Internacional coordina acciones con la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), y después se contactan con la Interpol de otros países. «Nosotros apoyamos en intercambio de información, nos comunicamos con Costa Rica para pedir que investiguen a esta persona delictiva y ubiquen a la misma, coordinamos con la FELCC, todo es gratuito», explicó.

Gurtner indicó que en la Fiscalía cochabambina le dijeron que ésta es la primera  denuncia de robo de identidad que se reporta en Bolivia. Para evitar ser acusado de fraude tuvo que publicar avisos en medios impresos en los que informa que ni él ni la ONG Tres Soles tiene vínculo alguno con Comxport Trade Data.

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Cuatro millones

De los debates posteriores al censo, es posible que el que más importe en Santa Cruz sea el del total de habitantes del departamento

Por La Razón

/ 28 de marzo de 2024 / 07:25

De los debates posteriores al censo, es posible que el que más importe en Santa Cruz sea el del total de habitantes del departamento. Si no bastase con la obligada referencia al ejercicio estadístico de la Gobernación, se ha denunciado migración y hasta “acarreo” de gente, y se exige una “encuesta poscensal” para asegurar la “confiabilidad” de los datos recogidos el 23 de marzo.

Es un hecho que es el departamento con más habitantes del país, con todo lo que ello implica en demandas y necesidades; considérese además que durante muchos años funcionó en la puerta del Concejo Municipal de la capital un cartel informático, llamado “Cambómetro”, que contabilizaba el número de personas que llegaban a la ciudad capital, más el número de nuevos nacimientos; la cifra se actualizaba cada pocos minutos, dando cuenta del crecimiento imparable de la población local.

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A eso súmese la enorme expectativa que existe en el departamento porque la Constitución y las leyes indican que la distribución de escaños legislativos depende del número de habitantes, y ni luego del Censo de 2001 ni del de 2012 se hizo el ajuste necesario. De ahí que desde 2022 la “institucionalidad” cruceña haya levantado el tema como una de sus principales banderas.

Primero fue la instrucción del entonces Gobernador en ejercicio al Instituto Cruceño de Estadística, de realizar un estudio demográfico, tarea desarrollada entre diciembre de 2022 y abril de 2023 y que arrojó un “un estimado del número de habitantes en el departamento de Santa Cruz”; tal estimación fue fruto de “la inferencia estadística”. La cifra anunciada al final del ejercicio fue: 4.000.143 habitantes.

Luego de muchas idas y venidas, en las que el Gobernador cruceño subrayó su falta de interés en dialogar y concertar, se implementó una serie de paros escalonados que terminaron en un paro indefinido que duró 36 días y no logró su cometido, que era forzar la realización del Censo en 2023. Sin embargo, las elites, que terminaron perdiendo casi todo el apoyo popular que habían galvanizado desde 2019, por el costo de la medida de protesta, presentaron como éxito propio la ley que instruyó hacer el Censo en marzo de 2024.

Luego, en vísperas del conteo, oficiosos personajes mediáticos desplegaron una campaña de desinformación para que la gente evitase responder todas las preguntas del Censo. Solo lograron evidenciar oscuros intereses detrás de la campaña. Finalmente, luego de la realización del operativo el sábado 23, fue el Presidente del comité cívico quien reconoció la posibilidad que “por tanta migración, no lleguemos al resultado que arrojó la Gobernación hace unos meses, de los cuatro millones”.

Es, pues, un derrotero bien conocido en el modo de hacer política de las elites cruceñas y que mezcla los legítimos intereses de la población de ese departamento con las ambiciones de quienes operan estos actos y discursos, con resultados que solo abonan a un status quo de confrontación con el gobierno “centralista”. Ojalá esta vez alguna de las partes tenga mejores ideas para salir del conflicto.

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Un censo histórico

Por La Razón

/ 24 de marzo de 2024 / 01:42

Como estaba previsto, ayer se realizó en Bolivia el Censo Nacional de Población y Vivienda 2024. Es un censo histórico que nos permitirá saber, a un año del Bicentenario, cuántos somos, cómo vivimos y cómo nos distribuimos. Esta información es clave para el diseño de diferentes políticas públicas, así como para fines distributivos. Hay que esperar los datos con sensatez.

Según la tradición en el país, más allá de algunos imprevistos y hechos aislados, la jornada del operativo censal fue una nueva demostración de madurez cívica y participación ciudadana. Pese a la postergación de la fecha, que generó conflictividad regional en 2022, el Estado, a través del INE, cumplió con las actividades organizativas y logísticas requeridas para una movilización enorme en el territorio. Contó para ello con el apoyo de la cooperación internacional y de organizaciones de la sociedad civil.

Pero se trató en especial de un día con protagonismo ciudadano. La visita a 5,8 millones de viviendas en el país fue posible por el trabajo de más de 750 mil censistas voluntarios, que desde primeras horas de la mañana se desplegaron en los lugares asignados en el marco de la cartografía actualizada. Y las personas y familias esperaron con expectativa para responder la boleta de 59 preguntas (diez más que en el censo 2012). Así, los intentos marginales por malograr el operativo fueron fallidos.

