Sociedad

jueves 4 mar 2021 | Actualizado a 09:40

Fiscal General ordena actuar contra los bloqueadores

Mañana, en un ampliado, los choferes de La Paz definirán las medidas de presión que tomarán a futuro. Se barajan un paro de 72 horas, un paro indefinido o el ayuno

Perjuicio. Un ciudadano discute con los choferes bloqueadores en la final Villalobos, ayer.

/ 8 de mayo de 2012 / 05:22

El fiscal general del Estado, Mario Uribe, instruyó ayer a los fiscales de Distrito y de materia tomar acciones contra el bloqueo de caminos y calles que encaran desde ayer los choferes de La Paz contra la Ley Municipal de Transporte y Tránsito Urbano, medida que cuenta con el apoyo de cinco federaciones departamentales.

El paro de 48 horas concluye hoy, aunque la Federación Departamental del Transporte de La Paz, liderada por René Vargas, anunció para el miércoles un ampliado en el que se debatirán tres propuestas para mantener la presión sobre el Gobierno Municipal: la huelga de hambre, un paro de 72 horas o un paro indefinido.

Los choferes se oponen al transporte masivo, a la participación de las juntas vecinales en el control social y a la “doble sanción” (explícitamente prohibida) por la ley, que intenta regular por primera vez el servicio del transporte en el municipio de La Paz. Uribe advirtió desde Sucre que el paro del transporte con bloqueo de caminos y calles puede generar la comisión de delitos contra la vida, la integridad y la dignidad del ser humano, y contra la seguridad común.

“En consideración al anuncio público del paro del transporte, con bloqueo de caminos y calles, marchas y otras movilizaciones, es probable la comisión de hechos que pueden configurar delitos; en consecuencia, en cumplimiento estricto de las disposiciones legales, es imperiosa la acción del Ministerio Público”, dice el instructivo 351/2012, emitido ayer.

Entre los delitos que podrían cometer los sindicalizados, el Fiscal General mencionó los establecidos en los artículos 130 (instigación pública a delinquir), 213 (atentado contra la seguridad de los transportes) y 214 (atentado contra la seguridad de los servicios públicos) del Código Penal.

El instructivo también dispone que, de tener noticia fehaciente de la comisión de un delito, en estricto cumplimiento a sus atribuciones legales, disponer de oficio el inicio de la investigación penal en contra del autor o autores y partícipes de dichos delitos, conforme al artículo 289 del Código de Procedimiento Penal. La mañana de ayer, el vicepresidente del Estado, Álvaro García, invocó “al Alcalde de La Paz y a los transportistas a que se puedan reunir” y resolver diferencias através del diálogo. 

Sin embargo, el director de Gobernabilidad de la Alcaldía paceña, Pedro Susz, reiteró que no habrá ninguna convocatoria al diálogo mientras persistan las medidas de presión. “Los transportistas tienen que dar una señal. Nadie los va a convocar mientras mantengan sitiada la ciudad”, dijo.

Añadió que el gobierno edil acatará el mandato de la Asamblea de la Paceñidad, que condicionó el diálogo con este sector a que no ejecuten medidas de presión y a que no se ponga como tema de negociación la derogación de ningún artículo de la ley.

En la misma línea, el alcalde Luis Revilla, entrevistado por la red Unitel, reiteró la invitación a los choferes a participar de la reglamentación de la ley municipal. “Les pido que reflexionen, que sean parte (los choferes) de la transformación del sistema de transporte, que exige la ciudadanía”. “Necesitamos contar con un mejor transporte en La Paz, un transporte cómodo, seguro y eficiente, que cumpla sus rutas, los horarios y tarifas”, apuntó la autoridad municipal.

Siremu pide no sacar la basura

El Sistema de Regulación Municipal (Siremu) pidió ayer a los pobladores de La Paz no sacar la basura a las calles porque el paro del transporte sindicalizado impide el recojo normal de los desechos sólidos y porque los carros basureros no pueden llegar hasta el relleno sanitario por los bloqueos. El servicio se normalizará una vez concluya la protesta sectorial.

