El ministro de Salud, Juan Carlos Calvimontes, ratificó ayer la vigencia del Decreto Supremo 1126, con lo que cerró el paso a cualquier opción a la anulación de la norma, como exigen los salubristas. “Las ocho horas son el inicio de la solución al problema integral de la salud y retroceder en la medida significaría un perjuicio para toda la población”, dijo en el Palacio.
Reiteró también que una salida es destinar dos de las ocho horas de trabajo a la docencia y agregó —en entrevista con canal 7— que habría un fondo para ello. La autoridad invitó nuevamente a la dirigencia a dialogar.
En todo caso, para mitigar la falta de servicios en los centros de salud, el Gobierno reforzó el plan de contingencia nacional y anunció convenios con clínicas y organizaciones nos gubernamentales para que atiendan a la población. Con ese fin, los pacientes deberán portar su cédula de identidad; y si es asegurado, la boleta y la última papeleta de pago.
En tanto, los salubristas radicalizan sus protestas y tampoco ceden en su demanda. Cuatro dirigentes de la Confederación se tapiaron ayer y tres estudiantes de Medicina se crucificaron en la Plaza del Estudiante. Según los representantes del sector, hay 4.000 huelguistas en todo el país. “El Gobierno trata de dividirnos, pero le decimos que no retrocederemos y podemos demostrar técnicamente que está errado”, manifestó el médico Manuel Montero.
Ante esa situación, el fiscal General interino, Weimar Guzmán, advirtió que se analiza la intervención de los piquetes de ayuno. “Actuaremos cuando lo creamos pertinente”, dijo. Los pacientes son los principales afectados por el conflicto. Ayer, padres de niños con cáncer reclamaron en puertas del Ministerio de Salud la pronta solución al problema.
“Tengo mi hija con leucemia y los médicos la atendían muy bien, pero desde hace un mes la atención es en Emergencias porque los profesionales están en paro por una causa justa. Vemos que no hay condiciones ni equipos para la atención. Espero que el Gobierno solucione pronto el problema antes que muera alguien por un capricho”, indicó Ricardo Flores.
Manuel Díaz, jefe de la Unidad de Neonatos del Hospital de la Mujer, denunció que faltan incubadoras para bebés prematuros y personal que los atienda. “Si no tuviéramos obsequios de entidades privadas no tendríamos los equipos para salvarlos. Una enfermera atiende a 20 prematuros y hay un solo neonatólogo para 60 recién nacidos”, se lamentó.
El 24 de enero, el Gobierno aprobó el Decreto 1126 que restituye la jornada laboral de ocho horas. El conflicto comenzó el 27 de marzo, cuando luego de un diálogo sin resultados se presentó el reglamento y la norma entró en vigencia. Un día después, los médicos iniciaron el paro indefinido, que sólo tuvo un día de tregua.
En otra ofensiva, el asambleísta del MAS Galo Bonifaz presentó en Diputados un proyecto que eleva a rango de ley el Decreto 1126, para garantizar las ocho horas. El exdefensor Waldo Albarracín señaló que la propuesta “sólo agudizará el conflicto”.
Centros para la atención
La Paz
El hospital Arco Iris, la clínica Virgen de Copacabana, los establecimientos de Prosalud, clínica CIES, Instituto de Rehabilitación Infantil de Obrajes y la Clínica del Deporte del estadio Hernando Siles, los tres últimos del Sedes.
El Alto
Clínica CIES, clínica 6 de Junio, Clínica del Deporte, clínica Los Pinos y la clínica Senkata.
Resto
En Sucre, hospital IPTK; Cochabamba, clínicas Señor de Mayo y Unitpc; en Santa Cruz, junto a la Alcaldía se implementó más de diez centros de de salud.
Pérdidas millonarias y consultas sin atender
El viceministro de Salud, Martín Maturano, informó a La Razón que durante el conflicto de salud se dejaron de atender 1.100.000 consultas, de 1.400.000 programadas para un mes. En tanto que sólo el complejo hospitalario de Miraflores, en La Paz, perdió Bs 5,5 millones en 30 días.
“Se tenía previsto que se atienda 1,4 millones de consultas. Con el servicio de emergencias se cubrieron 300 mil, por lo que 1,1 millones dejaron de ser atendidas”, dijo la autoridad, al explicar los efectos del paro de médicos y trabajadores en salud. En tanto que las pérdidas económicas para los hospitales de tercer nivel, sólo en el complejo de Miraflores, ascienden a Bs 5,5 millones, de acuerdo con un reporte del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de la Gobernación de La Paz.
Según el informe, de los siete centros de especialidad, el Hospital de Clínicas pierde por día Bs 69 mil, lo que en 30 días hace una suma de Bs 2.086.710. Del resto de los nosocomios que operan en La Paz, el segundo con mayor pérdida es el Instituto de Gastroenterología, con Bs 43 mil por día, es decir cerca de Bs 1.290.000 en un mes.
Otros centros afectados son el Instituto Nacional del Tórax, con pérdidas diarias de Bs 11.403; el Instituto Nacional de Oftalmología, Bs 3.895; el Hospital de la Mujer,
Bs 20.923; el Hospital del Niño, Bs 28.266; y el Banco de Sangre, Bs 9.072.
Efectos del conflicto gobierno y sector salud
Destrozos
En la Gobernación de Cochabamba se informó que identificaron a cinco universitarios que causaron destrozos en entidades públicas el miércoles. Pedirá de uno a seis años de cárcel.
Preocupación
Ante la falta de control médico, la Dirección de Seguridad Ciudadana de El Alto pidió a las meretrices dejar de trabajar, para evitar que suban las enfermedades de transmisión sexual.
Despidos
El director del Sedes de Cochabamba, Guido Sánchez, anunció que desde el 1 de mayo se despedirá a médicos, enfermeras y trabajadores administrativos por inasistencia laboral.
Universitarios
El Ministro de Salud garantizó la docencia asistencial simultánea, pues dijo que de las ocho horas, los médicos podrán dedicar dos a la docencia en hospitales.