El censo 2024 es el duodécimo en nuestra historia (el cuarto en democracia) desde el primer recuento poblacional realizado en 1831 en el gobierno de Andrés de Santa Cruz. Entonces el número de personas censadas en Bolivia fue de 1.088.768. Transcurridos 181 años, ese número subió a 10.059.856 en el último censo de 2012. En septiembre se contará con datos preliminares para saber cuántos somos en el presente. Se espera que esta información sea la base para la planificación pública de mediano y largo plazo.

Detrás de los datos estadísticos y lo que revelan en su desagregación con arreglo a diferentes variables, hay historias de vida, condiciones de existencia, flujos migratorios, situaciones personales y familiares, mucha diversidad. Los números no necesariamente expresan esa complejidad de la sociedad boliviana, pero son útiles para el necesario examen respecto a cómo vivimos y cómo nos distribuimos. Esa fotografía de hoy contribuye a trazar el rumbo del futuro. Ojalá sea con más derechos y menos desigualdades.

¿Por qué el censo 2024 es histórico? No solo porque es el recuento con el que llegaremos al Bicentenario de Bolivia, tampoco porque es el operativo más grande de nuestra historia, sino en especial porque se hace en un contexto de incertidumbre. Si esperamos con sensatez los resultados y los gestionamos con base en acuerdos y equilibrios (lejos de la polarización y de los desinformadores profesionales), este censo brindará algunas evidencias relevantes para mirarnos al espejo como país. No es poca cosa.

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Los ‘retos’ de la democracia

El informe de la CIDH es una radiografía de los Derechos Humanos en Bolivia, y si bien reconoce avances, son muchos más los ‘desafíos’

Por La Razón

/ 21 de marzo de 2024 / 06:26

La presentación, días atrás, del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación en Bolivia, fruto de una visita “in loco” de un equipo de especialistas en 2023, ha terminado de aclarar el propósito de tal evaluación, que nada tiene que ver con casos particulares, pero sobre todo ha brindado una muy extensa lista de todo lo que falta por hacer.

El documento titulado Cohesión social: el desafío para la consolidación de la Democracia en Bolivia, publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 20 de enero de 2024, pero presentado el 14 de marzo, arranca señalando que la boliviana es “una sociedad afectada por el fenómeno de la polarización, que agrava la conflictividad social, habilita la escalada de violencia y genera condiciones para violaciones de derechos humanos”.

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En sus 222 páginas, el informe destaca que Bolivia ha experimentado transformaciones significativas desde la adopción de la Constitución de 2009, que ha promovido un amplio reconocimiento de los derechos humanos con énfasis en la perspectiva de género, los pueblos indígenas, y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). Sin embargo, también señala que la polarización social ha exacerbado la conflictividad y generado desconfianza hacia las instituciones democráticas. La CIDH recuerda que el Estado debe “fortalecer sus esfuerzos para la generación de espacios de consenso y diálogo genuino entre los distintos sectores de la sociedad boliviana”.

Respecto de los derechos reconocidos desde 2009, el informe señala que la implementación de las políticas correspondientes “enfrenta desafíos, incluyendo la debilidad institucional y la persistencia de patrones de discriminación”. También llama “retos” para la democracia y el Estado de derecho la polarización política, el estado de la libertad de expresión, el acceso a la información, y la participación ciudadana; menciona asimismo el deterioro del debate público, alimentado por discursos de liderazgos públicos. Al gremio periodístico no le va bien, pues se observa falta de representatividad en sus instituciones y descalificación mutua entre colegas de profesión.

Pero de todos, el tema más importante en el informe parece ser el referido a la Justicia, señalando en el acápite respectivo la necesidad “crítica” de cambios estructurales para garantizar la independencia judicial, mejorar las condiciones carcelarias, y asegurar el acceso efectivo a la justicia para todos. Entre las recomendaciones, sin embargo, no hay ninguna que no se conozca desde hace ya demasiados años, a pesar de que son urgentes, quizás cada día más.

El informe de la CIDH es una radiografía de los Derechos Humanos en Bolivia, y si bien reconoce avances, son muchos más los “desafíos” identificados. La extensa lista de recomendaciones puede ser un punto de partida para quien pretenda imaginar un proyecto de mejor país.

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El Censo del 23M

Por La Razón

/ 17 de marzo de 2024 / 00:14

Luego de su postergación por más de un año, el Censo Nacional de Población y Vivienda se realizará en Bolivia este sábado 23 de marzo. El último Censo fue el año 2012. El propósito es obtener información detallada para saber cuántos somos y cómo vivimos en todo el territorio nacional. Es un insumo fundamental para el diseño de políticas públicas. Llegar a este día no fue fácil.

Mediante un Decreto Supremo de mediados de julio de 2021, el Gobierno determinó que el Censo se haría el 22 de noviembre de 2022. Fue declarado “prioridad nacional”. Y la entonces ministra de Planificación señaló que todo estaba asegurado para el efecto. Faltó a la verdad. En julio de 2022, el Consejo Nacional de Autonomías, tras identificar dificultades, planteó la postergación del Censo hasta mayo o junio de 2024. Entonces el presidente Arce anunció un proceso “responsable y con transparencia”.

