Sociedad

domingo 28 feb 2021 | Actualizado a 21:06

‘El Estado y sus instituciones están facultados para redistribuir esa tierra’

Antonio Hassenteufel - El subdecano del Tribunal Agrario Nacional y vocal relator en el caso del proceso de nulidad del título ejecutorial de Raúl Jordán Velasco, explicó que el INRA ya no tendría competencia sobre las más de 705 ha del exfundo Mallasilla que volvieron a dominio originario del Estado y que el fallo ampliaría el radio urbano municipal.

Por La Razón

/ 20 de julio de 2011 / 05:00

— ¿El Tribunal Agrario Nacional tiene competencia para emitir un fallo tratándose de predios urbanos?
— En este caso el Tribunal Agrario Nacional (TAN)  tiene competencia, la que está establecida en las leyes 1715 (ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria), 3545, (de reconducción de la Reforma Agraria), del Órgano Judicial y la propia Constitución Política del Estado. El TAN tiene competencia para conocer la demanda de nulidad y anulabilidad de los títulos emitidos por el ex Consejo Nacional de Reforma Agraria, por el ex Instituto Nacional de Colonización y por el actual Instituto de Reforma Agraria.
— Sin embargo, se objeta su competencia…
— Al inicio del proceso se planteó una excepción de incompetencia, señalando que el TAN no podría actuar porque esos predios ya habían sido urbanizados. Los conjueces que estaban viendo este proceso, ante las excusas de mis colegas vocales, emitieron un fallo en ese sentido. Sin embargo, ante un Amparo Constitucional de la Superintendencia Agraria, el Tribunal de Amparo aclaró que el Tribunal Agrario tiene competencia. Entonces, de por medio tenemos un fallo constitucional  que tiene carácter vinculante, cuyo cumplimiento es de carácter obligatorio para las autoridades.
— ¿Este fallo da derechos?
— La ley dice que anulado un título ejecutorial se considera que esas tierras nunca salieron del dominio originario del Estado, esto quiere decir que vuelve el derecho propietario al Estado. No se está otorgando ningún derecho a persona particular o privada. Tratándose de fundos rurales, el Estado está en la facultad, a través del INRA y de las instituciones correspondientes, de efectuar la redistribución de las tierras, conforme a los derechos que emergieran del cumplimiento de la función social o cumplimiento de función económica social.
— ¿El INRA retoma el derecho propietario?
— El INRA tendría que hacer un proceso de saneamiento, siempre que se traten de terrenos fiscales.
— ¿Son terrenos fiscales?
— Yo entiendo que existe una ordenanza municipal que ha declarado esos predios como área urbana, entonces el INRA ya no puede entrar a conocer o efectuar ningún trámite de saneamiento.
— ¿Entonces vuelve al municipio paceño?
— En todo caso, el municipio paceño amplía su radio urbano, o es el de Mecapaca, me parece…
— ¿Cuáles son las salidas jurídicas que tienen los afectados?
— Me pone en una situación muy difícil, me pone como asesor. Yo soy juez, yo he emitido un fallo, cualquier abogado se tendría que ubicar. Si son áreas urbanas, corresponde seguir el proceso por la vía ordinaria y, si son tierras fiscales, entonces se tiene que recurrir al Estado.
— ¿Qué implica que se declare la nulidad de un título ejecutorial?
—Todos los títulos emitidos a partir de la Reforma Agraria de 1953, son susceptibles de anulación en dos fases: en la vía administrativa, cuando se está en el proceso de saneamiento, y en la vía jurisdiccional,  a través del TAN. 
Nosotros tenemos que hacer un control de legalidad. Ver si al momento de emitirse o haberse efectuado el proceso agrario se han cumplido las normas vigentes en aquél momento. Si nosotros vemos que no se aplicaron las normas, que se cometieron omisiones o infracciones, anulamos el proceso que dio origen a ese título, es decir, el título ejecutorial, incluyendo la resolución suprema, el auto de vista y la sentencia. En este caso particular, el señor propietario del título tenía derecho a 20 ha, eso se dijo en la sentencia. Posteriormente sale un auto de vista que modifica la sentencia. Después se hace un informe de deslinde y, sobre esta base, una de las salas del ex Consejo Nacional de Reforma Agraria emite un nuevo auto de vista que modifica la resolución suprema y el auto de vista anteriores, lo que se convierte en una causa de nulidad ya que se está dejando sin efecto, anulando o alterando una resolución suprema a través de un instrumento jurídico que tiene menor jerarquía.
— ¿Es el municipio de La Paz  el que tiene que reclamar su derecho propietario?
— El municipio es el que tiene que ver hasta dónde llega su competencia y hasta dónde sus atribuciones. Porque yo le garantizo que el INRA ya no puede entrar porque son áreas urbanas y, si lo hiciera, sus actos serán nulos de pleno derecho.