El comercio prevé pérdidas de $us 8 MM por cada día

El paro de 48 horas de los choferes sindicalizados de La Paz genera una pérdida diaria de  $us 8 millones, alertó ayer el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Óscar Calle. 

“La Paz —la sede de gobierno— es una ciudad considerada como uno de las mayores multiplicadores económicos del país y el efecto de cualquier paro es pernicioso. Esta medida no solamente perjudica a la ciudadanía, sino a todo aquel ciudadano que tiene su actividad propia. Más o menos estamos hablando de $us 8 millones que se pierden por día, tanto por el comercio formal como por el informal”, manifestó.

El paro, reforzado con bloqueos en 30 puntos de la ciudad,   provocó que negocios paceños funcionen a media máquina por el retraso del personal y, en otros casos, el ausentismo debido a la dificultad de trasladarse de un lado a otro, según se evidenció en el centro (El Prado y áreas aledañas) y en la zona comercial del Macrodistrito Sur, Calacoto y San Miguel. El presidente de la Federación Departamental de Empresarios Privados de La Paz, Luis Urquizo, lamentó la medida y anunció que cuantificarán las pérdidas en los próximos días.

Vecinos protestan contra sindicalizados

Durante la primera jornada del paro de 48 horas de los choferes sindicalizados contra la Ley Municipal de Transporte y Tránsito Urbano, vecinos protestaron en las calles y en las redes sociales contra los conductores y el mal servicio que prestan, y tomaron partido por la citada norma. “Son unos abusivos estos choferes. Queríamos aprovechar en tomar un taxi que estaba trabajando, pero le han hecho escapar a pedradas”, contó una vecina que pretendía abordar un coche en la avenida Buenos Aires. 

“Los choferes hacen lo que les da la gana. Nos obligan a quedarnos en el cruce”, dijo otro. “La situación es insoportable, no se puede seguir así, cobran por tramos y nos botan donde quieren”, apuntó un tercero. “El Alcalde tiene que poner orden”, declaró un cuarto. Sin embargo, La Razón también halló quienes pidieron al alcalde de La Paz, Luis revilla, dialogar. En la intersección de la avenida Zavaleta se intercambiaron insultos entre transportistas y transeúntes.

“Hay personas que quieren trabajar pero no les dejan  y reaccionan de una manera bestial, con palos, piedras, como dueños de las vías”, protestó Marcelo Blanco. “Los transportistas hacen lo que les da la gana con la población. Ahora piden respeto cuando ellos nunca respetaron a sus usuarios”, escribió Yamil Gonzales en un grupo de Facebook denominado Fuera Minibuseros.

El presidente de la Federación de Juntas Vecinales de La Paz, Arturo Quispe, pidió calma a los vecinos y reiteró la convocatoria a la marcha en apoyo a la Ley Municipal de Transporte y Tránsito, el 15 de mayo, que partirá a las 15.00 de la avenida Montes.

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Se confirma vacunación irregular a cuatro personas en el COSSMIL y hay más denuncias en Tarija y Sucre

Un militar y tres administrativos están implicados en el hospital militar. El viceministro Jorge Silva ve encubrimiento porque no se informó que el capitán recibió en enero una primera dosis.

/ 4 de marzo de 2021 / 09:34

El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y el Consumidor, Jorge Silva, reveló este jueves que se confirmó la vacunación irregular de un militar y otros tres administrativos en el hospital militar COSSMIL y que hay otras denuncias en Tarija y Sucre.

En entrevista con La Razón Radio, indicó que se enviaron 94 dosis de Sinopharm al nosocomio paceño y que en la lista de beneficiarios, se observó la dotación de cuatro. El alegato de los implicados fue que las vacunas ya estaban sin sello y que por ello se las administró, empero, hay irregularidades.

Por ejemplo, dijo Silva, se logró establecer el maltrato por parte del capitán, quien figura como director administrativo, para ser beneficiado. Y además, lo ocurrido a fines de febrero fue su segunda dosis, o sea, el hospital no informó de la primera dosis suministrada en enero, lo que muestra encubrimiento.

