Sociedad

sábado 28 may 2022 | Actualizado a 09:49

Maestro que dé tarea para vacación será sancionado

Educación. La autoridad recuerda que el periodo es para descanso

Por La Razón

/ 23 de junio de 2011 / 05:00

Quiroz recordó que al tratarse de un descanso pedagógico, «ningún docente puede dar tareas a los estudiantes para las vacaciones», o de lo contrario será castigado por ello. «Vamos a sancionar a estos profesores que incumplan con lo que está determinado por norma», adelantó.

«En principio tenemos la amonestación en privado y una sanción con un descuento por tres días de haber. En el descanso pedagógico no es coherente dar tareas a los estudiantes y, en ese sentido, los profesores deben ceñirse a esas normas», reiteró la autoridad.

La decisión de prohibir impartir labores escolares para el receso escolar data de hace unos cinco años. Cuando el sistema era bimestral, los estudiantes ingresaban al periodo de descanso tras rendir exámenes del segundo bimestre; hoy que es trimestral, lo hacen tras las primeras pruebas del segundo trimestre.

Por otro lado, Quiroz ratificó el cronograma de la vacación de invierno. En los departamentos de La Paz y Cochabamba se iniciará el lunes 27 de junio y se prolongarán hasta el 8 de julio (dos semanas). En los demás departamentos el descanso pedagógico se iniciará el lunes 4 de julio y concluirá el viernes 15 de ese mes.

El frío se incrementa

Meteorología ha previsto que los días más fríos del año se sentirán en la última semana de junio y las dos primeras de julio, es decir en el periodo previsto para el receso.

El receso será sólo 2 semanas

A cuatro días para el inicio del receso escolar en Cochabamba y La Paz, el viceministro de Educación Regular, Juan José Quiroz, reiteró que «no habrá posibilidad» de prolongar el descanso pedagógico pues esto implicaría la modificación del calendario escolar correspondiente a este año.

Según Quiroz, de persistir las bajas temperaturas es posible que se modifiquen los horarios de ingreso, sobre todo en el turno de la mañana, es decir que podría recorrerse de 08.30 a 09.00, en particular para los escolares del ciclo inicial y primario.

«Hemos analizado esas posibilidades y se ha previsto modificar el horario de ingreso a las clases, por ejemplo en el turno de la mañana se puede postergar el horario de ingreso de 08.30 a 9.00, pero no se amplía el receso pedagógico», sostuvo la autoridad a este medio.

El miércoles, los ministerios de Educación y Salud lanzaron el cronograma del descanso pedagógico «regionalizado» en los nueve departamentos. El coordinador de Gestión de Riesgos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, Félix Trujillo, dijo que a partir del 27 de junio se registrarían las temperaturas más bajas.

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Estados Unidos y América Latina

Se esperaba que se avance en una revitalización rápida del diálogo multilateral sin exclusiones.

Por La Razón

/ 28 de mayo de 2022 / 01:43

A pocos días de la inauguración de la Cumbre de las Américas persisten las incertidumbres sobre los mandatarios latinoamericanos que sí participarán en este encuentro internacional con sede en Estados Unidos. Estas interrogantes abiertas no dejan de apuntar a la dificultad de la política exterior estadounidense para reenfocar sus orientaciones después del tiempo de tensiones y polarización regional que caracterizó al periodo del presidente Donald Trump.

Muchos sectores latinoamericanos recibieron con optimismo la noticia de la llegada de una administración demócrata al gobierno norteamericano. Durante el anterior capítulo republicano, la región, de alguna forma, dejó de ser una prioridad en la política exterior de ese país. Y en más de una forma, Trump se enfrentó a retóricas y acciones en América Latina. En más de una ocasión fue unilateral, mostró cierto grado de imposición y probó insuficiente voluntad para entender otros puntos de vista.

La sumatoria de estos elementos condujo inevitablemente a un debilitamiento del diálogo político hemisférico y de las instituciones que lo sostienen. La lógica de la confrontación política se fortaleció y las diferencias ideológicas se exacerbaron, haciendo muy difícil la conversación democrática de los grandes temas que convocan a todos los países de este lado del mundo: cambio climático, crimen organizado, migraciones, desigualdades económicas, narcotráfico y un largo etcétera.

