El viernes 27 de agosto de 1999, Martha Velásquez vio por última vez a su hija Patricia. Luego de cinco días el cuerpo de la niña apareció en la escuela Vicenta Juaristi Eguino. Tras violarla y flagelarla, la habían asesinado. La Fiscalía y el Gobierno aseguran que este año “se hará justicia”.
El juicio es uno de los más largos en materia penal que se han dado en el país. Existen 27 folders con declaraciones, fotografías y demás documentos; son más de cinco mil hojas de un crimen sin castigo que conmovió a la ciudadanía paceña.
Trece años después, una orden de la Presidencia, según una fuente fiable a la que accedió La Razón, pidió que de una vez por todas se castigue a los culpables.
El Ministerio de Educación, con la presencia física del ministro Roberto Aguilar en las audiencias, y la Fiscalía de Distrito presionan por dar una respuesta a la familia de la menor que murió cuando tenía diez años.
Sergio Céspedes, uno de los dos fiscales del caso, explicó que se va a “responder a la sociedad en aproximadamente un mes y medio”. Ante este nuevo escenario, Martha Velásquez afirma que después de 13 años por fin su hija podría descansar en paz.
Contradicciones. El expediente Patricia Flores está plagado de contradicciones que, según la Fiscalía, han ocultado a los verdaderos culpables del crimen.
Por ejemplo, un día después de la desaparición de Patricia, dos compañeros de su escuela afirmaron que la vieron caminar con una joven “mayor que ella”.
La Razón tocó la puerta de la casa de Yamil Aquise, uno de los estudiantes que aseguró haber visto a Patricia. Los familiares del, ahora, joven dijeron a este medio que él vive en Santa Cruz y que no puede dar ninguna entrevista. Aclararon que Yamil se “había soñado o inventado” lo que declaró 13 años atrás.
Hay más. El exregente de la escuela, Odón Mendoza, quien es uno de los principales acusados del crimen, declaró en primera instancia que un señor se llevó a Patricia a la salida de clases. Dio el identikit de este desconocido. Después, él mismo negó esta versión.
FBI. La Policía también tuvo contradicciones. Por ejemplo, afirmó que se enviaron las pruebas de los restos de ADN al FBI (Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos), pero esto no sucedió y tres jefes fueron echados de sus cargos.
La contradicción mayor sucedió con las pruebas del FBI. Su resultado favoreció a Mendoza e incriminó a José Luis Flores, un violador en serie de El Alto.
Una parte del documento del FBI dice: “Se encontró que José Luis Flores era el ‘contribuyente principal’ del ADN detectado en muchas de las muestras”. Éste negó y sigue negando su culpabilidad.
Otra parte del texto añade: “Los examinadores del FBI están dispuestos a venir a Bolivia a testificar que las muestras de sangre de José Luis Flores son las mismas”.
La abogada de la familia Flores, Paola Barriga, acota: “Se supondría que el informe debería decir ‘estamos dispuestos a ir a Bolivia y no venir’”. Esta parte del documento está “escrita” en otro tipo de letra que el resto del documento, lo que despierta más dudas.
El fiscal Céspedes dice que los culpables serán castigados y también se descubrirá a los encubridores del crimen que conmocionó a la sociedad hace 13 años.
Organizan una misa para hoy
La familia de Patricia Flores organizó una celebración religiosa para hoy a las 11.30 en la Catedral Metropolitana, en la plaza Murillo.
En septiembre de 1999, la misa de cuerpo presente se hizo en el mismo sitio. Hubo una masiva asistencia que pidió pena de muerte para los culpables.
Hay ‘nuevos’ sospechosos
El cuerpo sin vida de Patricia Flores fue hallado en el depósito de la escuela Juaristi Eguino. Tras ese hecho hubo una decena de sospechosos, sin embargo, actualmente hay tres detenidos por este crimen: Odón Mendoza, José Luis Flores y Reynaldo Flores.
Hace 13 años surgió la versión de que la directora de la escuela en ese momento, María del Rosario Vargas de Villarroel, quien estaría casada con un militar, tenía lazos con la familia del presidente de entonces, Hugo Banzer, y que un familiar de ella —posiblemente un hijo o sobrino— habría estado involucrado en el crimen.
Aquella versión dejó de ser tal hace un par de meses, cuando los hijos de Villarroel fueron a declarar y se les tomó muestras de sangre.
Esas pruebas serán cotejadas con las muestras de ADN del cuerpo de Patricia Flores que será exhumado.
La Razón intentó lograr la versión de la familia Villarroel Vargas, pero ni siquiera la abogada encargada de su defensa quiso declarar.