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Nuevo campo político

El panorama del campo político no parece encaminarse hacia la institucionalización de un sólido sistema de representación política.

Por La Razón

/ 28 de febrero de 2021 / 00:52

Como se sabe, con la realización de las elecciones departamentales, regionales y municipales del próximo domingo concluye un largo e intenso ciclo electoral en el país. Más allá de los resultados de estos comicios y su incidencia en la llamada “división vertical” del poder, será necesario evaluar la reconfiguración del campo político, su rumbo y sus actores relevantes.

Luego de las elecciones generales de octubre del año pasado, que definieron el binomio presidencial y una nueva composición de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el paisaje político se completará con la elección de gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes, concejales municipales y algunas autoridades regionales. Se habrá establecido así, tras la prórroga de mandatos, la conformación de gobiernos y órganos legislativos en el nivel central del Estado y en las entidades territoriales autónomas.

A reserva del nuevo balance de fuerzas resultante de los comicios subnacionales, bastante similar en tendencia a los años 2010 y 2015 (descenso de votación del MAS respecto a las elecciones presidenciales, victoria opositora en varias gobernaciones y ciudades capitales, tónica de dispersión), la cuestión fundamental tiene que ver con el modo en que se reconfigura el campo político. Parece cambiar el sistema de partidos (hacia una pauta pluralista) y hay señales de crisis de representación política.

En relación al gobernante MAS, autodefinido como “instrumento político”, si bien es hoy la única fuerza política con presencia en todo el territorio nacional y obtuvo una nueva victoria electoral con mayoría absoluta, debe afrontar la fisura entre su dirigencia partidaria, con débil legitimidad, y las organizaciones sociales del Pacto de Unidad. La disputa interna, con previsibles efectos de corto plazo y el reto de renovación de liderazgos, debe resolver también el lugar y futuro de Evo Morales.

En el campo de las oposiciones, en tanto, predomina la debilidad orgánica, la fragmentación y la ausencia de un proyecto de país con respaldo popular. Comunidad Ciudadana, alianza nominal, parece dedicada al activismo en la Asamblea Legislativa. Creemos es una fuerza replegada en lo regional. UN y Demócratas no tienen asambleístas nacionales ni tendrán presencia relevante en las entidades autónomas. Y los otros partidos: PAN-Bol, MTS, PDC, MNR, FPV y ADN, deambulan entre lo testimonial y la marginalidad.

Cierto que hay una centena de organizaciones de alcance departamental o local, algunas de las cuales obtendrán cargos de gobierno y de representación, pero salvo excepciones son únicamente siglas con candidato que se activan en elecciones. El panorama del campo político en Bolivia, pues, no parece encaminarse hacia la institucionalización de un sólido sistema de representación política. Las señales más bien son de crisis. La calidad de la democracia tiene aquí una decisiva asignatura pendiente.

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Denuncias y justicia

Las formas importan mucho, así el país y su democracia saldrán ganando al margen del color político que gobierne en el momento.

