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Intervienen seis salas de juego en el oriente

El operativo fue realizado cerca de las 04.00 de la madrugada de ayer, en diferentes puntos de la ciudad, por parte del personal de la AJ con apoyo de miembros de la Policía. El director Nacional de la AJ, Mario Cazón, informó que la intervención se debió a que las seis salas carecen de licencia de operaciones, misma que debían obtener en el marco de la Ley 060 de Juegos de Loterías y de Azar.

«Todas las empresas que vienen operando tenían la oportunidad de readecuarse a la Ley 060, previa presentación de la solicitud de operaciones, pero ellos (las seis salas) no lo hicieron dentro del plazo establecido, que era de 120 días» y que expiró el 8 de junio, explicó la autoridad. De acuerdo con la norma, las sanciones se aplicaban desde el 29 de junio.

En el país existen unas 260 empresas de juegos de azar que, al no haberse adecuado a la norma, operarían de manera irregular; se calcula que al menos 10.000 máquinas funcionan en ellas.

En el caso de las empresas Bahití y Corhart, ambas arguyeron en reiteradas oportunidades que en tanto el Tribunal Constitucional no se pronuncie sobre un recurso de inconstitucional que presentaron en contra de la aplicación de la Ley 060, sus locales no están en la obligatoriedad de adecuarse a la norma.

Cazón declaró que ahora que el plazo de adecuación venció, la norma se aplicará, de modo que sugirió a las empresas que funcionan de manera ilegal cerrar sus puertas de manera voluntaria o que inicien los trámites para obtener la licencia de operaciones.

Explicó que las salas intervenidas podrán reabrir sus puertas previa solicitud de licencia de operaciones y pago de una multa. Otra de las condiciones es contar con máquinas nuevas, pues las existentes serán destruidas.

Multa y más operativos en el país

La Autoridad del Juego explicó que la sanción económica es de 5.000 UFV (Bs 8.216 al tipo de cambio actual) por máquina incautada. Además, advirtió que «los operativos que se iniciaron en Santa Cruz, se expandirán a todo el país hasta llegar hasta la última empresa que opere de manera ilegal».