“El fin de semana se analizará el aspecto jurídico”, informó ayer a La Razón el viceministro de Salud, Martín Maturano. La propuesta del CEUB (Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana) va en sentido de que el Gobierno apruebe un decreto “que garantice que el 1126 no será aplicado hasta el desarrollo de la cumbre de salud”, dijo Eduardo Cortez, ejecutivo de la entidad.
Desde el miércoles, la COB, universidades y salubristas realizaron movilizaciones por 72 horas con demandas como el incremento salarial y el presupuesto universitario. Todos coincidieron en la exigencia de la abrogación del Decreto 1126, aprobado el 24 de enero.
El paro no detuvo las actividades productivas del país, fábricas y centros mineros, pero tuvo contundencia en las movilizaciones; y causó violentos enfrentamientos entre manifestantes y la Policía, como admitió ayer el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez.
Para la COB, su medida fue contundente porque fue acatada en todo el país en un 100%. “La demanda del pliego es apoyada por todos los trabajadores; si el Gobierno no atiende, seguirán las movilizaciones”, aseveró ayer Juan Carlos Trujillo, ejecutivo del ente matriz nacional.
Cifras. El paro en La Paz dejó 10 personas heridas en la Policía, varias contusas entre los manifestantes, dos en estado de gravedad, y cerca de una veintena de detenidos, la mayoría estudiantes de Medicina. Además, se dañó infraestructura estatal.
Ayer se cumplió la última jornada de las protestas con una menor intensidad en cuanto a los hechos de violencia. En La Paz, los médicos lanzaron globos con pintura a la fachada del edificio de la Vicepresidencia y pintaron en las paredes frases como “No al 1126” y “Narcos”. Los estudiantes realizaron una marcha hasta las puertas del Ministerio de Salud, pero ya no provocaron a los efectivos policiales que resguardaban la entidad estatal. En el resto del país, la COB y los salubristas realizaron marchas y bloqueos esporádicos dando fin a sus movilizaciones.
Para el lunes, se tiene prevista la reunión de las universidades en Oruro; y al día siguiente, la COB debe analizar, en un ampliado, las próximas medidas de presión. En tanto, durante este fin de semana, en Santa Cruz se buscará un acuerdo para solucionar el conflicto de salud y el nuevo decreto sería la llave, como reconoció el titular del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea. “Si se da el decreto, se suspenden las medidas de presión”, dijo.
Diálogo. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, fue más cauto al indicar que no se puede hablar del análisis de un nuevo decreto, que es prematuro, “pero depende cómo evolucionen algunas cosas el fin de semana”, declaró ayer a La Razón.
La autoridad informó que “únicamente” se dialogó con los representantes de las universidades y que este fin de semana se realizará un trabajo técnico, para analizar las demandas de las casas de estudios superiores. Por su parte, la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, afirmó que quien está a cargo de las negociaciones es el ministro Romero. “El Presidente lo ha puesto para negociar este tramo con las autoridades de las universidades”, afirmó.
Según el viceministro Maturano, el nuevo decreto formalizará la vigencia de las seis horas para el sector, hasta la realización de la cumbre de salud, en julio, en la que participarán los actores del área de salud (Gobierno, médicos y trabajadores), organismos internacionales y representantes sociales y de los pacientes.
Descuentos a salud y amenazas
Papeletas
En los nueve Servicios Departamentales de Salud (Sedes) se entregaron ayer boletas de pago del mes de abril a trabajadores y médicos con descuentos del 10, 20, 50 hasta el 100%, indicó el viceministro del área, Martín Maturano.
Plazo
La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia dio un plazo de 48 horas (hasta el lunes) a la COB y a los sectores en conflicto para sentarse a dialogar con el Gobierno, caso contrario, anunciaron bloqueos de caminos.
Acusan a la Policía de golpear a una enfermera
La enfermera Leonor Boyán se encuentra en terapia intensiva tras haber sido arrestada el jueves por la Policía, acusada de haber lanzado una piedra al viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez. Sus compañeras de trabajo y DDHH denuncian torturas; las autoridades lo niegan y anuncian una investigación.
La doctora Heydi Pinilla, responsable de la Unidad de Terapia Intensiva del Instituto del Tórax, sostuvo que Boyán presenta golpes en el cuerpo e insuficiencia renal, por lo que se la derivó a terapia intensiva dado el “estado crítico” en el que se encuentra.
“Tiene politraumatismo, con trauma toráxico y abdominal, y como complicación ha tenido una insuficiencia renal, secundaria a este traumatismo. El trauma quiere decir que recibió golpes, en este caso, en el tórax, abdomen, en brazos y la boca”, explicó.
El jueves, la COB, salubristas y universitarios marcharon en La Paz. Pasado el mediodía, a las 14.00, un grupo de estudiantes lanzó a los policías que resguardaban el Ministerio de Salud, piedras y globos con pintura, entre otros objetos. Un pedazo de cerámica le llegó al viceministro Pérez. Tras ese incidente, se arrestó a Boyán.
Relato. Paulina Zambrana, enfermera del Tórax y compañera de trabajo de Boyán, dijo que a las 18.00 su amiga fue ingresada al Hospital de Clínicas, custodiada por dos policías. Cuando trataron de trasladarla, sus compañeros lo impidieron. “Ella estaba desesperada y sólo lloraba; me dijo que la arrastraron del cabello y le dieron patadas para que diga que ella arrojó la piedra”, declaró a Cadena A.
Reporte. El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Jorge Toro, negó que se hubiera golpeado a la enfermera. “Ni siquiera se abrió el caso, no se tomó declaración, ni está detenida, ni arrestada”, afirmó ayer.
El día de su arresto, Boyán habló con Derechos Humanos. “El informe que ella da es que fue arrastrada por los policías y los mismos signos muestran ello porque su cabello se le estaba saliendo, además tiene contusiones. La verdad, es una fragrante violación a la integridad física y el Gobierno está cometiendo ese delito de lesa humanidad”, dijo Javier Tórrez, responsable de la Comisión de Salud de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz,
“Derechos Humanos ya solicitó el examen forense para determinar legalmente qué fue lo que sucedió con la enfermera Boyán”. El viceministro Pérez indicó que hasta ayer no conocía la denuncia y que sólo fue informado que la trasladaron a un centro médico público “por un ataque de histeria”.
“Estoy pidiendo un informe al Director Nacional y Departamental de la FELCC, además ordené una investigación del caso, y si la denuncia es correcta, se debe procesar y castigar a los culpables”, aseguró la autoridad. Además, el médico Jorge Molina presenta una alteración al estado neurológico a causa de la inhalación de gases lacrimógenos,