El Gobierno Municipal de La Paz hizo el cálculo del Factor de Cierre de Vías (FCV), sobre la base de un estudio de conflictividad, que estableció que el transporte público, principal damnificado, pierde al año Bs 2.185.89 (minibuses), Bs 1.925.96 (micros) y Bs 1.702.82 (trufis). Este factor fue presentado en la cumbre social del transporte celebrada el mes pasado.
El oficial mayor de Promoción Economica, Ronald Pereira, informó que los datos, que fueron recabados de la Policía, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Fundación Unir Bolivia, dieron como resultado que, en promedio, en la última década la ciudad fue el escenario de 1.221 manifestaciones y marchas, y 291 bloqueos y tumultos.
«Se hizo un análisis de cómo afectan a los transportistas estos eventos casi cotidianos y nos mostraron estos datos. Aunque la finalidad era sólo ver la afectación a transportistas, no se puede negar que este hecho afecta a comerciantes, funcionarios públicos y privados, y a los agentes económicos de la ciudad», manifestó Pereira.
El presidente de la Federación de la Cámara de Comercio de La Paz, Luis Urquizo, precisó, por ejemplo, que el cierre de vías afecta el desenvolvimiento de las labores cotidianas, y disminuye la productividad del trabajador. «A eso hay que sumar que hay empresas que deben transportar mercadería y que al final tienen retrasos, lo que también tiene sus costos».
Pero el FCV edil no toma en cuenta el cierre de vías provocado por fiestas patronales, actos cívicos, deportivos, estudiantiles y de otra naturaleza.
Ayer, efectivos del Batallón Colorados participaron en un acto en la Plaza Venezuela y ocuparon el carril de bajada de la avenida Mariscal Santa Cruz. Por ello, los coches se desviaron desde la calle Colón, lo que dificultó el tráfico en la Murillo.
«Se realizan actos cívicos y algunas instituciones son respetuosas del espacio público, solicitan permiso y coordinan, pero otras no», declaró el director de Sistemas Viales, Eduardo Cortez, cuya unidad elabora una base de datos sobre el perjuicio que causan estos actos.
MARCHÓDROMO. El último informe de conflictividad difundido por la Fundación Unir Bolivia revela que en mayo los conflictos sociales disminuyeron en relación al mes precedente, llegando a sumar 133 casos en el país. De ese total, el 23,5 por ciento tuvo como escenario la ciudad.
El director de Gobernabilidad del Gobierno Municipal, Pedro Susz recordó que para lidiar con este problema, que obstruye el desarrollo de la urbe, se hicieron propuestas «carentes de sentido» como crear un marchódromo, programar las manifestaciones o persuadir a los manifestantes para que ocupen sólo uno de los carriles de las arterias céntricas de la ciudad de La Paz.
«En el fondo es un tema de conciencia ciudadana, pero no hay nada más difícil que cambiarle el comportamiento a la gente. Quizás esta generación tenga que resignarse. Ojalá una próxima no».
Relación de conflictos en 5 años
Datos
Según el informe de la Alcaldía paceña, el 2006 se produjeron 524 marchas y 189 bloqueos en la ciudad; el 2007, 1.458 marchas y 259 bloqueos. El 2008, 960 movilizaciones y 279 bloqueos El 2009 hubo 1.339 marchas y 438 bloqueos y finalmente el 2010 se registraron 1.221 manifestaciones callejeras y 291 bloqueos.
Choferes dicen que el informe es conservador
La Central Única de Transporte Urbano de Pasajeros (CUTUP) discrepa con la Alcaldía paceña por los resultados arrojados sobre el perjuicio económico causado por el cierre de vías. Según el cálculo edil, movilizaciones, bloqueos y otras protestas producen una pérdida de ingresos anual de Bs 2.185 a un chofer de minibús, de Bs 1.925 a un micrero y de Bs 1.702 a conductor de trufi.
«Ese aspecto fue tomando en cuenta por las marchas y bloqueos que son una constante en La Paz», manifestó el oficial de Promoción Económica, Ronald Pereira.
Sin embargo, el dirigente de la CUTUP, Gonzalo Millares expresó que «en un bloqueo se pierde el recorrido, se quema gasolina, no hay ingresos. Entonces en cifras consideramos que es más el perjuicio». Para el director de Gobernabilidad, Pedro Susz, existe sobre todo un «costo psicológico» que pagan indistintamente todos los paceños.