Sociedad

Thursday 28 Mar 2024 | Actualizado a 22:04 PM

500.000 árboles peligran

Impacto. Especies endémicas y en extinción se encuentran en el área a deforestar

Por La Razón

/ 31 de julio de 2011 / 05:00

La preocupación es, en general, por el ecosistema de alta biodiversidad que posee el sector y que se expone a la misma amenaza. Edil Osinaga, ingeniero forestal miembro de un equipo de la Fundación Natura, que elaboró un estudio, auspiciado por el Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB), acerca de los peligros que se ciernen sobre el TIPNIS, afirma que la deforestación de un área de 70 kilómetros de largo por 50 metros de ancho para construir la carretera en el sector, obligará a tumbar unos 500.000 árboles.

Una parte, agrega, son especies milenarias en cuyo tronco viven ejemplares de fauna y flora, hoy amenazadas. Recuerda que el área a intervenir está catalogada como refugio de ciertas especies endémicas de animales y plantas.

La investigación alerta de que la incursión implica, además, asumir otro tipo de impacto, uno a largo plazo. Una proyección, realizada con base en una veintena de indicadores biofísicos y socioeconómicos, advierte que 18 años después de la construcción de la carretera que atravesará el TIPNIS se habrá generado una deforestación del 64,5% de la cobertura forestal de ese territorio, es decir de más de 600 mil hectáreas.

El secretario de Recursos Naturales de la Subcentral TIPNIS, Marcelino Cuéllar, explica que son 64 las comunidades asentadas en el sector con una población entre 10.000 a 15.000 personas.

«Como pueblos indígenas queremos que el Gobierno se entere de que esta construcción nos afecta a todas las familias que vivimos en medio de la selva; hay animales y especies de árboles en peligro de extinción, más que beneficiarnos, con la carretera van a terminar matándonos», opina.

Pero además del temor que tienen los indígenas por el futuro de su hábitat, otros dos factores hacen que se opongan a la obra. Por un lado, los lugareños aseguran que el proyecto no les beneficiará porque las comunidades están asentadas en las riberas de los ríos, o sea distantes del sector donde se prevé el trazo de la carretera. Por otro, les preocupa la multiplicación de asentamientos de colonos, lo que ya es un hecho. En una visita que La Razón realizó hace dos semanas al sector, se evidenció que grupos de colonizadores que dejaron el Chapare hicieron del TIPNIS su nuevo hogar y hay quienes se han dedicado al cultivo de la hoja de coca.

La construcción de la vía, una de las prioridades del gobierno del presidente Evo Morales, ha generado diferencias entre los indígenas y el Ejecutivo, y aunque la opción del diálogo está abierta pese a que los indígenas han anunciado una marcha para el 15 de agosto, el Jefe del Estado expresó su intención de ejecutar la obra «quieran o no quieran».

La brasileña OAS se adjudicó el proyecto a un costo de $us 415 millones, $us 332 millones son del crédito de Brasil y $us 83 millones de la contraparte de Bolivia. El año pasado, el entonces viceministro de Biodiversidad, Recursos Forestales y Medio Ambiente, Juan Pablo Ramos, renunció al cargo arguyendo motivos personales, pero luego se supo que el alejamiento se debió a su rechazo al proyecto y porque se negó a firmar la licencia ambiental para iniciar los trabajos.

El presidente de la Subcentral TIPNIS, Alfredo Moye, pide que se tome en cuenta la propuesta de su sector, que consiste en que la vía se ejecute por el tramo Villa Tunari-Puerto San Francisco-Loreto, alternativa que aseguran no causará impacto a la biodiversidad.

Según Moye, la decisión gubernamental de construir el tramo II entre Isinuta y Monte Grande, no responde tanto a la necesidad de vincular económica y comercialmente Cochabamba con Beni, sino concretar la ansiada explotación hidrocarburífera en el subsuelo del parque nacional.

Osinaga admite que cambiar el trazo de la vía elevará su costo, pero dice que Fundación Natura cree posible financiar la diferencia con recursos que se obtengan de los mercados mundiales de carbono. «Una alternativa para el trazado sería que vaya por la parte sur, bordeando el TIPNIS, y salga a un punto cerca de Trinidad».

Miembros del Comité de Defensa del Isiboro Sécure (Cadeis) tienen otras cuatro opciones para construir el tramo II, cuyas obras están paralizadas al momento tanto en Cochabamba como en el lado del Beni. La primera comprende 200 kilómetros de apertura y ensanche de territorio entre Quillacollo, Morochata, Cocapata, Covendo y Palos Blancos para conectar con la carretera La Paz-Trinidad.

