La determinación fue asumida ayer por la jueza 10° de Instrucción en lo Penal, Marcela Siles, tras una tensa audiencia, en la que familiares de la víctima y defensores de los derechos humanos reclamaron la pena más alta (30 años de prisión) para el acusado.
Con este objetivo, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, a través de su asesor jurídico, Boris Antezana, anunció que solicitará el cambio de la figura delictiva por tentativa de asesinato, ya que en este caso «hubo premeditación, alevosía y ensañamiento contra una menor de un año y dos meses».
El abogado de la familia de la menor, Eduardo León, dijo que apelarán la decisión de la jueza, para que el sujeto sea trasladado al penal de máxima seguridad de Chonchocoro, «porque el sujeto es un peligro para la sociedad y además existen actos de hostilidad en contra de la madre y la abuela. Esto merece una sanción severa». Agregó que «el médico forense ha ratificado la probabilidad de su autoría».
La fiscal de materia, Dévora Olivera, explicó que el acusado fue remitido a San Pedro y no a Chonchocoro porque «no tiene sentencia condenatoria y no procede».
El miércoles 7, Carmen Q. dejó a su hija en el taller de relojes del abuelo paterno, ubicado en la avenida Montes, para que su padre, Israel Ordóñez, la cuide mientras ella iba a trabajar. Según Gumercinda Choque, abuela de la menor, fue en ese lugar donde el sujeto le propinó la golpiza.
Olivera dijo que las lesiones que tiene la menor son actuales, «aunque tiene algunas cicatrices». Consultada si se investigará a la madre, dijo que «todas las personas relacionadas a la víctima están en proceso de investigación para establecer si ha existido violencia anterior y quiénes son partícipes de esto».
León sostuvo que la niña tiene un politraumatismo muy severo y que es improbable que viva.
La madre de la menor aseguró que «jamás toqué a mi hija ni le hice daño. Incluso la llevaba a mi trabajo y ellos pueden testificar. Él ha agredido a mi hija. Su papá (por el suegro) es cómplice de que él agrediera físicamente a mi hija».
Indicó que el estado de salud de la niña es grave. «Un lado de su cerebro ya no funciona, está muerto. Su estado es grave». Dijo que no tiene los recursos suficientes para cubrir los gastos del hospital Materno Infantil.
El acusado tiene otra esposa embarazada
Ayer se hizo presente en los juzgados Victoria V., quien dijo ser esposa de José Israel Ordóñez, acusado de intento de homicidio, con quien dijo que tiene un hijo que cumplirá cuatro años en enero y otro que se encuentra en proceso de gestación.
Acusó a la actual pareja, que también se identificó como su esposa, de intentar hundir a Ordóñez.
«Ella (Carmen Q.) dijo que hará todo lo posible para hundir a mi esposo», afirmó. En su defensa, la aludida aseguró que Ordóñez le había dicho que «ya había arreglado sus problemas y hace dos noches me enteré que tenía una esposa».
Según Victoria V., la actual pareja «venía a buscarlo todos los días a la casa» y el 16 de julio se fue a vivir con la actual pareja, aunque «cumplía con la asistencia familiar». La mujer aseguró que su esposo era tranquilo y que nunca fue violento, mientras la madre de la niña que quedó en estado de coma manifestó que es violento y que se apoya en familiares policías y abogados.