Alcalde cruceño desafía a 5 concejales a ir a revocatorio
Luego de que la Justicia prohibiera a cinco concejales de Santa Cruz acudir a su fuente de trabajo, el Ejecutivo edil desafió a éstos a someterse a un referéndum revocatorio. El concejal Óscar Vargas defendió a sus colegas y rechazó habilitar a suplentes.
Los concejales Carlos Manuel Saavedra, Enrique Landívar, Yanine Parada, Sibele Ortiz y Leonardo Roca tienen prohibido ir a las oficinas del Concejo por 45 días. Su colega Desirée Bravo, acusada de falsificar una libreta de notas de cuarto de Secundaria, les inició un juicio por haberla suspendido.
El alcalde Percy Fernández analizó ayer con su gabinete esa situación y, a través de la secretaria de Parques y Jardines, Angélica Sosa, demandó a sus exaliados ir a referéndum revocatorio porque, según una encuesta, “el 94% de la población culpa al Concejo por la crisis y sólo un 6% al Alcalde”. “En tal sentido, la sugerencia del Alcalde es ir a un revocatorio”, afirmó, según la agencia ABI.
La crisis edil se agudizó tras la posesión, el jueves 4, de la directiva del Concejo, respaldada por ocho concejales liderados por Vargas, del frente Santa Cruz Para Todos (SPT). Tres de sus colegas del Movimiento Al Socialismo (MAS) rechazan su posesión, lo que derivó en un cerco a las instalaciones del ente deliberante por parte de personas que aseguran ser habitantes de la ciudad.
Vargas aseveró que sus colegas no considerarán la posibilidad de habilitar a sus suplentes, porque esperan que la orden del juez Juan José Subieta sea revocada.
Sosa sostuvo que “el Legislativo no puede paralizar sus actividades por unos cuantos ediles que enfrentan un proceso”.
El concejal del MAS Freddy Soruco planteó consultar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre las circunstancias en las que puede habilitarse a los suplentes. La Ley de Autonomías prevé que la suspensión definitiva de una autoridad corre por una sentencia ejecutoriada, mientras que la temporal como consecuencia de una acusación fiscal.
Vargas convocó para las 16.00 de hoy a una sesión. Al momento están habilitados tres concejales del MAS y tres del bloque de los disidentes del partido de Fernández, Santa Cruz Para Todos.
La Defensoría ve ‘vulneración’
El Defensor del Pueblo considera que la decisión judicial contra cinco concejales cruceños vulnera el derecho al trabajo de estas autoridades que, por su naturaleza, tienen la obligación de sesionar en el Concejo Municipal. Además refiere que usurpa funciones.
“Además, si entre otras medidas cautelares que se han aplicado a las autoridades ediles, está la de pagar una fianza de 10.000 bolivianos, es obvio que no se les puede impedir el derecho al trabajo para cumplir con esta resolución judicial, que también les impone el arraigo y el presentarse cada 15 días ante el Ministerio Público”, indica un comunicado de la institución.
También sostiene, “de igual modo, que el derecho a reunirse de estas autoridades, que han sido elegidas para cumplir su rol legislativo, de representación y fiscalización en el municipio cruceño, no debiera ser restringido”. El documento defensorial añade que la decisión usurpa funciones del órgano deliberante que por ley está facultado a suspender a una autoridad municipal electa.