El viceministro remarcó que se sancionará lo sucedido por parte del Ministerio de Salud y los encargados del COSSMIL, con procesos penales y administrativos. Adelantó que junto a personal de Salud se pidió informes sobre las denuncias en Tarija y Sucre.

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Aprehenden a 7 dirigentes que llamaron a la asamblea en la UPEA, serán acusados por homicidio culposo

La Fiscalía empezó a tomar declaraciones a los aprehendidos por la muerte de siete universitarios al caer de un quinto piso de la UPEA.

El miércoles se enterró a tres de los siete universitarios fallecidos en la tragedia. Foto: Rodwy Cazón

/ 3 de marzo de 2021 / 23:38

La Fiscalía aprehendió hasta la noche de este miércoles a siete de los ocho firmantes de la convocatoria a una asamblea estudiantil que acabó con la tragedia de siete universitarios muertos de la UPEA, entre ellos el acusado de alentar la protesta junto a cuatro encapuchados. Se los acusará por homicidio culposo y se pedirá su detención preventiva.

El fiscal Departamental de La Paz, Marco Antonio Cossio, informó que los testigos identifican a Wilson Q. como al dirigente, también firmante de la convocatoria a la asamblea, que instigaba, junto a cuatro encapuchados, a subir al quinto piso del edificio de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), donde ocurrió la tragedia la mañana del martes.

“Tendríamos en total a 7 aprehendidos, nos faltaría uno. Vamos a emitir la imputación por homicidio culposo y lesiones culposas. El homicidio culposo con su agravante nos va a permitir solicitar la detención preventiva de los detenidos”, explicó en una entrevista con Noches Sin Tregua de Cadena A.

El artículo 260 del Código Penal refiere que será acusado de homicidio culposo el que “por culpa causare la muerte de una persona” y se expone a una reclusión de seis meses a tres años.

Momentos antes de ser aprehendido, Wilson Q. aseguró en la red Uno que es dirigente y que la asamblea fue en el patio central y que “gente ajena provocó subir” hasta las oficinas, desatando un conflicto y el desenlace fatal.

Padres y estudiantes de la UPEA marcharon e hicieron una vigilia en puertas de la universidad de El Alto en demanda de justicia y renuncia del rector Carlos Condori y de los dirigentes del centro de estudiantes de la Carrera de Administración de Empresas.

Siete universitarios cayeron del quinto piso tras ceder una baranda de seguridad ante decenas de movilizados que protestaban en el lugar.

Álvaro Elías, abogado de Wilson Q., confirmó que su defendido concluyó hace la carrera, pero que por el estatuto universitario puede ejercer labores dirigenciales hasta dos años después de egresar.

Tres de los siete universitarios muertos fueron sepultados este miércoles. Condori deslindó responsabilidades de lo ocurrido.

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Por quinto día, la cifra de contagios se mantiene por debajo del millar

Este miércoles, el Ministerio de Salud reportó 834 nuevos casos de COVID-19 y 31 decesos.

/ 3 de marzo de 2021 / 22:44

Bolivia cumplió este miércoles el quinto día consecutivo con reportes menores al millar de nuevos casos de COVID-19. El Ministerio de Salud confirmó la suma de 834 positivos, con los cuales el total nacional se elevó a 251.391.

La mayor cantidad se concentró en Tarija y el eje central. Santa Cruz registró la cifra más alta, con 342 nuevos casos, le siguió La Paz con 119, Tarija 111 y Cochabamba 109.

En los demás departamentos los reportes no superaron los 60, Chuquisaca registró 57 positivos, Oruro 46, Potosí 28, Beni 19 y Pando 3.

Este miércoles Salud confirmó también la muerte de 31 personas más por el COVID-19. A una semana que se cumpla el primer año de presencia de la pandemia, se registró un total de 11.734 decesos y 195.099 recuperados.

