Sociedad

Wednesday 28 Feb 2024 | Actualizado a 04:29 AM

Diazepam se vende con receta, dice Salud

La autoridad supone que delincuentes acceden al fármaco de contrabando

Por La Razón

/ 30 de junio de 2011 / 05:00

La responsable de la Unidad de Medicamentos del Ministerio de Salud, Amparo Morales, recordó ayer que el diazepam (fármaco sedante) se vende sólo a presentación de una receta médica porque su administración debe ser regulada por un galeno,  porque tiene contraindicaciones.

Hace dos semanas, la Policía detuvo a un grupo de antisociales que usaba este fármaco para dormir a sus víctimas en centros de diversión y luego procedía a robar todas sus pertenencias de valor.

La autoridad advirtió que el uso del diazepam asociado con el alcohol, que es como suelen operar estos delincuentes, potencia su acción y podría causar efectos secundarios mortales. Morales afirma que el control que realizan es estricto, por lo tanto, supone que los delincuentes obtienen el producto de |||. Un periodista de este medio intentó ayer adquirir el producto en las farmacias, pero en todos los casos le fue negado por falta de receta.

Morales explicó que el fármaco tiene sustancias que actúan sobre el sistema nervioso central, siendo los efectos más importantes la sedación, hipnosis, menor ansiedad, relajación muscular y actividad anticonvulsivante. El diazepam se comercializa sólo en farmacias y con receta porque está catalogado como sustancia controlada.

«Se vende con receta médica retenida, es decir, la farmacia se queda con el documento para hacer el descargo ante el proveedor».

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Receso por cansancio

Por La Razón

/ 25 de febrero de 2024 / 00:30

Luego de una malograda jornada con interrupciones, intercambio de insultos e inaceptable violencia, la Cámara de Diputados entró en receso por razones de “cansancio físico y mental” (sic). El saldo es una sesión vergonzosa, con pésima gestión del orden del día y la polémica aprobación de un crédito. Sin acuerdos, las fuerzas políticas están condenadas a repetir el espectáculo.

En una reunión más propia de pelea callejera que de un Órgano Legislativo, las y los diputados volvieron a demostrar el viernes pasado que la pequeñez, la primacía de intereses particulares y la falta de voluntad política derivan invariablemente en parálisis decisoria. Cuando fallan la deliberación y las soluciones de compromiso, sobran lógicas autoritarias de imposición, bloqueo y/o veto de mayorías y minorías. El resultado, a la vista de todos, son agresiones en lugar de acuerdos y leyes.

La última sesión en Diputados venía precedida de otra igualmente bochornosa e inútil. Luego del celebrado pacto político para encaminar finalmente las elecciones judiciales, obstaculizadas durante casi todo el año 2023, las bancadas de asambleístas se enfrentaron por la interpretación y cumplimiento del acuerdo. De un lado están los arcistas, empeñados en la aprobación unilateral de siete créditos; del otro, la oposición y los evistas, que condicionan todo al cese de magistrados del TCP. Así no hay avance posible.

Cuando las y los diputados se recuperen del cansancio, en especial aquellos que convirtieron el hemiciclo en teatro de la náusea, sesionarán nuevamente. Es bastante probable que, en ausencia de un esfuerzo previo de concertación en torno a la agenda y el orden del día, este martes tengamos otro encuentro denigrante de su condición de representantes. Para evitarlo, se requieren condiciones y acuerdos mínimos: que el debate destierre a los escupitajos, los manotazos y las exhibiciones indecorosas.

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Si las tres fuerzas políticas con presencia en la Asamblea Legislativa Plurinacional, todas ellas con facciones y disidencias, de verdad quieren cumplir el acuerdo que firmaron, deben tener la madurez política y emocional para que se exprese en el orden del día. Y respetarlo. Ello supone aprobar tres créditos (suponiendo que uno ya está aprobado, aunque hay dudas), tratar los proyectos de ley 073 y 075 sobre la autoprórroga de los magistrados, y aprobar los restantes créditos en agenda.

