Sociedad

Friday 3 May 2024 | Actualizado a 22:31 PM

Nativos plantean régimen especial para Amazonía

Proyecto. Pretenden el desarrollo sustentable

/ 13 de mayo de 2012 / 04:00

Dos organizaciones indígenas del norte amazónico plantean que la región sea objeto de un régimen especial de gestión pública. Con el lema “De la Amazonía para la Amazonía”, se postula un “desarrollo integral” sustentable.

La propuesta tomó cuerpo en el anteproyecto de Ley de De-sarrollo Integral de la Amazonía Boliviana, elaborado por la Central Indígena de la región Amazónica de Bolivia (Cirabo) y la Central Indígena de Pueblos Originarios Amazónicos de Pando (CIPOAP). El documento ya fue presentado a la Asamblea Legislativa.

En el anteproyecto, que contiene 21 artículos, destacan dos grandes ejes: las “condiciones generales del desarrollo integral amazónico”, con base en la visión que tienen los indígenas de la economía sustentable; y el ente institucional que consideran más adecuado para “gobernar” la zona.

Entre las condiciones (artículo 6), por ejemplo, se plantea  el apoyo a la actividad económica tradicional mediante incentivos tributarios; además siempre se la priorizará sobre cualquier otra actividad. En esta línea, toda actividad que destruya o contamine el medio ambiente será causal de la reversión directa de la propiedad de quien cometa ese “delito”.

Asimismo, se prohíbe toda “actividad agrícola mecanizada, la ganadería extensiva y los proyectos agropecuarios intensivos comerciales” por no ser sustentables.

Prohibiciones. En los Territorios Indígena Originario Campesinos (TIOC) se prohíbe “el uso extractivo o consuntivo (ése que agota lo que explota) de recursos renovables y no renovables”. Aquí, sobre todo se piensa en la madera, la riqueza forestal, aclara el secretario de Tierra, Territorio y Recursos Naturales, de la Cirabo, Édgar Amutari.

En cuanto a la gran infraestructura en la Amazonía, específicamente tendidos eléctricos, carreteras principales e hidroeléctricas, el anteproyecto enfatiza en el límite “nacional” que debe tener el desarrollo. Estas obras, dice, “serán diseñadas de acuerdo con los requerimientos regionales y nacionales, estando únicamente destinadas para satisfacer las demandas internas del país en una escala que no ponga en riesgo la vida, integridad cultural y la preservación del medio ambiente”.

Una de las mayores novedades del anteproyecto es la creación del Servicio de Desarrollo Integral Amazónico Boliviano, Sediabol, órgano descentralizado y con autonomía de gestión técnica y financiera bajo tuición del Ministerio de Planificación y Desarrollo.

Entre otras cosas, el Sediabol administra un fondo especial de proyectos y programas propuestos por las comunidades indígenas; interviene en las decisiones del Estado central en proyectos binacionales o multinacionales en la Amazonía boliviana; eleva a nivel nacional propuestas de un régimen fiscal especial para favorecer el desarrollo integral de la zona.

El Sediabol tendrá 15 miembros y allí estarán desde representantes indígenas hasta alcaldes de los municipios involucrados, pasando por federaciones de campesinos, delegados provinciales, de las gobernaciones y del Gobierno nacional.

Anteproyecto sugiere una asamblea

El anteproyecto de Ley de Desarrollo Integral de la Amazonía Boliviana propone, además, la puesta en marcha de una Asamblea Amazónica, paralela a  Sediabol, que en los hechos es el órgano ejecutivo (conformado por un consejo directivo, un director general y tres directores regionales).

Esta asamblea estará formada, entre otras, por el Estado nacional, las entidades territoriales autónomas, organizaciones sociales, pueblos indígenas y diversas instituciones presentes en la Amazonía boliviana. Es el espacio de planificación por excelencia, pues es aquí donde se acuerda el Plan Operativo Anual, POA amazónico.

