El coordinador de Sistemas Viales del Gobierno Municipal de La Paz, Marco Fuentes, explicó que no se hizo un análisis del 100% de las líneas que operan en el municipio, por lo que la cantidad de infractoras puede ampliarse.
«Hay unas 44 líneas de transporte que no están operando y, en la mayoría de los casos, es o porque no cuentan con el parque automotor suficiente o porque han tenido problemas con otros sindicatos por las mal llamadas áreas de trabajo».
De las 44 líneas que no brindan servicio, 8 corresponden a buses, 20 a minibuses, 12 a trufis 3 a carrys y una a micro (Ver cuadro a la der.).
«Una parte de la población se ve afectada por la ausencia de los vehículos de estas líneas y por ello la Alcaldía ya envió una nota a Tránsito para que juntos realicemos operativos y verifiquemos esta situación», explicó la autoridad municipal a La Razón.
Descontento. Con los resultados de los operativos se elaborará un informe que servirá de base para revertir la autorización a las líneas infractoras, sean estas de los sindicatos y de los afiliados a la Asociación del Transporte Libre.
Este proceso de fiscalización se anuncia en un ambiente tenso entre los choferes libres y sindicalizados y el Gobierno Municipal de La Paz, ocasionado por el congelamiento de las tarifas decidido por una cumbre socia en junio.
Gonzalo Millares, secretario ejecutivo de la Central Única de Transporte Urbano de Pasajeros (CUTUP), que agrupa sólo a los choferes sindicalizados, manifestó estar sorprendido por la fiscalización y reversión anunciada.
«Es cierto que existen algunas lineas que no tienen consenso con los operadores, pero en la mayoría de los casos hemos resuelto los conflictos. Por eso dudo que existan hasta 44 líneas de transporte que no cubran sus rutas».
Sin embargo, el más reciente de los conflictos por rutas entre choferes sindicalizados se produjo por la apertura de minibuses, carrys y trufis al transporte público. De las 22 líneas autorizadas, aún circulan sólo 11.
El dirigente anticipó que el tema será analizado y luego se definirán «acciones en defensa de las líneas», si fuera necesario.
Según el reporte edil, afiliados al Sindicato San Cristóbal, a la Cooperativa José Ballivián y Trans Miraflores tienen mayor cantidad de observaciones.
El secretario ejecutivo del Sindicato de Transportes San Cristóbal, Crisóstomo Quispe, reconoció que el bus 52, cuya ruta inicia en villa San Antonio y llega hasta El Alto no opera; sin embargo, adelantó que no permitirá que se les quiten las autorizaciones de operación.
Para defender esta decisión argumentó que, por ejemplo, aunque no haya pasajeros, porque la Alcaldía dio autorizaciones a otros grupos, el bus 53 sigue prestando el servicio a Alto Obrajes.
«Estamos más de 53 años en la zona y no vamos a permitir que nos saquen». El dirigente también señaló que el micro 136, que va hacia la ciudad de El Alto, trabaja con regularidad.
Antonio Sea, dirigente del Trufi 1, también desmintió que la línea 483 haya dejado de prestar el servicio. «Esa línea trabaja todos los días. No vamos a permitir que se toque esa ruta», advirtió.
Se legislará sobre los derechos del usuario
El anteproyecto de la Ley de Transportes, que es discutido por una comisión de la Cámara de Diputados, incorpora los derechos y obligaciones de los usuarios.
Javier Santibañez (MAS), presidente de la Comisión de Economía Plural, explicó que el documento busca proteger al usuario cuando se cometen actos que atentan contra su dignidad, economía o cuando los choferes no garantizan que lleguen a destino.
«Se sabe que hay irregularidades, por eso, aparte de los derechos y deberes de los usuarios, también se establecen sanciones para los conductores que deben aplicar las autoridades competentes. En el caso del transporte urbano es tarea de los municipios».
En el Art. 101 del citado anteproyecto se dice que los usuarios tienen derecho a acceder en condiciones no discriminatorias al servicio de transporte público, al respeto a la dignidad humana, a recibir trato respetuoso y digno, a ser transportado desde el lugar de origen hasta el lugar de destino de acuerdo a la ruta establecida, entre otros. Santibañez remarcó que la norma será socializada con todos los sectores y prevé que sea aprobada hasta el 15 julio. «Es un paso a la regulación», apuntó.