La viceministra de Justicia, Jessica Saravia, confirmó este miércoles que a partir de octubre comenzará a funcionar el nuevo Sistema Único y Digital de Derechos Reales con el fin de simplificar y agilizar los procesos del registro.

“Los plazos establecidos en el decreto supremo son máximo hasta el mes de octubre. Se están realizando gestiones internas para que el trabajo esté dentro de la normativa y el momento en que se tengan los mecanismos en funcionamientos va a ser un hito con un nuevo inicio”, dijo la funcionaria en conferencia de prensa. 

Señaló que se está apostando a una modernización del sistema con una mejor atención para la ciudadanía y seguridad a través de las firmas digitales.

“Se trata de una ley antigua de hace muchos años. El momento en que se vaya aplicando este decreto se ira dando mayor transparencia para los usuarios y en el manejo de gestión pública”, acotó.

Resaltó que se apunta a brindar seguridad y control con medidas que eviten los dobles registros en los trámites.

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Desde octubre

El presidente Luis Arce promulgó el Decreto Supremo 5143, que contempla la creación del Sistema Único de Derechos Reales.

El nuevo sistema concentrará toda la información sobre los registros de propiedad en una única base de datos. Con ellos se facilitará el acceso y consultas para los ciudadanos.

La nueva plataforma suma herramientas electrónicas que proporcionarán una interoperabilidad con otras entidades públicas para optimizar los trámites con mayor eficiencia en la gestión.

Se trata de un nuevo servicio de propiedad, gravámenes y folio real actualizado en forma inmediata de una ventanilla única de expedición rápida.

Esta ventanilla estará operada por un funcionario que será el encargado de recibir, imprimir, cobrar, firmar y emitir los documentos.

Los certificados seguirán siendo expedidos en el actual sistema y con las formalidades expuestas por ley, según la Dirección Administrativa Financiera del Órgano Judicial.

(17/04/2024)

Este miércoles, el diputado por Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Alarcón denunció que los amparos presentados por dos postulantes inhabilitados implican un “golpe mortal” a las elecciones judiciales y a las atribuciones de la Asamblea Legislativa.

“Estos amparos son un golpe mortal del Gobierno contra las elecciones judiciales porque el hecho de haber mantenido a los autoprorrogados y no tratar las leyes 075 y 73 que hubiera permitido la cesación del ejercicio de las funciones ilegales”, cuestionó el legislador.

En su criterio, “el Gobierno ha mantenido esta estructura delincuencial en el Órgano Judicial para que se queden en los años de gobierno que le quedan al presidente (Luis) Arce”, apuntó Alarcón en RTP.

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Amparos

Catalogó como “usurpadores” a los vocales que, en su opinión, están a los pies del Órgano Ejecutivo. Que ponen trabas a la elección de nuevas autoridades.

“Dónde se ha visto que un amparo paralice los efectos de una convocatoria, ley o reglamento. Además, se trata de una postulante que logra con una medida cautelar paralizar los procesos de elecciones de los cuatro órganos judiciales”. Así protestó el diputado opositor. 

El martes por la mañana, la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz ordenó paralizar la preselección de postulantes tras un amparo constitucional interpuesto por la inhabilitada Margarita Medrano.

Más tarde, trascendió otra notificación de otro recurso interpuesto por el postulante inhabilitado Herculiano Capusiri. Quien pidió que se active una medida cautelar a la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

Alarcón continuó y dijo que, en definitiva, “si no se van a su casa las autoridades prorrogadas, no va a haber ninguna elección judicial”.

Los accionados del primer amparo son los miembros de las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa.

(17/04/2024)

Tras las aseveraciones del exministro Carlos Romero sobre su mandamiento de aprehensión para declarar en el proceso por ganancias ilícitas, la viceministra de Justicia, Jessica Saravia, se pronunció y exhortó a la exautoridad a no temerle a su comparecencia ante un juez.

“Se presentará ante el juez y posteriormente se retirará, no hay ninguna intencionalidad ni es el Gobierno parte de este proceso”, enfatizó Saravia.

La autoridad aclaró que el proceso en curso no es contra el exministro de Gobierno de Evo Morales y que no amerita una defensa.

“Es importante aclarar que la citación es para que aporte en calidad de testigo. Para las autoridades es importante que el señor Romero se presente, pueda aportar y después retirarse; no hay un proceso y no requiere de defensa”, acotó la viceministra.

Saravia agregó que si Romero no se presenta a declarar, será el tribunal competente el que determinará las acciones a seguir.

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Ganancias ilícitas

Romero anunció que se defenderá como «guerrero» ante el mandamiento de aprehensión emitido por el Tribunal Departamental de Justicia.

El Órgano Judicial lo convocó para que comparezca ante un juez por no presentarse a declarar como testigo en un proceso penal seguido por la Fiscalía contra Claudia Liliana Rodríguez y otras personas por el delito de legitimación de ganancias ilícitas en torno al caso Ostreicher.

“Se me quiere obligar a presentarme como testigo de quienes yo he denunciado. (…). El supuesto mandamiento de aprehensión se presenta porque sabemos que hemos afectado muchos intereses con las denuncias de corrupción pública”, dijo Romero.

