Organizaciones campesinas reivindican su justicia
Los castigos por la comisión de delitos están vinculados al resarcimiento y la labor social.
Dirigentes de organizaciones campesinas reivindican la vigencia de la justicia comunitaria y aclaran que ésta no contempla el linchamiento como forma de castigo. Simeón Jaliri, representante campesino ante la Central Obrera Boliviana (COB), explica que existe una estructura de aplicación de justicia guiada por la pirámide de jerarquía de autoridad.
La Constitución Política del Estado, vigente desde febrero de 2009, reconoce la justicia comunitaria y la plasma en la Ley de Deslinde Jurisdiccional, promulgada en diciembre de 2010.
Jaliri considera necesaria la aprobación de 36 decretos reglamentarios de la ley para establecer las particularidades de similar número de pueblos reconocidos en la Carta Magna, aunque sostiene que este tipo de justicia se aplica ancestralmente.
Para el mallku de Gestión Territorial del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), Fidel Condori, los habitantes de las comunidades acatan las resoluciones de la justicia comunal que, como principio, apunta al resarcimiento. “En la justicia originaria, aunque no haya plata, igual todo se puede solucionar”.
La Ley de Deslinde Jurisdiccional prevé, en el artículo 10, que “la jurisdicción indígena originaria campesina conoce los asuntos o conflictos que histórica y tradicionalmente conocieron bajo sus normas, procedimientos propios vigentes y saberes, de acuerdo a su libre determinación”.
“La inseguridad en el área rural se manifiesta a través del robo de animales y de disputas por terrenos, por lo que debería existir una jueza indígena originaria campesina”, indica Jaliri.
Los pueblos indígenas de tierras altas tienen una jerarquía de autoridades organizada que consta, en general, de un Jach’a Mallku (máxima autoridad del suyu), del Jilakata (también autoridad que se acompaña de una mama t’alla), el Jalja Kamani que ayuda a sus superiores y el Yapu Kamani, que es el cuidador de las chacras, entre los más importantes.
En el caso de comunidades de tierras bajas, mantienen los cabildos indigenales en los que están autoridades como el Corregidor, el Capitán Grande, los caciques y comisarios.
“En las comunidades alejadas de las urbes, los castigos se pagan con trabajos que benefician a los pobladores, por ejemplo, refaccionan la escuela o ayudan en labores a la familia más necesitada”, afirma el dirigente Condori.
La secretaria ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas, Indígenas y Originarias de Bolivia Bartolina Sisa, Julia Ramos, explica que es preferible solucionar los problemas al interior de la comunidad, porque a veces los abogados “hacen de problemas pequeños, algo grande, entonces se pierde tiempo, dinero”.
Aunque no dio detalles, el director general de Justicia Indígena Originario Campesina, Nelson Cox, advierte sobre la existencia de casos en los que la justicia de las comunidades “choca” con la Justicia Ordinaria.
La Fejuve de El Alto capacitará a los vecinos
El mayor número de casos de intento de linchamiento y ajusticiamientos corresponde a La Paz, con 40 hechos, y a Cochabamba, con 39, en el periodo 2009-2011. Rubén Paz, dirigente vecinal de El Alto, una de las ciudades con más casos, indica que iniciará un plan para concientizar a la población sobre el delito que representa el ajusticiamiento.
“El propósito de la campaña, que se trabajará con la Alcaldía, será el dar a conocer a los vecinos que, en un afán por querer hacer justicia, pueden convertirse en delincuentes”.
La justicia comunitaria no contempla el linchamiento como forma de sanción. De hecho, la Ley de Deslinde Jurisdiccional prevé que éste es una violación a los Derechos Humanos y la pena de muerte no está reconocida en Bolivia.
En el caso de La Paz, la mayor cantidad de linchamientos e intentos de ajusticiamiento ocurrió en zonas urbanas como Villa Adela, Villa Ingenio, Villa Dolores (El Alto) y Alto Chijini y Achachicala (en la sede de gobierno).
“Notros vamos a empezar a concientizar a la población, con la previa coordinación con las carreras de Derecho y Psicología de la Universidad Pública de El Alto”, manifiesta el dirigente, que dice estar preocupado por lo que sucede.