“La asamblea va a ser conformada por todos los actores sociales e instituciones del norte amazónico boliviano, no sólo por los indígenas”, apunta el dirigente de la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (Cirabo), Édgar Amutari.

¿Cuál será la relación del Sediabol y la Asamblea con la estatal Agencia para el Desarrollo de las Macrorregiones y Zonas Fronterizas (Ademaf)? “Ademaf para no-sotros nos ha salido como una organización paralela, sin representación social ni de los pueblos indígenas, sin consultar a los dueños de casa”.

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Asesor de Rousseff afirma que Brasil no devolverá a Pinto

Bolivia. El Gobierno se ratifica en pedir la entrega del senador

/ 20 de octubre de 2013 / 04:00

Marco Aurelio García, asesor de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, dijo que ese país no devolverá a Róger Pinto. Al respecto, la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, señaló que el Gobierno se ratifica en exigir la entrega del senador.

“Devolverlo para Bolivia, no; no-sotros no lo devolveremos”, indicó sobre Pinto el Asesor para Asuntos Internacionales en una entrevista con el diario brasileño Folha de Sao Paulo. Lo dijo en referencia a que en el tema hay dos posibilidades: que el senador boliviano obtenga el asilo en Brasil o que se pueda ir a otro país.

En respuesta, la ministra Dávila señaló: “Nosotros siempre vamos a pedir eso (la devolución al país del senador), porque lo tenemos que hacer, porque es una persona que tiene procesos en su contra, por delitos cometidos de manera personal en gestiones pasadas que no tienen nada que ver con nuestro gobierno”.

Pinto se refugió en la Embajada de Brasil en La Paz el 28 de mayo de 2012; el 8 de junio, Brasil le concedió el asilo político; tras calificar de equivocada la decisión brasileña, el Gobierno no le concedió el salvoconducto para que abandone el país. Así, el legislador estuvo en la legación 15 meses; y entre el 23 y 24 de agosto de 2013 huyó del país por tierra, en vehículos diplomáticos de Brasil y bajo la protección del encargado de Negocios, Eduardo Saboia. Pinto enfrenta en Bolivia al menos cinco juicios por supuesta corrupción y ya fue condenado en uno.  

A la fecha, Pinto se encuentra a la espera de lo que decida el Consejo Nacional para los Refugiados (Conare) de Brasil.  
Al lamentar la forma en que se dio el asilo y la huida del senador, García añadió que, “por la información que él tenía”, en un primer momento el Gobierno boliviano habría estado dispuesto a dar el salvoconducto. Dávila negó enfáticamente ese extremo: “No es cierto, en ningún momento se pensó en dar el salvoconducto”.

García, en la entrevista con Folha, no dejó de criticar una reciente reunión entre Pinto y legisladores evangelistas brasileños. “Creo que fue un error; una de las normas del asilo es la boca cerrada”, indicó.

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Asesor de Rousseff afirma que Brasil no devolverá a Pinto

Bolivia. El Gobierno se ratifica en pedir la entrega del senador

/ 20 de octubre de 2013 / 04:00

Marco Aurelio García, asesor de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, dijo que ese país no devolverá a Róger Pinto. Al respecto, la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, señaló que el Gobierno se ratifica en exigir la entrega del senador.

“Devolverlo para Bolivia, no; no-sotros no lo devolveremos”, indicó sobre Pinto el Asesor para Asuntos Internacionales en una entrevista con el diario brasileño Folha de Sao Paulo. Lo dijo en referencia a que en el tema hay dos posibilidades: que el senador boliviano obtenga el asilo en Brasil o que se pueda ir a otro país.

En respuesta, la ministra Dávila señaló: “Nosotros siempre vamos a pedir eso (la devolución al país del senador), porque lo tenemos que hacer, porque es una persona que tiene procesos en su contra, por delitos cometidos de manera personal en gestiones pasadas que no tienen nada que ver con nuestro gobierno”.

