Contra el Alcalde hay citaciones rápidas, no contra Arce
Luis Revilla. Forma parte del Movimiento Sin Miedo (MSM), otrora aliado del gubernamental Movimiento Al Socialismo (MAS). El Alcalde de La Paz denunció insistentemente que los juicios en su contra tienen “intencionalidad política” y se tramitan con una agilidad —en su criterio— “extraña”. Pero considera que ninguno de los procesos en los que se defiende tiene avance, porque —dice— fueron instaurados políticamente, sin posibilidad de ser probados.
— ¿Cuántos juicios tiene en su contra?
— Están contabilizados 13 procesos. Unos promovidos por autoridades políticas vinculadas al partido de gobierno y otros que, si bien son particulares, tienen una extraña agilidad en su tratamiento a diferencia de los iniciados por el Gobierno Municipal. Por eso he enviado una carta al fiscal general, Mario Uribe, para que me explique por qué la justicia actúa de manera distinta en estos dos procesos, pero no recibí respuesta.
— ¿Qué espera que haga el Fiscal General?
— Lo que se está observando es el trabajo del Ministerio Público. Entonces, lo que tiene que hacer el Fiscal es pedir un informe (al o los encargados de la investigación) para saber por qué hay casos en los cuales ni siquiera se ha notificado a quien ha denunciado el Alcalde, es el caso del ministro de Hacienda, Luis Arce. Contra esa autoridad presenté hace un año y medio una denuncia por calumnias contra la autoridad edil, a quien acusó de percibir un salario mayor al del presidente Evo Morales. Hasta hoy no lo han citado (a declarar por la denuncia).
— ¿Qué le llama la atención de las demandas en su contra?
— Hay una denuncia por la compra del relleno sanitario en Alpacoma, que fue presentada a diez días de las elecciones municipales de 2010. En un sólo día y de manera extraña se recibe la denuncia, se toman las declaraciones y se emiten citaciones con una agilidad inusual que no ocurre en los procesos en general. Esto demuestra la mala intencionalidad política, con motivo de las elecciones. Hay otro caso presentado por el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Eugenio Rojas, por una demolición hecha por el Gobierno Municipal hace años. El senador no pidió información a las autoridades locales e interpuso la demanda. Finalmente, el Contralor (Gabriel Herbas) inició un proceso con ribetes de escándalo, cuando su propia normativa le obliga a pedirme información. Todos estos procesos tienen una finalidad política.
— De todos estos procesos, ¿cuáles son los que están más avanzados?
— Ninguno, porque todos son procesos que fueron iniciados a la luz de un interés político y que llegado el momento ni siquiera pueden ser probados; no se presentan las pruebas de acusación o algo por el estilo.
— ¿No teme que alguno de estos procesos llegue a una acusación formal y derive en una eventual suspensión?
— Hay dos casos que tienen imputación formal. En el caso de los gastos de representación (la Contraloría remitió a la Fiscalía un informe cuando Revilla presidía el Concejo, por no entregar descargos documentales de gastos de representación de las gestiones 2006 al 2009), se han presentado todas las pruebas de descargo que demuestran que esta autoridad, no tuvo nada que ver en ese tema. El otro proceso es el referido al relleno sanitario de Alpacoma, en el que con todos los vicios de irregularidad, incluyendo la falsificación de una firma en la denuncia, se pretende acusar al Alcalde. Ambos procesos tienen imputación, pero realmente sería una barbaridad que sobre este mar de irregularidades el Ministerio Público pretenda emitir la acusación formal.
— ¿Por qué no podrían llegar a una acusación formal?
— Si bien hay una imputación, el siguiente paso de la investigación podría derivar en una acusación, pero en ambas instancias se han presentado todas las pruebas de descargo. Son procesos que no tienen ni pies ni cabeza. Seguramente, si hay presiones políticas muy fuertes sobre la Fiscalía respecto a este u otros procesos, encuentren algún fiscal que se anime a hacer esta arbitrariedad, ante lo cual vamos a acudir a todos los medios de defensa.
— ¿A qué mecanismos de defensa se refiere?
— A los mecanismos de defensa legal, que están relacionadas a las acciones de descargo sobre los procesos. Pero también asumiremos mecanismos de defensa política, que está ligada a apelar a la comunidad para defender su voto y para evitar que la manipulación política sobre la justicia genere un proceso de desestabilización en nuestro Gobierno Municipal.
— ¿En qué quedó el proceso que le inició la Federación de Asociaciones Municipales?
— Tenemos que recordar que esta institución está al mando del Movimiento Al Socialismo (MAS) y me ha abierto un juicio ridículo, acusándome de haber suspendido un plazo en un proceso administrativo, cuando la ley me da la facultad para tomar esta decisión. Este problema va más allá de la intencionalidad política de la FAM, porque demuestra que no tienen buenos abogados ni el más mínimo asesoramiento legal.
— ¿Estos procesos afectan la gestión municipal?
— Claro que sí. Se presenta una denuncia contra esta autoridad e inmediatamente sacan citaciones para que preste declaraciones, a veces sin considerar mi agenda, sin considerar que, como primera autoridad del municipio, tengo muchas actividades. Eso no ocurre con otras autoridades, ya que al señor Ministro de Hacienda no lo han citado hasta hoy a prestar declaraciones.
— ¿Qué inquietudes hizo conocer al Fiscal General?
— Hemos observado procedimientos; cuando una persona presenta una denuncia, un fiscal tiene que evaluar primero si (ésta) tiene fundamentos y, si es el caso, se asigna a un fiscal. Eso no ocurre en mis procesos, cualquiera que llega a la Fiscalía de Distrito, inmediatamente, sin evaluación se asigna a un fiscal.
Hay varios procesos que no corresponden a mi gestión, yo no era Alcalde, no era autoridad y estoy siendo denunciado por los hechos de esas épocas.
— ¿El Órgano Judicial estará en su contra?
— No podemos generalizar las actuaciones del Órgano Judicial ni del Ministerio Público. Hay fiscales que he visto que actúan con seriedad respecto a otras denuncias, pero hay autoridades que están siendo permeables a la presión política que, indudablemente, ejercen funcionarios de Gobierno y parlamentarios. Vamos a poner en el conjunto de estos casos, en el transcurso de estos meses y años, a prueba las actuaciones de la Justicia, porque se han presentado descargos y no tienen asidero las acusaciones. Si aún así no se cierran las causas abiertas, estará quedando claro que existe una influencia política destinada a desestabilizar la gestión municipal de La Paz.