La segunda plantea 280 kilómetros de apertura y ensanche desde Villa Tunari por El Castillo, Puerto San Francisco, Cariaco, Loreto y Trinidad; la misma tiene el respaldo de organizaciones indígenas y ambientalistas.

La tercera prevé la apertura de un tramo de 10 kilómetros con origen en Chimoré hasta llegar a Tres Bocas, zona donde se unen los ríos Chapare e Ichilo y desde donde se debería navegar por el río Mamoré hasta Trinidad.

La última propuesta requiere de una apertura de nueve kilómetros y se encuentra en jurisdicción de Santa Cruz, entre Yacuiba, Puerto Greter y Ascensión de Guarayos, para vincularse con la carretera Santa Cruz-Trinidad.
Cuéllar dice que la segunda idea será oficializada al Gobierno en los próximos días y en caso de ser rechazada, la marcha indígena partirá del Beni rumbo a La Paz.

Resultados del estudio del PIEB

El TIPNIS tiene un alto potencial de masa boscosa y carbono en un área de más de 930.230 hectáreas. La proyección en un escenario con carretera muestra que en 18 años se perderían 600 mil hectáreas de bosque nativo, equivalente a 90 millones de toneladas de dióxido de carbono, con un valor de $us 100 a 200 millones. El área está justo en el trayecto de la vía proyectada donde también se concentra la mayor biodiversidad.

La creación del TIPNIS
El Parque Nacional Isiboro Sécure fue creado el 22 de noviembre de 1965, mediante Decreto Ley N° 07401, como área de protección nacional de un potencial elevado de biodiversidad de especies endémicas y/o en vías de extinción. Luego, el área fue declarada Territorio Indígena bajo DS N° 22610 del 24 septiembre de 1990. Está ubicado entre los departamentos de Cochabamba y Beni. Tiene una superficie de 1.200.000 hectáreas.

El proyecto carretero
La carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos tendrá una longitud aproximada de 306 kilómetros y costará $us 415 millones. El tramo estará dentro la Red Vial Fundamental de Bolivia y será parte del corredor Este-Oeste. Se prevé que éste permita acceder a nuevos mercados a través de los puertos del Pacífico y del Atlántico, desde Chile hasta Brasil; además integrará y vinculará a poblaciones de los departamentos de Cochabamba y Beni.

Flora y fauna del TIPNIS
Según estudios, en el TIPNIS hay 602 especies de plantas registradas y distribuidas en 85 familias y 251 géneros. Sin embargo, se estima que hay unas 2.500 a 3.000 especies vasculares (sin semillas ni raíces) que representarían el 15% de las 20.000 especies de flora en Bolivia. En fauna existen 858 especies de vertebrados, 108 de mamíferos, 470 de aves, 39 de reptiles, 53 de anfibios, 188 de peces y 127 de insectos, entre otros que habitan el lugar.

Ecosistemas del TIPNIS
Tiene alta diversidad de pisos ecológicos, desde llanuras inundables típicas del Beni hasta serranías del subandino que están a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Los estudios de capacidad de uso de la tierra muestran que la zona de pie de monte y el subandino son los únicos con aptitud agrícola. Por el lugar donde se prevé la construcción de la vía se encuentran los bosques de mayor tamaño, mayor antigüedad y diversidad biológica.

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Cuatro millones

De los debates posteriores al censo, es posible que el que más importe en Santa Cruz sea el del total de habitantes del departamento

Por La Razón

/ 28 de marzo de 2024 / 07:25

De los debates posteriores al censo, es posible que el que más importe en Santa Cruz sea el del total de habitantes del departamento. Si no bastase con la obligada referencia al ejercicio estadístico de la Gobernación, se ha denunciado migración y hasta “acarreo” de gente, y se exige una “encuesta poscensal” para asegurar la “confiabilidad” de los datos recogidos el 23 de marzo.

Es un hecho que es el departamento con más habitantes del país, con todo lo que ello implica en demandas y necesidades; considérese además que durante muchos años funcionó en la puerta del Concejo Municipal de la capital un cartel informático, llamado “Cambómetro”, que contabilizaba el número de personas que llegaban a la ciudad capital, más el número de nuevos nacimientos; la cifra se actualizaba cada pocos minutos, dando cuenta del crecimiento imparable de la población local.

