«El móvil del hecho sería la recuperación de $us 7 millones, dinero por acciones ilegales del narcotráfico», señaló la jueza Ximena Flores antes de ordenar la detención preventiva de cinco de los miembros de la banda, aprehendidos la noche del último lunes.
Flores, luego de valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía, entre ellas un video en el que se mencionaría que la deuda es por negocios vinculados al tráfico de drogas, y que sólo pudo ser visto por la jueza en una computadora personal, determinó la detención preventiva en el penal de Palmasola de Martín R. V., René A., Hugo P. S., Fernando A. T. y Omer S.R.
El Ministerio Público presentó la imputación por los delitos de asociación delictuosa, robo agravado, secuestro e intento de homicidio. Jhovana S. (esposa de Hugo P, encargada de alimentar a Ribero) y Marisela G.T. fueron liberadas, aunque con medidas sustitutivas.
La organización delictiva, dirigida por el expolicía Martín R.V. y por el exempleado del Ministerio de Gobierno René A., e integrada por dos bolivianos y dos colombianos prófugos, fue contratada por Mauricio V.D, que habría intentato cobrar la «narcodeuda».
En su imputación, el fiscal que lidera las indagaciones, Jorge Tamayo, informa que el secuestro de Adriana Ribera fue planificado con 40 días de anticipación. «La organización delictiva se reunía en un hotel céntrico de la ciudad de Santa Cruz», precisa.
La banda habría previsto recibir el 10% de la deuda que debía ser cobrada, es decir $us 700.000. «El objetivo del secuestro era presionar a Von Borries para que efectivice el pago», dijo.
El abogado de los Von Borries, Carlos Subirana, señaló que la política contaminó la indagación, después de unas declaraciones formuladas en La Paz por el Ministro de Gobierno (ver apoyo), que alertaban de la relación del secuestro con delitos vinculados a la 1008.
«De aquí en adelante, cualquier cosa pueden arrojar las investigaciones, hasta pueden aparecer los secuestradores como víctimas», indicó.
En la audiencia también se reveló que el exteniente de la Policía Martín R. V. tiene antecedentes por el atraco a una joyería en la ciudad de La Paz y por haber participado en la desaparición de dos mujeres en mayo, en Santa Cruz. Sin embargo, no se dio más detalles de estos delitos y la fuerza antidroga cruceña señaló que no tenía sistematizada la información.
«De manera inicial esta organización habría recibido alrededor de $us 8.000 para costear los gastos que requerían la ejecución del secuestro», dijo el fiscal Tamayo. De acuerdo con las indagaciones, Hugo P. S. y Fernando A T, encargados de vigilar a la víctima, recibían alrededor de $us 200 por día. El fiscal del distrito, Isabelino Gómez, informó que las investigaciones fueron positivas y recordó que se rescató a la víctima con vida.
Los cuatro que se fugaron
Indagación
La organización delictiva estaba integrada por ocho personas. Los cuatro prófugos son José N.C. V., quien sería el autor del secuestro, Mauricio V. D. y los colombianos El Fernando y Tocayo.
‘Se trata de personas vinculadas a la Ley 1008’
El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, reveló ayer que el secuestro de la esposa de Alberto von Borries, en Santa Cruz, Adriana Ribera, «está vinculado con la Ley 1008». «Se trata de personas vinculadas con el narcotráfico», añadió sin precisar si estaba hablando de los secuestradores, de las víctimas o de ambos.
La autoridad se refirió al tema en una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno. En sus declaraciones, Llorenti trató de marcar distancias entre Alberto von Borries, su esposa y el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge von Borries. «Sobre el vínculo con el presidente de la Suprema, entiendo que es un familiar lejano, el propio presidente de la Corte dijo que es un sobrino lejano», apuntó.
Cuando se le pidió que aclare qué actores del secuestro estaban vinculados con la Ley 1008, el Ministro de Gobierno se limitó a señalar que «las investigaciones están en marcha, estamos haciendo seguimiento a las mismas».