Entendiendo que hay muchos factores de relacionamiento entre Estados Unidos y los países latinoamericanos que precisan más tiempo de maduración para que se pongan en práctica nuevos enfoques, se esperaba que se avance al menos en una rápida revitalización del diálogo multilateral sin exclusiones. Simplemente con un retorno a la tradicional práctica diplomática de escuchar y conversar con todos, incluso con aquellos con los que se tiene grandes diferencias, se podría haber dado señales del inicio de una nueva etapa.

Aquí está posiblemente la razón de fondo detrás de la crítica y el rechazo por parte de presidentes de países con peso específico y de líderes regionales a la exclusión unilateral de varios países de la Cumbre de las Américas. Es contradictorio hacer un llamado a un trabajo mancomunado para enfrentar los grandes desafíos del hemisferio sin entender que hay una diversidad de gobiernos, de posiciones ideológicas, de perspectivas según el lente y las coordenadas de cada país. Los foros multilaterales están diseñados justamente para convocar a los diferentes, para que al menos se reconozcan y se escuchen.

La mayor crítica a la política de Trump tenía base en su lógica de imposición, en intereses parciales o en obsesiones ideológicas. En un país con la gravitación que hoy tiene Estados Unidos en el continente sería recomendable, en esta nueva página, que se consolide un giro de actitud que nutra su liderazgo. Lo que se espera hoy de todos los países es un retorno a la diplomacia que, sin ceder en los valores e intereses que cada nación defiende, tenga capacidad de establecer relaciones con todos los actores en el marco del respeto, la solidaridad y la tolerancia.

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Salvar la justicia

Todos coinciden en su malestar con el estado de cosas, pero también son muchos los intereses en juego.

Por La Razón

/ 27 de mayo de 2022 / 01:24

Como estaba previsto, el miércoles el Relator Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, de la Organización de Naciones Unidas (ONU), presentó al Consejo de Derechos Humanos su informe sobre la visita que hizo a Bolivia en febrero para su aprobación en el próximo periodo de sesiones. El informe contiene abundantes detalles de la visita y concluye con 12 recomendaciones.

Entre los muchos aspectos destacables del informe, el Relator sostiene que las autoridades judiciales están “expuestas a diversas formas de injerencia o presión”, habla de los hechos de violencia y persecución de 2020 y pone el caso de la expresidenta Jeanine Áñez como muestra de los “problemas estructurales de la administración de justicia”, asunto que remite a más de dos décadas atrás, señalando un caso de 1998 como ejemplo.

El conjunto de recomendaciones al Estado boliviano, pero también a la sociedad, con que concluye el informe es, para el oficialismo, insumo para el proceso de reforma de la justicia; para la oposición, evidencia y testimonio de la “asquerosa justicia masista”, en palabras del Gobernador de Santa Cruz. El Viceministro de Justicia reconoció que el documento refleja la “realidad” del sistema judicial.

El informe del Relator contiene recomendaciones para reconducir el Órgano Judicial, comenzando por respetar su independencia y buscar un gran acuerdo nacional para la reforma; también recomienda asignar más presupuesto a este Órgano del Estado, así como asegurar que jueces, vocales y magistrados se dediquen a administrar justicia y no dinero o recursos, tarea para profesionales en materia administrativa.

Recomienda asimismo un debate nacional sobre la elección de autoridades del Judicial; el establecimiento de una efectiva carrera judicial; la regularización de jueces transitorios hasta fin de este año; atacar la corrupción con políticas de transparencia y sanciones apropiadas. En materia de derechos, respeto a la jurisdicción indígena originario campesina; más juzgados dedicados a la violencia contra la mujer y sustento al Comité de Género del Órgano Judicial; poner fin al abuso de la figura de detención preventiva; celeridad y eficacia en la investigación de la crisis de 2019; resarcimiento a víctimas de violaciones de los derechos humanos. Designar Defensor del Pueblo titular.

También, reformar el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, y crear una política criminal que guíe el trabajo del Ministerio Público, tareas interrumpidas hace años por presión opositora; mejorar la formación de abogados; y muy importante: adoptar una ley de acceso a la información pública.

La agenda está hecha, aunque es posible que otros asuntos también puedan o deban ser incluidos. Toca que Estado, partidos políticos y sociedad civil pongan cada quien de su parte. Todos coinciden en su malestar con el estado de cosas, pero también son muchos los intereses en juego. Los discursos grandilocuentes, cuando no altisonantes, de poco sirven para demostrar compromiso con la causa de renovar el Judicial.

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Revocatorias precoces

La revocatoria de mandato es un derecho político reconocido en la Constitución Política del Estado.