El exfiscal Rodolfo Gutiérrez dijo: “Con el caso de Diodato me encontré con el sobrino político de Banzer y con éste también me encontré con la familia de Banzer, y fue mi entierro político”.
Para el fiscal Céspedes alguien “poderoso” está detrás del caso: “El año 2000 me abordaron algunas personas para pedirme que lo deje así, eran dos personas del entonces Ministerio del Interior, yo no les di importancia”.
El cuerpo de la niña será exhumado esta tarde
La madrugada de hoy llegarán al país cuatro peritos colombianos para trabajar en el caso Patricia. Se prevé que a las 14.30 se realice la exhumación del cadáver de la niña para hacer estudios científicos que ayuden a determinar quién o quiénes son los culpables del asesinato.
La jefa de la delegación, Claudia Aguacia, explicó a La Razón que son parte de una entidad en Colombia que ve casos en diferentes países, cuentan con peritos y abogados conocidos en entidades con las que trabajan “de la mano”. Una de estas entidades es Funderes, de la abogada Paola Barriga, que atiende a la familia Flores.
Hace más de un año que el grupo interdisciplinario de peritos analiza el caso y ya existen algunos avances en su investigación. Los expertos trabajarán en la ciudad durante esta semana y únicamente en el caso Patricia.
Affic. Los peritos pertenecen a la organización AFFIC (Ciencias Forenses al Servicio de la Justicia y los Derechos Humanos).
Según su página web: “La Fundación AFFIC es una organización no gubernamental que trabaja por la protección de los Derechos Humanos Fundamentales, el acceso equitativo a la justicia y el avance científico a través de las ciencias forenses, la investigación criminalística y el análisis interdisciplinario de la política criminal”.
Además, los servicios de la Fundación AFFIC son gratuitos para todas las víctimas de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio.
Odón Mendoza, principal acusado del crimen de Patricia Flores, advirtió mediante la página web de su familia (http://justicia-en-bolivia.blogspot.com/2012/07/affic-vs-fbi.html) que no colaborará con la institución. “No tenemos idea si AFFIC sabe a dónde se metió – queremos hacerlos gozar del beneficio de la duda pero que estén advertidos. Odón está de acuerdo de colaborar plenamente con el FBI, incluso dando muestras biológicas, pero no con AFFIC”.
El suicidio de un forense es parte de un manto de dudas
Alberto Sagárnaga hizo la autopsia del cadáver de Patricia Flores
El 4 de abril de 2000, el forense Alberto Sagárnaga apareció muerto en su casa. Un revólver encima del escritorio, la mancha de sangre que se expandía por el suelo y el cuerpo sin vida fue la escena que impactó a su familia.
Sagárnaga fue el forense clave en el caso Patricia. Él expidió dos informes con fechas diferentes de la data del deceso de la niña y estuvo marcado por este error.
La muerte de Sagárnaga fue ligada con el caso Patricia. Es más, en diferentes medios de prensa se dijo que el médico dejó una carta donde pedía disculpas a Patricia Flores y a la familia de la niña. Sin embargo, La Razón accedió a la misiva que dejó Sagárnaga y en ninguna parte se menciona nada de este asunto.
Una fuente de la familia consultada por este medio explicó que hubo la intención de difundir ampliamente el suicidio de Sagárnaga. Es más, recordó que el programa Telepolicial difundió imágenes del cadáver del forense. Después de la familia, los únicos que ingresaron a la escena del crimen fueron los policías que levantaron el cuerpo sin vida.
“Curiosamente, Alberto tenía una cámara pequeña V8 en su estudio que desapareció de la escena. Y, por la noche, se difundieron las imágenes”, comentó la fuente consultada. En los archivos del Telepolicial no hay las imágenes del hecho.
Pero la muerte no quedó ahí. Un coronel de la Policía, amigo de la familia, se inmiscuyó en el caso y tuvo una hipótesis sobre el deceso: quizás, en vez de suicidio, era asesinato.
Otro elemento sustentó esta teoría. La fuente consultada dijo que Sagárnaga empezó a tomar ansiolíticos que lo convirtieron en un ser triste. “Por lo general él era un hombre de buen humor”.
La familia se movilizó a partir de esta hipótesis, pero los forenses negaron ese extremo. Es más, les dijeron que para investigar deberían hacer la exhumación delante de la viuda y los hijos.
Además, un hijo del médico recibió amenazas y una carta que le aconsejaba que se cuide y que proteja a su familia, y le daba un mes de plazo para que se vaya del país. El hostigamiento duró aproximadamente dos años.
La fuente consultada por La Razón explicó que el forense sabía mucho del caso Patricia. Él estuvo entre quienes practicaron la autopsia; además fue uno de los que leyó el informe del FBI.