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A eso súmese la enorme expectativa que existe en el departamento porque la Constitución y las leyes indican que la distribución de escaños legislativos depende del número de habitantes, y ni luego del Censo de 2001 ni del de 2012 se hizo el ajuste necesario. De ahí que desde 2022 la “institucionalidad” cruceña haya levantado el tema como una de sus principales banderas.

Primero fue la instrucción del entonces Gobernador en ejercicio al Instituto Cruceño de Estadística, de realizar un estudio demográfico, tarea desarrollada entre diciembre de 2022 y abril de 2023 y que arrojó un “un estimado del número de habitantes en el departamento de Santa Cruz”; tal estimación fue fruto de “la inferencia estadística”. La cifra anunciada al final del ejercicio fue: 4.000.143 habitantes.

Luego de muchas idas y venidas, en las que el Gobernador cruceño subrayó su falta de interés en dialogar y concertar, se implementó una serie de paros escalonados que terminaron en un paro indefinido que duró 36 días y no logró su cometido, que era forzar la realización del Censo en 2023. Sin embargo, las elites, que terminaron perdiendo casi todo el apoyo popular que habían galvanizado desde 2019, por el costo de la medida de protesta, presentaron como éxito propio la ley que instruyó hacer el Censo en marzo de 2024.

Luego, en vísperas del conteo, oficiosos personajes mediáticos desplegaron una campaña de desinformación para que la gente evitase responder todas las preguntas del Censo. Solo lograron evidenciar oscuros intereses detrás de la campaña. Finalmente, luego de la realización del operativo el sábado 23, fue el Presidente del comité cívico quien reconoció la posibilidad que “por tanta migración, no lleguemos al resultado que arrojó la Gobernación hace unos meses, de los cuatro millones”.

Es, pues, un derrotero bien conocido en el modo de hacer política de las elites cruceñas y que mezcla los legítimos intereses de la población de ese departamento con las ambiciones de quienes operan estos actos y discursos, con resultados que solo abonan a un status quo de confrontación con el gobierno “centralista”. Ojalá esta vez alguna de las partes tenga mejores ideas para salir del conflicto.

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Un censo histórico

Por La Razón

/ 24 de marzo de 2024 / 01:42

Como estaba previsto, ayer se realizó en Bolivia el Censo Nacional de Población y Vivienda 2024. Es un censo histórico que nos permitirá saber, a un año del Bicentenario, cuántos somos, cómo vivimos y cómo nos distribuimos. Esta información es clave para el diseño de diferentes políticas públicas, así como para fines distributivos. Hay que esperar los datos con sensatez.

Según la tradición en el país, más allá de algunos imprevistos y hechos aislados, la jornada del operativo censal fue una nueva demostración de madurez cívica y participación ciudadana. Pese a la postergación de la fecha, que generó conflictividad regional en 2022, el Estado, a través del INE, cumplió con las actividades organizativas y logísticas requeridas para una movilización enorme en el territorio. Contó para ello con el apoyo de la cooperación internacional y de organizaciones de la sociedad civil.

Pero se trató en especial de un día con protagonismo ciudadano. La visita a 5,8 millones de viviendas en el país fue posible por el trabajo de más de 750 mil censistas voluntarios, que desde primeras horas de la mañana se desplegaron en los lugares asignados en el marco de la cartografía actualizada. Y las personas y familias esperaron con expectativa para responder la boleta de 59 preguntas (diez más que en el censo 2012). Así, los intentos marginales por malograr el operativo fueron fallidos.

El censo 2024 es el duodécimo en nuestra historia (el cuarto en democracia) desde el primer recuento poblacional realizado en 1831 en el gobierno de Andrés de Santa Cruz. Entonces el número de personas censadas en Bolivia fue de 1.088.768. Transcurridos 181 años, ese número subió a 10.059.856 en el último censo de 2012. En septiembre se contará con datos preliminares para saber cuántos somos en el presente. Se espera que esta información sea la base para la planificación pública de mediano y largo plazo.

Detrás de los datos estadísticos y lo que revelan en su desagregación con arreglo a diferentes variables, hay historias de vida, condiciones de existencia, flujos migratorios, situaciones personales y familiares, mucha diversidad. Los números no necesariamente expresan esa complejidad de la sociedad boliviana, pero son útiles para el necesario examen respecto a cómo vivimos y cómo nos distribuimos. Esa fotografía de hoy contribuye a trazar el rumbo del futuro. Ojalá sea con más derechos y menos desigualdades.