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Aprehenden a un cuarto dirigente, padres y estudiantes de la UPEA protestan exigiendo justicia

La Policía aprehendió a un cuatro dirigente firmante de la convocatoria a una asamblea estudiantil que derivó en una tragedia. Hoy fueron sepultados tres de los siete universitarios muertos

Este miércoles una vigilia se instaló en la UPEA, donde padres y estudiantes reclamaron por lo sucedido el martes. Foto: Rodwy Cazón

/ 3 de marzo de 2021 / 19:34

En una jornada de protesta y entierro de 3 de los 7 fallecidos, la Policía aprehendió al cuarto firmante de la convocatoria a una asamblea estudiantil que acabó en una tragedia en la Universidad Pública de El Alto (UPEA). La Policía pidió al resto de los cuatro dirigentes que estamparon su firma en la convocatoria a presentarse a declarar y no esperar ser aprehendidos.

El director Nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Alberto Aguilar, informó de la aprehensión del cuarto dirigente estudiantil de la Carrera de Administración de Empresas, en el marco de la investigación para determinaron responsabilidades de lo sucedido la tarde del martes.

Una baranda de seguridad de un cuarto piso cedió ante la presión de decenas de universitarios que protestaban en el lugar, cayeron 11 universitarios de más de 16 metros, de los que perdieron la vida 7. Un conflicto por el control del centro de estudiantes detonó la movilización estudiantil con el trágico saldo.

“Un cuarto aprehendido de los que firman esta convocatoria a asamblea extraordinaria de estudiantes, este caso va a continuar hasta dar con todos los responsables. Instamos a que el resto de los firmantes se presenten, no esperen de que la Policía vaya y los aprehenda”, sostuvo el jefe policial.

Padres de familia y estudiantes se apostaron frente a la puerta principal de la UPEA, en El Alto, exigiendo justicia por la muerte de los siete universitarios y demandando la renuncia del rector Carlos Condori, quien más temprano deslindó responsabilidad sobre lo ocurrido porque, dijo, desconocía de la convocatoria.

Tres de los fallecidos fueron sepultados este miércoles, en medio del dolor e impotencia de sus familiares.

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Los 4 feminicidios en Villa Tunari fueron entre 2017 y 2020, Omar F. confiesa que es el autor

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y el comandante de la Policía, coronel Jhonny Aguilera, informaron sobre los resultados de la investigación iniciada a partir de la desaparición de Mónica Olmos

Hallazgo del cadáver por autoridades de la Fiscalía y la Felcc, el pasado 1 de marzo.

/ 3 de marzo de 2021 / 18:06

La Policía esclareció los feminicidios de cuatro mujeres en una comunidad del Chapare. Omar F. H. reconoció ser autor material de los cuatro hechos que conmocionaron a la sociedad y que aún son investigados para establecer con precisión los móviles, aunque la hipótesis apunta a pasionales, económicos e incluso a un ajuste de cuentas.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, junto al comandante de la Policía, Jhonny Aguilera, informó del resultado de las investigaciones sobre los cuerpos sin vida de cuatro mujeres encontrados enterrados cerca una de la otra en la comunidad Tres Arroyos, en Villa Tunari, Cochabamba.

Omar F. H. ha “reconocido ser el autor material de los cuatro feminicidios”, aseguró Del Castillo tras detallar aspectos de la relación del confeso feminicida con sus víctimas.

Margarita Maldonado Rodríguez de 25 años, Mónica Olmos de 25 años, Nayeli Lizarazu de 19 años y Beatriz García de 30 años fueron victimadas. Los hechos de sangre ocurrieron entre 2017 y 2020.

Hay tres personas involucradas en los sucesos que conmocionaron a la sociedad, Omar F., Juan Dennys G. y David Z., todo aprehendidos. La muerte de Olmos dio inicio a la investigación y a descubrir los otros tres feminicidios que estaban relacionados.

“Lo que aquí existe son asesinos seriales y todo el pueblo boliviano debe unirse para proteger a nuestras mujeres, para que no exista más violencia, más violaciones, es tarea de todos. La población boliviana tiene que ser consciente de que cuando se comete un delito en contra de una mujer, debe denunciarlo de manera inmediata”, manifestó Del Castillo.

Omar F. tiene una sentencia de 30 años de cárcel sin derecho a indulto por el crimen de Maldonado. Juan Dennys G. era expareja Olmos.

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