Por La Razón

/ 25 de mayo de 2022 / 03:03

Circulan en redes sociales algunas convocatorias para recolectar firmas a fin de impulsar la revocatoria de mandato del alcalde de la ciudad de La Paz, Iván Arias. Dichas iniciativas, si bien son democráticas, resultan extemporáneas y, por tanto, inútiles. Para que tenga efectos legales, deben cumplir plazos y procedimientos. Los ímpetus revocatorios, cualesquiera sean, deben esperar.

La revocatoria de mandato es un derecho político reconocido en la Constitución Política del Estado. El principio es evidente: como las y los ciudadanos tienen el derecho de elegir mediante el voto a sus gobernantes y representantes, también pueden revocarles el mandato. Así, todas las autoridades, excepto las judiciales, pueden ser cesadas en las urnas. Para ello deben cumplirse una serie de requisitos, entre ellos que haya transcurrido la mitad del periodo para el cual fueron elegidas.

Desde el reconocimiento constitucional de la revocatoria como un mecanismo de la democracia directa, y tras su regulación en la normativa electoral, hemos tenido en el país dos periodos revocatorios para las autoridades electas en los ciclos electorales 2009-2010 y 2014- 2015. En el primer caso, en 2013, hubo 124 iniciativas populares. Ninguna prosperó. En el segundo caso, en 2018, subieron a 245 iniciativas. Solo una llegó a las urnas, en Bolpebra, pero no tuvo validez por falta de votantes.

La revocatoria es el ejemplo de un derecho reconocido en la Constitución, cuyo ejercicio se dificulta y hasta inviabiliza en la normativa. ¿Por qué quedaron en el camino más de 360 iniciativas para revocar el mandato de diferentes gobernantes y representantes? Ocurre en especial porque el requisito de firmas es tan alto y en condiciones tan costosas y exigentes, que no hay forma de lograrlo. Para revocar un alcalde, por ejemplo, se requiere el 30% de firmas del padrón del municipio. Nada menos.

Más allá de los requisitos para impulsar una iniciativa popular de revocatoria en el país, y a reserva del ímpetu y recursos que tengan los promotores, es importante explorar las razones por las cuales se busca revocar el mandato de una autoridad electa. Si bien la legislación no establece causales, confluyen varios motivos e intereses: pérdida de legitimidad, incumplimiento del programa de gobierno, distancia con los representantes, rivalidad política y hasta enconos personales. Hay de todo.

En el caso que nos ocupa, del alcalde Iván Arias, ¿por qué un grupo de ciudadanos, opositores a su gestión, buscan que deje el cargo y se vaya antes de cumplir el mandato? Las razones quedan para el debate. La pregunta es si estas convocatorias, cuando llegue el momento ( fines de 2024) y se hagan conforme a la normativa, tendrán el apoyo suficiente para convertirse en iniciativa ciudadana que llegue a las urnas y revoque por mayoría el mandato. Lo propio cuenta para otras autoridades electas.

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Universidad en crisis

El congreso universitario nacional se iniciará hoy con todo el sistema puesto en cuestión y sumido en el descrédito.

Por La Razón

/ 23 de mayo de 2022 / 00:37

El escándalo desatado al saberse que el máximo dirigente de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB) es estudiante regular de la Universidad desde hace 30 años, que por su cargo administra ingentes cantidades de dinero y que recibía un salario superior a los Bs 21.000, es un golpe demoledor contra la Universidad Boliviana, que hoy comienza su XIII Congreso Nacional.

El longevo dirigente, que el jueves último publicó un video de descargo acompañado de la dirigencia estudiantil nacional, donde afirma que no recibió ningún dinero ilegal y pide postergar el inicio del XIII Congreso Nacional de Universidades (CNU), fue aprehendido el sábado y sometido a medidas cautelares el domingo; de seis denuncias presentadas en los últimos días, el Ministerio Público lo imputó por usurpación de funciones y conducta antieconómica, en ambos casos por evidentes errores administrativos.

Un diputado del MAS reveló que el dirigente, ahora desprovisto de su poder y privilegios, se aplazó en 200 materias y obtuvo una calificación de 0 en otras 100, denunció que hizo numerosos viajes al exterior por los que cobró jugosos viáticos, además de su ya conocido sueldo de más de Bs 21.000, por ser miembro del Presidium del XIII CNU desde fines de 2018, cuando el inicio de este magno evento fue suspendido; el mismo Presidium que le había asignado ese salario se lo retiró hace unos días.