Esa dinámica no es automática. Ni menos será el resultado forzado de amenazas, barras bravas o tomas del hemiciclo. Se requieren acuerdos para asumir reglas básicas de respeto, deliberación y toma de decisiones. El riesgo de no hacerlo es alto: no tanto que luego de una sesión maratónica terminen otra vez “cansados” y magullados, sino que aceleren y profundicen el agotamiento de la población. Cuidado que de tanto bloqueo y bochorno legislativo se imponga la consigna popular de “que se vayan todos”. 

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Un acuerdo prometedor

El acuerdo entre el Gobierno y los empresarios es un hito en la construcción de una cultura democrática

Por La Razón

/ 22 de febrero de 2024 / 06:29

Finalmente, luego de un 2023 marcado por la incertidumbre y la desinformación, irónicamente producidas desde el propio Gobierno, el gremio de los empresarios privados no solo logró reunirse con autoridades del sector económico, sino que además obtuvo un ambicioso acuerdo orientado a facilitar el ingreso de divisas al país, así como a estimular el aparato productivo.

La reunión, realizada el lunes último en el Ministerio de Economía y Finanzas, contó con las más importantes representaciones del empresariado boliviano (pero no todas, pues algunos gremios reclamaron por no haber sido invitados), especialmente la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, que en un comunicado difundido luego del encuentro saludó una “nueva etapa” en la relación con el Estado en la que “se prioriza el diálogo directo para encontrar soluciones conjuntas”.

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El acuerdo de 10 puntos, se informó luego, no fue solo resultado de las cinco horas de reunión del lunes, sino que se produjo luego de semanas de negociación entre los privados y los ministros de Economía y de Planificación de Desarrollo, los mismos que durante meses habían porfiado en señalar que la escasez de dólares o era falsa o era producto de la mala fe de algunos agentes económicos.

Finalmente, llegó el momento de la sinceridad y se acordó diversas medidas para, por un lado, favorecer el ingreso de divisas al país, así como para facilitar la adquisición de combustible (particularmente diésel) a los grandes consumidores, tanto de la industria y la minería como del agro. Es evidente que las declaraciones públicas no bastaban para calmar la creciente irritación de quienes sintieron la falta de dólares y de carburantes para desarrollar sus actividades.

En ese contexto, también se acordó implementar medidas para facilitar las exportaciones, comenzando por la eliminación de las restricciones a las exportaciones de alimentos y terminando por la decisión de avanzar en el uso de “tecnología agropecuaria de precisión”, eufemismo que confundió a comentaristas y periodistas interesados en el uso de biotecnología en los sembradíos de alimentos. También se acordó favorecer la importación de vehículos eléctricos y poner límites a las comisiones que cobran los bancos por las transferencias de dinero al extranjero.

Como pocas veces, el acuerdo comenzó a ser ejecutado de inmediato, y son varias las instancias gubernamentales dedicadas activamente a hacer realidad las decisiones. Hay analistas que afirman que si el acuerdo funciona como debería, el Gobierno, especialmente el Presidente, estaría acumulando puntos a su favor en la liza hacia la candidatura presidencial. Previsiblemente, las mayores críticas al acuerdo provienen de comentadores y analistas afines al expresidente Evo Morales.

En todo caso, y al margen del posible efecto político, el acuerdo entre el Gobierno y los empresarios es un hito en la construcción de una cultura democrática en la que las exclusiones fundadas en presupuestos meramente ideológicos o posiciones sectarias no tengan más cabida.

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Rumbo incierto

Por La Razón

/ 18 de febrero de 2024 / 01:21

Diferentes estudios cualitativos y de opinión pública muestran que la sensación predominante en este momento en el país es de incertidumbre. Una reciente encuesta señala un aumento en la insatisfacción con la situación actual. Y la mayoría de la población no cree que la política ni la economía mejoren en los próximos meses. Son señales de alerta que deben preocuparnos.

Durante la coyuntura crítica de fines de 2019, prolongada en 2020 con el gobierno inconstitucional de Jeanine Áñez, se instaló en Bolivia una sensación extendida de crisis múltiple y polarización, acompañada de incertidumbre. Contribuyeron a ello la crisis sanitaria por el COVID-19, la sucesiva postergación de las elecciones generales, la persistente disputa de relatos en una sociedad dividida y la desastrosa gestión gubernamental. La percepción de crisis y de incertidumbre disminuyó con la victoria electoral de Luis Arce.