¿Por qué el censo 2024 es histórico? No solo porque es el recuento con el que llegaremos al Bicentenario de Bolivia, tampoco porque es el operativo más grande de nuestra historia, sino en especial porque se hace en un contexto de incertidumbre. Si esperamos con sensatez los resultados y los gestionamos con base en acuerdos y equilibrios (lejos de la polarización y de los desinformadores profesionales), este censo brindará algunas evidencias relevantes para mirarnos al espejo como país. No es poca cosa.

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Los ‘retos’ de la democracia

El informe de la CIDH es una radiografía de los Derechos Humanos en Bolivia, y si bien reconoce avances, son muchos más los ‘desafíos’

Por La Razón

/ 21 de marzo de 2024 / 06:26

La presentación, días atrás, del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación en Bolivia, fruto de una visita “in loco” de un equipo de especialistas en 2023, ha terminado de aclarar el propósito de tal evaluación, que nada tiene que ver con casos particulares, pero sobre todo ha brindado una muy extensa lista de todo lo que falta por hacer.

El documento titulado Cohesión social: el desafío para la consolidación de la Democracia en Bolivia, publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 20 de enero de 2024, pero presentado el 14 de marzo, arranca señalando que la boliviana es “una sociedad afectada por el fenómeno de la polarización, que agrava la conflictividad social, habilita la escalada de violencia y genera condiciones para violaciones de derechos humanos”.

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En sus 222 páginas, el informe destaca que Bolivia ha experimentado transformaciones significativas desde la adopción de la Constitución de 2009, que ha promovido un amplio reconocimiento de los derechos humanos con énfasis en la perspectiva de género, los pueblos indígenas, y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). Sin embargo, también señala que la polarización social ha exacerbado la conflictividad y generado desconfianza hacia las instituciones democráticas. La CIDH recuerda que el Estado debe “fortalecer sus esfuerzos para la generación de espacios de consenso y diálogo genuino entre los distintos sectores de la sociedad boliviana”.

Respecto de los derechos reconocidos desde 2009, el informe señala que la implementación de las políticas correspondientes “enfrenta desafíos, incluyendo la debilidad institucional y la persistencia de patrones de discriminación”. También llama “retos” para la democracia y el Estado de derecho la polarización política, el estado de la libertad de expresión, el acceso a la información, y la participación ciudadana; menciona asimismo el deterioro del debate público, alimentado por discursos de liderazgos públicos. Al gremio periodístico no le va bien, pues se observa falta de representatividad en sus instituciones y descalificación mutua entre colegas de profesión.

Pero de todos, el tema más importante en el informe parece ser el referido a la Justicia, señalando en el acápite respectivo la necesidad “crítica” de cambios estructurales para garantizar la independencia judicial, mejorar las condiciones carcelarias, y asegurar el acceso efectivo a la justicia para todos. Entre las recomendaciones, sin embargo, no hay ninguna que no se conozca desde hace ya demasiados años, a pesar de que son urgentes, quizás cada día más.

El informe de la CIDH es una radiografía de los Derechos Humanos en Bolivia, y si bien reconoce avances, son muchos más los “desafíos” identificados. La extensa lista de recomendaciones puede ser un punto de partida para quien pretenda imaginar un proyecto de mejor país.

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El Censo del 23M

Por La Razón

/ 17 de marzo de 2024 / 00:14

Luego de su postergación por más de un año, el Censo Nacional de Población y Vivienda se realizará en Bolivia este sábado 23 de marzo. El último Censo fue el año 2012. El propósito es obtener información detallada para saber cuántos somos y cómo vivimos en todo el territorio nacional. Es un insumo fundamental para el diseño de políticas públicas. Llegar a este día no fue fácil.

Mediante un Decreto Supremo de mediados de julio de 2021, el Gobierno determinó que el Censo se haría el 22 de noviembre de 2022. Fue declarado “prioridad nacional”. Y la entonces ministra de Planificación señaló que todo estaba asegurado para el efecto. Faltó a la verdad. En julio de 2022, el Consejo Nacional de Autonomías, tras identificar dificultades, planteó la postergación del Censo hasta mayo o junio de 2024. Entonces el presidente Arce anunció un proceso “responsable y con transparencia”.

El aplazamiento del Censo 2022, que se convirtió en Censo 2024, generó rechazo y protesta, en especial en Santa Cruz. La dirigencia cruceña, a la cabeza del gobernador Camacho y el cívico Calvo, impulsó una movilización con la consigna “Censo 2023 Sí o Sí”. Con esa bandera innegociable hubo cabildos, ultimátum al Gobierno y un paro departamental que, con episodios de radicalidad y violencia, duró 36 días. Fue una derrota. El Censo, blindado por Ley, finalmente se reprogramó para este 23 de marzo.