Por La Razón

/ 27 de febrero de 2021 / 01:10

En los últimos días salieron a la luz numerosas denuncias y cuestionamientos a funcionarios del anterior gobierno. Entendiendo que hay necesidad de esclarecimientos y eventualmente de procesos jurisdiccionales sobre estas cuestiones, éstos deberían ser realizados siempre con seriedad, respetando los derechos de las personas y sobre todo de manera que estén y parezcan alejados de intereses partidarios.

En los primeros días del gobierno del presidente Arce, la opinión pública observó con aprobación las declaraciones de las nuevas autoridades que afirmaron que el Gobierno no iba a intervenir indebidamente en las investigaciones y decisiones de la Justicia sobre casos en los que estarían involucrados políticos o exfuncionarios públicos.

Esa decisión positiva venía después de un año en el que altos funcionarios del régimen transitorio promovieron y ejecutaron acciones vociferantes, desmedidas y en muchos casos ilegales de persecución y estigmatización de personas que habían pertenecido al gobierno del MAS o que, según ellos, estaban vinculados a esa fuerza política. Este fenómeno fue ampliamente documentado y censurado por respetadas instituciones externas de defensa de los derechos humanos.

Obviamente, la necesaria toma de distancia y respeto escrupuloso de los procedimientos por parte del Poder Ejecutivo en este tipo de casos no significa que se deba desentender de las irregularidades o delitos que podrían haberse producido en la gestión de las instituciones estatales.

Sin duda se debe investigar lo que corresponde si existen indicios de irregularidades o delitos, informar a las instancias competentes y promover acciones administrativas o judiciales en el marco del debido proceso y el respeto de los derechos de los involucrados. Eso incluye, entre otras cosas, tener cuidado en adelantar conclusiones o utilizarlas con ligereza para manchar públicamente el honor de las personas, sin que previamente haya investigaciones sólidas y con posibilidad de los acusados para descargar sus responsabilidades.

Como suele pasar, los excesos al final dañan las mejores intenciones, pues en medio de cuestionamientos de todo calibre y calidad se va instalando la duda en la opinión pública. Al final, todo puede parecer igual, un instrumento más de la lucha política, permitiendo que los grandes delitos y violaciones de derechos humanos se camuflen en ese barullo y tengan oportunidad de ser relativizados o hasta justificados.

El país necesita aclarar y reflexionar colectivamente sobre lo que sucedió el año pasado, esa es la única garantía de que los abusos estatales a ciudadanos por sus ideas políticas no se repitan en el futuro. Y eso pasa por redoblar la prudencia, profesionalidad y respeto de los derechos de todas y todos, desde el actual Estado, cuando se hacen denuncias o investigan situaciones irregulares en la administración pública. Las formas importan y mucho, así el país y su democracia saldrán ganando al margen del color político que gobierne en el momento.

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73 indicadores

Las enormes diferencias de ingreso entre oficiales y suboficiales ha sido fuente de tensión.

Por La Razón

/ 26 de febrero de 2021 / 01:17

El Ministro de Gobierno anunció que trabaja en la reestructuración de la Policía Boliviana; el trabajo a desarrollar, explicó, está señalado en un documento de “73 indicadores” presentado en diciembre pasado por el presidente Arce. No es el primer titular de esa cartera en hacer tal anuncio; al parecer la verde olivo es una de las instituciones más reacias al cambio.

Fue en nuestro programa Piedra, papel y tinta, que se transmite vía Internet, donde la autoridad a cargo de la seguridad interna del país afirmó que en la Policía hay tanto cosas buenas como malas. También aseguró que no todo el cuerpo policial se amotinó en noviembre de 2019, sino solo “un grupo” que se hizo “servil al golpe de Estado”. Asimismo, anunció que el Viceministerio de Descolonización presentó 26 demandas contra sendos policías que quitaron la wiphala de sus uniformes.