Pinto se refugió en la Embajada de Brasil en La Paz el 28 de mayo de 2012; el 8 de junio, Brasil le concedió el asilo político; tras calificar de equivocada la decisión brasileña, el Gobierno no le concedió el salvoconducto para que abandone el país. Así, el legislador estuvo en la legación 15 meses; y entre el 23 y 24 de agosto de 2013 huyó del país por tierra, en vehículos diplomáticos de Brasil y bajo la protección del encargado de Negocios, Eduardo Saboia. Pinto enfrenta en Bolivia al menos cinco juicios por supuesta corrupción y ya fue condenado en uno.  

A la fecha, Pinto se encuentra a la espera de lo que decida el Consejo Nacional para los Refugiados (Conare) de Brasil.  
Al lamentar la forma en que se dio el asilo y la huida del senador, García añadió que, “por la información que él tenía”, en un primer momento el Gobierno boliviano habría estado dispuesto a dar el salvoconducto. Dávila negó enfáticamente ese extremo: “No es cierto, en ningún momento se pensó en dar el salvoconducto”.

García, en la entrevista con Folha, no dejó de criticar una reciente reunión entre Pinto y legisladores evangelistas brasileños. “Creo que fue un error; una de las normas del asilo es la boca cerrada”, indicó.

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Forman comisión que investigará la privatización

Asamblea. Los cuestionamientos de Doria Medina motivan las pesquisas

/ 7 de julio de 2013 / 04:00

En la última sesión antes de su vacación, la Asamblea Legislativa conformó la comisión que investigará el proceso de privatización de las empresas estatales entre 1989 y 2000.

Se trata de una comisión especial mixta, compuesta por nueve asambleístas (senadores y diputados), seis del oficialismo y tres de la oposición, dio cuenta el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Adolfo Mendoza.

Dicha institución surgió a raíz de los cuestionamientos que el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, hiciera a la gestión de Samuel Doria Medina, otrora ministro del gobierno de Jaime Paz Zamora (1989-1993). El empresario cuestiona el programa de gobierno Bolivia Cambia, Evo Cumple.

Por el oficialismo, fueron comisionados los senadores Tania Melgar y Adolfo Mendoza, y los diputados Emiliana Ayza, Javier Zavaleta, Marcelo Elío y Héctor

Arce. Del lado de oposición, los tres representantes, un senador y dos diputados, serán designados próximamente.
Mendoza definió el objeto de la investigación como las privatizaciones en general: “Todo el proceso de privatización de las empresas estatales, desde 1989 hasta 2000, que fue el tiempo que duró este proceso”. Aún no se definió el tiempo de trabajo que tendrá la nueva comisión.

Una vez aprobada la conformación de la comisión que investigará las privatizaciones, el presidente de la Asamblea, Álvaro García, encomendó a las presidencias de cámara a que no escatimen recursos para facilitar el trabajo de los investigadores.

“Felicito la conformación de esta comisión y pido a las presidentas de los diputados, Betty Tejada, y de senadores, Gabriela Montaño, otorguen todos los recursos necesarios para que esta comisión convoque a todos los involucrados, difunda todos los elementos de los procesos de capitalización y de la venta de la patria” que hubo en el pasado.

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Para Romero, borrador de Extinción está intacto

Norma. Excluir el contrabando no la invalida, afirma

/ 29 de abril de 2013 / 05:14

Para el ministro de Gobierno, Carlos Romero, el que el Tribunal Constitucional haya excluido el contrabando del proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes no invalida este texto. Por eso, dice, “recibimos muy bien” el fallo del TCP al respecto.

El anteproyecto legal a favor del Estado disponía el decomiso de bienes, inmuebles y herencias que sean producto del narcotráfico, contrabando, corrupción y legitimación de ganancias ilícitas. El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en reciente fallo, excluyó de esto al contrabando.

Al margen de dicha exclusión, para Romero “el TCP ha declarado la constitucionalidad del instituto jurídico de la extinción de dominio de bienes en Bolivia, consiguientemente, la constitucionalidad del anteproyecto de Ley de Extinción (…)”.