Durante el 2023, con centro en el INE, se avanzó en la preparación del operativo censal. Entra otras cuestiones logísticas y organizativas, fue fundamental la actualización cartográfica, que tenía rezago y ausencias. También ha sido relevante la definición del cuestionario censal, con 59 preguntas distribuidas en siete capítulos. Al respecto hubo algunos debates inútiles en torno al mestizaje y la religión. La última etapa se concentró en el reclutamiento y capacitación de más de 750 mil voluntarios censistas.

Así llegamos, como país, al día del Censo, este sábado. Es el operativo de mayor alcance a nivel nacional. Se espera que, pese a cierta improvisación y desconfianza, se logre el propósito de hacer un recuento completo y confiable de todas las personas, los hogares y las viviendas que se encuentran en Bolivia. A estas alturas no cabe ninguna amenaza de boicot o consignas para distorsionar los datos. Deben primar la transparencia, el trabajo técnico y la participación ciudadana en todo el territorio.

Según lo previsto, los resultados del operativo censal se conocerán en septiembre. Estos datos son la base para la redefinición de políticas públicas, así como para la distribución de recursos, ojalá con un pacto fiscal, y la redistribución de escaños en la Cámara de Diputados. No es algo sencillo toda vez que hay ganadores y perdedores. Lo importante es trazar una ruta de diálogo, acuerdos y equilibrios. El 23M, pues, es un día decisivo para la fotografía que guiará nuestro rumbo en la próxima década.

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Juezas, se busca

Es evidente, pues, que hay más obstáculos que voluntad política en el proceso de convocar y realizar las elecciones judiciales

Por La Razón

/ 14 de marzo de 2024 / 09:47

Como si no hubiesen sido suficientes los escollos que se produjeron desde hace casi un año, uno nuevo acaba de aparecer en el camino a las elecciones judiciales: la falta de mujeres candidatas a los puestos de magistradas y juezas, lo cual hace peligrar la paridad de género prescrita en la ley. Difícil saber a qué se debe este fenómeno, y más difícil encontrar una salida.

El artículo 76 de la Ley 026, de Régimen Electoral, especifica que la Asamblea Legislativa debe preseleccionar “hasta cuatro (4) postulantes para cada departamento en dos listas separadas de mujeres y hombres”; también, que “garantizará que el cincuenta por ciento (50%) de las personas preseleccionadas sean mujeres; y la presencia de al menos una persona de origen indígena originario campesino en cada lista”.

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Asimismo, la Ley 1549, Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024, establece que la Comisión Mixta de Constitución elevará un informe a la Asamblea con la lista de un mínimo de 36 y un máximo de 72 postulantes para el TSJ, y similar cantidad para el TCP, garantizando la equidad de género y la representación indígena originaria. También señala que la Comisión Mixta de Justicia Plural debe presentar un informe al pleno del Legislativo con una lista de un mínimo de 14 y un máximo de 28 postulantes para el Tribunal Agroambiental, y un mínimo de 10 y máximo 20 para el Consejo de la Magistratura.

Dependiendo de cuál de las instancias del Judicial se trate, hay mayor o menor déficit de mujeres candidatas: para el Constitucional, hay departamentos donde postularon apenas dos; para el Supremo la situación es similar. En todos los casos, el conteo de candidatas da un promedio de una por cada cuatro varones. “Con esos números realmente sería bien complicado garantizar una participación igualitaria”, reconoció el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Sin embargo, su colega presidente de la Comisión de Justicia Plural dijo que hay la cantidad necesaria de postulantes mujeres para seguir en el proceso de revisión y verificación de requisitos.

Entre las razones que se ensayan para explicar esta ausencia de mujeres interesadas en participar de la votación para autoridades del Judicial se señaló: falta de credibilidad en el proceso electoral debido al manoseo de los últimos meses; temor de las mujeres a los rigores del sistema patriarcal imperante en la sociedad y las instituciones; y temor de algunas a “quemarse” en el proceso. Todas ellas son plausibles, y es posible que hayan otras más.

Es evidente, pues, que hay más obstáculos que voluntad política en el proceso de convocar y realizar las elecciones judiciales. Por ahora es poco claro el modo en que la Asamblea Legislativa saldrá de este impasse, lo cual implica que el Estado sigue en el camino de la desinstitucionalización promovida por los partidos con representación parlamentaria. Tarde o temprano la historia juzgará este amargo tiempo.

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