En operativos que realizó la Jefatura de Control de Empresas de Seguridad Privada (Jedecoes) fueron decomisadas varias armas que están prohibidas para el uso de los guardias de las compañías de seguridad privada, más aún si éstas no funcionan legalmente.
Manillas de arresto, gases lacrimógenos, chicotes, bastones de metal, conductores eléctricos (“toritos”) y nunchakus (armas de artes marciales de dos palos unidos por una cadena) fueron algunos de los objetos confiscados hasta el momento. Sin embargo, el teniente coronel Miguel Ángel Rivera, responsable de esa dependencia, desconoce que se hayan confiscado armas de fuego.
“Sólo es permitido que los funcionarios de las empresas usen bastones de madera. Por ejemplo, hay personas que tienen problemas cardiacos y si reciben (de los guardias privados) descargas eléctricas de los ‘toritos’, pueden morir. Los polvos lacrimógenos, si los echan a la cara, producen irritación y lágrimas”, advirtió.
Algunos de estos elementos —que son adquiridos en mercados ilegales— fueron elaborados artesanalmente o son camuflados. Los bastones de metal son envueltos con goma gruesa de color negro; los agentes químicos son introducidos en botellas pequeñas de plástico, que son recubiertas para que parezcan inofensivas.
Los funcionarios de Jedecoes también decomisaron instrumentos contundentes fabricados con sogas y cueros entrelazados y manillas que los policías usan para arrestar sospechosos.
Rivera además señaló que está prohibido que los guardias privados utilicen prendas con distintivos y colores similares a los de la Policía o de las FFAA, así como emblemas nacionales.
Jedecoes, sin fiscal para operativos
El teniente coronel Miguel Ángel Rivera, jefe de Control de Empresas de Seguridad Privada (Jedecoes), señaló que requieren de un fiscal para poder legalizar los operativos que realizan, y además sancionar a los infractores en aplicación de la ley.
“Lo ideal sería contar con un fiscal que nos acompañe y le de legalidad (a nuestro trabajo), podríamos incluso detener a las personas por ocho horas y que se realicen las investigaciones correspondientes, ya que corremos el riesgo de sufrir denuncias de que violamos sus derechos humanos. (Se puede) aplicar medidas más severas, como la clausura, si hay reincidencia”, indicó Rivera.