Transcurrido este tiempo, se ha ido ampliando la sensación de que el rumbo del país es incierto. Por un lado, los actores políticos relevantes, en especial en la Asamblea Legislativa, parecen empeñados en exhibir sus diferencias y la incapacidad de lograr acuerdos, como se vio en varios temas de la agenda legislativa. El bloqueo a las elecciones judiciales en 2023 y la autoprórroga de mandato de los magistrados aumentó la elevada desconfianza en los políticos y en las instituciones.

Pero el punto de inflexión respecto a la situación actual y la expectativa de futuro se produjo el primer trimestre del año pasado, cuando empezaron a faltar dólares y se generó un mercado paralelo. Más allá de la baja inflación, que es un dato sustantivo, así como de la disminución del desempleo, varios indicadores macroeconómicos son negativos para la economía nacional. Es particularmente crítico el boquete cada vez más grande y difícil de cubrir producido por la subvención a los hidrocarburos.

Con un sistema político sin acuerdos mínimos y parálisis decisoria en la Asamblea Legislativa (aunque debemos celebrar la convocatoria a las elecciones judiciales), y con la sensación creciente de duda sobre la estabilidad económica (principal pilar del gobierno de Arce), el actual contexto en el país es de preocupación e incertidumbre. ¿Los actores políticos e institucionales lograrán acuerdos básicos para encaminar la agenda de políticas públicas? ¿Se podrá sostener la economía sin escenario de crisis?

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Estas señales de alerta, que están en el día a día de la ciudadanía, empeñada en procurar condiciones de vida dignas, debieran concentrar la atención de todos los actores estratégicos, en especial del Órgano Ejecutivo. Las disputas políticas y de intereses particulares son normales en una democracia plural, pero se convierten en lastre cuando subordinan y hasta ignoran la agenda común y el bienestar colectivo. Es fundamental preservar la estabilidad y dar certidumbre sobre lo que viene.

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Difícil ruta crítica

El primero en vulnerar el acuerdo (tal vez porque no fue parte de la deliberación), fue el expresidente Carlos Mesa

Por La Razón

/ 15 de febrero de 2024 / 06:31

Lo que hasta la semana pasada parecía una salida al laberinto de la ley de convocatoria a elecciones judiciales se convirtió, en vísperas del Carnaval, en un nuevo reto para el espíritu democrático de algunos y más del mismo juego iniciado hace casi un año, para otros. Se espera que esta semana se implemente la ruta crítica y la convocatoria a elecciones sea publicada.

El escenario parecía haberse aclarado con el acuerdo “bicameral y multipartidario”, suscrito a instancias del Vicepresidente del Estado, y entonces se celebró “el triunfo de la política” por encima de las mezquinas actuaciones de algunas y algunos legisladores; sin embargo, la semana pasada, en vísperas del Carnaval, las cosas volvieron a complicarse cuando los jefes partidarios decidieron ignorar el contenido del acuerdo.

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A despecho de lo que pudieran creer y afirmar los dirigentes políticos interesados en impedir la pronta realización de las elecciones judiciales o en mantener en status quo la “autoprórroga” de las y los magistrados en ejercicio, el acuerdo sostiene que el debate legislativo sobre el mandato de los jueces, magistrados y tribunos debía producirse “en la sesión siguiente a la aprobación del Proyecto de Ley N° 144/22-23 y de al menos 4 de los proyectos de ley” referidos a créditos externos. El primero en vulnerar el acuerdo (tal vez porque no fue parte de la deliberación), fue el expresidente Carlos Mesa.

Sin embargo, legisladores de las tres fuerzas representadas en las dos cámaras de la Asamblea Legislativa se mostraron optimistas respecto de la posibilidad de publicar hasta el fin de semana la convocatoria al registro de postulantes, paso que dará inicio al calendario electoral, que debe desarrollarse en 80 días en el ámbito legislativo y luego en 150 días en manos del Tribunal Supremo Electoral.