El inicio del Congreso Universitario fue suspendido en 2018 debido a que sus participantes no podían ponerse de acuerdo en asuntos procedimentales y de agenda; es la máxima instancia del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) y sus decisiones tienen efecto sobre todas las universidades públicas del país más la Escuela Militar de Ingeniería (EMI) y la Universidad Católica Boliviana (UCB). Entendidos en la materia denunciaron entonces que la institución estaba en crisis, que era incapaz de cumplir el mandato asignado en su creación en 1978 y que estaba usurpando funciones de las propias universidades, como los cursos de posgrado y la investigación científica.

El fracaso de 2018 fue una nueva alerta sobre el estado del sistema universitario, cuya autonomía encubre burocracias insensibles que absorben la mayor parte del jugoso presupuesto, además de millonarias transferencias a los estamentos de dirigencia estudiantil, que no miden consecuencias cuando se trata de retener y reproducir su poder, como se ha visto en El Alto y en Potosí, por citar solo dos últimos casos de conducta criminal en sendas asambleas estudiantiles.

El congreso universitario nacional se iniciará hoy con todo el sistema puesto en cuestión y sumido en el descrédito; las y los participantes tienen el enorme reto de reconducir el modo en que la autonomía universitaria es entendida por sus agentes. Es probable que tal cometido deba pasar por una refundación del CEUB, que a su vez pasa por definir líneas maestras de la nueva universidad pública, que incluyan, además de una cultura de transparencia, claridad sobre la función que debe cumplir en la sociedad.

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Dos tercios para Áñez

Vista la experiencia de la Defensoría es claro que esos dos tercios están cada vez más lejanos.

Por La Razón

/ 22 de mayo de 2022 / 00:11

El fallido proceso para la designación de una Defensora o Defensor del Pueblo demostró la dificultad para lograr una mayoría especial en la Asamblea Legislativa. Dado este deplorable antecedente, parece improbable alcanzar dos tercios de votos para un juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Áñez. Se dejan así sin juzgamiento hechos como las masacres de Sacaba y Senkata.

Por mandato constitucional, la autorización de un juicio de responsabilidades contra un presidente o vicepresidente de Estado, por delitos cometidos en el ejercicio del cargo, requiere la aprobación de dos tercios de las y los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Si no se logra esa mayoría en la primera votación, se procede a una segunda votación en el mismo periodo legislativo. Si tampoco hay mayoría, el proceso de juzgamiento queda rechazado y se procede al archivo de obrados.

En las últimas semanas hemos asistido al espectáculo de cuatro votaciones en las que ningún postulante preseleccionado obtuvo los dos tercios requeridos para su designación en la Defensoría del Pueblo. El proceso quedó a medio camino. ¿Pasaría lo mismo en el caso de llevarse a votación la autorización legislativa de un juicio de responsabilidades contra Áñez, expresidenta del régimen provisorio? Debe recordarse que están pendientes al menos cuatro proposiciones acusatorias en su contra.

En los primeros meses de gestión del presidente electo Luis Arce, la mayoría legislativa del MAS-IPSP aceleró la resolución de probables juicios de responsabilidades que estaban pendientes desde hace casi dos décadas. El propósito era allanar el camino para avanzar en un juicio de responsabilidades contra Áñez. Pronto se paralizó el recorrido ante la constatación de que los opositores no viabilizarían la autorización requerida. Era evidente que no habría los dos tercios por el veto de la minoría.

El bloqueo anunciado por Comunidad Ciudadana y Creemos al juzgamiento de Áñez por diferentes hechos, en especial las masacres de Sacaba y Senkata con las cuales se estrenó en la presidencia luego de su autoproclamación, derivó en que el oficialismo recurriera de manera forzada a la vía ordinaria para enjuiciar, y quizás pronto sentenciar, a la exsenadora Áñez. Ahí están los casos Golpe de Estado I y II. Como sea, a la fecha sigue pendiente la decisión sobre un juicio de responsabilidades.

Como parte de su estrategia para bloquear una sentencia en la justicia ordinaria, Áñez solicitó a sus socios políticos en la Asamblea que viabilicen los dos tercios. Tanto Camacho como Mesa aceptaron con condiciones. Pero ahora al MAS-IPSP ya no le interesa esa vía para el juzgamiento de la expresidenta. Significaría no solo reconocer su mandato, aunque tenga origen inconstitucional, sino depender de la minoría. Vista la experiencia de la Defensoría es claro que esos dos tercios están cada vez más lejanos.

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