El aplazamiento del Censo 2022, que se convirtió en Censo 2024, generó rechazo y protesta, en especial en Santa Cruz. La dirigencia cruceña, a la cabeza del gobernador Camacho y el cívico Calvo, impulsó una movilización con la consigna “Censo 2023 Sí o Sí”. Con esa bandera innegociable hubo cabildos, ultimátum al Gobierno y un paro departamental que, con episodios de radicalidad y violencia, duró 36 días. Fue una derrota. El Censo, blindado por Ley, finalmente se reprogramó para este 23 de marzo.

Durante el 2023, con centro en el INE, se avanzó en la preparación del operativo censal. Entra otras cuestiones logísticas y organizativas, fue fundamental la actualización cartográfica, que tenía rezago y ausencias. También ha sido relevante la definición del cuestionario censal, con 59 preguntas distribuidas en siete capítulos. Al respecto hubo algunos debates inútiles en torno al mestizaje y la religión. La última etapa se concentró en el reclutamiento y capacitación de más de 750 mil voluntarios censistas.

Así llegamos, como país, al día del Censo, este sábado. Es el operativo de mayor alcance a nivel nacional. Se espera que, pese a cierta improvisación y desconfianza, se logre el propósito de hacer un recuento completo y confiable de todas las personas, los hogares y las viviendas que se encuentran en Bolivia. A estas alturas no cabe ninguna amenaza de boicot o consignas para distorsionar los datos. Deben primar la transparencia, el trabajo técnico y la participación ciudadana en todo el territorio.

Según lo previsto, los resultados del operativo censal se conocerán en septiembre. Estos datos son la base para la redefinición de políticas públicas, así como para la distribución de recursos, ojalá con un pacto fiscal, y la redistribución de escaños en la Cámara de Diputados. No es algo sencillo toda vez que hay ganadores y perdedores. Lo importante es trazar una ruta de diálogo, acuerdos y equilibrios. El 23M, pues, es un día decisivo para la fotografía que guiará nuestro rumbo en la próxima década.

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Juezas, se busca

Es evidente, pues, que hay más obstáculos que voluntad política en el proceso de convocar y realizar las elecciones judiciales

Por La Razón

/ 14 de marzo de 2024 / 09:47

Como si no hubiesen sido suficientes los escollos que se produjeron desde hace casi un año, uno nuevo acaba de aparecer en el camino a las elecciones judiciales: la falta de mujeres candidatas a los puestos de magistradas y juezas, lo cual hace peligrar la paridad de género prescrita en la ley. Difícil saber a qué se debe este fenómeno, y más difícil encontrar una salida.

El artículo 76 de la Ley 026, de Régimen Electoral, especifica que la Asamblea Legislativa debe preseleccionar “hasta cuatro (4) postulantes para cada departamento en dos listas separadas de mujeres y hombres”; también, que “garantizará que el cincuenta por ciento (50%) de las personas preseleccionadas sean mujeres; y la presencia de al menos una persona de origen indígena originario campesino en cada lista”.

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Asimismo, la Ley 1549, Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024, establece que la Comisión Mixta de Constitución elevará un informe a la Asamblea con la lista de un mínimo de 36 y un máximo de 72 postulantes para el TSJ, y similar cantidad para el TCP, garantizando la equidad de género y la representación indígena originaria. También señala que la Comisión Mixta de Justicia Plural debe presentar un informe al pleno del Legislativo con una lista de un mínimo de 14 y un máximo de 28 postulantes para el Tribunal Agroambiental, y un mínimo de 10 y máximo 20 para el Consejo de la Magistratura.

Dependiendo de cuál de las instancias del Judicial se trate, hay mayor o menor déficit de mujeres candidatas: para el Constitucional, hay departamentos donde postularon apenas dos; para el Supremo la situación es similar. En todos los casos, el conteo de candidatas da un promedio de una por cada cuatro varones. “Con esos números realmente sería bien complicado garantizar una participación igualitaria”, reconoció el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Sin embargo, su colega presidente de la Comisión de Justicia Plural dijo que hay la cantidad necesaria de postulantes mujeres para seguir en el proceso de revisión y verificación de requisitos.

Entre las razones que se ensayan para explicar esta ausencia de mujeres interesadas en participar de la votación para autoridades del Judicial se señaló: falta de credibilidad en el proceso electoral debido al manoseo de los últimos meses; temor de las mujeres a los rigores del sistema patriarcal imperante en la sociedad y las instituciones; y temor de algunas a “quemarse” en el proceso. Todas ellas son plausibles, y es posible que hayan otras más.

Es evidente, pues, que hay más obstáculos que voluntad política en el proceso de convocar y realizar las elecciones judiciales. Por ahora es poco claro el modo en que la Asamblea Legislativa saldrá de este impasse, lo cual implica que el Estado sigue en el camino de la desinstitucionalización promovida por los partidos con representación parlamentaria. Tarde o temprano la historia juzgará este amargo tiempo.

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