Mientras tanto, la interminable pulseta, en la que es imposible identificar alguna parte que no hubiese mostrado signos de mala fe, se alimenta de amenazas de declarar “incompetente” al presidente de la Cámara de Diputados o de reactivar los bloqueos de caminos desde la próxima semana, habida cuenta que, según varios comentadores y analistas, el bloqueo sí produjo los resultados que su impulsor, el expresidente Evo Morales, buscaba.

Por su parte, el Gobierno sigue mostrándose débil y arrinconado, y sin darse cuenta de que los discursos en los que se muestra como víctima tienen poco o ningún efecto en la opinión, seguramente porque se espera que las autoridades electas con más de la mitad de los votos sean capaces de proponer iniciativas que muestren proactividad. Mientras tal cosa no suceda, es de esperar que los líderes de oposición sigan manejando la agenda política según sus caprichos y que, como dijo una senadora de CC, siga alargándose “la agonía de los ciudadanos”.

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Créditos y/o cese

Hay pues la necesidad de pactar, sin imposiciones ni vetos, para fines de gobernabilidad.

Por La Razón

/ 11 de febrero de 2024 / 00:22

El acuerdo in extremis suscrito la semana pasada para destrabar las elecciones judiciales tropezó con la disputa por el cese de magistrados y la aprobación de créditos. Era previsible. El Gobierno busca mantener la autoprórroga y la oposición (evistas incluidos) condiciona los contratos de préstamo. Prosigue así la lógica de bloqueo con parálisis decisoria en la ALP.

Tras cinco días de debate y bajo presión del bloqueo de caminos, las jefaturas de bancada de las tres fuerzas políticas y las autoridades de ambas cámaras legislativas suscribieron un acuerdo con tres puntos. El primero se cumplió pese a los augurios en contrario. El lunes 5 fue aprobada en Diputados la Ley 144 Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024. Al día siguiente se sancionó en el Senado y, horas después, fue promulgada por el Ejecutivo. Se asumió así una solución de compromiso que fue cumplida.

El problema surgió a la hora de tratar los siguientes dos puntos del acuerdo. ¿Primero aprobación de créditos y luego tratamiento de los proyectos de ley para el cese de magistrados y suspensión de plazos procesales? ¿O primero cese de los autoprorrogados y después consideración de los siete proyectos de ley de financiamiento de la agenda económica? Hay una cuestión de confianza (se habla de “maniobras” y de “chantaje”). Pero también de maximalismo político para imponer un punto de vista.

Según el mencionado acuerdo, los dos proyectos de ley relacionados con el cese de magistrados deben tratarse por tiempo y materia en Diputados luego de la ya aprobada ley de convocatoria a las elecciones judiciales y la aprobación de al menos cuatro de las siete leyes sobre contratos de préstamo para diferentes proyectos y obras. Quedarían pendientes las otras tres leyes de la agenda económica. Ello debió expresarse de manera inequívoca en el orden del día de la sesión. Y no fue así, generando conflicto.

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Es evidente que voceros de uno y otro lado están bloqueando el cumplimiento del acuerdo. Ahí están actores de la oposición que rechazan por anticipado la aprobación de los créditos y actores del Gobierno que desahucian el cese de magistrados. Ambos se acusan de la “ruptura” del acuerdo político. El resultado fue una fallida sesión en Diputados y el triste espectáculo de horas inútiles de discursos sin resultado. La sesión fue suspendida y postergada sin fecha. Como si no hubiera urgencias y riesgo de enfrentamiento.

¿Qué sigue? ¿El Gobierno aceptará el cese de los autoprorrogados a cambio de la aprobación de créditos? ¿La oposición condicionará todo, incluidas las elecciones judiciales, al cese de magistrados? Es innegable que cualquier solución requiere madurez y voluntad política. Y en este momento el oficialismo del presidente Arce está en minoría en la Asamblea. Hay pues la necesidad de pactar, sin imposiciones ni vetos, para fines de gobernabilidad en un contexto difícil para la política y la economía.

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