La norma establece, además, la suspensión temporal sin goce de haberes de quien fuere acusado de cometer algún delito que atente contra la vida e integridad de los escolares y colegiales. Si bien la dirigencia del magisterio aplaude la iniciativa, hace notar que también vulnera sus derechos.
“El profesor debe ser modelo de persona en la escuela, de esfuerzo, demostrar poder de enseñanza y no poder de abuso. Este decreto es para proteger a los estudiantes y sancionar a quienes cometen errores”, dijo Evo Morales al presentar la normativa. Concluido el proceso penal, si el acusado es sobreseído, recuperará su cargo y se le reembolsará el monto total retenido.
Magisterio urbano y rural apoyan el decreto, pero coinciden en que los maestros quedan vulnerables a sola denuncia de un supuesto ultraje. Además, rechazan que el sindicado sea suspendido de su labor y no reciba salario. Por ello, sus dirigentes anunciaron, por separado, que harán una representación ante el Gobierno.
El ejecutivo de los maestros urbanos, Federico Pinaya, indicó que con esta norma “lloverán” las denuncias sin pruebas y el maestro quedará “marcado” como sucede, por ejemplo, cuando un padre no se lleva bien con el profesor. “Suspenderlo del cargo mientras dure la investigación es un atropello, porque un ciudadano es inocente mientras no se compruebe su culpabilidad”, agregó.
Pedro Tanaca, dirigente de los rurales, dijo que están “de acuerdo con que se garantice la seguridad de los niños y que el Estado investigue las denuncias, pero exigimos que no se atropelle la dignidad de los maestros, porque al dejarlo sin sueldo se contradice lo que determina el Reglamento del Escalafón y la Ley Avelino Siñani”.
En Bolivia, ocho de cada diez niños sufren algún tipo de violencia. El presidente de la Junta Nacional de Padres de Familia, Franklin Gutiérrez, elogió la medida y recordó que hace tres años presentaron un proyecto al Legislativo. “Al no tener resultados, este año insistimos con el ministro de Educación (Roberto Aguilar) y hoy tenemos un buen resultado que favorece a la niñez”.
Especificó que el pedido se hizo ante las denuncias de maltrato que recibió la Junta, en especial del área rural. “En algunos casos hubo proceso, pero la sanción era pasiva pues el maestro agresor fue llevado a otra unidad”.
Artículos destacados del DS 1302
Artículo 2.- Las y los directores departamentales de Educación y el ministerio del área tienen la obligación de denunciar y coadyuvar en la acción penal correspondiente hasta su conclusión, ante al Ministerio Público, en contra de directores, docentes o administrativos sindicados de delitos contra la vida, la integridad física, psicológica o sexual de los alumnos.
Artículo 3 I.- La o el director, docente o administrativo imputado formalmente será suspendido de sus funciones sin goce de haberes mientras dure el proceso penal, como medida de protección al menor.
Artículo 3 III.- En caso de sobreseimiento, será restituido en el cargo y se le devolverán los haberes devengados.
‘Se vulnera un derecho’
Dejar sin sueldo a una persona mientras es investigada por algún delito es violar la presunción de inocencia de cualquier acusado, opinó el abogado laboralista Marco Antonio Rick respecto al decreto emitido ayer. El experto aclaró que no se puede dejar sin salario a un individuo mientras dure cualquier proceso en su contra. Hacerlo “sin que haya declaratoria de culpabilidad es una sanción anticipada y viola la presunción de inocencia”, manifestó.
Asimismo, recordó que tanto la Constitución Política del Estado como el Pacto de San José de Costa Rica, del cual Bolivia es signatario, establecen que toda persona inculpada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca su culpabilidad. “Esta norma estaría vulnerando ello”, agregó.