Economía. El ministro apunta que haber sacado el contrabando del proyecto de ley no se debió a una razón jurídica, sino sobre todo social: “Se ha excluido el contrabando no por razones de inconstitucionalidad, sino por razones sociales; se ha decidido eliminarlo como causal porque dicen que nuestro país históricamente ha tenido altos índices de desempleo, que la economía informal está muy extendida y, en consecuencia, es difícil establecer fronteras entre el contrabando y lo informal”.

De los 15 artículos que contempla el anteproyecto, recordó el ministro, nueve fueron declarados constitucionales, cuatro inconstitucionales y dos deben ser adecuados en su redacción porque mencionan la palabra contrabando, apuntó Romero.

“La sentencia la hemos recibido muy bien”, destacó Romero, porque deja sin piso el debate sobre si esta ley afectaba el derecho a la propiedad privada o si se la iba a usar para perseguir opositores, “todo eso queda en el olvido porque el Tribunal ha establecido como punto de debate solamente el tema de contrabando y el procedimiento”.

El Tribunal también determinó que las acciones para el traspaso de los bienes ilegales al Estado no pueden ser activadas en la vía administrativa (como preveía el anteproyecto), ya que la extinción de la propiedad debe ser ejecutada a través de una instancia judicial.

Además, el TCP indicó que la participación de la Procuraduría General en el traspaso de la propiedad de los bienes hacia el Estado es inconstitucional, porque esta no es una función prevista para el procurador en la Constitución Política del Estado.

El ministro Romero adelantó que el Ejecutivo adecuará su anteproyecto al fallo del Tribunal. 

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Para Romero, borrador de Extinción está intacto

Norma. Excluir el contrabando no la invalida, afirma

/ 29 de abril de 2013 / 05:14

Para el ministro de Gobierno, Carlos Romero, el que el Tribunal Constitucional haya excluido el contrabando del proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes no invalida este texto. Por eso, dice, “recibimos muy bien” el fallo del TCP al respecto.

El anteproyecto legal a favor del Estado disponía el decomiso de bienes, inmuebles y herencias que sean producto del narcotráfico, contrabando, corrupción y legitimación de ganancias ilícitas. El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en reciente fallo, excluyó de esto al contrabando.

Al margen de dicha exclusión, para Romero “el TCP ha declarado la constitucionalidad del instituto jurídico de la extinción de dominio de bienes en Bolivia, consiguientemente, la constitucionalidad del anteproyecto de Ley de Extinción (…)”.

Economía. El ministro apunta que haber sacado el contrabando del proyecto de ley no se debió a una razón jurídica, sino sobre todo social: “Se ha excluido el contrabando no por razones de inconstitucionalidad, sino por razones sociales; se ha decidido eliminarlo como causal porque dicen que nuestro país históricamente ha tenido altos índices de desempleo, que la economía informal está muy extendida y, en consecuencia, es difícil establecer fronteras entre el contrabando y lo informal”.

De los 15 artículos que contempla el anteproyecto, recordó el ministro, nueve fueron declarados constitucionales, cuatro inconstitucionales y dos deben ser adecuados en su redacción porque mencionan la palabra contrabando, apuntó Romero.

“La sentencia la hemos recibido muy bien”, destacó Romero, porque deja sin piso el debate sobre si esta ley afectaba el derecho a la propiedad privada o si se la iba a usar para perseguir opositores, “todo eso queda en el olvido porque el Tribunal ha establecido como punto de debate solamente el tema de contrabando y el procedimiento”.

El Tribunal también determinó que las acciones para el traspaso de los bienes ilegales al Estado no pueden ser activadas en la vía administrativa (como preveía el anteproyecto), ya que la extinción de la propiedad debe ser ejecutada a través de una instancia judicial.

Además, el TCP indicó que la participación de la Procuraduría General en el traspaso de la propiedad de los bienes hacia el Estado es inconstitucional, porque esta no es una función prevista para el procurador en la Constitución Política del Estado.

El ministro Romero adelantó que el Ejecutivo adecuará su anteproyecto al fallo del Tribunal. 

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