Por tercera vez consecutiva, ayer se suspendió la audiencia de cesación de libertad del presidente de la Asamblea Departamental de Santa Cruz, Alcides Villagómez, quien se encuentra con detención preventiva desde el 12 de mayo, por resistir a la posesión de la representante del pueblo Yuracaré-Mojeño, Rosmeri Gutiérrez, quien ganó un amparo constitucional para ser instalada en su curul.
La jueza Valeria Salas, del juzgado Octavo de Instrucción en lo Penal, suspendió la audiencia por la falta de un secretario. En este acto procesal debía definirse la situación jurídica del asambleísta departamental, quien se encuentra internado en la clínica Niño Jesús II, desde el 10 de mayo, por un problema cardíaco.
El abogado de Villagómez, Roberto Parada, dijo que este tipo de acciones judiciales sólo buscan dilatar el proceso de su patrocinado. «Introducimos un nuevo memorial pidiendo la cesación de la detención preventiva, la jueza tiene un plazo de 72 horas para fijar una nueva fecha para definir la suerte jurídica de mi defendido», dijo.
El abogado manifestó que existe el temor de que el fin de la dilatación del proceso sea trasladar a Villagómez a las celdas de la cárcel de Palmasola, pese a que éste se encuentra delicado de salud, ya que la ahora asambleísta Gutiérrez presentó el 21 de mayo el desistimiento al proceso que inició contra el presidente de la Asamblea Departamental.
Villagómez se rehusó a posesionar a Gutiérrez como representante indígena, argumentando que el pueblo Yuracaré-Mojeño no existe, por lo que la representante interpuso un amparo constitucional que fue procedente.