El mandamiento señala que Romero debe presentarse el jueves 18 de abril (08.45) en el Palacio de Justicia a objeto de prestar su declaración como testigo de descargo.

La conminatoria para su aprehensión está firmada por Moisés Colque Pérez, presidente del mencionado tribunal.

(17/04/2024)

Carlos Romero, ministro de Gobierno en la gestión de Evo Morales, anunció que se defenderá como «guerrero» ante el mandamiento de aprehensión emitido por el Tribunal Departamental de Justicia.

El Órgano Judicial lo convocó para que comparezca ante un juez por no presentarse a declarar como testigo en un proceso penal seguido por la Fiscalía contra Claudia Liliana Rodríguez y otras personas por el delito de legitimación de ganancias ilícitas.

Romero exclamó que se trata de una injusticia y que responde a las denuncias que hizo contra autoridades del actual gobierno de Luis Arce.

“Se me quiere obligar a presentarme como testigo de quienes yo he denunciado. (…). El supuesto mandamiento de aprehensión se presenta porque sabemos que hemos afectado muchos intereses con las denuncias de corrupción pública”, dijo Romero.

Aseguró que desmanteló una red de corrupción, que derivó en la aprehensión de varias autoridades y del Ministerio Público por actos de extorsión.

Están en prisión «incluso cargos jerárquicos de ministerios por actos de extorsión”, acotó.

“Hemos escuchado amenazas y bravuconadas de ministros contra denuncias que hemos hecho de autoprórroga, así que tenemos motivos para sentir suspicacia, pero nos vamos a defender en el plano jurídico, mediático, político, internacional y donde corresponda, porque somos gente de pelea, somos guerreros y no nos van a doblegar. Esto es injusto y vamos a hacer defender nuestros derechos”, enfatizó la exautoridad. 

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Mandamiento de aprehensión

Su abogado, Jorge Pérez, señaló que hay incumplimiento de deberes porque, después del inicio del proceso, pasó mucho tiempo.

“Sería un motivo para desarrollar un caso del por qué no se ha desarrollado como establece el Código Penal. Es una acción ilegal, abusiva y arbitraria”, cuestionó Pérez, quien fue viceministro de Régimen Interior de Morales.

El mandamiento señala que Romero debe presentarse el jueves 18 de abril (08.45) en el Palacio de Justicia a objeto de presentar su declaración como testigo de descargo.

La conminatoria para su aprehensión está firmada por Moisés Colque Pérez, presidente del mencionado tribunal.

(17/04/2024)

El presidente Luis Arce anunció este martes ante la Cumbre de la Celac que Bolivia se adhiere a la demanda planteada por el gobierno de México contra Ecuador por el asalto a su embajada en Quito y que derivó en la captura del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas.

“Como país, no solo nos solidarizamos con el pueblo mexicano; vamos a acompañar en los estrados judiciales internacionales esta demanda que nos parece correcta para sentar un precedente para que esto no vuelva a repetirse nunca más”, sostuvo el mandatario en el foro de la Comunidad de Estadols Latinoamericanos y del Caribe (Celac).

Dijo que el país respalda la visión mexicana de hacer respetar la defensa del derecho al asilo que abrió las puertas a muchos latinoamericanos. “Quiero expresar nuestra total solidaridad con el pueblo de México y su presidente (Andrés Manuel López Obrador) y nuestra hermana Alicia Bárcena en defensa del derecho de asilo que nos abrió las puertas a nuestros hermanos y hermanas latinoamericanos, entre ellos yo mismo”, acotó.

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Juicio contra Ecuador

A primera hora, López Obrador pidió a sus pares de la Celac suscribir la denuncia que su país presentó contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), por el asalto de la Embajada mexicana en Quito,

«Queremos también proponerles, si lo consideran viable, factible, que nos acompañen suscribiendo la denuncia en el Tribunal de Justicia Internacional», dijo López Obrador en la reunión extraordinaria convocada por el organismo para tratar esa irrupción.

La reunión extraordinaria se llevó a cabo de manera virtual y fue convocada por la presidenta protempore del organismo regional y de Honduras, Xiomara Castro, para abordar solo ese tema. Que ocasionó la ruptura de relaciones diplomáticas de México con Ecuador y la denuncia mexicana ante la CIJ.

El mandatario mexicano explicó que con esa demanda busca que el país andino sea suspendido de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hasta tanto se pronuncie por la no repetición de este hecho

Además, para que se establezca un procedimiento para que, si otro Estado actúa de manera similar. Violentando alguna sede diplomática, la corte presente a la Asamblea General de Naciones Unidas una resolución de expulsión.

El 6 de abril, un grupo de seguridad de élite de Ecuador irrumpió en la Embajada de México en Quito para detener a Glas. Sentenciado por casos de corrupción y entonces asilado en esa legación.

El operativo fue ordenado por el presidente Daniel Noboa, quien, luego, justificó la acción señalando que México incumplió el espíritu del asilo.

Días después, el 13 de abril, un tribunal ecuatoriano declaró ilegal la violenta detención de Glas en la Embajada de México.

(16/04/2024)