Las medidas sustitutivas establecen que la Alcaldesa deberá presentarse todos los lunes para firmar el libro de asistencia, y en tres días presentar a dos fiadores (garantes) con domicilio y trabajo en esa ciudad. Además Pimentel no podrá realizar viajes al interior ni al exterior del país sin un permiso emitido desde el juzgado.
Al finalizar la audiencia, el juez Gutiérrez afirmó que su determinación se debe a que el denunciante, el presidente del Concejo, Germán Delgado (MAS), y su abogado no demostraron que Pimentel esté obstaculizando la investigación de este proceso.
«No habiendo debidamente sustentado el derecho de requerimiento de medidas cautelares de carácter personal, que en una primera instancia pidió el Ministerio Público, al solicitar la detención preventiva de la Alcaldesa, mi autoridad determinó la aplicación de medidas sustitutivas», afirmó.
El proceso que se le sigue a Pimentel se refiere a supuestos delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y nombramientos ilegales, por la designación de Arturo Alessandri como delegado de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, sin la autorización del Concejo Municipal de Oruro. El presidente del ente fiscalizador, Germán Delgado (MAS), inició el proceso en mayo del año pasado.
Durante la audiencia se observó la presencia de varios simpatizantes del Movimiento Sin Miedo de la ciudad de Oruro, que reaccionaron ante la presencia del diputado masista Marcelo Elio.
Según la Alcaldesa, Elio «llegó a enfrentarse con la población que asistió a la audiencia», con quienes intercambió insultos. Su presencia demuestra que «el MAS controla estrictamente el proceso fraudulento que se me inició», sostuvo la burgomaestre.
La autoridad dijo que el concejal Delgado utilizó extremos para imputarla por delitos que no corresponden a la realidad. «Lo demostraré en el proceso de investigación, porque entregaremos toda la documentación que se requiera», afirmó.
Pimentel recordó que la Ley de Municipalidades 2028 autoriza a los alcaldes a designar o restituir de sus cargos a funcionarios, por lo que ella no cometió ningún delito, toda vez que el cargo de delegado anticorrupción ya estaba creado y sólo se designó un nuevo funcionario con el salario de Bs 4.200, «lo que está dentro de los parámetros legales».
La Alcaldesa solicitó a la Contraloría General designar funcionarios permanentes en la comuna que dirige, para evitar que funcionarios de otras áreas cometan actos de corrupción.
En el Movimiento Sin Miedo rechazan las acusaciones contra la burgomaestre de Oruro y las califican de persecución política, por lo que presentaron un recurso de nulidad a las actuaciones de la ex fiscal Irma Chambilla.