No es difícil imaginar que, como ha sucedido antes, esos grupos que estuvieron dispuestos a dañar la imagen de toda la institución en 2019 no tendrán reparo en buscar formas de impedir la anunciada reestructuración y cabe preguntarse cuán firme es la voluntad política de verdaderamente transformar esa institución, tarea que seguramente tendrá un costo enorme, no solamente en dinero.

Se ha señalado numerosas veces, en este y en otros espacios de opinión, que síntoma de la corrupción estructural en la Policía eran las denuncias de cobros irregulares, y altamente onerosos para padres y madres de jóvenes aspirantes a la condición de Oficial de Policía, que se conocían año tras año. Si necesitaba corromperse, incluso antes de iniciar su carrera, quien aspiraba a ser un servidor dedicado a combatir el crimen, es poco probable que luego tuviese incentivos para la corrección y la ética.

No solo eso. Las enormes diferencias de ingreso entre oficiales y suboficiales también ha sido fuente de tensión en varias ocasiones; y varias veces se denunció que parte de los sobornos que algunos policías suelen aceptar, alegando que su paupérrimo ingreso les obliga a esos extremos, termina en manos de los jefes en el Comando. No se recuerdan investigaciones y sanciones, como tampoco fehacientes desmentidos.

Tal vez por eso el ministro reconoció en la entrevista que hay “demandas históricas” de los policías que hasta ahora no han sido resueltas, irónicamente pese a que fueron varios los ministros de Gobierno que dijeron preocuparse por la tropa. Resolver esas demandas, tal vez, puede ser un inicio en la recomposición moral de una institución que, desafortunadamente, a muchos les conviene que sea venal.

Será bueno dar a conocer los 73 indicadores de mejora en la Policía Boliviana para hacer seguimiento a las acciones que encare el ministro a cargo de la tarea, pero sobre todo para que la población sepa qué debe cambiar y cómo. Así tal vez sea posible involucrar a la sociedad en la tarea y tal vez darle algo de esperanza en que es posible ese cambio.   

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Cinco años de 21F

Hoy es una suerte de añoranza de la oposición, que viene de una nueva derrota electoral a favor del MAS-IPSP.

Por La Razón

/ 24 de febrero de 2021 / 00:42

Más allá de la disputa política y de la degradación de la deliberación pública (en especial en las redes sociales), el referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016 (21F) marca un hito democrático en el país. Es también un punto de inflexión en el gobierno del expresidente Morales. Y se sigue agitando como bandera de las oposiciones, aunque con escaso potencial movilizador.

Cuando en el segundo semestre de 2015, en medio del referéndum sobre estatutos autonómicos departamentales, el gobierno del expresidente Morales tomó la decisión de impulsar una consulta para la reforma constitucional, estaba reponiendo en primer plano el debate sobre la reelección. El asunto había sido crítico en el proceso constituyente y fue uno de los puntos álgidos en la negociación política (año 2008) que viabilizó el referéndum aprobatorio de la nueva Constitución Política del Estado.

Así, la pretensión del gobierno del MAS-IPSP de ampliar la posibilidad de reelección de su binomio presidencial (bajo el eufemismo de “derecho a la repostulación”) generó un escenario de disputa cuyas consecuencias, en ese momento, eran imprevisibles. Convocado por ley, el referéndum constitucional para la reforma del artículo 169 de la CPE se realizó el 21 de febrero de 2016. Por escaso margen, tras una bien sincronizada guerra sucia, ganó la opción NO, de rechazo a la reforma. Fue una decisión democrática.

De acuerdo con la normativa vigente, el resultado de un referéndum es vinculante y de cumplimiento obligatorio. Desconociendo ese principio, el oficialismo recurrió a un atajo constitucional para habilitar la candidatura del binomio Morales- García Linera en los comicios generales. Ello se expresó, 21 meses después de la consulta, en una polémica sentencia constitucional, aprobada en noviembre de 2017, días antes de las malogradas elecciones judiciales. El 21F se convirtió entonces en bandera opositora.

Lo que sigue es conocido. Al amparo de la sentencia constitucional, que también es vinculante y de cumplimiento obligatorio, el MAS-IPSP confirmó su binomio en las primarias presidenciales de enero de 2019, previa habilitación del TSE. Y se encaminó el proceso electoral de ese año. La oposición, por su parte, junto con sus operadores mediáticos, tejió la narrativa del “fraude”. Esa narrativa desconoció por anticipado el resultado de los comicios. La bandera devino en movilización con salida inconstitucional.

Transcurridos cinco años del referéndum, más allá de la reciclada disputa política, el 21F marca un hito de decisión democrática en el país, que también fue punto de inflexión en la legitimidad del prolongado gobierno del expresidente Morales. Hoy es una suerte de añoranza de la oposición, que viene de una nueva derrota electoral a favor del MAS-IPSP. Y lo más importante: reafirma de manera inequívoca la necesidad de renovación de liderazgos y la tradición de alternancia bajo reglas democráticas.

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Las pequeñas cosas

No se trata únicamente de comentarios que desinforman, sino que se añade una actitud que ignora los argumentos en contra.

Por La Razón

/ 22 de febrero de 2021 / 01:40

Los tiempos de campaña proselitista son por defecto el campo de la hipérbole, de las promesas grandilocuentes, de las emociones epidérmicas, pero también de la polarización y las posiciones mutuamente excluyentes. Se espera que tras conocerse los resultados de cualquier elección esos comportamientos amainen, pero en Bolivia hay políticos que han hecho de ellos su práctica cotidiana.

Se trata, casi sin excepción, de asuntos menudos, pero de gran importancia para alguna opinión pública que aplaude las ideas que le son afines y denuesta con creciente virulencia las ajenas. Así, es posible mantener activa una base de apoyo, que casi a diario tiene nuevos motivos para el malestar y la irritación; los discursos inflamados y los comentarios publicados en redes sociales virtuales son el mejor combustible para la indignación que en tiempos de crisis puede convertirse en movilización.

Los ejemplos son abundantes, pero basta con señalar los más recientes: un candidato a la Gobernación, de origen indígena campesino, llamó “sardina” al pescado enlatado y recibió una andanada de críticas por su supuesta incapacidad de hablar bien el español; de poco sirvieron los comentarios que explicaban la lexicalidad y otras operaciones lingüísticas comunes para referirse a una cosa nombrando otra similar, el tema sirvió para que una parte de la sociedad descalifique al candidato con argumentos de claro trasfondo racista.

Días después, el Gobierno aprobó un Decreto Supremo instruyendo el uso de una nueva identidad visual (una figura con forma de cruz andina en cuyo interior se distribuyen tramas de tejidos indígenas de todo el país; mal llamado “logotipo”, pues en los hechos se trata de un emblema), pero el jefe del partido político de oposición creyendo que se trata del cambio del escudo de armas del país inició una cruzada en redes sociales para “defender” el símbolo patrio.

En ambos casos se observa el funcionamiento de lo que la teoría llama mecanismos de la posverdad, pues no se trata únicamente de comentarios que desinforman, sino que se añade una actitud que ignora los argumentos en contra, repite la falsedad y, finalmente, da paso a la agresión (verbal, casi siempre) contra quienes argumentan en sentido contrario. El esquema se repite con otros temas que hoy son fuente de conflicto entre el Gobierno y algunos grupos.

Es, pues, el tiempo de las cosas pequeñas, pero no en el sentido del sano recogimiento que algunas filosofías recomiendan en tiempos inciertos, sino un flujo constante de alertas por cosas intrascendentes (cuando no de asuntos de interés privado) que ocupan el debate en el espacio público, velando el interés por las cosas verdaderamente importantes, que quedan en manos de unos pocos, cuyas decisiones, probablemente, serán fuente de nuevos conflictos. Así, el propósito de afectar la gobernabilidad en el corto plazo, y las reacciones políticas que provoca, se convierte en un permanente obstáculo para la mejora del Estado, sus instituciones y sus normas.

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